Duván Felipe Barros, 17 años, fue uno de los miles de colombianos que el viernes 5 de junio de 2021 protestaban en el Portal Américas, Bogotá, rebautizado como Portal Resistencia durante las jornadas de paro nacional. En un momento de la manifestación, aseguraron los amigos que marchaban con él, fue detenido por un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y montado a la fuerza en un camión.

Una semana después un funcionario de la Fiscalía le mostró a la madre un vídeo como evidencia de que el joven había muerto, pero Cecilia Barros vio que la persona de las imágenes no tenía los mismos tatuajes que su hijo.

Un mes más tarde, Duván fue hallado muerto en un caño en Kennedy, al suroccidente de la ciudad, a 1 hora y 40 minutos del Portal Resistencia. Su cuerpo tenía señales de maltrato.  

Durante las semanas en las que Cecilia Barros buscó a su hijo casa por casa, preguntando a persona por persona, tuvo la impresión de que estaba sola. Las fuerzas del estado reprimieron violentamente las manifestaciones en contra del gobierno de Iván Duque: un informe de la ONU responsabiliza a la policía de al menos 28 muertes durante las protestas. En las calles de Kennedy, sin embargo, dice ella que nunca vio a un solo agente buscando a su hijo. Denunciar la desaparición de Duván fue como lanzar un grito sobre un pozo.

Casi un año después del paro nacional el Gobierno sigue sin presentar cifras precisas sobre los desaparecidos de las manifestaciones. La Fiscalía emitió un reporte el 10 de mayo de 2021 donde aseguró que no existían denuncias formales por ese delito en el marco de las protestas. Catorce días después, emitió otro sobre “personas no localizadas” y aseguró que para entonces había 290 personas reportadas como desaparecidas y que el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) estaba activo para 129 casos.

El mismo fiscal, Francisco Barbosa, quien egresó con Duque de la universidad y es considerado su amigo, preparó dos informes para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en agosto. En el segundo documento, el fiscal aseguró que solo existían seis denuncias formales por desaparición forzada, de las cuales cinco no tenían que ver con las protestas. Pero la Mesa Nacional de Personas Desaparecidas, una plataforma de 250 organizaciones colombianas de derechos humanos creada por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), documentó 820 casos entre el 28 de abril hasta el 31 de julio. En su mayoría eran jóvenes, como Duván.

Cuando la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó al gobierno colombiano a manejar de otro modo las protestas, recibió informes de distintas oenegés, entre ellas la CCEEU, que buscaba poner en evidencia que cuando aparecen casos de cuerpos desmembrados o calcinados o embolsados, no se lleva ni siquiera ese registro por parte del Instituto de Medicina Legal.

“Las autoridades niegan que este crimen exista y esa es la forma más radical de desaparecer a los desaparecidos”, dice Camila Galindo, la coordinadora técnica de la Mesa Nacional de Personas Desaparecidas.

Buscar en el caos

Duván Felipe conocía el mar y los ríos, cuenta Cecilia. La madre se pregunta cómo se pudo ahogar, sobre todo, cómo fue que el cuerpo de su hijo se deslizó con el agua y hasta sobrepasó un obstáculo de escombros pesados que estaba en medio de la corriente.

Duda porque su hijo tenía un pantalón ceñido a los tobillos y cuando lo hallaron estaba casi desnudo, pero con los tenis puestos. La policía le explicó que los moretones y raspaduras en su cuerpo se debían a la fuerza de la corriente contra el asfalto, pero Cecilia repite: “es que el agua no llegaba ni a las rodillas”.

“Ese caño es angosto, no es hondo, en esos días no había llovido y no había corriente de agua porque el canal estaba obstruido con basura”, cuenta Cecilia. “Cuando el agente de policía llega con la ropa de Duván y me dice que la encontró bajo un árbol, al lado del caño, yo me pregunté cómo fue que la supuesta corriente arrastró el cuerpo y no la ropa. Él estuvo amarrado o esposado, porque tenía heridas en sus muñecas”.

El laberinto para iniciar la búsqueda de un desaparecido en Colombia es largo. Está el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec).

Cecilia fue primero a la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN). Allí le dijeron que con su denuncia se activaba el MBU. Este mecanismo obliga al Ministerio Público, por ley, a localizar a una persona desaparecida sin que se realice una investigación preliminar. Es decir, las autoridades deben comenzar buscando y, en paralelo, obtener información que corrobore o desestime la desaparición. Eso implica, entonces, que la denuncia sobre desaparición no sea entendida como un proceso judicial, dice Gina Cabarcas, investigadora del Laboratorio de Justicia y Política Criminal y ex directora técnica de Información, Planeación y Localización de Búsqueda de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La madre de Duván dice que la abogada Andrea Torres Bautista de la Fundación Nydia Erika Bautista, que trabaja en la búsqueda de personas desaparecidas, le contó que el MBU no había sido activado cuando se lo dijeron, sino una semana después.

No activar el MBU es un delito. Según el artículo 5 de la Ley 971, en un término no mayor a 24 horas los funcionarios públicos deben brindar la información conducente para resolver los casos y, de no hacerlo, incurren en una falta gravísima. Además, los fiscales encargados tienen que avisar por qué no lo activan cuando se pide y, de no hacerlo, es obligatorio que avisen el porqué. En papel, es un crimen no buscar a las personas desaparecidas.

El comandante de la Policía de Bogotá, brigadier general Jorge Eliécer Camacho, informó que el fallecimiento de Duván no solo no tendría nada que ver con las protestas, sino que su vida la perdió accidentalmente y que el informe de Medicina Legal corrobora que se ahogó.

Lo mismo sucedió con Brahian Gabriel Rojas, desaparecido el 28 de abril y visto por última vez en el puente Francisco Jaramillo de La Virginia, en Risaralda, donde hubo un enfrentamiento entre manifestantes y la policía. Brahian fue encontrado muerto seis días después en el río Cauca. La Fiscalía revisó su caso cuando fue reportado, pero no activó el MBU cuando debía y luego desechó la necesidad de una investigación.

 “La Fiscalía no hizo el proceso de comunicar nada ni de explicar por qué usó los criterios que usó, y solo por informes nos dimos cuenta de cómo decantaron los casos. Emitieron respuesta desde el Ministerio de Defensa exclusivamente por la visita de la comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dice Camila Galindo.

Buscar entre el silencio

Buscar desaparecidos en Colombia es un problema histórico. La Fiscalía tiene el Grupo interno de trabajo de búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas (GRUBE), sujeto a la Unidad Nacional de Justicia y Paz, pero opera exclusivamente en el marco del conflicto armado. Las manifestaciones son un conflicto social.

“Ni siquiera los funcionarios judiciales o policiales tienen claro el mapa de ruta. El GRUBE hace sobre todo búsquedas de personas desaparecidas en cementerios y fosas clandestinas, y ni siquiera quienes conforman la Unidad de Reacción Inmediata, mecanismo de atención y servicio de la Fiscalía, tienen claro cómo coordinarse institucionalmente al recibir las denuncias”, dice la abogada Gina Cabarcas.

Durante las movilizaciones el santo y seña entre jóvenes fue gritar nombre y número de cédula al momento de ser detenidos por agentes de policía. La gente teme ser llevada por ellos y no regresar nunca. La Organización Temblores reportó que muchas familias denunciaron desapariciones forzadas cuando la Policía usa el traslado por protección, un mecanismo usado por las fuerzas del orden para trasladar y proteger a ciudadanos en una protesta. Es en estos casos donde se han documentado más hechos de violencia sexual y física, como en el caso de Javier Ordóñez, golpeado y asesinado por agentes en un Comando de Atención Inmediata de la que tiene jurisdicción la Policía.

Cecilia Barros está convencida de que la policía también fue responsable de la muerte de su hijo. Se pregunta entonces si las autoridades realmente investigarán a otras autoridades. Cuenta que en ocho meses cambiaron tres veces el fiscal asignado para su caso. “Cada fiscal nuevo tiene que volver a empaparse de lo que se ha investigado hasta la fecha y estoy suponiendo que sí están investigando, porque la abogada así me lo dijo. Entendí que encargaron a una doctora, luego no supe más”.

La doctora encargada fue Martha Mancera, Vicefiscal General de la Nación. Aunque en noviembre de 2021 se filtró la información de que renunciaba, ella nunca lo corroboró. La buscamos. Primero a través de Paola Tovar, directora de comunicaciones de la Fiscalía, y luego directamente a su contacto. Contestó en un mensaje de texto: “Lo siento, no puedo hablar ahora”. Después, contestó con un “Qué tema requiere tratar con nuestra área”. En cuanto supo que se trataba del capítulo desaparecidos en el marco del paro nacional, contestó una vez más: “Buena tarde por favor comunicarse con la dra Paola Tovar”, quien hasta la fecha de publicación de este reportaje solo dijo en un mensaje de voz: “Yo hice el trámite. Ya depende de las áreas que tienen la información que envíen la respuesta”.

Durante las protestas hubo policías sin identificación o con insignias dudosas, así como agentes del Estado vestidos de civil y civiles con armas de la fuerza pública. La Mesa Nacional de Personas Desaparecidas cree que los agentes del Estado tienen responsabilidad en la práctica de desaparición en protesta social, pero no cuenta con el apoyo del sistema judicial para comprobarlo. Muchas denuncias se desestiman, los casos que se atienden y donde se comprueba la participación del Estado son llevados por la Justicia Penal Militar, parte del Ministerio de Defensa, que comanda a los agentes públicos.

De los más de 800 casos de desaparición documentados por la Mesa Nacional de Personas Desaparecidas en el paro nacional, la Fiscalía ha registrado 508 hasta la fecha; 23 personas fueron halladas muertas. Todavía hay 312 casos sobre los que no se investiga y por los que la CCEEU interpuso una acción de tutela a la Fiscalía ante su falta de argumentos. En muchos de ellos, ni las familias víctimas y ni las oenegés saben si las investigaciones quedaron en una oficina sin nadie a cargo o si desaparecieron a ojos de las autoridades.

* Esta historia fue realizada para AQUÍ MANDO YO, proyecto periodístico y académico liderado por Dromómanos en México, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Chile y Colombia, para entender los ataques a la democracia y las políticas autoritarias que afectan a la región.