El gobierno dice que va a acabar con el hacinamiento en las prisiones. ¿Por qué no empieza por abolir los privilegios que hacen que unos tengan internet en la habitación mientras otros duermen en los baños?
La penitenciaría la Picota está ubicada en el kilómetro 5 de la vía a Usme, en las goteras de Bogotá. Las nuevas edificaciones, que conforman lo que se conoce como ERON (establecimiento de reclusión del orden nacional) son unos enormes edificios grises, rodeados de alambres de púas, que contrastan con las montañas de la salida de Bogotá hacia el llano y con las modestas construcciones, de dos o tres pisos que la rodean. Lo que hoy se llama el Complejo carcelario y penitenciario metropolitano de Bogotá «Comeb», que incluye a la penitenciaría la Picota, tiene capacidad para 4.931 reclusos; sin embargo hoy día cuenta con casi 8 mil. El hacinamiento es del 60,9 por ciento. Las viejas instalaciones de la Picota tienen capacidad para 1.587 internos, y a mediados de 2012, cuando había cifras disponibles, allí vivían 3.634 personas detenidas, es decir más del doble de reclusos de los que puede recibir. Eso equivale a un hacinamiento del 129 por ciento.
Tales cifras son la traducción a números de las condiciones infrahumanas en las que viven quienes están privados de la libertad. En celdas donde deberían dormir dos reclusos, duermen 6 o más; en las noches, los pisos de los pasillos del penal quedan tapizados de durmientes que no encuentran espacio en las atiborradas celdas; los menos afortunados duermen en los baños, que se encuentran en pésimas condiciones y tampoco dan a basto para cumplir con su función; cientos de presos de un pasillo deben compartir unos pocos servicios sanitarios. El agua es escasa, por lo que darse una ducha con agua fría, así sólo dure unos cuantos segundos, se convierte en todo un privilegio. El servicio de salud está colapsado pues no existen suficientes recursos, personal, equipos ni medicinas para atender adecuadamente a una población que dobla la capacidad de la prisión. La resocialización es un ideal inalcanzable, pues la cobertura y calidad de los programas de educación y trabajo son bajas. Los muros agrietados y los barrotes oxidados de la Picota son testimonio del estado de miseria al que se ven forzadas a vivir miles de personas.
Pero la realidad es otra en el Pabellón de Reclusión «ERE Sur» que, aunque forma parte de la misma penitenciaría, parece un mundo aparte: el visitante, por un instante, cree haber abandonado el penal, pues en vez de muros descascarados se topa con un bloque blanco impecable; en lugar de barrotes, las ventanas tienen vidrios y cortinas; varias antenas de televisión satelital coronan los techos de la edificación. Desde la entrada (el acceso a ERE Sur es fuertemente restringido para quien no va a visitar a uno de sus residentes) se ve un jardín bien cuidado. Sin rejas ni barrotes, el pabellón tiene habitaciones en lugar de celdas: cada una de ellas es amplia y es la habitación permanente de un solo recluso hasta el día que salga; en estos días en que el hacinamiento es un mal crónico de todo el sistema, los detenidos del ERE Sur acaso se quejan porque deben compartir su habitación con otro compañero de reclusión. Aun así, las habitaciones cuentan con baño, ducha con agua caliente, mobiliario en buen estado, televisión y computador con acceso a internet. En las zonas comunes hay cocina, área de masajes, gimnasio bien equipado y sala de ping-pong y billar.
El régimen penitenciario también es distinto para los habitantes del ERE Sur: mientras que los presos comunes y corrientes, o, como se conocen en la jerga carcelaria, delincuente sociales (condenados principalmente por hurtos, homicidio, lesiones personales y narcotráfico) sólo pueden recibir visitas durante los fines de semana y tener una visita conyugal cada cuarenta días, los del ERE Sur tienen autorizadas visitas los lunes y miércoles (incluida visita íntima), más los fines de semana; pueden cocinar su comida con los alimentos e insumos que reciben del exterior. Rara vez comen lo que sirve el penal. A pesar de ser presos de alta y mediana seguridad por el tipo de delitos por los que están siendo investigados o fueron condenados (apropiación o desviación de dineros públicos, asociación con grupos y organizaciones criminales –especialmente paramilitares-), para sus remisiones o salidas médicas (que son mucho más numerosas que las de cualquier otro detenido) y judiciales no están obligados a usar esposas, como sí sucede con los demás presos, aunque hayan cometido delitos menos graves.
Este trato diferenciado se explica por un simple factor: todos los detenidos del ERE Sur son miembros de la clase política colombiana, detenidos por el escándalo de la parapolítica, por apropiarse o malgastar dineros públicos, o por asociarse con grupos de delincuencia organizada, como grupos paramilitares o carteles de la droga. A pesar de que los delitos por los que fueron condenados o de los que se les acusa tienen mayor impacto social que aquellos delitos por los que se encuentra detenida la mayoría de la población de la Picota, sus condiciones de vida y tratamiento, lejos de ser más severos (como exigiría la justicia retributiva que impregna el sistema carcelario) son privilegiados.
Allí, en esos pabellones de lujo, está el retrato crudo de cómo nuestra clase política es una elite que, con independencia de sus actos y abusos de poder, es acreedora, por el simple hecho de haber ostentado un cargo o una dignidad, de un mejor trato por parte del Estado. Y es que es el mismo Estado colombiano el que, a través de resoluciones del INPEC -la entidad que regula y vigila nuestras cárceles- reconoce y aprueba legalmente este trato discriminatorio e inequitativo a favor de unos pocos, mientras que la mayoría de los prisioneros debe soportar condiciones indignas de vida.
Una vez más se confirma la afirmación, ya de cajón, de que la prisión es un espejo de la sociedad. En el caso de la colombiana, lo que más se refleja es la inequidad e injusticia que la atraviesa, frente a la indolencia y complicidad del Estado colombiano. Mientras la sociedad y sus gobernantes no cambien de mentalidad y consideren que es inaceptable que se discrimine a las personas y se privilegie a aquellos que más daño social causan, no habrá reforma penal o penitenciaria capaz de dignificar las condiciones de vida en las cárceles. Si el Estado está realmente comprometido en garantizar el derecho a la igualdad en las prisiones, puede empezar con muestras de su buena fe: así, podría extender el trato dado a los residentes del ERE Sur a los demás reclusos, o incluso podría llevar a varios de ellos a este pabellón, donde sobra espacio y comodidad, para reducir el hacinamiento de la Picota. Pero sabemos que no lo va a hacer pues quienes gobiernan creen que hay detenidos que, por ser de su misma clase, no pueden ser tratados como presos del común.
Manuel Iturralde es Profesor Asociado de la Facultad de Derecho de Universidad de los Andes y Director del Grupo de Derecho de Interés Público, G-DIP.
