La Facultad de Derecho no puede seguir siendo el lugar en el que se reproduzcan dinámicas violentas y revictimizantes. No se pueden amparar más en la supuesta legalidad del despido de Adriana.
El pasado jueves 11 de junio la directora del Consultorio Jurídico de la Universidad de Los Andes, Ángela Yepes, publicó una carta en la que pretendía dar respuesta a las exigencias presentadas públicamente por las colectivas feministas de la Universidad por medio de un comunicado firmado por varixs estudiantes, egresadxs, y colectivos estudiantiles. Dicha respuesta fue respaldada hoy por la Decana de la Facultad de Derecho en un evento público.
Las razones presentadas por la Directora del Consultorio Jurídico y por la Decana, que consideramos vagas, genéricas y ambiguas, nos llevan a señalar por qué su respuesta –que pretende dar un “parte de tranquilidad”– en realidad es insuficiente y demuestra una carencia absoluta de análisis contextual del derecho. Además, deja más dudas que respuestas frente a lo que ocurrirá con el CJ-Mujeres y da cuenta de su falta de conocimiento sobre los temas que sí manejaba absolutamente Adriana.
En primer lugar, quisiéramos señalar que la vaga justificación del despido que presenta Yepes en la carta se limita a señalar que fue realizado (1) dentro del marco de la legalidad y (2) que los motivos detrás de la decisión no deben ser de público conocimiento.
Frente al primer punto, afirmamos que la Universidad se está amparando en argumentos de aparente legalidad que no corresponden con la realidad de lo sucedido y que distorsionan el rendimiento de Adriana en el CJ Mujeres. La Universidad se ha amparado en desmeritar el trabajo de Adriana y ha desconocido sus labores en la consolidación del área mujeres del Consultorio. Recordamos que fue Adriana la que presentó un programa de acción en el que no sólo se limitaban los puntos de trabajo que tendría el área, derechos sexuales y reproductivos, violencias contra las mujeres y participación ciudadana, sino que también puso en marcha el componente pedagógico del área para que las estudiantes tuvieran herramientas sólidas y suficientes para atender a las usuarias.
Frente al segundo punto, en la carta Yepes menciona que a la Universidad no le es posible ventilar públicamente las razones que llevaron a adoptar la decisión, afirmación que reiteró la Decana de la Facultad de Derecho hoy y con la que estamos completamente de acuerdo. Las exigencias que hemos hecho frente a las explicaciones del despido de Adriana han sido consecuencia del silencio de la Universidad para manifestarle a Adriana (y a nadie más que ella) el porqué de la decisión, aún a pesar de que ella las ha solicitado. Así que no exigimos explicaciones públicas del despido de una persona que buscamos proteger. Por el contrario, exigimos públicamente que le manifiesten a ella y en privado las razones que fundamentan su despido, en un escenario además seguro y no violento. De hecho, como la Decana lo señaló hoy, Adriana es la titular del derecho al habeas data y como tal es ella quien tiene derecho tanto a ver su carpeta como a conocer las razones de su despido (cosa que ya ha exigido y no ha sucedido).
Ahora bien, sabemos que la Universidad justifica esta decisión como un despido sin justa causa. Sin embargo, un despido sin justa causa simplemente significa que el motivo del despido no está dentro de las causales que el Código Sustantivo del Trabajo señala como justas causas. En otras palabras: el despido no está fundamentado en razones para despedir a unx empleadx sin tener que indemnizarlx. Esto, como es evidente, no implica de ninguna manera que la persona no tenga derecho a saber las razones de su despido, y mucho menos en un contexto como este. Tampoco supone que el proceso tenga que ser deshumanizado y violento.
Nuestra crítica y nuestras exigencias se basan en que el despido de Adriana está siendo justificado con una visión descontextualizada y abstracta del derecho bajo argumentos de supuesta legalidad. Los argumentos son absolutamente facilistas, para salir del paso, que tergiversan la realidad del rendimiento de Adriana. De hecho, es esa misma perspectiva la que ha llevado a pensar que es absurdo exigir el reintegro de Adriana, porque es absurdo pensar que la Universidad debe mantener vinculadxs a sus empleadxs a perpetuidad. Claro que es absurdo pensar esto, pues todxs podemos ser despedidxs por nuestrxs empleadores. Sin embargo, también es absurdo justificar este despido bajo esa premisa, precisamente porque está formulada en abstracto (como también está formulada la ley) y este es un caso concreto. Se trata de una decisión concreta que está enmarcada en un contexto específico –que claramente no ha sido tenido en cuenta en el análisis del caso– y que hace que la decisión sea injusta, incoherente y sobre todo sorprendente para una trabajadora como Adriana quien merecía la renovación de su contrato.
La discusión y el reclamo colectivo está en que es indignante que una Facultad de Derecho que enseña a sus estudiantes a pensar de manera crítica y analítica el derecho, y que pone en los muros de la Facultad frases de académicos como Álvarez Correa tan pertinentes como olvidadas (“don’t forget the essence, beware of the form”), se escude en que su decisión está protegida por la aparente legalidad en medio de una coyuntura como esta, respecto de una decisión que afecta a una persona que hace parte de su comunidad y sin tener en cuenta los efectos desproporcionados que esta puede tener para ella en este contexto. En efecto, es una decisión que le genera un daño real a Adriana y que muestra la visión absolutamente miope del Consultorio Jurídico.
Recordamos, entonces, que el despido aparentemente legal de Adriana se enmarca en un contexto de crisis, de pandemia, que ha llevado a tomar medidas de emergencia tanto al Gobierno como a lxs particulares. Entre estxs, la Universidad de Los Andes, cuyo rector prometió estabilidad laboral para profesores y administrativos de la Universidad con miras a proteger la comunidad uniandina (y que hoy reclamamos). Este despido está inmerso en un contexto en el que la tasa de desempleo en el país llega al 20% y que ha puesto en extremo peligro y vulnerabilidad a las mujeres más pobres, entre otras. Un contexto en el que mujeres como Adriana tienen a su cargo varixs familiares que dependen económicamente de ellas, en el que las líneas de atención que se ocupan de violencias contra la mujer están colapsadas y no dan abasto, y en el que el área de mujeres del Consultorio Jurídico de la Universidad hace parte del poco andamiaje capacitado y dispuesto a atender este tipo de casos.
En un contexto como este, el despido de Adriana no solo requiere una justificación, sino que esa justificación debe estar fundamentada en razones institucional y constitucionalmente válidas, en una postura ética, coherente y digna de una universidad que supuestamente está haciendo todo para mitigar los daños de la pandemia. La respuesta de la directora del Consultorio Jurídico y de la Decana nos entristece y nos demuestra una falta de profundidad en todos los sentidos, pues las razones que han presentado públicamente no solo se limitan a señalar la supuesta legalidad del despido –algo que repetimos no es claro, pero en definitiva es fácil y mediocre– sino que carecen absolutamente de una justificación sensata, sensible, responsable y cuidadosa.
Las razones que se dan brillan por su incapacidad de pensar en las demás personas, de cuestionar las formas hegemónicas y violentas sobre las que se ha estructurado el derecho para reducir a las personas y no verlas dentro de un contexto y dentro de sus propias particularidades. Más aún, son razones que desconocen el hecho de que un área como CJ Mujeres queda a la deriva sin una asesora como Adriana, que tenga los conocimientos requeridos y cuya labor esté dirigida en un 100% a los casos que se han reconocido como propios del área. Las razones dan cuenta de una decisión absolutamente superficial frente a la contingencia, que además esconden una reducción innecesaria de recursos, entre ellos humanos, dado que se ha reducido el número de estudiantes del área y el despido de Adriana supone que estén a cargo de casos muy delicados –así sea de manera transitoria– personas que no han tenido los estudios y capacitaciones necesarias para hacerlo y que además no tendrán disponibilidad completa para asumir el manejo del área. Frente a esto, resaltamos que a pesar de que hoy se haya afirmado la contratación de Stella Conto para asumir los casos, esta noticia se da como respuesta de la Facultad a la presión pública hecha por las colectivas feministas, estudiantes y egresadxs, más no como algo que se haya planeado responsablemente desde un inicio. Esto, nuevamente, deja mucho que desear.
En definitiva, las razones dan cuenta de cómo el derecho puede ser una herramienta muy efectiva para mantener un status quo en el que no se cuestione el establecimiento y en el que no se piensa más allá de la propia comodidad y del propio privilegio.
En definitiva, las razones dan cuenta de cómo el derecho puede ser una herramienta muy efectiva para mantener un status quo en el que no se cuestione el establecimiento y en el que no se piensa más allá de la propia comodidad y del propio privilegio. El derecho debe servirnos para ser críticas y para poder forjar espacios seguros desde nuestros trabajos, para ser responsables y conscientes socialmente de la situación actual. El derecho nos debe servir para cuestionar el individualismo, para cambiar verdaderamente realidades sociales y para no pretender ridículamente que las respuestas de los códigos –utilizadas además irresponsablemente– son suficientes para una crisis como la que está enfrentando el mundo.
#AdrianaEstamosContigo #UniandesResponda #DecanaResponda
Atentamente,
No es NoЯmal
PACA
Mera Víbora
La Errática
