Chile votó masivamente a favor de tumbar la constitución de Pinochet tras un año de movilizaciones en la calle y en Colombia algunos sectores se emocionaron tanto que quisieron comparar la realidad de ambos países. Pero, ¿son comparables? Cerosetenta habló con Leopoldo Múnera, doctor en ciencia política y profesor de la Universidad Nacional para tratar de entender la cuestión. El profesor encuentra algunas similitudes entre las tensiones que han agitado las protestas en ambos países pero la respuesta corta es que no, son historias sociales distintas. Además, aunque reconoce varias ambigüedades en la Constitución colombiana de 1991 y entre fuerzas democráticas y autoritarias, no considera que sea una buena opción optar por un cambio en esa dirección.
¿Tiene sentido que Colombia se compare con el hito de movilización social que deroga la Constitución de Pinochet en Chile?
Primero es necesario entender que para hacer eso que llaman transición democrática en Chile se tuvo que mantener una constitución claramente neoliberal y, por otro lado, que heredaba muchos lastres de la dictadura. Claramente, no es el mismo caso en Colombia: nosotros tenemos una Constitución, la de 1991, con enormes ambigüedades pero de la que no podríamos decir que tiene una herencia dictatorial ni viene de un régimen neoliberal.
En segundo lugar, hay otra diferencia clave: en Chile hay una mayoría que se pronunció con un 79 % en contra de toda esa lógica política e institucional que recibió de la dictadura y no hay, en ese sentido, una gran polarización de la sociedad chilena sino un consenso. Esto tampoco sucede en Colombia. La nuestra es una sociedad profundamente fragmentada a partir de toda la experiencia de conflicto de los últimos años e, incluso, de la misma experiencia después de la Constitución de 1991.
Y, tercero, las movilizaciones sociales en Colombia y Chile también son diferentes. En nuestro país la movilización social tiene que ver con la materialización de ciertos derechos reconocidos pero que, debido a la ambigüedad de nuestra Constitución, no se materializan como debería ser. En el caso de Chile lo que se quiere es que realmente se consagren esos derechos en su constitución y posteriormente se garanticen. Esto sumado a reivindicaciones muy fuertes como la multicultural, donde un 13 % de la población chilena es indígena y exige la representación y otras reivindicaciones como la paridad que aquí en Colombia, lamentablemente, no han logrado tener la misma acogida.
La académica Luciana Cadahia, chilena por cierto, escribió en Twitter: “Estamos enterrando el neoliberalismo en Chile. En 2022 lo haremos en Colombia”. ¿Podría considerarse el neoliberalismo como el gran enemigo, el “opositor” de las demandas sociales en nuestro país?
No sé si sea opositor, porque eso sería convertir el neoliberalismo en un sujeto. Lo que sí es cierto es que las políticas neoliberales, que son una forma del capitalismo, se han convertido justamente en el gran obstáculo para la materialización de los derechos sociales y económicos. Y no solo en Chile o en Colombia, también en América Latina y en el mundo. No sé si el neoliberalismo es enemigo, pero sí es claramente el obstáculo para tener sociedades más igualitarias y que garanticen mucho más los derechos y, en últimas, que sean más libres.
Ahora, todavía es muy pronto para decir que se ha derrotado el neoliberalismo en Chile. Ahí hay un vacío importante en términos de la transformación de la institucionalidad chilena y de la política misma del país, porque esto va a producir cambios que habría que ver cómo se materializan en términos de garantías y en términos constitucionales precisamente. Pero el neoliberalismo es el gran obstáculo para la transformación, sin duda.
¿Y qué decirle a ese sector que cree que un plebiscito constitucional en Colombia, por ejemplo, resolvería el pliego de peticiones que ha movilizado al país en los últimos dos años?
Abrir la puerta de un cambio constitucional no estoy seguro de que sirva, podríamos retroceder. La enorme fragmentación del país y la gran impunidad de sectores responsables de parte del desastre que estamos viviendo, pueden correr el riesgo de que la Constitución en Colombia no vaya hacia delante, en términos de garantías, sino hacia atrás en términos de una institución más autoritaria. No sería optimista con que hacia el futuro un plebiscito constitucional garantizara la materialización de los derechos que se reclaman hoy en la sociedad colombiana tampoco. Todavía son necesarias muchas transformaciones políticas y hace falta, también, poder curar una serie de heridas que vienen de la guerra, que se expresan en la política, y que no tienen que ver sólo con la guerrilla sino con sectores que participaron activamente en la guerra y continúan con su mentalidad bélica.
¿Cuáles son esas ambigüedades que encuentra en la Constitución colombiana del 91?
Es que es una Constitución que en la mesa garantiza muchos derechos pero no da los mecanismos para que se concreten y, por el contrario, ofrece todas las vías institucionales para una adopción de políticas neoliberales. Esas ambigüedades, además, pueden inclinarse de un lado o de otro, pero dentro de ciertos límites. Y pueden, a su vez, resolverse políticamente solo si primero se estabiliza la vida política de la sociedad colombiana y se erradican las lógicas guerreristas. Mientras estas sigan predominando, es muy difícil que logremos una estabilidad para hacer los cambios que la sociedad y la misma Constitución necesitan.
La profesora e internacionalista Sandra Borda escribió que “la academia chilena, de las más sólidas y profesionalizadas de la región, está entendiendo muy bien lo fundamental de su papel en esta coyuntura”. ¿Qué cree usted que podría tomar la academia colombiana de la chilena?
No sé si tomar porque son academias muy diferentes y no me gusta esa idea de exportar modelos de una sociedad que no es la nuestra. Eso ya ha producido suficientes desgracias en América Latina como para pensar en ese modelo. Pero, sin duda, sí sería necesario tener una academia en Colombia, entre pública y privada, mucho más fuerte y participativa. Toda la crisis financiera de la universidad en Colombia ha producido un repliegue en lo privado de gran parte de la academia colombiana, que no quiere participar en el escenario público y, sobre todo, en el escenario público de la política (y no digo con esto que la academia tenga que participar en el escenario partidista). Falta mucha más participación incluso de toda la sociedad, pero no voy a negar que ahí la academia colombiana tiene ciertas limitaciones.
Hay unos países dentro de Latinoamérica más adheridos a políticas neoliberales que parecen restringir y excluir sistemáticamente la participación indígena, ¿es esto determinante para el panorama del continente en términos de sus demandas sociales?
Sin duda. La Minga indígena en Colombia lo demostró y esa es parte de las ambigüedades constitucionales de las que hablo. Aquí tenemos una Constitución que de alguna manera reconoce la pluriculturalidad étnica pero, por otro lado, contiene una serie de políticas sociales y de manejo de la guerra que implica un conocimiento absoluto de los pueblos indígenas colombianos. Lo que está sucediendo en el Cauca, en Nariño y en otras regiones del territorio colombiano es un desconocimiento práctico de los pueblos, de su especificidad y autonomía, y eso se está dando además en medio de un discurso constitucional que los reconoce.
En Chile también, y no se sabe todavía cuál es el porcentaje de participación que se le otorgará a los pueblos indígenas y es una discusión que tendrá que hacer la sociedad chilena. En Bolivia, por ejemplo, en las elecciones se ve cómo se ha fortalecido la presencia indígena en toda la sociedad, pero en un país como Colombia el discurso constitucional es amplio pero con una política social y cultural que es extraordinariamente restringida y que desconoce a los pueblos indígenas.
¿Y el rasgo neoliberal es excluyente de la participación política indígena en Colombia?
Desde luego, porque esa es sin duda la característica más importante: la política neoliberal excluye los derechos de los pueblos indígenas, pero también de la mayoría de la población colombiana. Es una política que no está pensada para favorecer y promover la iniciativa de grupos y sectores sociales que hasta ahora han estado en una subordinación y marginalidad, además de sus condiciones de pobreza, sino más bien para fortalecer mecanismos de acumulación de capital a como dé lugar.
¿Se podría decir que la respuesta restrictiva de los gobiernos ante las movilizaciones sociales corresponde más a los intereses económicos en juego que a la misma garantía de los derechos?
Lo económico tiene un valor, pero no por sí solo. La reivindicación de estudiantes en Colombia, por ejemplo, no solo tiene relación con la financiación de la educación pública sino también con el sentido de la educación pública superior o no superior. Eso quiere decir que, desde luego lo económico ocupa un primer lugar porque tiene que ver con la subsistencia de la población colombiana, pero está en todo: es el problema de las pensiones, que es un problema económico; el del salario; el de la hipoteca inversa, que implica una apropiación de lo poco que tienen y que han logrado ahorrar las personas; el del ingreso en términos de la educación superior que endeuda familias tal como sucedió en Chile. También es la manera en como se ha concebido financieramente la salud, un pésimo sistema en general para la mayoría de colombianos así se diga que hay mayor cobertura. El problema económico está, pero también un problema cultural de fondo.
Aquí la cuestión en discusión en muchas de las movilizaciones es que tienen que ver con la construcción de sociedad que aspiramos en Colombia.
¿La acusación gastada de volver al “socialismo” o al “comunismo” por defender garantías sociales qué tanto más seguirá funcionando para restringirlas?
En sociedades polarizadas como la nuestra o en sociedades polarizadas como Estados Unidos el discurso del enemigo y la lógica amigo/enemigo es efectivo y, en el sentido en que funciona, va a seguir siendo utilizado. Emplean además la imagen de lo que ellos consideran es el socialismo, es el comunismo o ven como única posibilidad hablar de un “castrochavismo” y de la guerrilla, etc., etc., como eternos enemigos. Y enemigos frente a los cuales se puede construir un grupo de amigos cerrados que va a defenderlo todo. Mientras la sociedad siga polarizada en una lógica bélica, ese lenguaje sí que va a seguir siendo efectivo y mientras lo sea, no van a dejar de utilizarlo.
¿Y cómo ve las manifestaciones en Colombia, en contexto de pandemia, y en perspectiva del aumento de las demandas aquí y en varios países?
Empieza a recomponerse. Los efectos de la pandemia en la movilización han sido muy fuertes y se entiende por diferentes razones: uno, porque el encierro ha implicado un refugio en lo personal y en lo privado, y eso dificulta las movilizaciones.
Lo que hicieron los indígenas es un buen comienzo para romper ese repliegue hacia lo individual pero creo que en Colombia también se han desatado formas autoritarias y de tendencia fascista en la sociedad. No digo que hay un régimen fascista, hay tendencias en medio de una dinámica de tensión política y social pero se han desatado que son muy fuertes. El asesinato de líderes sociales es algo que quí se volvió normal, pero que sería un horror en cualquier otra sociedad y, al mismo tiempo, las decisiones que se toman cotidianamente tienen mucho de negación de cualquier posibilidad democrática.
Esto, sumado a la actitud de la policía y la manera como se comportó en Bogotá en las movilizaciones de septiembre, no deja de ser asombroso en cualquier sociedad democrática. Y la gente también está intentando sobrevivir porque la situación económica es muy grave para la mayoría de la población. A pesar de todo eso, y en contra de lo que muchos piensan, es increíble la manera como se está volviendo a rearticular la movilización social.
