Los encuentros entre la policía y las personas atravesadas por el marcador racial —en Colombia y en tantas otras latitudes— se caracterizan por el exceso de la fuerza, el abuso de autoridad, la violencia, la ambigüedad y la desconfianza mutua. Es una relación que oscila entre el racismo y la justificada desconfianza por el accionar policial.
En el año 2020, con ocasión del brutal ataque que le ocasionó la muerte a George Floyd por parte de cuatro policías en la ciudad de Mineápolis (Minesota, EEUU), el abuso de violencia de la policía hacia poblaciones afrodescendientes adquirió nuevamente relevancia internacional. La muerte de Floyd, además de dar pie a una nueva ola del movimiento ciudadano del Black Lives Matter en Estados Unidos, también ha incidido en la toma de conciencia en otros países sobre el sesgo racista de las instituciones policiales.
Más recientemente en Colombia, en el sector de Planeta Amarillo en el municipio de Pradera, Valle del Cauca, un video que circuló en redes sociales daba cuenta del momento en que un agente de la policía disparó su arma contra un joven afrodescendiente que huía desarmado de una requisa. Pese a estar herido por el proyectil que le destrozó una de sus piernas, el joven fue víctima del uso desproporcionado y reincidente de la fuerza por parte de lxs uniformadxs que se abalanzaron sobre él para capturarlo.
Este tipo de abusos son permanentes y dan cuenta del racismo en el actuar de los cuerpos policiales que se manifiesta en los perfilamientos y las prácticas de maltrato y abuso a poblaciones históricamente segregadas. En Colombia, la violencia racista de la Policía Nacional es una de las muchas caras del abuso de autoridad estructural de esa institución, un asunto que ha adquirido mayor visibilidad y urgencia en años recientes y que incluso ha sido abordado por organismos internacionales.
En junio de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de su visita a Colombia durante el Paro Nacional de ese año, emitió más de 40 recomendaciones al Estado y un buen número de ellas apuntaba a la necesidad de introducir cambios en la fuerza policial. Una de las recomendaciones hace referencia específicamente a la necesidad de adoptar medidas para prevenir y eliminar “las situaciones discriminatorias que perpetúen la estigmatización, los prejuicios, las prácticas de intolerancia y la criminalización contra las personas por su origen étnico-racial”. La recomendación surge del análisis de ese organismo de situaciones en ciudades como Cali donde el abuso policial estuvo atravesado por perfilamientos étnico-raciales y violencias diferenciadas hacia poblaciones afrodescendientes e indígenas.
Sin embargo, aún es escasa la información estadística veraz y confiable de las violencias ejercidas sobre población afrodescendiente en el país y las particulares formas de discriminación de la que somos víctimas. Esa falta de información es el primer obstáculo en el camino por reconocer y resolver el problema del perfilamiento racial en el que lxs cuerpxs de lxs afrodescendientes siguen siendo espacios en disputa. Sin un reconocimiento cabal del fenómeno y de sus dimensiones reales, permanecerán las estructuras pigmentocráticas del pensamiento y del orden social que juzgan lxs cuerpxs negrxs y que, hasta hoy, siguen incubando imaginarios coloniales.
La falta de reconocimiento de esas violencias también se ve reflejada en la impunidad en la que permanecen las denuncias ciudadanas por abuso policial y discriminación racial en el sistema de justicia, pues pocas veces prosperan las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. Tampoco hay datos disponibles que sustenten esas cifras de impunidad y en Colombia brillan por su ausencia los procesos disciplinarios que sancionen la discriminación racial por parte de miembros de la Fuerza Pública, lo que representa una falta de garantías para el acceso a la justicia y lleva a las víctimas a desistir de buscar reparación por la vía judicial, como argumenta Ilex Acción Jurídica.
Para entender un poco más sobre el perfilamiento racial en la policía colombiana, Cerosetenta habló con Alí Bantú Ashanti, abogado, defensor de derechos humanos, director del colectivo Justicia Racial y ganador del premio Most Influential People of African Descent: MIPAD otorgado en Nueva York a los 100 afrodescendientes más influyentes del mundo. Bantú se describe como una persona que “luchó muy duro, como la mayoría de la gente negra y de los sectores empobrecidos en Colombia, para sacar un título de abogado en una universidad privada” y que se ha dedicado junto a otrxs a trabajar por las garantías para el acceso a la justicia.
En esta entrevista, Bantú se refiere a la institución policial como el común denominador de las políticas de seguridad implementadas por los Estados y una de las principales responsables de las situaciones de abuso, violencia y negligencia hacia los jóvenes afro en Latinoamérica.
¿Quién es Alí Bantú Ashanti y por qué le interesa defender a las víctimas de violencia policial por motivos de raza?
Desde hace siete años, más o menos, vengo trabajando en casos de violencia policial, porque yo fui víctima también, y como joven afro tuve que sufrir en reiteradas ocasiones la persecución policial y la discriminación racial. Hoy tengo certeza de que es absolutamente necesario avanzar hacia una reforma a la Policía y hacia un sistema de justicia más equitativo, que no tenga una línea de color para que la gente pueda acceder a sus derechos, que es de lo que más adolece la ciudadanía en este país y, mucho más, la gente empobrecida, la gente racializada. Por eso, con otrxs colegas estamos trabajando de manera voluntaria, pro-bono, para que las personas que han sido víctimas puedan creer en las instituciones colombianas, aliviando en alguna medida el drama de las múltiples violencias que se viven en este país.
¿Cómo se manifiesta el perfilamiento racial en Colombia y qué consecuencias sufren las personas que son víctimas de ese tipo de violencia?
En términos prácticos el perfilamiento racial suele darse cuando un agente de policía, encargado de hacer cumplir la ley, da un trato diferente a un ciudadano o ciudadana basado en su fenotipo y en sus prejuicios personales de alcance institucional. Por lo general, todo inicia porque los agentes detienen a la persona, la requisan de manera abusiva o la persiguen por su aspecto físico y específicamente por su tono de piel. Aunque es sabido que todas las personas debemos recibir el mismo trato, lxs jóvenes racializadxs son señaladxs como enemigxs públicxs y se les da trato de criminales.
¿Y qué pasa con estos abusos? ¿La gente denuncia?
Ese tipo de situaciones no son denunciadas, puesto que la Fiscalía no investiga a pesar de que se trata de violaciones evidentes a los derechos humanos y ese tipo de conductas están prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico. Lastimosamente, es esa falta de investigación y de sanción por parte de los órganos encargados, como la Procuraduría, la que desmotiva a la ciudadanía para hacer valer sus derechos.
¿Qué sentido tiene reformar la Policía Nacional si ya los códigos de comportamiento establecen que la Fuerza Pública no puede dar un trato discriminatorio a la ciudadanía?
En principio, es necesario hacer una adecuación normativa del Código de Policía, pero también es urgente una revisión muy exhaustiva al sistema punitivo colombiano. Muchos de los delitos que se cometen [por parte de la Policía] no están tipificados en nuestra norma penal y tienen, de alguna manera, un sesgo no solo racial, también un sesgo en contra de las personas empobrecidas en Colombia. Es decir, nuestra ley penal, si se revisa con precisión, es un código absolutamente desigual. En consecuencia, quienes están en las cárceles colombianas, en el presente y el futuro, serán siempre personas sin recursos suficientes para defenderse. Hay que hacer una reingeniería del sistema normativo colombiano y no sólo en lo que concierne a la fuerza pública. De lo que se trata es de defender la democracia y garantizar los derechos humanos de la ciudadanía sin distinción de raza, credo o situación económica.
¿Qué opinión le merece el nombramiento del general Henry Sanabria Cely, quien en su discurso de posesión como director de la Policía Nacional habló sobre la necesidad de mejorar la relación con jóvenes afro, indígenas y sectores sociales LGBTIQ+?
La ciudadanía conoce poco sobre el general Henry Sanabria. Entre 2020 y 2021 fueron asesinadxs varixs jóvenes afro en Cartagena, cuando él ocupaba el cargo de comandante de la Policía Metropolitana de esa ciudad. Entonces, el general Henry Sanabria dijo a los medios de comunicación masiva en varias ocasiones que se trataba de riñas callejeras protagonizadas por delincuentes que supuestamente dispararon contra la Policía y en esas confrontaciones resultaron asesinadxs. Pero en conjunto con la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos logramos demostrar que los policías que participaron en esos hechos ya venían asediando a las víctimas, como fue el caso de un joven futbolista de apenas 17 años que no tenía antecedentes policiales ni judiciales. Un día, este joven se encontraba trabajando en un lavadero de motos, llegaron los policías y empezaron a golpearlo. Cuando pudo, él salió corriendo y sin ningún miramiento le dispararon por la espalda. Sin embargo, en el informe de los agentes se acusaba al joven de portar un arma hechiza. Demostramos que, incluso si ese hubiese sido el caso, se trataba de una lucha totalmente desigual.
A la fecha, quien hoy es Director de la Policía Nacional no se ha pronunciado sobre estos hechos y honestamente no queremos más discursos, es necesario que los culpables asuman su responsabilidad. Es tiempo de que las instituciones en Colombia asuman sus compromisos y deberes con acciones efectivas. El plazo para las excusas ya se agotó.
¿El perfilamiento racial también se da «entre filas»?
El racismo funciona de manera sistémica, estructural, ninguna institución del Estado, ningún espacio de la sociedad colombiana está libre de racismo. En consecuencia, la Policía también es una institución que reproduce este fenómeno al interior de sus filas. Yo he tenido la oportunidad de conversar con muchos jóvenes que hacen parte de la Policía y denuncian prácticas racistas por parte de sus compañeros y superiores, sumado al hecho de que casi nunca logran ascender en la institución y una de las razones puede ser la discriminación. Lo cierto es que Colombia está llegando de manera tardía al debate sobre violencia policial, que es una herencia del sistema colonial en donde el capataz, encargado de darle látigo y controlar a la persona esclavizada, fue reemplazado por el policía.
¿Qué opina de la persistencia del abuso policial con personas atravesadas por el marcador racial en el marco del nuevo Gobierno y las promesas de cambio?
Las promesas son sólo palabras si no tienen efecto práctico. Hay una estrategia de desterritorialización de la población negra por parte del capitalismo global, que necesita de nuestros territorios y capacidades para ejecutar sus megaproyectos. El avance de las violencias sistemáticas contra las personas afrodescendientes dan cuenta de las nuevas formas de colonización que se apropian de nuestros espacios, nuestros cuerpos e imponen unos imaginarios sobre nosotrxs.
Creo en el cambio, en la voluntad y capacidad de las personas que hacen parte del nuevo Gobierno y espero que las transformaciones que se prometieron no sean sólo cosméticas. De nada sirven los cambios de uniformes si no hay cambios en las prácticas y si no se reconoce la existencia del perfilamiento racial como un elemento que agrava los delitos de quienes hacen parte de la institución.
