El paro nacional atraviesa un limbo. Cuando van más muertos que días de protesta, visita al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para verificar los hechos de violencia. Pero las movilizaciones ya no son tan asistidas como sí lo fueron desde el 28 de abril, y los días siguientes, aunque los bloqueos siguen. El Comité Nacional del Paro, el único interlocutor con el que el Gobierno aceptó negociar, se levantó de la mesa argumentando que dilataron la conversación sobre su pliego de emergencia. Y, por ahora, hay dudosas intenciones de volverse a sentar mientras a Duque se le agota el tiempo. 

Sin mesa de concertación, ¿qué podría evitar que siga muriendo gente en las calles? Pasa que este Comité no representa a todas las personas que están saliendo a protestar. Tampoco se le atribuye la caída de la Reforma Tributaria o del proyecto de ley de reforma a la salud. Este no logra, como ningún actor político, que haya un cese al enfrentamiento. Pero sigue siendo, pese a todo, la cabeza que más logra convocar en el país para marchar. Aunque alcanzó a presentar un pliego de peticiones, insistió en que hasta que el Gobierno no respete garantías mínimas será imposible.

Mientras tanto, cuando es incierto si el paro se detendrá, la pregunta sigue siendo hacia dónde podría avanzar ya cuando se pavimenta la carretera hacia las urnas. 

Ante la crisis de representatividad: pensar de abajo hacia arriba

Este es un paro pospuesto y reforzado, asegura Mauricio Archila, profesor de la Universidad Nacional y autor del libro Idas y venidas, vueltas y revueltas, que estudió las protestas en Colombia entre 1958 y 1990 y es una investigación sobre la que sigue haciendo seguimiento a las movilizaciones desde el Cinep. 

“El 21N quedó en suspenso porque llegaron las fiestas de fin de año y, cuando se iba a retomar la dinámica, vino la pandemia. Entonces aquí se ve la movilización de nuevo: es una continuidad y viene recargada”, dice.

El Comité Nacional del Paro lideró la protesta en 2019, pero dos años después no logra representar a toda la gente que está en las calles, solo a una parte. 

La explicación, para la profesora Sandra Borda, es que la del 28A es una protesta menos vertical: en el 2019, las organizaciones sociales estaban más a cargo de convocatorias, cumplían una función más destacada y tenían la capacidad de congregación. Ahora, en cambio, hay mucha más gente protestando que no tiene nada que ver, incluso, con alguna organización social. 

“Hay muchos jóvenes que están saliendo a las calles que no encuentran representación en las organizaciones estudiantiles universitarias, por ejemplo, porque son jóvenes que ni siquiera han accedido al sistema de educación superior”, dice Borda. “Estos jóvenes, además, viven en  barrios con un déficit de arraigo enorme, sin trabajo y sin educación, y básicamente se constituyen en grupos que hacen mucho uso del espacio público y este, al mismo tiempo, es un punto de disputa con la fuerza pública o con la policía constante”. 

A eso, explica, se sumó un empobrecimiento inédito en Colombia. “La clase media bajó a la pobreza y los que estaban en la pobreza, bajaron a la extrema pobreza”, anticipa. “Eso se dio a una velocidad que nunca antes en el pasado. Es decir, nosotros nunca en un período tan corto de tiempo nos habíamos empobrecido de ese modo”. 

El problema de la representatividad en Colombia no es nuevo y menos lo es la crisis en la confianza a las instituciones. Para Borda, lo que es evidente es que el quiebre de confianza ya no sólo implica al Estado y a los partidos políticos, sino que la gente no está creyendo en sindicatos, organizaciones sociales o hasta con enfoque de género. 

Eso es lo que señala el estudio de CONTRIAL – la Corporación para el Control Social de John Sudarsky que la profesora refiere. De hecho, explica que esas organizaciones no se encuentran tampoco representadas en el Comité Nacional del Paro, en toda su diversidad, y la gente que está saliendo a marchar no necesariamente siente que ese es el sitio por donde se están tramitando sus demandas y reivindicaciones. 

Archila concuerda y agrega que difícilmente podría haber algún cuerpo social que logre representar a cabalidad la protesta. Si el Congreso no nos representa, a pesar de que fue elegido por voto popular, dice, pues el Comité del Paro menos. Reconoce que las tensiones hacia el Comité tampoco son nuevas (ya se habían visto las grietas desde comienzos del 2020) porque “fueron los que hace un año le plantearon un pliego de emergencia al Gobierno, buscaron un diálogo y fueron escuchados en su momento y también ahora”. Y, por eso, aunque no representen a todo el espectro de la movilización actual,  “eso les da una cierta legitimidad aunque a mucha gente no le guste”, dice. 

Pero el Comité sigue sin reflejar el progresismo que está presente en los discursos de las nuevas generaciones y es innegable que hay muchos sectores sociales que escasamente logran una silla en una mesa de negociación con el Gobierno (ya le pasó a la Minga del Suroccidente en noviembre del año pasado).  Y ni los indígenas, ni la comunidad lgbtiq+, ni los campesinos, entre otros, que están en las calles, encuentran su delegación en ese Comité que es sobre todo obrero, sindical y masculino. 

“Así ha sido en todos los escenarios en donde se nombran vocerías en Colombia”, dice Johe Sauca, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. “Por eso, si llegara a haber un espacio de diálogo del paro, el Comité tendría que entender que los hilos no se manejan centralizados desde Bogotá, sino desde las popularidades”.

En últimas, para Sauca, se está sobredimensionando las expectativas en el Comité y lo que se requiere entonces es ampliar la capacidad de escucha. “Este es un levantamiento popular que nadie esperaba. Los jóvenes son los protagonistas y otros estamos a los lados ayudando a potenciar. Por eso, quien vaya a exigir, tiene una situación compleja: la de escuchar a la ciudadanía, incluso a la de la misma ruralidad”, dice. 

Eso es lo que por ahora el Gobierno parece ignorar. Además de que sigue sin entender que la forma de organización popular y asamblearia, esa que se da de abajo hacia arriba, se está imponiendo como debería en toda democracia. Y si lo entendiera, abriría no solo mesas regionales de diálogo, también recurriría a liderazgos y activismos barriales. La respuesta a las demandas debe ser con la misma gente que tiene que superar las dificultades económicas y sociales que produjeron el confinamiento y la pandemia. 

Ningún proceso de negociación del pasado sirve de ejemplo: todo es novedoso

Entonces, hay un agotamiento con los mecanismos de representación política y hay un rechazo tajante a los mismos. “La pandemia agravó una situación ya preexistente y la llevó a un punto en donde las personas sienten que están en los límites de la existencia”, dice el profesor de la Universidad Nacional Leopoldo Múnera. “Estamos ante la erupción de un fenómeno bastante novedoso y de una generación que está agotada con lo viejo, y, como decía Gramsci, lo nuevo todavía no logra nacer”.

En Colombia tuvimos una serie de movilizaciones identitarias donde la lucha se hacía por el control de campos sociales específicos, como el de la educación, cuenta Múnera, pero donde todo estaba muy claramente identificado.“A partir de 2019 se dan otro tipo de movilizaciones en donde el elemento común nuclear, determinante, no son exactamente estas identidades, sino la trasformación que están sufriendo diferentes sectores por la forma de vida totalmente reducida a la que nos ha llevado el manejo de la crisis de la salud, el cual, a su vez, agrava la situación económica y social”.

Está claro también que esta movilización en sí misma está marcando un hito en la participación ciudadana en Colombia. Nunca en la historia hubo un paro nacional de esta envergadura, tanta duración y con tanta radicalización y violencia, especialmente policial, pero también de parte de la misma multitud, como cree Archila. 

Según las estadísticas que tienen de luchas sociales en el CINEP, una base de datos que se construye desde 1975, hay una tendencia al aumento de la protesta desde 2013. Y lo que está pasando ahora, no pasaba hace mucho tiempo: el encuentro entre el campo y la ciudad, agrega Johe Sauca del CRIC. “Se cierran las brechas de pensar que esa violencia y esa guerra que vivíamos en el campo nunca iba a verse en las ciudades. El abandono y detrimento de la vida y de derechos fundamentales ya se trasladó”, concluye. 

Y esto era previsible, según Archila, tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc. “Incluso cada que dicen que la protesta está asociada con la insurgencia, lo hacen como una forma de eludir que una cantidad de desigualdades sociales no se iban a solucionar con esos acuerdos”, asegura. 

Y entonces, ¿para dónde vamos?

Esas ‘omisiones’ sin duda dificultan la negociación sobre todo con un Gobierno que se ha caracterizado por no escuchar, al que le queda un poco más de un año en el Palacio de Nariño, y que representa a un Estado que ha traicionado cientos de acuerdos sociales en el pasado, un problema que no sólo atañe al Uribismo. 

De hecho, uno de los motivos más grandes de protesta que registraron en la base de datos del CINEP (que tiene unas 55 mil entradas en casi cuarenta años) es el incumplimiento estatal. “Casi que una quinta parte de las protestas se deben a eso y otra quinta parte son por políticas públicas. Evidentemente, el gran antagonista de las protestas es el Estado con casi 70 % y el otro gran tema es alrededor de los derechos humanos”, dice Mauricio Archila. 

Tampoco ayuda que el Ministro de Defensa, durante la moción de censura, se haya preocupado más por minimizar las denuncias de abuso policial que por pronunciar la palabra ‘diálogo’ en su intervención. Y ante tal negación, ¿dónde poner las esperanzas?»Al partido del gobierno hasta le conviene que el paro se desgaste y se degrade».

“Las personas se están movilizando contra algo que les niega la posibilidad de tener una vida mínimamente digna y que los condena a una condición de mera subsistencia”, dice el profesor Leopoldo Múnera. “Eso se oye en las expresiones cuando dicen que esto ya es un acumulado que nos viene aniquilando. En las ollas comunitarias por lo menos logran comer dos o tres veces al día cuando en la vida cotidiana no estaban comiendo sino una”, agrega.

Por eso para él la idea de un pliego mínimo que reúna unos puntos que puedan, de alguna manera, crear un tema sosegado para discutir después lo demás, puede ser interesante, “pero no por eso las personas se van a sentir representadas”, dice el profesor Múnera. Y eso es justamente lo que promete el Comité. 

El investigador Mauricio Archila está convencido de que el Gobierno tiene que empezar a buscar otro tipo de espacios de diálogo que, incluso, deberían ser regionales. “Incluyendo mesas multisectoriales y un proceso de más larga duración que no sea una conversación de botar corriente, sino momentos reales de escucha de esas demandas, algunas de corte estructural que tiene que ver con el modelo de desarrollo del país y con la violencia, y otras más inmediatas”, dice.

Y es tal como lo piensa Sauca, del CRIC, quien entiende que el Gobierno va de salida, pero le preocupa que después de 44 días de protesta siga respondiendo con represión policial y militar. “No sería coherente plantear un diálogo nacional con el presidente Duque y yo creo que el pueblo así lo dice, y debemos tener dignidad. Pero sí es necesario buscar un camino de garantías para la no persecución y judicialización y preservar el derecho libre a la expresión y reunión. Han muerto ciudadanos, entre ellos varios de la guardia, por esta crisis. Y siguen asesinando a miembros que hacen parte de brigadas de DDHH. Empezó la persecución de la mano negra que hace este momento complejo. Por eso es fundamental el ejercicio de asambleas populares que logren llegar al escenario Nacional”. 

Si, en cambio, el panorama se queda como está ahora (con la mesa de diálogos suspendida y ambas partes en una discusión sin puntos medios), dice la profesora Sandra Borda que las organizaciones sociales van a intentar extraer el máximo de concesiones del gobierno este año y poco que le queda, “pero esas concesiones van a ser muy limitadas y paliativos ante la dificultad de la situación económica en la que se encuentra mucha gente”.

Un ejemplo es lo que pasó con el anuncio de la matrícula cero que tiene un lapso restringido: “un semestre y se acabó, no es una respuesta estructural al problema”, dice. “Y no creo que el Gobierno esté en condiciones de llevar a cabo un ejercicio de concertación con todos los sectores al mismo tiempo, además pensando en una política pública de largo aliento para sacar a la gente de la pobreza. Las medidas paliativas más bien, van a ser pocas porque finalmente es un gobierno de centro derecha que no tiene un instinto social tan desarrollado como el que puede tener la izquierda o el centro”. 

Y con la debilidad política que ha tenido este Gobierno, Borda cree que el Presidente va a ser hasta lo imposible por no ponerse a sí mismo en un escenario en donde esa debilidad se pueda incrementar: “y este claramente es el escenario de negociación”, advierte. 

El problema para un gobierno que está tan cerca de terminarse y tan cerca de un momento electoral, en palabras de la internacionalista, es que se corre el riesgo de que prometan esta vida y la otra y no cumplan, como siempre. “Y si no cumplieron en tres años, qué van a cumplir en un año decisiones tan gruesas como el alivio de la situación económica en la que se encuentra la gente”, dice la profesora. 

Por eso, insiste: “al partido del gobierno hasta le conviene que el paro se desgaste y se degrade”. Borda no siente que alguien tenga un incentivo para tratar de meterle capital político al país para sacar la situación adelante. “La izquierda callada porque tiene susto de que la acusen de estar incentivando el paro; la derecha callada porque le conviene el desorden y el centro desbaratado porque no pudieron haber escogido un mejor momento para desbaratarse que este. Políticamente, a nadie le da dividendos meter de lleno la cabeza en el proceso de tratar de construir salida a esta crisis”.

Lo que se requiere es una atención de lo local hacia arriba, algo que nos va a tomar más tiempo, dice Leopoldo Múnera. Pronostica que como el Gobierno no quiere entender, la gente seguirá en las calles en la medida en que lo que le están ofreciendo no satisface sus derechos. “Hay realmente una incapacidad absoluta, impresionante, de leer el origen de la protesta, como si estuviera con una serie de símbolos y signos ilegibles. Las ofertas que se hacen no tienen nada que ver con las exigencias que vienen desde el mundo de lo popular”, concluye.