A las ocho de la mañana del 13 de diciembre de 2021 un helicóptero de la Policía, donde viajaban tres magistrados auxiliares de la Corte Constitucional, llegó a Nabusimake, la capital del pueblo arhuaco, ubicada junto a un valle bordeado por un río que baja desde los picos nevados de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el departamento del Cesar, a cuatro horas en 4×4 desde Valledupar. Los magistrados venían a oír a las partes en un conflicto de poder que ha fracturado a este pueblo indígena.

Los desacuerdos comenzaron el 11 de agosto de 2020, cuando Zarwawiko Torres asumió el cargo de cabildo gobernador del pueblo arhuaco, en una asamblea donde participaron solo 19 de las 60 comunidades de ese resguardo. La elección estaba prevista para ese día, pero la mayoría faltó porque el país atravesaba el primer pico de la pandemia. 

Desde entonces, la legitimidad de Zarwawiko Torres tras su elección ha sembrado la discordia entre su pueblo. “Nunca un conflicto había dividido a los arhuacos a un punto tan difícil”, dijo preocupada Leonor Zalabata, una veterana defensora de los derechos humanos que se ha opuesto a la elección de Torres.

Para evitar un posible contagio masivo, la Procuraduría, el Ministerio del Interior, varios mamos (guías espirituales arhuacos con la mayor autoridad) y otras autoridades tradicionales habían sugerido el aplazamiento de la elección. Pero se celebró, y Zarwawiko Torres “se hizo elegir”, como dijo el fiscal Gentil de León Mármol en la audiencia donde se le imputaron cargos por presunto fraude procesal. Según la Fiscalía 12 seccional, Torres habría pactado con las comunidades que votaron por él y pagado dádivas a varios de los electores.

A juicio de la Fiscalía, el propósito de Zarwawiko Torres era “registrarse ante las oficinas de asuntos indígenas del Ministerio del Interior como representante legal del Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada [para] tener el dominio […] sobre los recursos públicos provenientes de las asignaciones especiales del Sistema General de Participaciones (SGP)”. El cargo de cabildo gobernador para el que fue elegido, de carácter administrativo y con funciones de representante legal del resguardo frente al Estado, gestiona cerca de 5.000 millones de pesos del dinero público que cada año recibe el resguardo a través del SGP, de acuerdo al Sistema de información y consulta de distribuciones de recursos territoriales (SICODIS).

Para los opositores de Torres su subida al poder fue “como un golpe de Estado” que ha llevado a que los arhuacos de orillas opuestas dejen de hablarse. “Es muy grave, porque nuestra cultura es reconocida por la importancia que da a la palabra”, explicó Gelbert Zapata, uno de los líderes que rechazan la elección. Este caso, vía tutela, llegó a la Corte Constitucional, que decidió suspender provisionalmente a Zarwawiko Torres el 27 de octubre de 2021. 

Habían pasado menos de dos meses desde la suspensión, cuando los magistrados auxiliares aterrizaron en la Sierra para escuchar a las partes. “¡Que los reciban las mujeres!”, sugirieron los partidarios de Torres, entre ellos la concejala de Bogotá por el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Ati Quigua Izquierdo, también arhuaca, quien lo defendió frente a los magistrados. Las mujeres hacen parte considerable del apoyo a Torres, que ha ganado su apoyo con su propuesta de “democratizar a la sociedad”. Sería un cambio radical para esta sociedad que siempre se ha regido según su Ley de Origen, donde los mamos y los hombres con autoridad toman las decisiones colectivas.

Sin embargo, para algunas mujeres arhuacas no fue gratuito que faltaran hombres cuando llegaron los magistrados. Lo vieron como otro esfuerzo de los partidarios de Torres por limpiar su reputación. En su contra hay dos denuncias penales por delitos sexuales contra mujeres arhuacas. Una de ellas por violación a una menor de 13 años, abuso que Torres reconoció y por el que pagó en el 2000 una pena de tres meses de prisión dictada por las autoridades indígenas. 

“Zarwawiko es un violador y un abusador. No tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar de dar voz a las mujeres y los jóvenes”, dijo Saday Rosado, una vocera de las mujeres que se le oponen. 

La víctima que denunció a Torres por violarla habló en 2021. Desde entonces su familia ha sufrido desprestigio y  cinco de sus familiares fueron secuestrados por otros miembros de la comunidad en el Resguardo Arhuaco de la Sierra. Uno de ellos denunció como presunto autor intelectual a Zarwawiko Torres. En este tema, pareciera que todo el que mencione a Torres sale lastimado. También fue el caso de la periodista Katia Ospino, que tras publicar denuncias por abuso sexual contra Torres, fue amenazada de muerte.

El conflicto no es solo interno

Las dos versiones que escuchó la Corte coinciden en que la crisis se agudizó por la injerencia de terceros no indígenas. Para los partidarios de Torres, la elección ocurrió en derecho y la Corte Constitucional se extralimitó al suspenderla. Para sus detractores, el conflicto escaló porque el Ministerio del Interior certificó la validez de la elección, aunque fue notificado de la disputa electoral. Por disposición constitucional, las entidades del Estado deben mantenerse imparciales en casos como este, para no vulnerar el derecho a la autonomía política de los pueblos indígenas.

La mañana de la visita, Torres tuvo la primera palabra. Se presentó como cabildo gobernador frente a la misma Corte que lo había suspendido. Fue una muestra abierta de lo que sus opositores ven como posible desacato o fraude a resolución judicial: aún suspendido del cargo, Torres actúa como si lo ocupara. Aseguran que tampoco ha entregado la sede de resguardo en Valledupar.

Los magistrados escuchaban frente a cientos de partidarios de Torres. “La Corte no tiene la autoridad para destituir ni para deslegitimar una decisión que nosotros como pueblo hemos tomado. La Corte no puede hacer eso”, dijo después uno de los principales aliados del cabildo suspendido durante la visita de los togados a Nabusimake. Norey Quigua, hermano de Ati Quigua, la concejala de Bogotá, hablaba con un micrófono, fijándole la mirada a uno de los magistrados.

No obstante, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como por ejemplo la sentencia T-973 de 2009, establece que puede intervenir en los asuntos de comunidades indígenas en circunstancias en las que claramente se vean amenazados derechos fundamentales.

Hacia media mañana, luego de escuchar a Torres y los suyos, la Corte se desplazó a un lugar sagrado, un Kaduwku, donde a la sombra de cafetos y plátanos esperaban casi treinta personas. Sin micrófono, la comisión escuchó a la contraparte. Habló Hermes Torres, opositor de la elección de Zarwawiko: “El causante [del conflicto] es la División General de Asuntos Indígenas del Ministerio Interior. Se le avisó previamente cuál era la situación, y que mientras se arreglara el problema, ellos se abstuvieran de registrar a un nuevo cabildo gobernador. Hicieron caso omiso”, dijo.

¿Secuestrados?

En septiembre de 2020 el Ministerio de Interior certificó a Torres como cabildo gobernador legítimamente elegido, aunque autoridades arhuacas y la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos le habían solicitado que se abstuviera, de acuerdo a un oficio de la Defensoría. Certificar a Torres, afirmó la Procuraduría, podría agudizar el conflicto electoral indígena, como en efecto ocurrió. 

Tres semanas antes de la certificación, cinco personas, cuatro de ellas líderes arhuacos opuestos a Torres fueron detenidos a la fuerza en Valledupar por cerca de 20 semaneros, jóvenes arhuacos encargados de hacer cumplir arrestos y otras sanciones. Los semaneros fueron enviados por el gobierno del entonces cabildo. Ese día, el 14 de agosto de 2020, el conflicto tocó fondo. Hacia la una de la tarde los semaneros enviados por Torres irrumpieron dentro la Casa Indígena de Valledupar, donde funciona la oficina de las autoridades del Resguardo Arhuaco de la Sierra. Allí incomunicaron a los presentes. 

“Entró un semanero con un papel diciendo que ahí estaba la razón de las autoridades, y lo entregó al secretario general. Se notaba aterrorizado. Tan pronto terminó de leer, lo dobló nuevamente y le dijeron: ‘Vamos, levántense’”, contó Rubiel Zalabata, quien estuvo allí.

Hicieron caminar a varias autoridades, entre ellas a José María Arroyo, cabildo anterior que se había rehusado a entregarle el puesto a Torres. En la calle se formó una gritería entre los demás arhuacos, y los semaneros forzaron a los cinco detenidos a entrar en dos camionetas. 

Una mujer arhuaca preguntó indignada quien ordenaba la detención.

—Es una decisión de la Asamblea, respondió un semanero.—¿Cuál asamblea? —gritó la mujer. ¡Si todas las comunidades no participaron! —dijo, refiriéndose a la asamblea minoritaria que había elegido a Torres.

Las camionetas arrancaron y ese mismo día la Procuraduría emitió una alerta urgente al Comandante de la Policía del departamento del Cesar, donde pedía ubicar a los retenidos en uno de los vehículos, uno de ellos de propiedad de Lorenzo de Jesús Izquierdo Torres, tío segundo de la concejala Ati Quigua Izquierdo.

La alerta dio resultado: un retén de la Policía interceptó una de las camionetas cuando intentaba salir de la ciudad. El líder arhuaco Gelver Zapata, quien más opuso resistencia, gritaba dentro del carro. Se fracturó una pierna cuando los semaneros lo forzaron a entrar en uno de los vehículos. 

El otro consiguió salir de la ciudad hacia Nabusimake, adonde llegaron dos de los opositores retenidos en horas de la madrugada. “Nos esperaba una multitud [partidaria de Zarwawiko] en la oficina del pueblo”, recordó Hermes Torres, uno de ellos.

Hermes pasó cuatro días preso. Al tercero, el gobierno de Zarwawiko le propuso una salida. “Nos hicieron firmar un comunicado solicitando que no se hicieran más denuncias públicas frente a los medios de comunicación y las entidades. Más demoramos nosotros que ellos en hacerlo llegar al Ministerio del Interior”, contó Hermes. “Nosotros nos reservamos mucho esto, pero lo que pasó fue un secuestro y hay que decirlo”, admitió.

Tras todo esto, el Ministerio del Interior certificó a Zarwawiko Torres el 9 de septiembre de 2020. Como si no hubiera un conflicto electoral interno.

Un rastro de inconsistencias

A los detractores de Torres los desconcierta la inconsistencia del Ministerio del Interior frente al conflicto. Primero, en agosto de 2021, el Ministerio reconoció el conflicto cuando le negó el registro a un opositor de Torres. Un mes después, lo desconoció cuando avaló su elección. Sin embargo, en noviembre de ese año, esa cartera volvió a reconocerlo para argumentar la no certificación de otro cabildo opositor. 

“¿Cómo explica uno eso?”, se preguntó Danilo Villafaña, una de las autoridades a las que el Ministerio se negó a certificar. La certificación de Torres llevó a sus opositores a entutelar al Ministerio del Interior y a pensar que sus decisiones han estado deliberadamente parcializadas.  Esa idea tomó fuerza desde que en octubre del año pasado se conoció un audio donde el viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, dio a entender que en el conflicto arhuaco inciden cálculos políticos e intereses económicos.

“Si de aquí a diciembre [de 2021] ustedes no han resuelto esto, los recursos de ustedes los toma Zarwawiko, como gobernador de todo el resguardo”, dijo Baena. “Pero es ilegítimo, doctor”, le contestó la defensora de derechos humanos Leonor Zalabata. “Todo este tema tiene un trasfondo espiritual que es absolutamente respetable, pero también tiene un trasfondo político (…). Aquí hay mucha política, y esa política tiene que ver con intereses económicos”, dijo el viceministro al final. Consultado por Cuestión Pública, Baena afirmó que no conocía la grabación y que «preferiría no entrar en ese terreno, preferiría no hablar de ese tema”.  

Y los intereses económicos son muchos alrededor de la EPS indígena más grande de la Sierra Nevada, Dusakawi EPSI, inmersa en escándalos por presunta corrupción y de la que Zarwawiko Torres fue presidente a finales de 2020, mientras era cabildo gobernador. Su paso por esa empresa dio razones a sus opositores para considerar que detrás del conflicto hay intereses suyos y de terceros ajenos al pueblo arhuaco. 

Poco más de un mes después de ser certificado por el Ministerio del Interior, el 12 de octubre de 2020, y como presidente de Dusakawi, Zarwawiko Torres envió un oficio al gerente de esa EPS para que tramitara un contrato en beneficio de una mujer arhuaca, Luz Elena Izquierdo Torres. Pues bien, Izquierdo venía de ser asesora de alto nivel del despacho del viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena; el mismo que sugirió que en el conflicto arhuaco inciden cálculos políticos e intereses económicos.

Izquierdo había renunciado al cargo tres días antes y el oficio firmado por el entonces cabildo solicitaba que el contrato por la suma de 10 millones mensuales de pesos debía adelantarse “tal como se había pactado” con ella cuando era funcionaria del Ministerio.

Luz Elena es la cabeza de la familia Izquierdo, una de las más poderosas entre los arhuacos, y el principal músculo político de Zarwawiko Torres. Quienes lideraron las intervenciones a su favor durante la visita de la Corte fueron ella, su hija​ Ati Quigua (la concejala) y su otro hijo, Norey Quigua. 

Los nexos entre los Izquierdo y el conflicto electoral se volvieron aún más aparentes cuando Torres fue “posesionado” por la ex fórmula presidencial de la concejala Ati Quigua, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Los opositores de Torres consideraron esto una injerencia en la autodeterminación de su pueblo.

Apoyar el ascenso de Torres al poder ayudaría a consolidar el capital político de la familia Izquierdo, aseguran sus detractores. Prueba de esto sería que Luz Elena — aún como funcionaria del Ministerio del Interior— habría participado en la redacción de los documentos de la Asamblea General que eligió a Torres, incurriendo en un posible conflicto de intereses y comprometiendo la imparcialidad de esa cartera. Lo anterior de acuerdo a cinco fuentes que estuvieron en la asamblea, de las cuales cuatro pidieron reserva de su identidad por temor a represalias.

Sin embargo, la presencia de Izquierdo “no se puede negar, fue conocida públicamente en ese momento”, dijo Ángel Chaparro, dueño de uno de los contados puntos que presta servicio de internet en Nabusimake. Al igual que él, otra fuente asegura que Izquierdo hizo sugerencias sobre la correcta redacción del acta “para que no hubiera problemas con el Ministerio del Interior”.

Si el pacto con Izquierdo al que se refiere el oficio de Torres para contratarla en la EPS fue sellado antes de su elección, los hechos podrían constituir un presunto delito de cohecho, de acuerdo a Mauricio Urquijo, abogado penalista. Como servidora pública de la entidad que certificó a Torres, Izquierdo se habría extralimitado en sus competencias actuando como juez y parte en la elección de su favorecido. Torres, en retribución, habría hecho lobby para darle un contrato en la EPS de la que era presidente. Izquierdo no respondió a las solicitudes de entrevista de Cuestión Pública. Pero el papel de la EPS Dusakawi no termina ahí. Una auditoría delegada por la Superintendencia de Salud estableció que el año en que Torres fue elegido, la entidad prestadora de salud hizo millonarios pagos por servicios no prestados a empresas y fundaciones. Entre ellas la Fundación Universo de Servicios de Colombia (Funsercol), que recibió 707 millones de pesos en giros directos. La fundación ha tenido en su junta directiva a dos hermanos de Torres y como directora a una hermana de Luz Elena Izquierdo.

Siempre los recursos 

El 15 de agosto de 2020 era un día clave para la EPS Dusakawi. El predecesor de Torres y su equipo lo habían fijado para concluir una reforma al modelo de contratación. El cambio, en principio, iba dirigido solo a la contratación del servicio de los afiliados arhuacos para prevenir una práctica, aparentemente generalizada, en la cual directivos de la EPS y prestadoras de salud (IPS) acuerdan tarifas a conveniencia, según denunció el ex cabildo gobernador José María Arroyo. Pero las autoridades no consiguieron ejecutar la reforma de la EPS, que está intervenida por la Supersalud desde 2012; un día antes ocurrió la llegada violenta de los semaneros afines a Torres a la Casa Indígena de Valledupar.

De haberse ejecutado la reforma, podrían haberse afectado los negocios entre la EPS y la beneficiada Funsercol, que presta el servicio de casas de paso y en donde han ocupado altos cargos familiares de Torres y de Izquierdo. En entrevista con Cuestión Pública, Torres dijo que las casas de paso de la fundación son de su propiedad. Luego de aquella entrevista inicial, quisimos consultarle a fondo por chat sobre su relación con Funsercol y otros temas, pero prefirió no contestar preguntas específicas. Agregó que evaluaría posibles instancias si esta historia tergiversa los hechos.

Y es que de hecho, los nexos entre la EPS y el conflicto arhuaco son aún más estrechos; tanto la camioneta en la que fueron secuestrados los familiares de la mujer abusada por Torres, como uno de los vehículos involucrados en la retención de opositores en la casa indígena de Valledupar, pertenecen a Henry Mestre Pacheco, fundador y representante legal de una empresa transportadora que ha contratado con la EPS.

Entre la violencia y la enfermedad

El conflicto se agudiza y cada vez más tiende a la violencia: el  26 de enero de 2022, un hombre arhuaco encañonó con un arma de fuego a un líder opositor de Torres.

“Con la pistola el hombre me dijo: ‘¡Tiene que acabarse esto! ¿Dónde están los otros jefes?’”, contó Iván de Jesús Torres, opositor de Zarwawiko y quien para entonces era cabildo gobernador del Resguardo Arhuaco de Businchama. Iván y sus compañeros piensan que el episodio está ligado al conflicto interno arhuaco. “¿Por qué otro motivo vendría un armado preguntando por los cabildos arhuacos?”, dijo. El hombre armado huyó cuando se activó una alarma.A raíz del hecho y por primera vez en un comunicado a la opinión pública, una Comisión de Verdad y Justicia —creada durante el conflicto por los opositores a Torres— anunció que si se presentan nuevos hechos como este señalará como responsables, entre otros, a Zarwawiko Torres y a los dos hijos de Luz Elena Izquierdo: Norey y Ati Quigua. Consultada por Cuestión Pública, la actual concejala de Bogotá aseguró que los señalamientos en contra de su familia hacen parte de una persecución política que ha arreciado desde que fue elegida en 2020.

Este es ante todo un conflicto indígena, y no parece que vaya a resolverse con fallos judiciales. Es clave el papel de las autoridades espirituales que guían a los arhuacos, los mamos, quienes también se dividieron tras la elección de Zarwawiko Torres. Algunos de ellos han buscado espacios de diálogo con los mamos que lo apoyan. Pero sin resultados, pues ha sido imposible concretar un encuentro entre todos. Torres considera que no debería tener lugar una reunión sin la presencia de autoridades administrativas y políticas, afirmó en entrevista con Cuestión Pública.

Según él, la Asamblea General que lo eligió está por encima de los mamos y es la máxima instancia de decisión del pueblo arhuaco, pues así lo afirma el  Documento Guía, un texto con validez legal. Y allí está el quid del asunto. Parte importante de los mamos rechazan su validez, porque el documento erró en darle primacía a la Asamblea sobre las autoridades espirituales tradicionales, según lo expresaron varios de ellos a los magistrados.

“Aquí hay que proteger a la institución más importante que tiene el pueblo arhuaco; se llama la institución de los mamos”, dijo Danilo Villafaña, uno de los líderes de la oposición a Torres a los magistrados de la Corte Constitucional el día en que visitaron Nabusimake.

Ese día, Cuncha, mamo mayor de la Kankurwa de Seikúmake, habló ante los magistrados. “​​Las palabras se han enfermado de situaciones externas”, dijo. Un intérprete explicó: para los mamos ha llegado por primera vez a la Sierra Nevada un tipo de enfermedad que viaja de boca en boca, carcomiendo la palabra. La enfermedad hace que las personas revistan lo que dicen con pretensiones de verdad, cuando en realidad llevan un interior opaco cargado de desinformación. 

A los oídos de los mamos, la palabra en la Sierra está permeándose de la política de los bunachis, los no indígenas.