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Hélène Bielak

04.02.2013

“A veces, crees que él te quemó la carita para que seas inútil. Si te presentas a entrevistas y tienes la cara vuelta nada, ¿qué van a decir?” Para Gloria Piamba, cada palabra es una hazaña. Con 27 años, esta mujer de pelo largo y negro lleva una máscara de cirujano en frente de la boca para esconder sus cicatrices. Debajo, sus labios están hinchados, su mentón deformado. Hace tres años, su compañero le echó ácido en la cara después de una difícil separación. Justo antes de su agresión, “él me dijo: si tú no eres mía, no serás de nadie”, cuenta ella. Luego de su ataque vino una cadena de problemas: no más trabajo, no más dinero, no más apartamento. Un escenario desgraciadamente clásico para las mujeres quemadas con ácido.

En Colombia, el primer caso de ataque con este producto altamente corrosivo fue registrado hace 16 años. Desde entonces, el número de agresiones se multiplicó, particularmente en los últimos años. En 2007, cinco casos fueron censados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En 2011, 28. Y entre enero de 2012 y hasta noviembre se registraron 29 casos. Pero estas cifras esconden probablemente un fenómeno más amplio, porque las víctimas no denuncian a su agresor. La mayoría de las veces se abstienen por miedo; muchas veces, el autor del ataque es su marido o su compañero sentimental.

Los motivos de la agresión son generalmente los mismos de un caso al otro: celos excesivos, sentimiento de posesión sobre la mujer. A menudo, hubo antecedentes. Gritos, bofetadas, golpes. Una escalada de violencia que acaba con un lanzamiento de ácido en la cara.

En la mayoría de los casos, las víctimas vienen de contextos pobres. “Algunas ni siquiera acabaron la primaria”, indica Linda Guerrero, directora de la Fundación del quemado, que se hace cargo de las víctimas en Bogotá. “Desde un punto de vista económico, no tienen la posibilidad de ser autónomas. Dependen financieramente de sus compañeros.”

Un callejón económico sin salida

Después de un ataque con ácido, las víctimas se quedan en la cama por numerosos meses. Se someten a cirugías faciales, toman medicamentos para atenuar un dolor que nunca les quita. Todo esto tiene un costo, como lo recuerda Linda Guerrero: “cada operación con microcirugía,  es decir, con trasplantaciones de piel, vale más o menos 20 millones de pesos.” Según ella, cada paciente tiene que hacer en promedio 25 operaciones, que no son cubiertas por la seguridad social. Un gasto enorme. Algunas pueden contar con el apoyo de sus familias. Otras hacen préstamos a bancos, venden sus cosas, hacen rifas. A su salida del hospital, una pregunta les preocupa: y ahora, ¿cómo reemprender una nueva vida, un nuevo trabajo?

Antes de su agresión, Gloria Piamba seguía clases de confección. Luego, cayó en una profunda depresión. “Cuando salí del hospital, me fui a vivir en el apartamento de una de mis profesoras durante ocho meses”, relata ella. “Me quedé encerrada. Me levantaba solamente para bañarme y me acostaba. A veces, no sabía si era lunes, martes o miércoles.” Sus padres, campesinos en el departamento de Huila, no pudieron pagar por sus operaciones. Ella acudió a algunos amigos en busca de ayuda financiera.

¿Y buscar un nuevo trabajo? Para las víctimas, el objetivo parece imposible de alcanzar. “No tienen la valentía de afrontar a una sociedad completamente discriminatoria”, asegura Clara Elena Corrolona, abogada de la asociación la Casa de la Mujer en Bogotá. “Puedes reconstruir una parte de tu rostro pero si no tienes acompañamiento, no reconstruyes el miedo, la fuerza, la confianza, etc.” Sin embargo, trabajar es indispensable para salir adelante.

"Siempre he dicho que mis cicatrices no me hacen menos mujer. Puede ser que la gente te rechaza o que te ve de una manera diferente. Pero no me importa"

Muchas veces, la vuelta al trabajo es un largo recorrido lleno de trampas a causa de sus rostros. “Hay unas que no tienen un ojito, otras que les falta una parte de la nariz”, subraya Osana Medina Bonilla, trabajadora social de la Casa de la Mujer. “Tienen habilidades, pero es por su presencia que no las contratan”. Y la apariencia cuenta en Colombia, donde muchas mujeres activas tienen puestos tradicionalmente femeninos, muchas veces que implican relación con el público o la clientela. “Los empleadores ponen explícitamente en el anuncio ‘bien presentadas’”, indica Ximena Peña, profesora de economía en la Universidad Los Andes. “En realidad, quiere decir una mezcla de bonitas, limpias y bien arregladas.”

Sus idas y vueltas al hospital complican también el regreso de las víctimas al mercado laboral. ¿Cómo encontrar un empleador que contrate a una persona que tiene que ausentarse varias veces por año para hacerse operaciones quirúrgicas? A veces, las que tienen secuelas demasiado importantes con dolores afilados tuvieron que olvidar la perspectiva de trabajar de nuevo.

Hasta la reinserción

Sin embargo, algunas logran pasar el obstáculo. Gina Potes es una de ellas. Cuando llegó por primera vez a su oficina en la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Bogotá, no pasó desapercibida entre sus colegas. “La gente se sorprendió al ver que no llegó una mujer acabada, pobrecita, acomplejada”, cuenta esta colombiana con un maquillaje ligero y con el pelo negro rizado. “Cuando dijeron, ‘va a llegar  una mujer quemada con ácido’, esperaban ver cicatrices enormes.” Atacada hace 16 años, Gina aprendió a esconder las suyas. Su cuello está cubierto por su pelo largo que cae y oculta la mayor parte del daño.

Gina hace parte de las víctimas que participan en un proyecto de vinculación laboral de la alcaldía de Bogotá, lanzado en el mes de abril pasado. La iniciativa consigue un objetivo sencillo: dar un trabajo a las que no logran encontrar uno. A veces, a causa del rechazo que suscitan con sus rostros o por falta de confianza en ellas.

Fue Gina, líder de las mujeres quemadas con ácido, quién tocó a la puerta de la Alcaldía, hace mas de un año. Su tenacidad llamó la atención y permitió poner la luz sobre un tipo de violencia todavía mal conocida por las autoridades.

Hoy, en la Secretaría de Salud, el puesto de Gina no es anodino. Ella trabaja sobre el tema de las mujeres y de la violencia de género. Pasa sus días contactando a víctimas y mandando correos a instituciones, para sensibilizarlas sobre el tema.

Con respecto a sus colegas, asegura que no tiene ningún complejo de inferioridad. “Yo como persona me siento exactamente igual”, insiste ella. “Siempre he dicho que mis cicatrices no me hacen menos mujer. Puede ser que la gente te rechaza o que te ve de una manera diferente. Pero no me importa.”

Su nuevo trabajo le permite ganar cada mes un poco más del sueldo mínimo colombiano, fijado en $566.700 pesos. Un recurso esencial para sus tres hijos y su compañero.

Hoy en día, tres mujeres quemadas con ácido, incluida Gina Potes, participan en este proyecto de reinserción. Es poco frente a las ambiciones anunciadas por el Distrito cuando lanzó el proyecto: se hablaba de contratar a una víctima en cada una de las secretarías de la Alcaldía, o sea 12 personas. Según Silvana Palomino, que trabaja sobre este tema en la Secretaria Distrital de Planeación, el currículum vitae de las candidatas es problemático. “Las leyes colombianas no nos permiten contratar a una persona que no tiene el nivel mínimo de escolaridad”, afirma.

La iniciativa tiene también otra limitación. Los contratos firmados son de apenas cuatro meses. La culpa es de las Secretarías de la Alcaldía, que tienen cada una “una manera de contratar”, según Silvana Palomino.

Sin embargo, hay un hecho alentador: en adelante, el proyecto de reinserción hace parte de las metas del plan de desarrollo de Bogotá firmado por el gobierno de Gustavo Petro. Se planea “vincular laboralmente al 100% de las mujeres víctimas de quemaduras con ácido, que manifiestan su deseo de tener una oportunidad laboral y que cumplen los requisitos exigidos para acceder a un empleo público”, lee en voz alta Silvana Palomino. Este “100%”, Gina espera que sea pronto una realidad.

Mismo trabajo, nueva vida

Algunas lograron salir adelante, solas. Es el caso de Angie Guevara, 26 años, quemada en la cara, las manos y la espalda el 21 diciembre 2007, por un desconocido. Ella logró encontrar un trabajo en el mismo mundo en el que trabajaba antes del ataque: los salones de belleza. “Me toca estar más maquillada que lo normal”, dice, “un salón de belleza siempre se caracteriza por eso: mujeres bien maquilladas, bien arregladas.” En el día a día, se siente a veces en desfase con este pequeño mundo exclusivamente femenino donde la apariencia prima. “Mientras que no se mencione, que no se burlen, que no me critiquen, ya”, asegura ella.

En el salón, Angie es manicurista. Cuando toma las manos de nuevas clientes, las reacciones de ellas no se hacen esperar. “La gente me mira y pregunta si tengo una enfermedad de la piel”, relata ella. A pesar de todo, reemprender el trabajo le ayudó a superar su ataque y hacer proyectos. En agosto pasado, dio a luz a un niño. En algunos meses, se mudará a una nueva casa con su marido y el bebé. “Estas ganas de salir adelante las tengo precisamente por la persona que me hizo esto”, insiste ella, “Me desfiguró, pero no me machacó.”

Impunidad

Son raros los casos en los que los autores han pasado delante de un juez. Algunos ni siquiera fueron investigados por la Fiscalía, aunque sus víctimas las habían denunciado. Frente a esta impunidad, miembros del partido político MIRA (Movimiento Independiente de Renovación Absoluta) presentaron un proyecto de ley al Congreso colombiano para endurecer las penas de los autores. “En el código penal colombiano, este tipo de ataques no esta definido como ataques con ácido”, recuerda Gloria Stella Díaz, una de los senadores que han firmado el proyecto de ley. El actual código “considera el ataque con ácido como una lesión personal. Tratado como tal, la pena depende de la incapacidad medico-laboral que le dan a la víctima.” Así, las condenas pueden ir desde seis meses hasta seis años. Esto, sin embargo, sigue pareciendo ridículo para las víctimas. Por eso, el proyecto prevé transformar el delito en tentativa de homicidio y así aumentar las penas hasta 30 años de cárcel.

El texto pretende también regular la venta de ácido. “En Colombia, las amas de casas compran este tipo de ácido para destapar la cañería, los inodoros, limpiar la cocina etc.”, enumera Olga Victoria Rubio, concejal MIRA de Bogotá, “se encuentran en todos los supermercados.” Según el proyecto de ley, una persona que quisiera comprar este tipo de producto estaría inscrita en un registro con su número de cedula.

Además, el proyecto habla un acompañamiento “integral” para las víctimas: reembolso de las cirugías, apoyo sicológico y judicial. Prevee también garantizar el acceso de las víctimas al mercado laboral. Sin embargo, este último punto queda borroso, pues no se indica ningún medio concreto para lograrlo.

070 RECOMIENDA

Ver el documental Saving Face, ganador del Óscar como mejor documental corto en el 2012, en el que se narra las vivencias de mujeres pakistaníes quemadas con ácido.

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El proyecto causó varias polémicas en el Congreso. Las penas altas para los autores de este tipo de ataques dividía a los senadores. Algunos argumentaban que las penas aumentarían el hacinamiento carcelario en Colombia. Para las víctimas, el argumento era irrisorio. Ellas, que se quedaron encarceladas detrás un rostro que será el suyo, por el resto de su vida. En mayo del año pasado el congreso, finalmente, votó a favor del proyecto.

* Hélène Bielak es estudiante del convenio de intercambio entre la Maestría en Periodismo del CEPER de la Universidad de los Andes y el Institut Français de Presse de la Université Paris 2 Panthéon-Assas en Paris. Una versión de este reportaje fue publicada en la revista francesa Les Inrocks.

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