En varias ciudades y municipios de todo el país hay artistas que ya ganaron una beca del Estado y todavía no han visto un peso, pero sí deben cumplir los plazos para evitar sanciones. Compraron materiales con plata prestada, aplazaron exposiciones, hicieron rifas por redes sociales para completar lo que el Ministerio de Cultura les debe. 

La deuda del Ministerio, a corte de agosto, superaba los $185.000 millones. 

En medio de esa crisis, el Ministerio tomó una decisión sin precedentes. Aunque los resultados de los premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos debían conocerse el martes 15 de septiembre, el gobierno suspendió el proceso. Por primera vez en 27 años, esos galardones no se van a entregar, después de meses en que cientos de artistas armaron expedientes, reunieron soportes y cumplieron cada requisito.

Los premios, los reconocimientos y las becas hacen parte del mismo Programa Nacional de Estímulos, pero no operan igual: los primeros distinguen una obra o una trayectoria ya terminada y se pagan de una sola vez. En cambio, las becas financian proyectos que los ganadores deben ejecutar dentro de un plazo, con el dinero desembolsado en dos tramos. En caso de no cumplir el cronograma, el ganador debe devolver los recursos entregados, queda inhabilitado por dos años de participar en nuevas convocatorias del ministerio e incluso podría enfrentar consecuencias legales.

La recién nombrada ministra Paola Holguín suspendió el programa invocando deudas y el terremoto del 10 de agosto como una fuerza mayor que le impidió sostener el cronograma. 

Sin pagos para las becas

La suspensión del Programa Nacional de Estímulos afecta puntualmente a los premios y reconocimientos, mientras que las becas, residencias y pasantías de este año ya se habían asignado en el mes de junio y, según el propio ministerio, cuentan con el presupuesto necesario para completarse. 

Sin embargo, 070 conoció denuncias de ganadores que no han recibido sus pagos en, al menos, tres meses. El ministerio señala que la falta de giros se debe a una crisis financiera. A corte de agosto, la deuda pendiente por pagos atrasados en toda la cartera superaba los $185.000 millones, buena parte de ella “heredada” de convocatorias abiertas en el gobierno anterior.

Al respecto, hay dos versiones. Primero, la ministra Holguín, que asumió el cargo el 7 de agosto, contó a principios de septiembre ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes cómo encontró el Ministerio. “En febrero de este año, el gobierno Petro sacó la resolución para otorgar los estímulos y premios nacionales que se dan cada año. Se supone que mínimo dos meses antes de vencerse el tiempo, debe salir la resolución de jurados que se encargan de revisar todas las propuestas que llegan para determinar los ganadores. Eso debió hacerse el 15 de julio de este año, pero el 7 de agosto que yo llegué no había resolución. En cambio, había una deuda de más de $185.000 millones y más de $75.000 millones eran premios anteriores sin pagar”, dijo.

Segundo, la exministra Yannai Kadamani, quien encabezó el Ministerio hasta el cambio de gobierno, rechaza esa versión. Sostiene que al 31 de julio el Ministerio tenía certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) por el 93,7% del presupuesto, lo que garantizaba la ejecución de todos los programas hasta diciembre, asegura. Para la exministra, el compromiso jurídico de una convocatoria pública lo adquiere el Estado, no el gobierno de turno, así que suspender los premios y reconocimientos es, en sus palabras, una maniobra jurídica que perjudica a los artistas.

Jimena Puyo, consultora en cultura y patrimonio y coordinadora de la Maestría en Gestión Cultural de la Universidad de Antioquia, explicó a 070 que la deuda no se explica solo por la falta de caja. Hay que distinguir entre lo que el Ministerio compromete presupuestalmente y lo que realmente logra pagar: en 2024, año de presupuesto histórico para el sector, comprometió 98,48% de sus recursos, pero solo obligó (es decir, llegó a deber y gestionar el pago de) 64,54%. En 2025 la brecha se repitió: 99,52% comprometido frente a 66,38% obligado.

La especialista explica que esa caída no es un hecho aislado de este gobierno, pues entre 2012 y 2020 las obligaciones del Ministerio rondaban o superaban el 90%; cayeron a 75,32% en 2023 y se han mantenido bajas desde entonces. 

La consultora advierte que esa tendencia antecede a la crisis actual de caja y merece una evaluación institucional propia, sin decantarse por una causa única.

Distingue, además, entre dos conceptos que se han confundido en la discusión pública: el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), que respalda un compromiso, y el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), que determina cuándo hay plata real para pagarlo. 

“Que no haya PAC explica la dificultad para pagar”, dice, “pero no para evaluar proyectos ni declarar ganadores”. Por eso considera que la falta de caja, por sí sola, no basta para justificar la cancelación completa del proceso de premios y reconocimientos.

El argumento central de Puyo, sin embargo, tiene que ver con las becas. Para ella, el atraso en los pagos es mucho más dañino en esa modalidad que en los premios y reconocimientos porque estos últimos distinguen una obra ya hecha, mientras que una beca exige que el ganador arme equipos, compre materiales, reserve espacios y asuma compromisos con terceros con base en un cronograma. 

“Si el desembolso no llega oportunamente, el Estado termina trasladándole su problema de liquidez al beneficiario de la beca”, señala.

Por eso, ante la restricción del PAC, Puyo considera que lo razonable habría sido priorizar el pago de las becas ya otorgadas y en ejecución por encima de desembolsar premios nuevos. 

Lo llama un “problema de priorización en la programación del PAC”, pero no sería una razón para cancelar. También insiste en que hace falta trazabilidad documental completa (con los CDP específicos, los saldos y las fechas) para saber qué pasó realmente, y advierte que el costo más grave de todo esto es la pérdida de confianza institucional en un programa con décadas de continuidad.

Los directamente afectados

Felipe Arturo Pérez, director del Programa de Creación y profesor asociado de la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario, ganó su primera beca del Ministerio de Cultura en 1998, un año después de que la entidad se creara.

Tenía 19 años, estudiaba arquitectura y presentó un video de un minuto que mezclaba grabados del artista italiano Giovanni Battista Piranesi con tres lugares de Bogotá: la Avenida Jiménez antes de peatonalizarse, la troncal de la Caracas antes de TransMilenio y la Plaza del Rosario. Esa beca lo desvió hacia una carrera artística y hoy dirige el Programa de Creación en esa universidad.

Pérez volvió a ganar este año, esta vez en la Beca de creación para artistas con trayectoria. Su proyecto lleva cinco años en desarrollo y busca reconstruir en imágenes los votos de la séptima papeleta, el plebiscito estudiantil de 1990 nunca contabilizado oficialmente que impulsó la actual Constitución. 

Notificado como ganador en junio pasado, con el desembolso prometido para mediados de agosto, el docente debía inaugurar su exposición en la primera semana de noviembre y todavía no ha recibido el dinero, mientras se acerca la fecha límite para entregar su informe final, el 15 de noviembre. “Es muy absurdo que el tiempo empiece a contar cuando se publica la resolución y no cuando le entregan a uno el dinero”, dice.

Otro afectado es Yilber Vargas Yepes, artista plástico empírico en Guainía, con 15 años de trayectoria, que ganó este año $35 millones en la Beca de creación para muralistas, mediante la Resolución 1194 firmada el 18 de junio, para “Murales vivos expandidos de la Tierra”, una serie hecha junto a comunidades indígenas sobre sus mitos y territorios.

Comenta que es la segunda vez que gana esta beca. La primera, dice, los pagos no se demoraron, pero ahora es distinto: “El problema de este año es que los pagos llegan tarde y lo ponen a uno a correr, a hacer un proyecto en 15 o 20 días. Y eso es muy corto”.

Plata que sale de sus bolsillos

La joven artista Antonia Orozco Payares, artista plástica de Medellín y estudiante de gestión cultural en la Universidad de Antioquia, ganó este año $35 millones en la Beca de creación artística para jóvenes artistas visuales y plásticos para “Fermentacción”, un proyecto que desarrolla con la colectiva Juntas Germinamos.

La obra usa materiales orgánicos, como Scoby, germinados de semillas y cultivos de hongos, que “se rigen por tiempos biológicos que no esperan una resolución del Ministerio”. Por eso, tuvo que empezar a comprarlos con recursos propios y de terceros, sin que el Ministerio le haya dado hasta ahora una fecha concreta de pago.

Había reservado el Centro Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia para exhibir los resultados, pero tuvo que reducir el alcance de esa muestra y sostener solo los dos laboratorios colaborativos que ya tenían cupos llenos con personas inscritas. “Hoy siento mucha decepción con el Ministerio y mucha incertidumbre”, resume.

Un caso similar es el de Dubán Prado, quien dirige Subversivo Teatro, una compañía que lleva ocho años haciendo teatro comunitario en Bogotá, que actualmente cuenta con un equipo de 10 personas y más de 70 estudiantes. 

Si bien su organización no tenía propuesta en el portafolio de estímulos actualmente suspendido, sí ejecuta dos proyectos con atrasos de pago por parte del gobierno, uno de Artes para la Paz y otro de Concertación Cultural, en la localidad de Teusaquillo, con más de 60 beneficiarios, entre niños, jóvenes y adultos. 

Prado comenta a 070 que dependía de esos pagos para costear su propia profesionalización como director escénico. Cuando el dinero no llegó, organizó una rifa por redes sociales que vendió todos los cupos en menos de 24 horas. 

“No me da pena hablar desde ese lugar. Sé lo que es comer en banquetes, pero también sé lo que es comer en banquetas”, dice. Por eso, ante la situación crítica de su grupo y decenas de colegas, fue uno de los voceros de las movilizaciones de artistas frente a la sede del Ministerio de Cultura la semana pasada.

Mientras tanto, en Valledupar, Yennis Leonor Brito, reconocida gestora cultural de la región y líder comunitaria vinculada a la Fundación Asopedic, lidera Manitas Curadoras con Amor, una asociación de y para personas con discapacidad que este año por primera vez accedió a un proyecto de Concertación Cultural.

Aunque las actividades fueron ejecutadas entre el 14 de abril y el 20 de julio pasados, denuncia que solo recibió el 80% de recursos aprobados, aunque entregó todas las actas y evidencias de ejecución. Hoy sigue esperando el 20% restante. “No es un monto tan alto, pero también hace falta porque es dinero que sale de nuestros bolsillos”, dice sobre los recursos que usó para pagar a talleristas que trabajaron con niños y adolescentes en percusión, danza y arte.

¿Qué sigue?

El Ministerio insiste en que la suspensión del Programa Nacional de Estímulos es temporal, y que hace parte de un ajuste institucional más amplio. 

Antes de anunciar los recortes, la actual administración reportó ante el Congreso los resultados de un diagnóstico interno, citando que, sobre 9.527 contratos revisados, encontró 4.366 vencidos que seguían figurando como activos en el sistema oficial de contratación, y 330 casos de posible duplicidad o adiciones excesivas, por un total de $245.000 millones.

El 87% de la contratación del gobierno anterior, según ese mismo informe, se hizo de manera directa.

La revisión también encontró riesgos en la infraestructura cultural del país. De 30 proyectos en ejecución, 18 presentan alguna condición de riesgo y 11 están suspendidos, abandonados o con solicitud de prórroga, entre ellos el Museo Afro, el Teatro de El Carmen de Viboral y el Teatro César Conto Ferrer de Quibdó, para los que el ministerio pidió acompañamiento de la Contraloría.

La ministra Holguín presentó esas denuncias como parte de lo que el gobierno De la Espriella llamó el Libro de la Verdad, un informe de 135 páginas entregado a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría en agosto.

Pero ponerse al día con lo atrasado no resuelve el problema porque el Ministerio tampoco tiene la plata para cumplir sus compromisos actuales. Entre abril y julio de este año, el MinCultura pidió al Ministerio de Hacienda $512.215 millones para cumplir sus compromisos, pero solo le habilitaron, en promedio, un 46,6% de esa cifra: pasó de 70,9% en abril a apenas 15,1% en julio, el mes anterior a que asumiera la nueva ministra.

El 14 de septiembre logró que Hacienda liberara $40.000 millones adicionales del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), mecanismo que define cuánto puede girar realmente cada mes una entidad del Estado, aunque ya tenga presupuesto aprobado en el papel.

Ese dinero se destinó a empezar a pagar los rezagos de Estímulos, Concertación Cultural y Artes para la Paz, pero de momento no hay claridad de quiénes sí y quiénes no recibirán los pagos y bajo qué criterio se elige a quiénes priorizar.

Además, no todos los sectores aceptan esa explicación. La senadora Jennifer Pedraza calificó la decisión como una “obra de terror” en cinco actos: la inexperiencia de la ministra, la determinación de dejar a la cultura como la “cenicienta” del presupuesto nacional, dejar “a la deriva” a más de 1.300 propuestas culturales, desconocer el impacto del terremoto sobre el sector, y ofrecer, en sus palabras, un “monólogo” disfrazado de diálogo con los gestores culturales.

Según la Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa 2025, elaborada por el DANE, el sector cultural y creativo aportó $47,8 billones al valor agregado nacional el año pasado (2,89% del PIB) y generó más de 820.000 empleos.

Pero esas cifras no muestran la otra cara de la moneda: la precarización del sector artístico y cultural a lo largo y ancho del país. A Yennis Brito, en Valledupar, le siguen debiendo el 20% de un proyecto que ya terminó. Yilber Vargas trabaja contrarreloj en su serie de murales en Guainía porque el atraso en el pago le dejó una ventana de apenas 15 a 20 días para ejecutar el proyecto. Antonia Orozco sostiene en Medellín solo los dos laboratorios que había planeado después de cancelar la exposición final, y Dubán Prado sigue organizando rifas en Bogotá para cubrir lo que el Ministerio todavía no gira.