Entre julio de 2017 y febrero de 2018, Postobón desarrolló un programa de responsabilidad social que consistía en repartir bebidas experimentales en colegios étnicos de La Guajira. La bebida se llamaba Kufu. Dos años después, lo que se convirtió en uno de los mayores escándalos de la industria de alimentos en Colombia, no ha conducido a sanción alguna. 

Este proyecto se realizó en las instituciones etnoeducativas Divina Pastora (sedes Madre Verónica y Nuestra Señora de Fátima en Riohacha); en la Institución etnoeductiva Laachón en Mayapo; en la Institución Etnoeducativa Septimio Mari (sedes Nuestra Señora de Fátima, Divina Pastora y Madre Verónica en Riohacha); y en el Internado Indígena Nazareth en Uribia. Para ejecutarlo, Postobón suscribió un memorando de entendimiento -es decir un acuerdo entre dos partes para realizar un proyecto- con la Fundación Colombiana para el Desarrollo (FUCOLDE). Fucolde, a su vez, fue creada por la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), una organización con presencia en varios países de América que ejecuta proyectos sociales, la mayoría con socios estatales. 

En los documentos oficiales que se incluyen en este artículo, FUCOLDE no figura como la organización que ejecutó este proyecto. En ese lugar aparece FUPAD. Sin embargo, esta entidad asegura que fue FUCOLDE fue quien lo hizo. Por esta razón, en adelante, se utilizará la expresión FUCOLDE/FUPAD, para dar cuenta de que una organización fue creada por la otra, que comparten oficinas y donde, para comunicarse con funcionarios de FUCOLDE, hay que llamar a FUPAD. 

FUCOLDE/FUPAD  realizó las gestiones y apoyos logísticos para que les tomaran medidas de talla y peso a los niños, y se les hicieran exámenes de sangre -cuadro hemático y nivel de glucosa- en las instituciones etnoeducativas mencionados arriba, salvo en el Internado Indígena Nazareth (Uribia). El propósito era documentar los efectos de esta bebida sobre los niños. En 2018, cuando La Liga Contra el Silencio publicó el primer artículo sobre este tema, FUCOLDE y FUPAD se negaron a comentar oficialmente sobre la implementación de este proyecto y no confirmaron haber tomado esas muestras de sangre. Esto, a pesar de que una funcionaria de FUPAD, entrevistada por La Liga en el lugar donde se ejecutaba el proyecto, dijo que ellos las habían tomado. 

La Liga, sin embargo, pudo constatar la existencia de ese pacto entre Postobón y FUPAD. 

En 2017, a petición del Ministerio de Salud, el Invima hizo una visita de inspección, vigilancia y control relacionada con Kufu y su programa en La Guajira. En un documento que la empresa de bebidas entregó al Invima, el 25 de octubre de 2017, Postobón indica que el equipo de FUPAD (con FUCOLDE como ejecutor) era interdisciplinario, y sí estaba integrado por un médico, una trabajadora social, una bacterióloga y un nutricionista. Según Postobón, fueron ellos quienes sacaron las muestras de sangre a los niños para realizar exámenes médicos de cuadro hemático y glicemia, y luego entregaron los resultados a la empresa. Fue gracias a estos exámenes, por ejemplo, que la compañía de bebidas azucaradas supo que el 70% de los niños que no consumían Kufu padecían de anemia. 

En noviembre, La Liga consultó a Postobón para saber si conocía la situación de anemia de los niños que hacían parte del grupo de control del experimento desde las primeras pruebas. Preguntó, además, si en lugar de darle la advertencia a alguna autoridad competente, para que los niños recibieran un tratamiento médico inmediato, procedió con este estudio sobre los efectos de Kufu en los niveles de hemoglobina. La empresa no respondió estas preguntas. 

Aún así, La Liga supo que estos procedimientos comenzaron a preocupar a altos funcionarios del Ministerio de Salud, incluido el entonces Ministro, Alejandro Gaviria, desde finales de 2017, según contó un funcionario que trabajaba en esa cartera cuando estalló el escándalo. Por un lado, notaron que Postobón no cumplía la Resolución 8430 de 1993, en la que se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. La resolución señala que hay condiciones estrictas para hacer investigaciones científicas con seres humanos. Postobón y FUCOLDE/FUPAD, por ejemplo, no crearon un Comité de Ética -como establece la resolución- para supervisar el experimento hecho con los niños, que consistía en estudiar los efectos alimenticios de la bebida Kufu. La resolución también establece que las investigaciones se deben hacer primero sobre adultos y animales. 

En la respuesta de Postobón a la visita de Inspección del Invima del 25 octubre de 2017, la empresa dice que “el objetivo del estudio es determinar los cambios físicos del desarrollo y los cambios bioquímicos derivados del consumo de Kufu”. Sin embargo, un funcionario que trabajó en el Ministerio de Salud en ese momento, y que habló bajo reserva, dijo que funcionarios del Ministerio tenían la sospecha de que había un componente comercial en el interés por hacer experimentos con los niños. Esto porque, una vez el producto se comercializara, los datos sobre las bondades nutritivas de Kufu fortalecerían su campaña de publicidad. De hecho, la segunda fase del programa contemplaba lanzar el producto al mercado. 

Se suponía que originalmente el “Proyecto Social Kufu” debía durar tres años. La segunda fase, la comercialización del producto canalizando las utilidades hacia programas de educación y nutrición, comenzaría en el 2018. En este proceso, trabajarían especialmente con las alcaldías. Postobón no aclara en el documento a que alcaldías se refiere. 

Ana María Narváez, abogada de Dejusticia, lanza una hipótesis para explicar por qué Postobón estaba tan interesada en medir el efecto nutricional de su nuevo producto: “En Colombia no hay ninguna entidad que verifique la calidad nutricional de sus productos. Solo hay una entidad que verifica su sanidad, por ejemplo, que los ingredientes en la tabla nutricional sean los que tiene el producto, pero no su efecto nutricional. Eso es un problema”, dice.

Dos años después estas irregularidades no han tenido consecuencias. Peor aún: el Estado no tenía entonces, ni tiene ahora, herramientas efectivas para impedir este tipo de experimentos en niños. Aunque Postobón ya no está realizando este tipo de experimentos, esa decisión no obedeció a una orden por parte de ningún órgano de vigilancia y control sino a una decisión voluntaria de la empresa. Es más, si lo hubiese querido, la empresa hubiera podido seguir adelante con el proyecto. Incluso, podría repetirlo. 

El silencio tras el escándalo

 Desde noviembre de 2017, la ONG Dejusticia envió derechos de petición y solicitudes de información a entidades como el Ministerio de Salud, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Procuraduría General de la Nación, el Invima y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). El objetivo era conocer qué respuesta le dieron estas entidades a las actividades que adelantaron Postobón y FUCOLDE/FUPAD en la Guajira. 

Según el entonces director general del Invima, Javier Humberto Guzmán, la bebida que Postobón distribuía cumplía con los requisitos de sanidad e inocuidad, y tenía todos los ingredientes nutritivos que promocionaba, como vitamina B5, B6, B9, B12, magnesio y zinc. Dijo además que las imágenes diseñadas para atraer a los niños (el oso con que el se promocionaba la bebida) no violaban ninguna norma. El Invima y más adelante la SIC, aceptaron la explicación que dio Postobón: el oso en realidad no era la imagen del producto, sino de la campaña de responsabilidad social.

“Para los productos marca Kufu no se realizan actividades de publicidad que promuevan el consumo y/o comercialización de los mismos. Es necesario precisar que la figura del oso corresponde al proyecto social y no solamente a las bebidas en mención. Además bajo esta imagen se realizan actividades de promoción de hábitos de vida saludables de alimentación y actividad física”, dijo el Invima en el reporte de inspección. 

No obstante, Postobón mencionó que uno de los puntos que le interesó investigar durante la repartición de Kufu era si el producto se recibía bien por parte de los consumidores, y qué tan atractiva resultaba su marca para la comunidad. Para la abogada de Dejusticia, Ana María Narvaez, “la idea de desarrollar Kufu como marca era por la asociación de los niños con la película ‘Kung Fu Panda’, porque los niños lo pronuncian ‘Kufu’. Además, la imagen del proyecto es un osito, y eso refuerza la asociación”. 

Por su parte, el entonces director de Nutrición del ICBF, Alejandro Gómez López, le dijo a Dejusticia, en diciembre de 2017, que Postobón se había reunido con ellos antes de iniciar el proyecto para que sugirieran en qué departamentos o lugares distribuir las bebidas. El ICBF respondió que esto debía coordinarse con la Ruta de Atención a la Desnutrición del Ministerio de Salud y Protección Social, no con ellos. Gómez añadió que este programa no contó con la coordinación ni el respaldo del ICBF.

Durante el reportaje realizado por La Liga Contra el Silencio a finales de 2017 y principios de 2018, el mismo Alejandro Gómez afirmó también que la investigación de mercado debía tener un comité de ética. Como veremos más adelante, esta apreciación no coincide con la que tuvieron los entes de vigilancia y control, que aceptaron la ausencia de un comité de ética porque se trataba de un programa de asistencia social.

“Parece que Postobón quiere acopiar evidencia de las bondades de un producto, pero no lo puede hacer vulnerando los derechos de los niños. Vamos a investigar”, dijo también el ICBF en esa historia. 

Ahora, casi dos años después, La Liga Contra el Silencio le preguntó al ICBF por los resultados de esta investigación. La respuesta es preocupante: 

“Desde la Dirección de Nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se realizó un ejercicio de análisis cualitativo de la composición nutricional de los dos productos presentados por Postobón en la estrategia de recuperación y mejoría del estado nutricional de los niños y niñas de La Guajira, encontrando que estos no son aptos para el consumo de la población infantil por su alto contenido de azúcar, colorantes, saborizantes y otros aditivos alimentarios. Sin embargo, y dado que no es competencia de la Dirección de Nutrición del ICBF realizar este tipo de análisis, los resultados no fueron publicados ni presentados oficialmente a la empresa Postobón (aclaramos que la valoración de los alimentos y bebidas corresponde al INVIMA)”. 

La Liga Contra el Silencio supo que la Procuraduría tampoco ha adelantado investigaciones  a ningún funcionario público por este episodio. 

La Liga también tuvo acceso a una carta que le envió el entonces director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Elkin de Jesús Osorio Saldarriaga a Mariana Pacheco, directora de asuntos regulatorios de Postobón en febrero de 2018. Allí, Osorio decía: “teniendo en cuenta la reunión previa que se sostuvo frente al asunto y a los compromisos generados en ella, de manera atenta solicitamos el documento que soporta el proyecto que incluya, entre otros, el propósito de la investigación, el protocolo de la misma, los avances y resultados”. Sin embargo, según un funcionario que trabajó en el Ministerio de Salud y que tuvo conocimiento del tema, Postobón nunca envió los protocolos al Ministerio de Salud. 

Tras la publicación del artículo en La Liga Contra el Silencio y sus medios aliados, en febrero de 2018, hubo conmoción en el Ministerio de Salud, en Postobón y en FUCOLDE/FUPAD. Según ese mismo funcionario que tuvo conocimiento del tema y pidió no ser nombrado, el Ministerio de Salud y Postobón acordaron que el programa sería interrumpido, y el Ministerio remitió el caso a la Superintendencia de Salud.

Una vez Postobón se comprometió, voluntariamente, a detener el programa de Kufu, el caso fue remitido a la Superintendencia de Salud, entidad a la que normalmente le corresponde determinar si hay violaciones a la Resolución 8430 de 1993. La investigación de la Superintendencia se desarrolló durante los últimos seis meses de gobierno de Juan Manuel Santos. Cuatro días antes de que terminara su mandato, la entonces directora encargada de Inspección y Vigilancia, Nidia Zoraya Cáceres Moreno, le envió a Postobón una conclusión de tres puntos: 

1) El Proyecto Social KUFU tuvo un enfoque de asistencia social y no de investigación.

2) El Proyecto Social KUFU fue conocido en su momento por el Ministerio de Salud y Protección Social y las Entidades Territoriales de los municipios de Riohacha y Manaure.

3) Teniendo en cuenta que, dentro del objeto social de Postobón S.A., no se encuentra la prestación de servicios de salud, no se identificaron situaciones que vulneren las normas que regulan el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Este fue el punto final de las investigaciones por parte de las autoridades a este caso. A pesar de que La Liga Contra el Silencio denunció que estos procedimientos no cumplieron los protocolos necesarios para hacer investigaciones sobre niños y que el programa fue interrumpido, no hubo consecuencias legales, pues según la Superintendencia de Salud, se trataba de un programa de responsabilidad social. Esto quiere decir que, si una empresa repitiera el mismo procedimiento no podría ser sancionada. Postobón, si quisiera, podría retomar su programa de Kufu y seguir sacando muestras de sangre a los niños de La Guajira. 

Consultamos a la Superintendencia de Salud para averiguar con base en qué determinan cuándo hay una investigación científica y si en el futuro Postobón podría repetir estos mismos estudios con niños en La Guajira, sin cumplir la Resolución 8430 de 1993, pero al cierre de este artículo, no recibimos respuesta. 

Ana María Narváez, abogada de Dejusticia, aclaró sin embargo que la Superintendencia de Salud no tiene competencia para regular esta práctica cuando la realiza una empresa privada que no es una Institución Prestadora de Salud (IPS), una Entidad Prestadora de Salud (EPS), o un actor que está en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

“Postobón no hace parte de estos actores”, dijo Narváez. “Valoramos la respuesta de la SuperSalud como una opinión, pero una opinión muy desacertada, porque no hace una evaluación ni un análisis crítico del impacto que esto tiene sobre los sujetos. Se limita a decir que le parece bien que Postobón tenga estrategias de responsabilidad social y que lo sigan haciendo”. 

¿Asistencia social o manto de impunidad?

Recientemente La Liga Contra el Silencio visitó la Institución Etnoeducativa Laachón, una de las instituciones incluidas en el reportaje de 2018, y comprobó que Postobón no ajustó el tipo de programa de responsabilidad social que se estaba realizando por uno menos controversial -por ejemplo, reemplazar la entrega de Kufu por agua-, sino que dejó abandonados todos los programas que estaba adelantando. 

“Por el escándalo que hubo perdimos el contacto con Postobón. Perdimos un aliado estratégico muy bueno, beneficio enorme para nuestros estudiantes que apoyaba con bicicletas, pupitres y con muebles para la biblioteca. Hoy por hoy, por todos esos impasses, no tenemos eso”, aseguró Carlina Mengual, rectora de Laachón.

En efecto, Postobón entregaba bicicletas y pupitres como parte del programa MiBici y MiPupitre. Según la empresa, con estos dos programas invirtió más de 1.600 millones de pesos en La Guajira durante el 2017. 

La Liga Contra el Silencio preguntó a Postobón si consideró reemplazar el programa Kufu con otro que “contemple alimentar a los niños con un producto que no sea una bebida experimental o azucarada”. La empresa respondió: “Ante la mala fe de los ataques en contra del programa, la compañía decidió no continuar con esta actividad que benefició a 3.125 niños y jóvenes y a sus familias”. 

“Los padres lo veían como un apoyo para sus hijos. No lo veían como algo malo, al contrario. Me han dicho que por qué no hablamos nuevamente con Postobón, para que siga con el apoyo que venía generando a los muchachos”, dijo la rectora. 

Melissa Mialon ha trabajado en investigaciones con la Organización Mundial de la Salud, y actualmente es becaria de investigación posdoctoral de Nupens/USP, en Sao Paulo, para investigar la influencia de la industria de alimentos sobre la política pública de América Latina. La experta viene estudiando de cerca los programas de responsabilidad social de Postobón en La Guajira y habló con La Liga de las contradicciones que genera el asistencialismo mezclado con el uso de las comunidades para hacer estudios de sus productos. 

“Estas comunidades están tan abandonadas por el gobierno que Postobón estaba llenando un vacío, así que es muy complicado. Lo que he encontrado en mis investigaciones en Colombia es que la gente está muy cómoda con que tomen sus medidas y obtengan muestras de sangre, porque alguien les atiende y les entrega ayudas”, explicó Mialon. 

 Según la rectora Mengual, el abandono del programa MiBici ha generado deserción escolar porque el sistema del transporte de la institución no es suficiente para traer a ciertos niños que están lejos: “Las bicicletas les servían a los niños para sus largas caminatas. La bebida de Kufu los acompañaba. Hay estudiantes que han desertado porque ya no tienen ese apoyo de las bicicletas, la distancia es muy grande”, dijo la rectora.  

Los programas de responsabilidad social empresarial operan dentro de un vacío regulatorio que los convierte en un potencial agujero negro de actividades éticamente cuestionables. El caso de Kufu es paradigmático porque evidencia cómo una empresa pudo aplicar metodologías experimentales que, si se realizan en el marco de una investigación médica o la prestación de un servicio de salud, podrían ser sancionadas. 

Si una empresa como las de bebidas azucaradas o alimentos ultraprocesados quiere realizar exámenes de sangre en niños, para hacer seguimiento a los efectos de sus bebidas sobre los seres humanos, sin tener que cumplir con los exigentes protocolos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo único que tiene que hacer es enmarcarlo en un programa de responsabilidad social. No hay un marco regulatorio para esta privilegiada figura. Si bien hay una norma del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), la ISO 26000, que señala lineamientos para buenas prácticas de responsabilidad social empresarial, ésta no es de obligatorio cumplimiento. Por otro lado, la sentencia T-247 de 2010 de la Corte Constitucional estipula que la responsabilidad social empresarial no puede utilizarse para violar derechos fundamentales, pero en su texto se centra en un conflicto laboral entre Ecopetrol y el demandante, no en investigaciones médicas o científicas.  

 “Yo no sé cómo el gobierno define investigación en Colombia, pero esto es muy extraño. Nunca había visto que cualquiera pueda ir a una comunidad y tomar medidas de la gente, y luego decir que no se trata de una investigación”, dijo Mialon. “Me impacta mucho que esto se pueda hacer impunemente. Ellos pueden llamarlo como sea, pero están jugando con las palabras. Están disfrazando una investigación científica como responsabilidad social. Es muy estratégico y es terrible”.

Entretanto, en un reciente comunicado enviado a La Liga Contra el Silencio, Postobón insiste en que “el proyecto social Kufu nunca tuvo carácter experimental, como algunos han aseverado. Esto quedó confirmado por el Ministerio de Salud que descartó cualquier vinculación u obligatoriedad de regirse por la Resolución 8430 de 1993”. 

A pesar de lo que dice la empresa, en este artículo hemos utilizado la palabra “experimento” para describir los estudios que hizo Postobón con los niños de La Guajira, porque según la definición del Diccionario de la Real Academia, un experimento es “en las ciencias fisicoquímicas y naturales, hacer operaciones destinadas a descubrir, comprobar o demostrar determinados fenómenos o principios científicos”. En este caso, el fenómeno a comprobar es el efecto de Kufu sobre los niños que lo consumen. Pero más allá de las limitadas definiciones de diccionario, un experimento suele tener varios elementos que se cumplen en este caso: primero, una pregunta a resolver (¿cuál es el efecto nutricional de la bebida sobre los niños?), segundo, una población de muestra que es aquella a la que se somete la variable de experimentación (en este caso la bebida Kufu, fueron 220 niños), tercero, una población de control que no la consumió para contrastarla con los que sí (20 niños), cuarto, una metodología (darles dos bebidas diarias durante cinco meses) y quinto, una conclusión tras el análisis. 

Aún así, la conclusión de las autoridades colombianas en este caso no solo respalda la posición de Postobón, sino que la misma Superintendencia de Salud prácticamente invitó a Postobón a retomar estas actividades: 

“La Superintendencia Nacional de Salud le agradece [a Postobón] su colaboración al respecto y enfatiza en la importancia de continuar realizando acciones sociales en beneficio de las comunidades del departamento de La Guajira”, dijo la entonces directora encargada de Inspección y Vigilancia, Nidia Zoraya Cáceres, en una carta a Iván Darío Velásquez, representante legal de Postobón. 

Antes de poder cerrar el vacío regulatorio en los programas de responsabilidad social, el Estado debe reconocer su existencia. De lo contrario, este potencial manto de impunidad abre la puerta para prácticas empresariales éticamente cuestionables. 

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