Hoy nos enfrentamos a una situación inusual donde el saber ha dejado de ser sinónimo de poder. Acallar a quienes producen conocimiento se ha vuelto una práctica común alrededor del mundo para poder implementar tecnologías que afectan negativamente a las comunidades y al medioambiente. Así mismo, la producción sistemática de ignorancia, de baches en el conocimiento y de incertidumbre ha sido acogida por los más poderosos –por ejemplo, las industrias extractivas y los gobiernos que las respaldan– para salvaguardar sus intereses y justificar ante la opinión pública el establecimiento de proyectos de inmenso impacto ambiental y social.
Como las instituciones del gobierno colombiano no tienen la capacidad técnica para prever las consecuencias que tendrá la práctica del fracking en el país, y solo se cuenta con los estudios realizados por las mismas empresas que están detrás del jugoso negocio, se suele mirar hacia afuera para dar un parte de tranquilidad al ciudadano receloso, diciendo que si esa tecnología ya ha sido implementada en Norteamérica, donde se supone sí tienen forma de hacer juicios informados, debe ser porque ésta no representa ningún problema. Pero resulta que la aceptación del fracking y de otras tecnologías similares en el norte no ha sido tal.
Desde 2006 se han venido denunciando acciones del gobierno Harper, en Canadá, que buscan reducir la financiación para la investigación y acallar a los científicos, particularmente a aquellos que trabajan en instituciones federales, obligándolos a mantener sus resultados en confidencialidad. Tanto es así que la comunidad científica, un grupo que por lo general es apático a la política, a hablar de su trabajo públicamente, y a la movilización, se ha visto obligada a unificarse, pronunciarse, y organizarse, para resistir la censura y buscar apoyo internacional (el caso canadiense ha sido reconstruido en un libro de Chris Turner titulado The War on Science: Muzzled Scientists and Wilful Blindness in Stephen Harper’s Canada, y en un sinnúmero de publicaciones, muchas de las cuales pueden ser consultadas aquí ).
En Colombia la situación no es muy distinta. Un artículo publicado recientemente por Semana también habló sobre la estrecha relación que ha habido en Estados Unidos entre censura y fracking, y así mismo advirtió que este fenómeno está penetrando las fronteras colombianas. De manera similar, hace poco pasó sin pena ni gloria una noticia gravísima que dejaba al descubierto los esfuerzos del gobierno nacional, particularmente de la Cancillería, por acallar a Daniel Mejía Londoño. Él es un académico que ha estudiado el tema de las drogas y el extenso uso del glifosato como una de las principales estrategias para la erradicación de los cultivos de coca que, por demás, solo se sigue usando en Colombia a pesar de la evidencia existente y ampliamente aceptada que demuestra sus perjuicios. Ecuador había recogido los estudios de Mejía Londoño para demandar a Colombia frente a La Haya, pues el glifosato y sus nefastas consecuencias para la salud y el medioambiente habían traspasado la frontera. La Cancillería, que no podía permitirse otro escándalo después del fallo sobre el archipiélago de San Andrés, trató de censurarlo, primero “por las buenas” –pidiéndole posponer la publicación de sus estudios– y luego “por las malas” –desprestigiando su trabajo a través de los medios.
¿Dónde deja esto a los ciudadanos, directos afectados e implicados en esta producción de la ignorancia y el uso de la censura? A pesar de la constante celebración que recibe el periodismo, la denuncia y el control ciudadanos, la verdad es que en casos como el fracking, el glifosato y otros temas similares, profundamente técnicos y complejos de investigar, el ciudadano es presa nuevamente de la distancia que lo separa de la ciencia y sus usos políticos. Los ciudadanos no cuentan ni con la evidencia necesaria, ni con la posibilidad de producirla, para denunciar legalmente a las empresas, o para inclinar el debate en un sentido u otro. Esto es aprovechado por estas últimas para amedrentarlos, pues la falta de pruebas contundentes es usada en su contra para demandarlos por injuria y calumnia.
En Colombia, donde es ya una práctica normal que los reclamos de las comunidades sean acallados o ignorados de forma sistemática, los límites a la libertad de expresión de la academia también están siendo importados, como si vinieran en el mismo paquete del fracking. Hoy en día el debate político no se limita a discutir sobre las consecuencias del uso de la tecnología para el desarrollo, sino que llega a situarse en el centro de una batalla política por la producción de evidencia e ignorancia en el campo científico.
