El pasado 22 de octubre, la concejal de Bogotá Heidy Sánchez publicó en su cuenta de Twitter que después de cinco meses, Medicina Legal pudo corroborar la identidad del cuerpo de Brayan Alexander Arias, un joven de 23 años que había desaparecido en Popayán el 27 de mayo, es decir, un día antes de que el Paro Nacional cumpliera un mes. Sin embargo, aún no hay certeza sobre si Brayan había participado en las marchas o si su desaparición y posterior asesinato se puede relacionar con el Paro Nacional. Solo se sabe que la última vez que lo vieron se estaba subiendo a un taxi tras asistir a una fiesta. 

Parece una cuestión menor para seguir buscando a los desaparecidos pero no lo es. Las investigaciones por las desapariciones que ocurrieron durante el paro nacional han entrado en una suerte de limbo precisamente por esa pregunta. Y es que además de que inicialmente la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo se referían a las personas desaparecidas en el marco del Paro con el eufemismo de “personas sin localizar”, el 27 de agosto el Fiscal Francisco Barbosa volvió a desestimar las desapariciones ante la CIDH diciendo que de las seis denuncias formales que tenía la entidad, cinco no estaban relacionadas con las protestas. 

La Fiscalía “sistemáticamente se ha negado a una investigación integral del caso y sigue defendiendo la tesis de que la búsqueda es de acuerdo con las denuncias que se hayan hecho”, le dijo a El Espectador Adriana Arboleda, abogada e integrante de la Mesa de Trabajo y del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). 

El problema es que de acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (una ONG que se encarga de dinamizar a más de 20 organizaciones enfocadas en el seguimiento de desaparición forzada en Colombia), todavía no se sabe con certeza el paradero de 312 personas que fueron reportadas como desaparecidas durante el Paro y que según la organización, siguen en proceso de verificación.

Además, que de las 508 personas inicialmente reportadas como desaparecidas y que ya fueron encontradas, hay al menos 23 jóvenes que sí participaron en el Paro y, que tras buscarlos por varios días, fueron encontrados muertos. 

A Dubán Barros, por ejemplo, lo encontraron sin vida en un caño, al lado del Portal de las Américas en Bogotá, luego de estar desaparecido por más de un mes. 

A Brahian Rojas lo encontraron también sin vida en el río Cauca cinco días después de haber sido reportado como desaparecido en Risaralda. 

Y a Alquímedez Santana lo encontraron sin vida en el municipio de Santander de Quilichao, luego de estar desaparecido por 44 días. 

En todos los casos la falta de información es la regla. Consultamos a la Fiscalía para contrastar esta información pero no recibimos respuesta hasta la fecha de publicación de este reportaje.

La dificultad de encontrar información

Lo primero que hizo el Observatorio de la Coordinación para buscar a las personas reportadas como desaparecidas fue construir una base de datos que registró los hechos en los que ocurrió la desaparición y la hora y el día en que la persona había sido vista por última vez. 

Algo similar hicieron los medios locales como el noticiero 90 minutos que se emite por TelePacífico al mediodía y que lleva 34 años emitiendo noticias con énfasis en derechos humanos.  

Miguel Ángel Palta, uno de sus periodistas más curtidos, cuenta que las familias y las oenegés “nos escribían al noticiero, nos mandaban los datos y las fotografías de las personas que se reportaban como desaparecidas en Cali, nos contaban cuándo los habían visto por última vez y cuánto tiempo llevaban desaparecidas”. 

Por eso, y en medio de la confusión, los periodistas empezaron a hacer un ejercicio de contraste: “nos poníamos en contacto con los familiares y emitíamos la información por el noticiero y en nuestros perfiles de Facebook para dar datos más certeros y saber si sí habían aparecido, o no”. 

Aunque los periodistas intentaban mantener el contacto con los familiares, rápidamente se estrellaron con el miedo: muchos preferían guardar el silencio ante la posibilidad de sufrir represalias, dados los niveles de violencia e incertidumbre que se vivieron por aquellos días. Ni para Palta ni para el noticiero fue una novedad. Asegura que es la misma dinámica que han registrado de las víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado y el  narcotráfico. Algo similar dicen los defensores de derechos humanos que han trabajado en casos similares en años anteriores. 

Pero Palta sí reconoce que hubo situaciones que lo impactaron. Recuerda, por ejemplo, el caso de Daniel Sánchez, el jóven de 16 años que apareció calcinado en un Dollar City luego de haber participado activamente en las manifestaciones del 29 de mayo que ocurrieron en Siloé. Sánchez fue reportado como desaparecido y por eso, Palta alcanzó a tener contacto con sus familiares que, sin embargo, no esperaban encontrarlo allí. 

También recuerda el caso de Alquímedez Santana, uno de los jóvenes más activos en el punto de resistencia de Siloé y quien fue encontrado muerto en un lote baldío en Santander de Quilichao.

 “Es muy doloroso que te esfuerces por saber en dónde están y que los encontremos muertos”, dice. 

Investigaciones en ceros

Otra de las 23 personas desaparecidas que fue encontrada sin vida es Dubán Barros. Como contó Vorágine, Dubán desapareció el 5 de junio en el Portal de las Américas en Bogotá. Ese día él había estado en las manifestaciones con su tía y cuando se estaban devolviendo a la casa, recibió una llamada a su celular que lo hizo devolverse. “No me demoro”, le dijo. Tras 37 días de búsqueda, su cuerpo de 17 años apareció en un caño justo al lado del Portal de las Américas. 

“El caso de Dubán significa la repetición de la violencia estatal, el abuso policial y la impunidad”, asegura Andrea Torres, coordinadora Jurídica de la fundación Nydia Erika Bautista, una organización de familiares de víctimas de desaparición forzada que acompañan jurídicamente el caso de Dubán. “Las autoridades no han cumplido sus deberes de investigar de manera eficaz, diligente y rápida lo que ocurrió con Dubán para garantizar los derechos que les asisten a sus familiares a la verdad, la justicia y la reparación integral”, dice. 

El caso de Dubán está en la Fiscalía en etapa de indagación, es decir, en proceso de determinar si se concretó o no un delito a pesar de que se trató de un menor de edad. Eso implica que cuatro meses después de que Medicina Legal identificara su cuerpo, la investgación penal por su asesinato no tiene ningún tipo de avance. 

La situación se repite en casi todos los casos. Por eso, las organizaciones que han estado monitoreando las desapariciones como la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos tienen muchas dudas no sólo sobre cómo ocurrieron los hechos sino también sobre quiénes pueden ser los responsables. 

Sus dudas, según Camila Galindo, investigadora de la Coordinación, se centran en los casos de quienes sí aparecieron con vida y que muestran unos patrones. 

Por ejemplo, Galindo asegura que la mayoría de personas que aparecieron con vida después de haber sido reportadas como desaparecidas habían estado detenidas por la Policía Nacional. Además, que en una amplia mayoría de los casos los detenidos eran transportados en carros de la Policía que los paseaban por la ciudad y luego los dejaban en otro lugar lejano. Y muchos dijeron que no habían podido ponerse en contacto con sus familias porque además de golpearlos y amedrentarlos, los policías les robaron sus celulares. 

Algo muy similar registró la CIDH en su primer informe que reveló que durante el Paro hubo 7.020 traslados por protección según la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos aunque, según normas colombianas, esta figura debería ser ‘excepcional’. Y que muchas de esas personas denunciaron que sus detenciones duraron más de las 12 horas permitidas por la ley, que se hicieron en lugares no habilitados, que no había registro fidedigno de los ingresos y egresos y que en muchos casos hubo tratos crueles e inhumanos. 

No hay información oficial

Cinco meses después de que terminó el Paro Nacional,  la Coordinación aún no ha podido emitir un nuevo comunicado sobre las 312 personas que continúan desaparecidas. Galindo asegura que no han podido verificar su ubicación en buena parte porque no cuentan con un apoyo desde la institucionalidad, empezando por la Fiscalía General de la Nación que, hasta junio, seguía buscando a 84 personas a través del mecanismo de Búsqueda Urgente, según le informó a la CIDH. 

“Desde julio, la Fiscalía no nos ha vuelto a informar sobre el estado de esos mecanismos de búsqueda urgente, ni sobre las personas. Eso nos dificulta aún más la consecución de la información”, dice. Según Galindo, la Fiscalía no les ha permitido tener acceso al estado en que se encuentran los casos de desaparecidos aún activos desde los días del paro. 

Galindo, como Palta, también asegura que a la falta de información oficial se suma el miedo de las familias de los desaparecidos que no han querido declarar porque temen a posibles represalias. Por eso, asegura Galindo, la suerte de estas 312 personas sigue en proceso de verificación por las organizaciones que le hacen seguimiento a los casos. 

Para ella, es esencial derribar mitos que rodean la desaparición forzada, como creer que una persona sólo puede reportarse como desaparecida después de 72 horas.  

Además, que existan espacios más claros para la implementación del mecanismo de búsqueda urgente por parte de la Fuerza Pública. Este mecanismo, dice, debe usarse para proteger y esclarecer los casos: “y no únicamente para bajar los indicadores de personas desaparecidas, ni para hacerle frente y contradecir las cifras de las organizaciones de derechos humanos». Lo que parece que está sucediendo ahora.