Por: Tomás Tello, investigador de Congreso Visible. Este artículo hace parte de un Especial – Las notas del semestre: logros y pendientes del Congreso.
¿Hasta dónde puede llegar la ley para limitar las libertades de los ciudadanos? ¿Es deber del Estado establecer si alguien puede decidir morir?, ¿con quién casarse?, ¿usar o no sustancias psicoactivas?, ¿interrumpir un embarazo?
Algunas de estas preguntas han guiado el debate político en Colombia sobre la eutanasia, la despenalización del consumo de drogas, el matrimonio igualitario y el aborto. Estos temas fomentan el debate constante, y no pierden vigencia. Son debates que se presentan en distintas culturas y sociedades alrededor del mundo, y sobre los que los colombianos también se han pronunciado.
En el escenario colombiano, estos asuntos, que implican la regulación de derechos y libertades, también han planteado una discusión que surgió con la creación de la Corte Constitucional y algunos de sus fallos más emblemáticos, y que resume Carlos Gaviria, magistrado del alto tribunal entre 1993 y 2001 en su libro Sentencias: herejías constitucionales: ¿en quién reside la transformación significativa de la sociedad: en el Congreso, órgano representativo del pueblo o en los jueces?
Para poner en contexto esta pregunta, revisamos qué ha hecho cada una de estas ramas del poder público, así como el Gobierno, en relación con la eutanasia, la marihuana medicinal y el aborto.
Eutanasia: es legal, pero nada más
El suicidio asistido en Colombia está despenalizado luego de la sentencia de constitucionalidad C-239 de 1997 de la Corte Constitucional, donde declaró exequible el artículo 326 del Código Penal que sancionaba con cárcel el llamado homicidio piadoso. En otras palabras, la Corte dijo que, de acuerdo al Artículo 11 de la Constitución, no se podría condenar a cárcel a los médicos que practicaran la eutanasia previo consentimiento declarado del paciente. En la sentencia, también instó al Congreso a regular lo más pronto posible sobre la muerte digna.
Es después de la sentencia, que el entonces senador liberal Germán Vargas Lleras, presentó el primer proyecto de ley sobre el tema. Desde entonces siete proyectos más han intentado acatar la solicitud de la Corte de regular el derecho a morir dignamente. El senador Armando Benedetti, del Partido de la U, ha sido autor de 6 de estos proyectos, en ocasiones junto a Gina Parody, del mismo partido y, el más reciente, junto a Roy Barreras y Alfredo Deluque, también miembros de esa bancada. Ninguno de estos proyectos ha prosperado.
A raíz de una demanda que una paciente hizo contra su EPS por negársele una eutanasia, en 2014 mientras en el Congreso estaba radicado un proyecto al respecto, la Corte Constitucional expidió la sentencia de tutela T-970, en la que exhortó por segunda vez al Congreso a legislar una regulación sobre la eutanasia, teniendo como fundamento el derecho a morir dignamente. Además, ordenó al Ministerio de Salud expedir un protocolo regulatorio de la eutanasia con directrices para que EPS e IPS puedan realizar esta práctica.
En este caso, fue el Gobierno, por petición de la Corte, el que debió “legislar” la práctica eutanásica y en abril de 2015, el Ministerio de Salud cumplió la orden y expidió las directrices. Sin embargo, dos meses después de que se expidiera el protocolo, el caricaturista Matador denunció que a su padre, Ovidio González, paciente con cáncer terminal, se le había negado su petición de eutanasia. Sobre la controversia del señor González, el Ministerio aclaró que sí hay una regulación y los médicos deben seguirla “la aplicación del procedimiento de muerte anticipada (…) está debidamente reglamentada en el país y establece la aplicación de un proceso detallado que debe cumplirse por quienes tienen la obligación de participar en el mismo. Finalmente el 3 de julio Ovidio González fue el primer colombiano al que se le hizo una eutanasia legal, pero este caso demuestra que, incluso con un protocolo, dos sentencias de la Corte y con la colaboración entre las ramas, existe una brecha entre el derecho de una muerte digna, reconocido jurídicamente, y su ejercicio en la práctica.
Marihuana Medicinal: no es legal el consumo, pero en un futuro…
El recién aprobado proyecto que regula el uso de cannabis medicinal con fines terapéuticos y médicos, no despenaliza el consumo recreativo de la planta (vea ABC del Proyecto). La ley le permite al Estado tener control sobre la producción, comercialización y posesión de semillas de cannabis; abre además la posibilidad de la investigación científica y beneficia a pacientes con enfermedades terminales y crónicas. Años antes, en 2012, y abonando el terreno para la marihuana medicinal, el senador liberal Juan Manuel Galán logró sacar adelante una ley que le daba el enfoque de salud pública (y no punitivo) al consumo problemático de sustancias psicoactivas.
Y aunque el proyecto de Galán no legaliza el uso recreativo de la marihuana, sus contradictores asociaron la aprobación de la iniciativa con la guerra contra las drogas, la dosis mínima de consumo y su despenalización total. El Procurador General, Alejandro Ordoñez, advirtió que internacionalmente, la legalización medicinal había abierto las puertas a su legalización recreativa. «De legalizar la marihuana se abriría camino para que también se legalicen las finanzas de los narcotraficantes que serían quienes tendrían el negocio en sus manos”, dijo en 2014 el senador del Centro Democrático Alfredo Rangel. De hecho, el recién aprobado proyecto, reglamenta el Acto Legislativo 02 de 2009 que en su momento supuso prohibir de tajo la dosis personal que la Corte Constitucional había despenalizado en 1994 con la sentencia C-221.
El 22 de diciembre de 2015 y con el proyecto de Galán aprobado en segundo debate, el Presidente Juan Manuel Santos –quien ya había dado su visto bueno a la iniciativa del senador– firmó un decreto con el fin de “legalizar el cultivo y la transformación de Cannabis como insumo exclusivo para productos medicinales y científicos”, amparado, como dijo Uribe, en la Ley 30 de 1986. Tras la expedición del decreto, el senador Galán criticó el contenido, calificándolo de improvisado y dando a entender que su proyecto tenía mayor alcance porque un decreto no tiene la seguridad jurídica de una ley de la República.
Aunque con algo de tensión, el Congreso y el Gobierno trabajaron por separado, pero gracias a sus acciones simultáneas sobre un mismo tema ahora en Colombia es legal el uso medicinal de la marihuana. Años antes, en 2003 y 2004 las iniciativas de ley que el entonces senador conservador Carlos Moreno de Caro presentó en el Congreso, abogaban por la despenalización de la comercialización de drogas con fines terapéuticos. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas fue exitosa. Pasaron 11 años para lograr ese objetivo. Esto puede indicar que este tipo de propuestas toman un tiempo en madurar en la opinión de los legisladores, y en algunos casos, en transformar su posición al respecto; como prueba está el interesante proyecto que el Centro Democrático radicó en mayo pasado y que tiene como fin cambiar el enfoque de salud pública a la problemática del consumo de droga.
Aborto
Un año antes de que la Corte Constitucional despenalizara el aborto en tres casos con la sentencia C-355 de 2006, el representante a la Cámara por el Partido Conservador José Luis Arcila presentó un proyecto de ley que permitiría el aborto cuando el embarazo fuera producto de acceso carnal violento o sin consentimiento (que luego sería uno de los tres escenarios despenalizados por la Corte). En 2003 se archivó otro proyecto que buscaba modificar el artículo 124 de la Ley 599 de 2000, para que el aborto no fuera punible en ciertas circunstancias. Sin embargo, desde 1998 hasta 2005, solo estos proyectos tocaron el tema.
En este caso la Corte no le pidió al Congreso legislar sobre el aborto, pero desde la sentencia de la Corte se han radicado siete proyectos a propósito del tema. En 2008, las senadoras Elsa Cifuentes de Cambio Radical y Gloria Ramírez del Polo Democrático, radicaron una iniciativa para mejorar la atención a madres gestantes que incluía los tres casos de aborto establecidos por la Corte. En 2010, Claudia Wilches presentó un proyecto para desincentivar el aborto inducido.
Luego, en 2011 miembros del Partido Conservador y del Partido de la U radicaron un proyecto para modificar el artículo 11 de la Constitución de la siguiente manera: «El derecho a la vida es inviolable y recibirá igual protección desde la fecundación hasta la muerte natural. No habrá pena de muerte». Con esta modificación, eliminaba no solo la posibilidad del aborto en los tres casos despenalizados por la Corte, sino también despenalizada la eutanasia. Al mismo tiempo, también impulsaban un proyecto sobre la objeción de conciencia en los casos en que el carácter imperativo de una ley o decisión administrativa o judicial representara una “grave contradicción con sus convicciones más profundas”. Esto daría vía libre a que médicos y jueces objetaran conciencia frente a una solicitud de IVE.
Miembros del Polo Democrático Alternativo también intentaron, en 2012, modificar el Artículo 11 para que quedara así: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.
La interrupción voluntaria del embarazo podrá realizarse en los casos señalados por la ley”. En 2013, la entonces senadora de la U, Claudia Wilches insistió nuevamente con un proyecto de apoyo a madres gestantes que busca prevenir las IVE. Cabe aclarar que ninguna de estas iniciativas prosperó.
En su último día como Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, el 28 de marzo de 2016, radicó un proyecto para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 24 semas de gestación en cualquier caso. Entre sus argumentos, afirmó que el proyecto sirve de protección a la mujer, además es constitucional, pues protege la libertad sexual de la mujer.
Es imposible augurar la suerte de esa iniciativa, porque el apoyo está dividido. Meses antes de radicar el proyecto, el exfiscal fue invitado en un evento de la Fundación Buen Gobierno sobre aborto, para que explicara los pormenores de su iniciativa. El evento se llevaría a cabo en las instalaciones de la Universidad Javeriana, que días antes de realizarlo decidió cancelar el préstamo de su auditorio “debido a las reacciones contrarias hacia la Universidad por parte de algunos estudiantes, profesores, padres de familia y autoridades eclesiásticas” (El Tiempo); hecho que demuestra que el tema es álgidamente controvertido. El evento se realizó en el Congreso. Allí la representante Angélica Lozano de Alianzqa Verde calificó como una cortina de humo la intención de Montealegre. Luego de radicar el proyecto, el senador Jaime Amín del Centro Democrático, compartió el calificativo de Lozano. Uno de los respaldo más visibles al proyecto ha llegado por parte del a sociedad civil organizada en voz de la representante de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, quien consideró el proyecto ajustado a la realidad.
Desde el Gobierno, el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, ha dicho abiertamente que cree que el aborto es legal en Colombia con la sentencia de la Corte, pero que la dificultad no se encuentra en una falta de normatividad sobre la práctica, sino en la falta de conocimientos y concepciones culturales. Sobre el proyecto de Montealegre, no cree que una ley sea “estrictamente necesaria” ni el “mecanismo más idóneo actualmente” para tratar los derechos de las mujeres. A propósito, los senadores conservadores Hernán Andrade y David Barguil sentenciaron que la colectividad seguirá defendiendo la vida, no el aborto y, para Andrade, aún es pronto para que el Congreso apruebe esta despenalización. Aunque en esquinas opuestas, el legislador y el Ministro creen que por ahora, el Congreso no es el escenario para legalizar el aborto.
Pero el tema no solo es polémico en Colombia. En toda Latinoamérica, el aborto está permitido sin restricción solo en Uruguay, Cuba, Puerto Rico y algunos estados de México. A diez años de la sentencia de la Corte Constitucional, con el abierto apoyo del Ministro de Salud al aborto y los distintos proyectos a favor y en contra que se han presentado, por ahora solo es claro que el Congreso deberá seguir debatiendo sobre el tema. Por un lado, tiene en sus manos el proyecto de ley del exfiscal que sigue en curso y, por el otro, la representante Angélica Lozano ha anunciado que presentará un proyecto al respecto, por su lado, en la próxima legislatura que comenzará este 20 de julio.
