La semana pasada, después de varios retrasos, la Corte Constitucional votó sobre la despenalización del aborto en Colombia. El resultado fue un empate, en el que la mayoría de magistradas —tres de cuatro— votaron en contra, y que dos conjueces hombres entrarán a resolver la decisión. El frágil momento por el que atraviesa la eliminación de ese delito ha dejado varias preguntas y críticas sobre la decisión de las magistradas y sobre el papel de la Corte en el proceso democrático. Cerosetenta consultó a tres abogades para saber qué reflexiones quedan de lo que ha sido la discusión sobre aborto en la Corte y hacia dónde debería enfocarse la discusión.
Sin duda preocupa que la discusión se haya demorado. Usualmente un proceso de constitucionalidad dura cerca de seis meses, esta demanda ya lleva más de un año en la Corte por varios factores que se han juntado: asuntos fortuitos como la pandemia, pero también las maniobras dilatorias de los grupos antiderechos para demorar o torpedear el proceso. En este tiempo ha habido mujeres que han tenido que recurrir a abortos inseguros, mujeres a las que les han abierto procesos penales y mujeres como Lorena que han muerto por abortos inseguros.
Ese es el recordatorio doloroso de que el uso del derecho penal para regular el aborto no solo tiene consecuencias simbólicas sino consecuencias muy reales en la vida y la salud de las mujeres.
Seguramente el debate de la semana pasada fue muy álgido, tanto que quedó en empate, pero llama la atención que la mayoría de magistradas votaran en contra de la ponencia. Si bien ninguna de las magistradas ha hecho su carrera profesional identificándose como feminista, todas ellas han propuesto o participado en decisiones importantes en temas de derechos de las mujeres, en temas de derechos reproductivos y de las personas LGBT, como lo analizó Manifiesta en varios artículos. Por eso había una esperanza de que varias magistradas se sumaran a la posición de eliminar el delito de aborto —con la excepción de Cristina Pardo, quien siempre ha manifestado en aclaraciones de voto su intención incluso de limitar el marco legal que tenemos en Colombia desde hace casi 16 años—. Pero no fue así.
Por ahora no sabemos las razones de su voto, o si son de forma o fondo, porque los debates de la Corte son cerrados.
A pesar de eso, y de las críticas en torno a que sea un grupo pequeño de personas la que tome una decisión de esta magnitud, al procedimiento para desempatar o a que la decisión quede en manos de dos conjueces hombres, la Corte Constitucional está cumpliendo su rol constitucional de salvaguardar nuestra Carta Política y se están cumpliento las reglas de los procesos judiciales. La Corte es el lugar indicado para discutir si las normas están de acuerdo o no con la Constitución. Y justamente eso es lo que le estamos pidiendo al tribunal: que decida si el artículo 122 del Código Penal, que tipifica como delito el aborto, se ajusta o no a la Constitución. Que la Corte decida sobre este tema, no quiere decir que el Congreso pierda su facultad de legislar y de expedir una ley sobre interrupción voluntaria del embarazo que le apunte a eliminar las múltiples barreras que enfrentan las niñas y mujeres. La misma Corte ha exhortado al Congreso a hacerlo, pero esta institución no lo ha regulado.
La discusión más bien debería estar guiada a que la lista de los conjueces sea paritaria, a que tengan experiencia y conocimiento en temas de género. Esa debería ser la crítica de fondo.
En cuanto al procedimiento para el desempate, son las reglas. Sería peor que no hubiera forma de desempatar y esto es parte normal del procedimiento judicial. Eso sí, desde Causa Justa le seguimos pidiendo a la Corte que agilice el proceso. Esperamos que la Corte sea diligente, rápida y eficaz con esta decisión trascendental que afecta la vida y la salud de las mujeres, la mitad de la población colombiana.
Sobre las críticas de que los dos conjueces sean hombres, hay que diferenciar entre el discurso público y la decisión sobre un aborto en particular. Evidentemente la decisión sobre si recurrir a un aborto o no debe recaer exclusivamente en la persona que está gestando. De eso no hay duda. Pero eso no quiere decir que los hombres estén excluidos de la discusión pública. Por supuesto que se le debe dar primacía y asegurar tener las voces de las mujeres, sobre todo de las que tienen contacto con las realidades de las mujeres que sufren el impacto de la criminalización. Pero en este momento en que en la Corte, en el Congreso y en el Gobierno la mayoría son hombres, ellos no están exentos de las responsabilidades de entender, de escuchar los argumentos y de decidir en derecho a favor de las mujeres.
La discusión más bien debería estar guiada a que la lista de los conjueces sea paritaria; también a que los conjueces y conjuezas, así como los magistrados y magistradas, tengan experiencia y conocimiento en temas de género. Esa debería ser la crítica de fondo, no si es hombre o mujer —sin dejar de lado el valor de la paridad y de la representatividad, que es un reclamo necesario mas no suficiente—.
Sin duda el aborto es de los temas más controversiales, en los que más se manipula y se desinforma, pero la Corte ha tenido otros debates de igual calibre en los que ha salido adelante con avances muy importantes, que es como esperamos que pase en este caso. En el momento en que este proceso de la demanda termine, y sea cual sea el dependiendo del resultado, habrá Causa Justa para rato. Cualquier camino que venga después estará siempre guiado por la importancia de promover un debate y una conversación con argumentos y evidencia —como lo presentamos en la demanda— que es lo que ha movilizado cientos de personas alrededor de esta #CausaJustaPorElAborto, una muestra de que cada vez más la ciudadanía entiende que la amenaza de cárcel no es una forma adecuada para regular un servicio de salud como el aborto.
