Primero de marzo de 1981. Bobby Sands, militante del grupo guerrillero IRA, en Irlanda del Norte, entró en huelga de hambre en la cárcel de Maze después de haber sido condenado por porte ilegal de armas. Reclamaba estatus de preso político y trato diferencial para los convictos republicanos. Un mes más tarde, el 9 de abril, y aún en huelga, fue elegido como diputado del partido de izquierda Sinn Féin, asociado al IRA.

Exactamente ese día, pero 38 años después, el exguerrillero Jesús Santrich repitió la estrategia de Sands en Colombia. Había sido capturado y llevado a la cárcel La Picota en Bogotá; la Fiscalía y la agencia norteamericana DEA lo acusaban de intentar exportar diez toneladas de cocaína a Estados Unidos. La cifra es difícil de asimilar: hasta ahora, el cargamento más grande de cocaína incautado antes de entrar a Estados Unidos fue encontrado en 1994 y sumó 2.7 toneladas.

Inmediatamente, la noticia llenó los titulares de prensa.

Jesús Santrich no es un nombre más en la lista de los casi 12.000 ex combatientes de las Farc que se desmovilizaron luego de la firma del Acuerdo de Paz. No. Jesús Santrich es la persona que, junto con el excomisionado de Paz Sergio Jaramillo, redactó el documento que partió en dos la historia de Colombia. Por eso, de ser cierto que cometió los delitos de los que se le acusa, el golpe sería muy difícil de superar para el proceso de paz y una derrota para todos los que lo defienden. 

Su captura le dio argumentos a los detractores del proceso de paz para asegurar que los excombatientes, sobre todo los de la cúpula de las Farc, siguen delinquiendo y no tienen voluntad de paz. La prueba es un vídeo en el que se ve a Santrich recibiendo un billete, al parecer de miembros del Cártel de Sinaloa de México, y que, según la Fiscalía y la DEA, es la muestra de que Santrich estaba negociando con narcos. Dicen que ese billete es el token que cerró el negocio. Hasta el día de hoy, Santrich dice que se trata de un montaje en su contra.

Para Sergio Guarín, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), cabe la interpretación de que Santrich fue capturado luego de que la DEA le hiciera un ‘entrapment’, o entrampamiento, técnica en la que se induce a alguien a cometer un delito. “En Colombia no existe la posibilidad de que a alguien lo cojan después de haberle tendido una trampa”, explica Guarín, pero en Estados Unidos sí. Por eso es pedido en extradición.

El nombre real de Santrich es Seuxis Paucias Hernández Solarte y hace honor a dos pintores griegos; el que se puso luego de ingresar a la guerrilla, a uno de sus mejores amigos asesinado en un bar de Barranquilla, al parecer, por agentes del DAS. Nació en Toluviejo, Sucre, el 30 de julio de 1966. Ha dedicado 31 de sus 52 años a la organización, fue comandante del Bloque Caribe, llegó a ser parte del secretariado por su papel como ideólogo y es el representante a la Cámara por el Atlántico de la Farc, aunque por su detención no ha podido ocupar la curul.

También es el exguerrillero que, el día en que el gobierno de Colombia y las Farc hicieron públicas las negociaciones de paz, ante la pregunta de si la guerrilla le pediría perdón a sus víctimas respondió cantando y casi riendo ‘quizás, quizás, quizás’.

Le bastó esa frase para pasar del anonimato al desprestigio. Si bien Santrich tenía un alto mando en la estructura de la guerrilla, su nombre no sonaba con fuerza en la opinión pública. Hasta ese momento. Los grandes medios de comunicación del país replicaron la respuesta del excombatiente y no dejaban de decir que se trataba de una burla cínica hacia las víctimas.

Sus declaraciones, en todo caso, nunca han sido cuidadosas y su imagen no genera mucha empatía entre la sociedad civil. Incluso, dentro de su partido, están conscientes de su carácter. 

“Con su condición de ciego, él se siente con derecho a ser extrairreverente. Y lo es. A él el respeto por la autoridad no le vale mucho” dice Imelda Daza, exfórmula vicepresicencial de Timochenko por el partido Farc. Y el país lo ha visto. Sobre Néstor Humberto Martínez, Santrich llegó a decir que: “Ha pasado más coca por la nariz del fiscal que por mis manos”. Ese mismo fiscal hoy pide su extradición.

Santrich fue clave para lograr el Acuerdo de Paz. Y su caso es clave para los que quieren acabarlo.

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Bobby Sands murió 66 días después de iniciar su huelga de hambre. Su muerte, sin embargo, no cambió las condiciones de los presos que al igual que él dejaron de comer como estrategia política. Por el contrario: uno a uno fueron muriendo hasta llegar a diez. Santrich, en cambio, dejó su huelga a los 41 días. A él también se le habían unido más convictos: 16 excombatientes recluidos en la cárcel Bellavista de Medellín. Se hacían llamar Colectivo Román Ruiz, en honor al antiguo comandante del Frente 18 de las Farc muerto en un bombardeo del Ejército en 2015. El ayuno sólo les duró diez días. Se estaban deshidratando y volvieron a comer.

“Santrich conoce la historia de Sands y, de alguna manera, creo que se inspira en ella”, dice Eduardo Matyas, su abogado. En este caso hay un agravante: el exguerrillero de las Farc sufre de diabetes y es ciego a causa de una enfermedad degenerativa. A los 17 días de iniciada su huelga, tuvo que ser trasladado al Hospital El Tunal por el riesgo que tenía de sufrir un coma diabético.

Tras ser dado de alta, Santrich puso una condición para volver a recibir alimentos: no ser trasladado nuevamente a la cárcel La Picota sino a una sede de la Iglesia Católica. Así fue. Por pedido de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y del Monseñor Urbina, presidente de la Conferencia Episcopal, el 10 de mayo de 2018 ingresó a la Fundación Caminos de Libertad. Aunque la Fundación trabaja desde 1997 brindando buenos oficios a los presos del país, nunca había recibido en sus instalaciones a uno. Santrich fue el primero.

“Aquí no hay un jacuzzi para el señor, ni le estamos dando whisky por la noche. Simplemente, por razones humanitarias, se le está prestando un servicio para que recupere la vida”, sostuvo, en su momento, el padre Andrés Fernández, director de la Fundación. Pero el carácter humanitario de esta acción no fue recibido de la misma forma por todos los miembros de la Iglesia. “¿Cuántos de los secuestrados por las Farc murieron de hambre?”, se preguntó el Monseñor Alirio López, “por favor (Santrich), no agrande el problema, tome conciencia que es necesario que regrese a la cárcel y que espere la decisión de la extradición”.

Hasta hoy sigue esperando. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene la tarea de definir, en los próximos días, si los delitos por los que se le acusa fueron cometidos antes o después del 1 de diciembre de 2016. Esto es clave: si la investigación arroja que el delito se cometió antes de la firma de los acuerdos, a Santrich se le aplicaría el principio de no extradición y su proceso quedaría en manos de la JEP. En cambio, si se comprueba que Santrich delinquió después, las puertas para enviarlo a Estados Unidos quedarían abiertas. La última palabra la tendría la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, extraditar a Santrich no parece tan fácil. Según la Corte Constitucional hay un factor clave que debe ponderarse: verdad para las víctimas versus compromisos internacionales. En ese sentido, si la JEP define que los delitos fueron cometidos luego de la firma del Acuerdo, la Corte Suprema tendría que evaluar qué tantas cosas tiene Santrich para contar y si es suficiente para que se quede en el país.

“Si él está comprometido, el hecho de que sea extraditado no le impediría contar la verdad”, cree Guarín.

Pero para Santrich la muerte es preferible a la extradición.

Su petición para dejar la huelga de hambre fue concedida. Aun así, él siguió sin recibir alimentos una semana más, hasta el 19 de mayo de 2018. Sólo la abandonó cuando la JEP anunció que suspendía por 10 días el trámite de extradición mientras la Fiscalía le entregaba las pruebas de culpabilidad. Eso no ha pasado: hasta el día de hoy los vídeos y audios que el agente de la DEA, Brian Wiket, dijo tener como evidencia de la culpabilidad de Santrich, no llegaron a la JEP. Para Juan Carlos Ospina, abogado de la Comisión Colombiana de Juristas, sin pruebas la Jurisdicción podría llegar a decir que en este caso no tiene los elementos para corroborar la fecha de consecución de los delitos, y abstenerse.

Hoy, en vez de hacer política desde la Cámara de Representantes, Santrich se dedica a hacer activismo por su propia causa con vehemencia. Por eso, cuando dice que prefiere morir antes de ser extraditado, sus compañeros le creen. Lo dice Jesús de Benedicto González, el excombatiente que reemplazó a Santrich en el Congreso. Lo dice Eduardo Matyas, su abogado. Lo dice Victoria Sandino, senadora de Farc. Y lo dice Francisco Toloza, miembro del nuevo partido.

“Las huelgas de hambre que él ha hecho han sido suicidas”, cree Daza. Y habla en plural porque la de su captura no fue la primera. En junio de 2017 se unió a la que tenían miles de presos de las Farc para exigirle a Juan Manuel Santos que cumpliera con la amnistía que les había prometido. El 29 de ese mes, El Espectador publicó una entrevista en la que el exjefe guerrillero afirmó que “no está garantizado el cumplimiento por parte del Estado. (…) Lo único que tenemos garantizado es un par de tiros en la cabeza”.

Esa vez, su protesta duró 25 días. La dejó cuando Santos firmó el decreto 1252 de 2017, que le daba amnistía, indulto y tratamientos especiales penales a los presos de las Farc.

Para la militancia de Farc es claro: Santrich se dejaría morir antes de aceptar la extradición. “No lo dudo. Es algo que es capaz de cumplir”, dice González.

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Todo alrededor de este caso es de dimensiones gigantescas.

“Que extraditen a Santrich sería la estocada final a un proceso que está agonizando”, dice Benedicto de Jesús. No es de extrañarse que este caso tenga tanto de político como de jurídico: el destino de Santrich podría ser también el destino del Acuerdo de Paz.

No se trata solo de la posibilidad de extraditar a uno de los principales negociadores del Acuerdo, se trata, también, del hecho de que “varios de los miembros del secretariado tienen pedidos de extradición por parte de Estados Unidos. Lo que le pase a él podría constituirse como un precedente aplicable para otros casos”, explica Guarín. Se parte de una premisa sencilla: si eso le pasó a una cabeza visible, ¿qué le podría pasar a las bases guerrilleras y a los demás excomandantes?

“Yo me lleno de incertidumbres y me pregunto: ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a volver a ser este país si extraditan a Santrich?”, dice Imelda Daza, “le estamos dando la razón a la disidencia. Le estamos dando la razón a los de las Farc que no creyeron en el proceso y se quedaron en el monte. Le estamos dando la razón a Iván Márquez”.

A los pocos días de la captura de Santrich, Iván Márquez, otro de los grandes negociadores del Acuerdo de Paz por parte de las Farc, abandonó la vida pública y, desde entonces, no se sabe de su paradero. Siempre ha afirmado que lo de Santrich es un montaje y un incumplimiento por parte del Estado. Dice que lo mismo le podría pasar a él y a otros excombatientes.

Se dice que, mientras las negociaciones tenían lugar en La Habana, un miembro del secretariado de las Farc insinuó que el estilo de Santrich era muy radical y que debería dejar la delegación. En ese momento, Iván Márquez afirmó que si Santrich se iba él también lo haría. Al final, terminó cumpliendo su palabra.

“Ellos dos son compañeros de lucha. Su relación es muy fraternal. Se quieren mucho”, cuenta Imelda Daza, “Iván alguna vez me dijo que su máximo sueño era ser jurado en un festival vallenato. Es experto ‘vallenatólogo’. Eso lo aprendió con Santrich”.

Su vínculo es tan fuerte que, incluso, en el tiempo en que estuvieron en Bogotá, vivían uno en frente del otro.“Iván Márquez es uno de los que más saca tiempo para leerme noticias y literatura”, decía Santrich en el 2017.

Por esa cercanía es que sorprende tanto que Marlon Marín, sobrino de Márquez, sea uno de los testigos que tiene la DEA. Marín acompaña a Santrich en el vídeo que la Fiscalía tiene como prueba y fue parte del entrampamiento que le hicieron al excombatiente.

Sí, Márquez se fue por lo que él considera un escenario de inseguridad jurídica, pero también porque el capturado no es un camadara más. Es su amigo y fue traicionado por uno de sus familiares.

Santrich puede, él solo, cambiar el escenario político que en este momento enfrenta el partido Farc. “Si Santrich no recupera la libertad, difícilmente volveremos a ver a Iván Márquez en escenarios públicos”, afirma González. Daza, por su parte, dice que “si Santrich se puede reincorporar a la vida política, Iván también lo haría”.

La partida de Márquez no ha sido la única consecuencia que tuvo que enfrentar Farc luego de la captura. El desencanto se pudo percibir. A los pocos días, a la dirección empezaron a llegar cartas de renuncia masivas de civiles que se habían inscrito como militantes al partido.

Fue tanto el impacto de la captura de Santrich que, al principio del proceso jurídico, se vieron fracturas en el discurso político de sus compañeros. Mientras Márquez decidió no tomar posesión de su curul por considerar que no había condiciones, Carlos Lozada llegó a afirmar, en octubre de 2018, lo siguiente: “mal haría yo en salir a decir que no hay condiciones ni garantías y estar sentado en la sala de prensa del Senado dirigiéndome en una rueda de prensa, eso sería contradecirme”. Santrich, como respuesta, hizo una caricatura desde la cárcel en la que se le veía detrás de unas rejas y se leía “mal pudiera yo salir a decir que no hay garantías y estar sentado acá”.

La situación, sin duda, ha afectado la imagen de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común que, en todo caso, nunca ha sido muy buena entre la sociedad colombiana. En abril de 2018, cuando Santrich fue capturado, la favorabilidad de FARC fue del 7 %, según la medición de Gallup. Con el paso de los meses, y con una opinión pública dividida entre quienes afirmaban que se trataba de montaje por parte de la Fiscalía y quienes no dudaban de la culpabilidad del exguerrillero, la imagen del partido subió a 18 % en junio. Hoy, no supera el 10 %. Por debajo solo está Nicolás Maduro, con 1 %.

“Todo esto genera, otra vez, el clima de que ellos son la peste a los que nadie se quiere acercar”, dice Daza. Ella misma ha visto las formas en las que el caso Santrich ha afectado la posibilidad del partido de ganar legitimidad. Cuenta que en la costa del país los movimientos alternativos están intentando formar una alianza para las elecciones de octubre. Hace dos meses, recibió la noticia de que miembros del MOIR, el Partido Verde y el movimiento Fuerza Ciudadana decían que no les parecía bien incluir a Farc como partido en la alianza. “Si Santrich no hubiera sido detenido, de otro ambiente político estaríamos hablando”, afirma.

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“Yo, Seuxis Paucias Hernández Solarte (Jesús Santrich), les manifiesto con preocupación que he conocido de graves situaciones que atentan contra mi vida, integridad y libertad, urgidas por los enemigos de la paz”, escribió el domingo 10 de marzo en una carta pública. Según Benedicto de Jesús González, presos de La Picota le hicieron saber a Santrich que había planes para simular su fuga e, incluso, para envenenarlo.

Por eso decidió dejar de consumir alimentos suministrados por el INPEC. Está dispuesto, dice, a recibir comida enlatada si es custodiada por la Segunda Misión de Verificación de la ONU. Esta vez, no comer no responde a una forma de protesta sino a un mecanismo de protección, afirma Victoria Sandino.

La Fiscalía, sin embargo, sólo permitió la entrada de la Misión hasta el jueves 14 de marzo. Eso quiere decir que Santrich duró cuatro días sin consumir un solo alimento. En ese estado recibió a los magistrados de la JEP que el martes de esa misma semana llegaron hasta La Picota para recibir la versión del excomandante sobre 6.000 casos de secuestros perpetrados por las Farc. Delito por el que también tiene que responder.

La falta de alimentación no fue lo único. “A Santrich se le estaba violando su derecho a la legítima defensa”, afirman Francisco Toloza y Eduardo Matyas. El argumento es que, hasta el momento, la Fiscalía no le había dado al excomandante (ciego) ningún instrumento tecnológico para que leyera los más de 1.000 folios que la JEP le entregó sobre su caso. Además, Santrich está en una celda aislada del resto de la cárcel por motivos de seguridad. No tiene contacto con otros presos que puedan ayudarle a leer los documentos.

Por esta razón, la JEP decidió aplazar la audiencia para el 12 de mayo y ordenarle a la cárcel La Picota facilitarle el acceso a un computador portátil. Sin embargo, el 21 de marzo la directora del centro penitenciario, Imelda López Solorzano, negó la solicitud. Santrich tiene menos de tres semanas para enterarse del contenido de 1000 folios sin ningún tipo de ayuda.

Por ahora se espera que, casi un año después de la captura, la JEP dé su veredicto. Las implicaciones políticas de cualquier decisión están a la vista. Si la Jurisdicción dice que sí hubo un delito, pero que fue cometido antes de la firma de los acuerdos y podría ser amnistiable, es muy probable que la acusen de aliada y defensora de las Farc. Pero, si dice que fue después, los detractores del Acuerdo de Paz conseguirían exactamente lo que necesitan para seguir negándose a la implementación: un excombatiente reincidente.

“Si no fuera Santrich sino otra persona, ya tendríamos una decisión judicial”, afirma Sergio Guarín. Lo que se juega aquí, parece, es mucho más que una extradición.

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