Con el proyecto de Ley que pretende “modernizar” y hacer “convergente” medios y tecnologías TIC en Colombia pierde el país, la ciudadanía y la cultura, y gana el negocio. Gana el MinTic; Caracol y RCN; Claro, Movistar y Directv; Google, Netflix, Amazon y Facebook.
El viernes pasado Sylvia Constain, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, radicó en el Senado el mensaje de urgencia para acelerar el paso por el Congreso del proyecto de ley 152 de 2018. Se trata de una iniciativa del gobierno que cambia las reglas sobre la asignación y la duración de frecuencias y licencias de radio y televisión, sobre regulación y la financiación de los contenidos públicos y sobre quienes toman las decisiones y tienen el poder frente a las producciones y los contenidos comunicativos en el país.
Pero se trata, en realidad, de un proyecto de ley que se disfraza de convergente pero no lo es porque no incluye a las OTT (Over the Top), que son las plataformas que transmiten y hacer negocios de audio, vídeo, música y otros contenidos a través de internet (Netflix, Amazon, HBO go, Facebook, Google…); incluye otros servicios de información en la nube, aplicaciones web y big data. Al no incluir a las OTT, pues, no es una ley de convergencia digital. Lo que sí es, es una ley de apropiación del gobierno del sector de medios para manejarlo a su antojo a través de Mintics, se pierde la autonomía del sector audiovisual, se olvida la soberanía nacional y los contenidos propios, se prioriza lo técnico por encima del valor cultural de la convergencia. Al no incluir a las OTT se “olvida” interesadamente que esta son negocios de contenidos y no solo técnicos.
El proyecto plantea que sería el presidente quien elegiría a los cinco miembros del ente regulador. Es decir, queda totalmente en manos del gobierno. Es una farsa.
1. El ente regulador pierde su autonomía
Los servicios de tecnología y de comunicación, por ser un valor imprescindible para definir la democracia de una sociedad, deben estar siempre en un ente autónomo e independiente. Eso lo dice la Unesco, la OCDE y la Relatoría de Libertad de expresión de la OEA. Eso es un acuerdo mundial. Pero en este proyecto de ley no se están teniendo en cuenta las recomendaciones internacionales. El proyecto plantea que sería el gobierno quien elegiría a los cinco miembros del ente regulador: dos a discreción del presidente, dos por convocatoria que elige el presidente y uno que va por una terna que presentan los canales públicos, pero que al final también elige el presidente. Es un ente totalmente en manos del gobierno. Es una farsa. El sector pierde la autonomía y regresamos al Frente Nacional cuando los gobiernos usaban los medios para premiar amigos y castigar críticos.
2. MINTIC concentra el poder
El MinTic queda con el poder de asignar las licencias de radio y televisión. Es decir, MinTic queda con el poder de decidir quiénes se presentan y puede elegir a su favor. No sólo dispone del mercado, sino que lo manipula a sus intereses. Por esto es que las licencias del espectro deberían estar manejadas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y no por el MinTic.
3. El gobierno decide los contenidos
El Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FONTIC) y el Fondo de Televisión se fusionarían y quedaría todo en manos del MINTIC. Es decir, el Ministerio queda con la potestad de repartir todos los fondos y con ellos premiar y castigar a quien quiera quitando o dando trabajo. El MinTic, concentrado en tecnologías y plataformas y no en contenidos ni en la divulgación de la(s) cultura(s), decidirá los valores que quiere defender a través de contenidos y por eso quienes no respalden o estén acordes con esos valores no serán financiados y no tendrán cabida. Es una decisión que afecta, sobre todo, al contenido de los medios públicos y a los productores independientes.
4. El problema de la comunicación no es técnico, es de contenidos
A los comisionados, quienes harán parte del ente regulador, no sólo los elige el presidente. Están además del lado técnico: abogados, economistas, ingenieros. No tienen en cuenta para nada al sector de contenidos, a los productores y a los saberes audiovisuales.El problema de la comunicación nunca ha sido técnico sino de contenido e identidad cultural. Por eso, la ley debería decir claramente cómo se van a producir los contenidos y cómo se va a proteger a los productores culturales audiovisuales en el horizonte de protección de la identidad nacional y la diversidad cultural, la pluralidad de información y la soberanía nacional. Nuevamente, no se trata de un asunto técnico.
5. Una ley disfrazada de convergencia
En realidad se trata de una ley de semiconvergencia. Para hablar de convergencia hay que tener un sólo ente regulador y hay que incluir a las OTT: a Netflix, Google, Facebook, Amazon, entre otros. Por un lado, la propuesta de ley no pretende dejar un sólo ente regulador: por fuera quedan la Agencia Nacional del Espectro. Y por el otro, no bastan la televisión y las TICs, si no incluyen a las grandes empresas de telecomunicaciones digitales para que paguen impuestos y que, sobre todo, aporten al FONTIC para la producción nacional. Si las OTT no entran en el mismo ecosistema de la radio y la televisión, entonces asumen que simplemente presentan un servicio de tecnología y no de contenidos. Y eso es una mentira . El negocio para todos es la producción de contenidos.
Hay que hacerle modificaciones para proteger y beneficiar los contenidos y no sólo a las grandes empresas. Hay que ajustar el proyecto para que esté más acorde con las recomendaciones internacionales y para quitarle potestades al MinTic.
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6. RCN Y Caracol: 30 años más y gratis
El proyecto de ley propone aumentar a 30 años las licencias de Caracol y RCN. No hay un sólo país en América Latina que otorgue licencias por tantos años, la recomendación es de máximo 20. Es una decisión regresiva que congela el mercado, pues nadie va a querer competir por esas licencias y por tanto RCN y Caracol van a ser campeones durante 30 años. Y de regalo Duque para RCN, todo es gratis con lo cual se ahorran de una 128 mil millones de pesos que debería pagar en el 2019 y 2020.
En este momento el Congreso tiene en sus manos el proyecto de ley y por tanto la posibilidad de democratizarlo y hacerle caso a la OCDE (autonomía del ente), la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA (libertad de expresión) y la Unesco (soberanía cultural en los contenidos). La consecuencia del proyecto como está es que se pierde la autonomía y la independencia del sector audiovisual, y no hay protección para la soberanía cultural ni comunicativa, ni para los productores de contenidos. Todo queda en manos del MinTic, se gubernamentaliza el ente regulador, la asignación de licencias, el reparto de dinero. Así, se pierde la autonomía y la independencia, y no hay protección para la soberanía cultural ni comunicativa, ni para los productores de contenidos. Todo queda en manos del MinTic.
Hay que hacerle modificaciones para proteger y beneficiar los contenidos y no sólo a las grandes empresas. Hay que ajustar el proyecto para que esté más acorde con las recomendaciones internacionales y para quitarle potestades al MinTic. Hay que crear una autoridad de regulación que sea autónoma e independiente, que no dependa de MinTic y que asegure más presencia de la sociedad civil y la ciudadanía. Hay que poner en manos del Ministerio de Cultura la regulación de los contenidos y la administración del fondo, para asegurar que éste no esté en función de la tecnología. Y hay que incluir a las OTT para garantizar la convergencia. Sin OTT no hay ley de convergencia.
