El pasado 28 de junio finalmente llegaron al país 400 mil dosis de los 1,5 millones de vacunas de Sinovac que se esperan para el sector privado. El Presidente Duque celebró: “Esto es una alianza público privada sin precedentes en el país que actúa de manera solidaria y que suma esfuerzos en el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19”. Una de las empresas que entregará vacunas es Rappi que, a través de su Director de Asuntos Públicos dijo que su prioridad “(…) será darles la vacuna a los repartidores que más órdenes entreguen, más tiempo estén conectados y por lo tanto expuestos más tiempo”.
Las declaraciones de Rappi generaron diferentes reacciones en un contexto en el que la empresa ha sido señalada por vulneraciones a los derechos laborales de sus empleados, a los que insisten en llamar “colaboradores”. Más allá de la discusión de Rappi y sus precarias condiciones laborales para los rappitenderos, la dinámica de distribución de las esperadas vacunas genera una discusión bioética, sobre la justicia en salud y la tan manoseada solidaridad.
Rappi ha sido catalogada como una “empresa unicornio”. Este tipo de empresas son startups millonarias que aprovechan las nuevas tecnologías digitales y la innovación para ofrecer sus servicios. Innovando en el mundo de los domicilios y haciéndole la vida más fácil a millones de personas en el país, Rappi se posicionó en el mercado colombiano logrando una operación masiva, gracias a cerca de 40.000 rappitenderos.
Ahora bien, es preciso entender quiénes son los “colaboradores” de Rappi. De acuerdo al Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario en el 2019, de los colaboradores de Rappi, el 57 % eran venezolanos y a su vez, el 53,9 % no estaba afiliado a salud, el 93,4 % no estaba cotizando para pensión, el 59,7 % era cabeza de familia y el 86,2 % estaba en la franja de edad de los 18 a 35 años.
Muchos migrantes venezolanos han encontrado en Rappi una alternativa, así sea informal, para devengar ingresos en Colombia y suplir sus necesidades básicas. Según datos de la OIM recopilados entre enero y diciembre de 2019, el 91 % de los venezolanos en Colombia carecía de recursos económicos; el 46 % no tenía acceso a alimentos y el 31 % no tenía un lugar para dormir. Además, los migrantes venezolanos, en especial aquellos en una situación migratoria informal, trabajan un aproximado de 50 horas extra por semana y ganan significativamente menos, en comparación con el promedio de horas de trabajo y salarios en Colombia.
Los migrantes venezolanos viven, en términos de Iris Marion Young, una injusticia estructural en salud, ya que enfrentan una desigualdad en el acceso a servicios que es moralmente aceptada por la sociedad.
Para 2019, del total de inmigrantes y refugiados venezolanos en Colombia, solo el 5 % tenía seguro médico. Hoy los migrantes enfrentan preocupantes indicadores de salud que incluyen altas tasas de enfermedades prevenibles, enfermedades crónicas y problemas de salud mental, entre otros. Estos difíciles resultados responden a la precaria situación de salud en Venezuela, las condiciones durante el proceso migratorio y las barreras para acceder a la atención médica en Colombia. Todo esto tiene que ver con posibles comorbilidades que pueden aumentar los riesgos en salud y desencadenar una mayor mortalidad en el contexto del Covid-19.
Cuando Rappi anuncia que vacunará solo a un porcentaje mínimo de sus colaboradores –solo 2.000 de sus rappitenderos– que en su mayoría están en situación de migración, en condiciones de precariedad y no cuentan con aseguramiento en salud, evidentemente se genera un problema de justicia.
"Cuando Rappi anuncia que vacunará solo a un porcentaje mínimo de sus colaboradores evidentemente se genera un problema de justicia."
Si bien no es Rappi el llamado a suplir la tarea de vacunación del Estado, si ya decidieron comprar las vacunas, no se entiende, por qué la empresa entra a diferenciar quiénes merecen o no la vacuna. O lo que es peor, por qué considera que es buena idea poner a sus empleados a competir por ellas, como si fuera un premio, al mejor estilo de una pirámide. ¿Es este el ejercicio inicial para priorizar las vacunas que recibieron y Rappi planea adquirir más vacunas para cubrir al total de sus colaboradores? O, por el contrario, ¿vacunar a los que más ventas tengan es el criterio final de distribución que usará la empresa para esas únicas 2.000 dosis?
Priorizar no es el problema, pero sí los criterios que se usan para hacerlo. ¿Pueden las empresas privadas entrar a decidir cómo priorizar dentro de sus empleados o deben seguir los criterios consignados en el Plan Nacional de Vacunación? Si bien en la Resolución 507 de 2021 que regula la distribución por parte de privados queda claro que las vacunas deben ser gratuitas y que las empresas deberán cubrir al total de sus empleados. Esto no resuelve mucho, ya que para Rappi sus rappitenderos no son empleados. Es entonces el gesto de vacunación entendido como un acto de generosidad, buena fe y hasta caritativo.
Como ya lo advirtió el Ministerio de Salud, la fórmula de distribución de vacunas de Rappi no responde al principio de equidad, enunciado en el Plan Nacional de Vacunación.
Tampoco es coherente con el principio de solidaridad, definido como el “mutuo apoyo entre las personas, generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades.”
La bioética ha venido usando la solidaridad como un principio que permite responder mejor a preguntas sobre la ética en la salud pública y en fenómenos poblacionales, superando la tradición individualista. La solidaridad consiste en la voluntad de tomar en serio la perspectiva de los demás, tomar acciones para distribuir los costos y las cargas de quienes se parecen a mí, y quienes no, según Darryl Gunson. La solidaridad no es un sentimiento, trasciende la empatía y es muy diferente a la caridad.
"La solidaridad no es un sentimiento, trasciende la empatía y es muy diferente a la caridad."
La tan anhelada solidaridad nos obliga a pensar en las cargas que han corrido los rappitenderos durante toda la pandemia. No sólo enfrentan una precaria situación social y en salud, sino que han hecho posible que muchas personas podamos guardar largas cuarentenas a la espera de domicilios y mercados a un click en bicicleta. Entonces, lo verdaderamente solidario sería vacunar, así sea progresiva o escalonadamente, a todas las personas que le siguen permitiendo a Rappi y otras empresas altos ingresos. Y que para priorizar se usen criterios como la edad o la existencia de comorbilidades que ponga en mayor riesgo su vida.
Tal vez esta es una lógica inversa a la productividad, pero sería una decisión más innovadora y ética.
Seguir perpetuando las inequidades de la población migrante y precarizando más a los empleados que hacen posible la multimillonaria operación de Rappi no parece una fórmula innovadora o digna de un unicornio. Al contrario, darle vacunas solo a los que más vendan, parece una fórmula trillada, tan típica de la falsa meritocracia. Pero en este caso, de una distribución justa, equitativa y solidaria depende la vida y la salud de una población que ya enfrenta desigualdades abismales. Por lo que, Rappi está llamado a cumplir con los mínimos éticos de las lógicas de la salud pública. Al final, esa es su verdadera contribución con el Plan de Vacunación.
