Los 10 diputados del departamento de Vichada que estaban en el banquillo por una demanda por la que podrían perder su puesto en la Asamblea, por ahora se salvaron. La Procuraduría pidió negar la solicitud de pérdida de investidura que se adelanta en su contra por haber exonerado de un impuesto al único contratista que provee desde hace varios años la alimentación escolar, uno de los contratos más jugosos en el departamento.
Con la exoneración el contratista dejó de pagarle al departamento unos 850 millones de pesos en 2017, según estiman los demandantes. El impuesto tenía como destino programas para adultos mayores, desarrollo y cultura. La exoneración del impuesto se hizo mediante la ordenanza No. 19 del 30 de noviembre de 2016 la cual fue votada a favor por 9 de los 11 asambleístas.
“El contratista del PAE se vio beneficiado al no tener que pagar esta estampilla [impuesto]”, dijo Carlos Hormechea, abogado demandante, durante de audiencia que se celebró hoy en la sala plena del Tribunal Administrativo del Meta en Villavicencio. “No digo que se desviaran recursos de manera dolosa a favor de los diputados pero sí de manera lesiva para el departamento”, añadió.
Sin embargo, el procurador 48 delegado ante el tribunal, Víctor Januario Hoyos, en su intervención dijo que no hay razón para que los diputados sean sancionados y expuso su concepto en un documento de catorce páginas que se añadió al expediente. Según él, los diputados tienen el derecho de reducir o exonerar impuestos y que al hacerlo “no obraron de mala fe”.
“La procuraduría no ve ninguna prueba directa o indirecta para favorecer a un contratista”, dijo el procurador frente a algunos de los diputados investigados que asistieron. Sin embargo, resaltó que los diputados votaron la decisión sin tener sustento ni criterio técnico para respaldar su voto.
El concepto del procurador será tenido en cuenta por el magistrado Carlos Enrique Ardila Obando quien lleva el caso y deberá emitir su fallo de primera instancia en los próximos días. Los diputados que podrían perder la investidura son Andrés Fernando Aguirre, William Azabache Araca, Andrés Fernando Duque, Sirelda López Hernández, Luis Alejandro Gaitán, Fredy Naranjo Gaitán, Libardo Rincón Gaitán, Eder Yesid Ríos Codemus, José Aureliano Rodriguez Catimay y Aleida Forero Fernandez, esta última presidenta de la Asamblea.
Mientras tanto, en la Procuraduría General de la Nación cursa otro proceso disciplinario por los mismos hechos que aún no se ha cerrado.
La exoneración del impuesto le ahorró costos al contratista Adiel Calderón Vaca, quien maneja desde hace 8 años el programa de alimentación escolar en el departamento y en otros como Casanare, Meta, Guainía y Guaviare.
Calderón Vaca aparece como el segundo mayor contratista del Vichada con contratos por 27 mil millones de pesos en educación (PAE) y transporte, según un informe de 2015 de la Auditoría General de la República. Los contratos con Calderón Vaca para alimentación en Vichada superan los 30.000 millones de pesos desde 2012 hasta la fecha, según registros públicos consultados por La Liga contra el Silencio, un proyecto de la Fundación para la Libertad de Prensa-FLIP.
En las licitaciones públicas para el programa de alimentación en Vichada, Calderón Vaca aparece como único proponente.
Entre 2012 y 2017, Calderón Vaca firmó contratos con la gobernación del Vichada por unos 56.000 millones de pesos, que incluyen, además de suministro de alimentos, suministro de repuestos para maquinarias y combustible de la gobernación. Calderón Vaca también ha sido contratista de las Fuerzas Militares.
El procurador, además, al emitir su concepto a favor de los diputados trasladó la presunta responsabilidad a la gobernación, quien fue la que presentó la ordenanza para que fuera votada por los diputados.
“Partimos de la idea que la ordenanza aprobado por la asamblea parte del gobernador que la presenta y no de la Asamblea”, dijo el funcionario.
Lo mismo dijo el abogado apoderado de los diputados, Rafael Gutiérrez, quien recordó en la audiencia que “la Asamblea no tiene competencia para asignar el contrato, esa es la competencia del gobernador”, dijo.
Los diputados han insistido en que con la exoneración del impuesto buscaban reducir el costo de la ración por niño y así asegurar una mayor cobertura del programa. “Los únicos beneficiados con la exoneración fueron los niños del Vichada”, dijo Gutiérrez.
“Si lo que se quiere es mejorar la cobertura se debe buscar un proveedor que lo cumpla”, dijo a La Liga después de la audiencia Carlos Hormechea, quien representa a quien demandó a los diputados. “Pero en el Vichada todas las licitaciones son de uno solo”.
“No sé quién es el contratista, no lo conozco”, respondió el Procurador al finalizar la audiencia ante la pregunta de La Liga de por qué el ministerio público consideraba que la exoneración no beneficiaba a un único contratista.
PAE, un programa lleno de irregularidades
El PAE es el programa de alimentación gratuita para estudiantes de los colegios públicos del país. En el Vichada el programa beneficia a unos 11 mil estudiantes en 122 sedes educativas, según un reporte del Ministerio de Educación.
Desde 2013, organizaciones de maestros, padres de familia y hasta los mismos estudiantes han denunciado los problemas del programa, entre ellos la mala calidad de los alimentos que se sirven. También han reclamado por el hecho que pese a las quejas, el contrato se ha entregado reiteradamente al mismo contratista.
Las quejas de la comunidad han sido corroboradas por la Contraloría General de la República. En marzo de 2018, el ente de control abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un posible detrimento patrimonial de 4,922 millones en el contrato 024 de 2014 de alimentación escolar para los internados del departamento firmado por el anterior gobernador, Sergio Andrés Espinosa, con el mismo contratista, Adiel Calderón Vaca. “Al revisar la ejecución del contrato cuestionado, se evidenciaron alimentos en mala calidad y víveres que no llegaron en la cantidad requerida ni en forma oportuna a los establecimientos educativos”, dice el auto de apertura de la investigación. “Pese a que el contratista incumplió sus obligaciones, la Gobernación del Vichada le giró 9.120 millones”, añade el escrito.
Según el abogado demandante, si el fallo favorece a los diputados —como los demandados lo dan por sentado—, apelará para que sea el Consejo de Estado, última instancia, quien resuelva si los diputados obraron en derecho.
