La crisis carcelaria en Colombia se abre paso en los medios cada cierto tiempo. Hace poco volvió a ser motivo de debate por el homicidio del director de la cárcel La Modelo, Elmer Fernández, el 16 de mayo de 2024. Fernández fue asesinado por sicarios en la ciudad de Bogotá después de poco más de un mes de haber sido nombrado director de la prisión. Con su asesinato, las propuestas con enfoques más punitivos, como la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la selva, comenzaron a salir. 

La semana pasasda, el director del Inpec, Daniel Gutiérrez, informó que hay 27 directores de cárceles amenazados en el país y 15 de ellos con medidas de protección.  Por su parte el Gobierno Nacional, que declaró crisis carcelaria en febrero por el asesinato de cuatro funcionarios del Inpec en lo que va del año, está trabajando en la reforma a la justicia. Con algunos de los proyectos que el Gobierno va a presentar el 20 de julio de 2024, espera otorgarle al presidente Petro facultades para intervenir directamente en las entidades del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario y disminuir el hacinamiento en las prisiones. 

En Colombia llevamos 26 años hablando de crisis carcelaria y el Gobierno la ha declarado cuatro veces en los últimos 15 años: en el 2013 por hacinamiento, en el 2016 por el acceso a la salud de las personas privadas de la libertad, en el 2020 por la pandemia y la que estamos viviendo actualmente.  Por eso en Cerosetenta decidimos hablar con Carolina Duque, investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia CELIV-UNTREF de Argentina, coordinadora del Grupo de trabajo Violencias, gobiernos y democracia de CLACSO y Fundadora de Amassuru-mujeres en seguridad y defensa, quien lleva más de 20 años analizando el delito en sus diferentes dimensiones, entre ellas la cárcel. 

En Colombia se habla de una crisis carcelaria desde hace mucho tiempo. ¿Cómo inició y por qué siente que nadie tiene una solución para ella? 

Lo primero es entender que la crisis carcelaria es mundial. Según el  informe de 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hay 11.2 millones de personas encarceladas en el mundo, lo cual equivale a la población de un país como República Dominicana. El aumento de la población carcelaria ha sido vertiginoso en el mundo en las últimas dos décadas, pero esto hay que diferenciarlo por países, pues en algunos la medida principal para prevenir el delito es la cárcel y en otros solo se usa para encerrar gente. En América Latina conocemos la crisis en Ecuador, donde han muerto decenas de personas privadas de libertad por enfrentamientos del crimen organizado y la de Brasil, que tiene una de las tasas más altas de personas privadas de la libertad.

La primera vez que se reconoció una crisis carcelaria en Colombia fue en 1998, cuando la Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional. El Estado de Cosas Inconstitucional es una figura que se declara cuando hay una situación de vulneración masiva de derechos. Lo que hace la Corte es ordenar a la rama ejecutiva que genere capacidad de respuesta a la crisis. Un ejemplo es el Estado de cosas inconstitucional que se declaró para la población desplazada por la violencia en el 2004.  En ese momento se les dio acceso a atención humanitaria, salud, educación y todo lo que se necesitaba para garantizar la vida de las personas. 

Después, la Corte Constitucional revisó en el 2015 el estado de cosas inconstitucional de la población carcelaria, y a pesar de que se hicieron algunos cambios, la crisis sigue. Pero ojo, en esta crisis también está involucrada la justicia. En el último informe de declaratoria del estado de cosas inconstitucionales, se vinculó a los centros de retención transitoria como la UPJ y las estaciones de policía por el hacinamiento . A esos centros están llevando personas privadas de libertad porque no hay más cárceles. Pero esto no significa que las necesitemos, significa que la justicia tiene que operar y resolver mediante sentencias, porque hay muchas personas sin un proceso penal resuelto. En Colombia, según datos del INPEC y World Prison Brief, estamos en una crisis carcelaria con aproximadamente 102.000 personas privadas de libertad, con un hacinamiento carcelario del 25 %, y sin saber qué hacer con las personas que capturan. Entonces las cárceles se están llenando de personas a las que no se les ha dictado sentencia. Hay datos preocupantes sobre el atraso judicial penal según informes de la Corporación Excelencia en la Justicia. En la Encuesta de Necesidades Jurídicas evidencian que a Colombia le podría tomar hasta 10 años ponerse al día en los casos pendientes por sentencia. 

Otra cosa importante es quiénes están en la cárcel. La mayoría no son ladrones de cuello blanco o involucradas en lavado de activos, son personas capturadas en flagrancia, primero por delitos de hurto, drogas y después homicidio y muchas son personas vulnerables. Todo esto se traslada al resto de América Latina  y hay qué pensar cuál va a ser la respuesta a un crimen que se configura dependiendo de los grupos criminales de cada país. 

Colombia lleva en esta crisis 26 años y las noticias por abusos a los derechos humanos o crimen aparecen cada cierto tiempo en los medios. ¿Qué hace falta para poder solucionar la crisis? 

Las crisis carcelarias a menudo en América Latina entran en la agenda mediática por la violencia, homicidios, motines, muertes de capos o fugas. Pero, además de esto ¿qué información tenemos para evidenciar una crisis en las cárceles? Saber qué está pasando internamente ha sido un desafío para la institucionalidad, que necesita conocer las condiciones de la población carcelaria para poder intervenir. Las cárceles a menudo se convierten en depósitos de personas, especialmente cuando hay hacinamiento y la capacidad de respuesta institucional no cubre todas las necesidades. La Corte Constitucional ha trabajado en esto con las instituciones , utilizando criterios de masividad y generalidad para medir la situación. El criterio de generalidad mide el establecimiento penitenciario, y el de masividad mide individualmente a las personas privadas de libertad, evaluando sus condiciones de vida, salud y los programas disponibles para un proyecto de vida distinto al delito. Por ejemplo, nos enteramos en los medios de lo que pasa en La Modelo por el homicidio del director, pero no sabemos qué pasa en otras cárceles del país . 

Otro desafío es generar la capacidad institucional necesaria para responder. No se trata solo de recursos para construir más cárceles, sino de programas educativos y de resocialización.  Muy pocas personas privadas de libertad tienen acceso a la universidad o cursos avanzados de formación. Tampoco hay suficientes funcionarios del Inpec para estos programas. Esto refleja una situación estructural que no ha sido priorizada en la agenda de política criminal en las últimas décadas. También la reincidencia es alta, con personas entrando y saliendo de las cárceles repetidamente o personas que no tienen un lugar al que ir y en la cárcel tienen tres comidas al día.

Entonces es fundamental medir y conocer cómo está la situación carcelaria en Colombia para abordar estos desafíos.

¿Qué enfoques están detrás de esta forma de lidiar con la crisis?

Los estudiosos que han trabajado por décadas el contexto penitenciario explican que la cárcel tiene varias funciones. Primero, está la función de disuasión, que busca que las personas eviten cometer delitos por el temor a ser encarceladas. Luego, está la función de retribución, que se basa en el principio de que, si la justicia opera, el que la hace la paga. Después está la rehabilitación, que busca que las personas encarceladas puedan tener un proyecto de vida distinto al delito. Y, por último, está la función de incapacitación, que consiste en confinar a las personas para que no puedan delinquir más.

La orientación de las políticas penitenciarias se han pensado desde la la incapacitación y el populismo punitivo. La gente lo acepta porque se identifica con la figura de «lo bueno y lo malo» y en muchos lugares la respuesta ha sido más penas y más cárceles, sin importar lo demás. Solo se aseguran de tener a las personas encerradas. Este populismo punitivo ha venido desarrollándose durante las últimas décadas en el mundo, pero sobre todo en América Latina. En nuestra región esta ha sido la opción predominante y la respuesta a los procesos criminales ha sido la cárcel. Uno de los ejemplos más claros son los delitos de drogas. Las reformas penales han incorporado más conductas en el Código Penal, castigando todo lo relacionado con ellas, aumentando las penas y así el número de personas en la cárcel. Esto termina fortaleciendo el sistema penal acusatorio. Pero la justicia no está operando adecuadamente y no podemos desvincular la cárcel de la justicia. Entonces si bien este populismo punitivo se ha instalado en la región, la justicia tampoco ha funcionado con esta orientación, lo que ha generado mayor crisis carcelaria. El problema es que la respuesta no solo se limita a más cárceles, sino también a más reformas penales, más penas y más tipos de delitos. 

Entonces si el sistema penal acusatorio no está funcionando, ¿cuál sería el sistema de justicia ideal? 

Primero, la justicia penal tiene diferentes justicias especializadas en materia de corrupción, narcotráfico, crimen organizado y lavado de activos. Estas justicias especializadas necesitan fortalecerse porque se han quedado en el proceso de creación. En Colombia, por ejemplo, crean leyes, pero el desafío es implementarlas. Estas justicias especializadas necesitan educación en investigación penal y Colombia ha sido un referente en investigación judicial gracias a la Policía. Pero ¿por qué solo llegan a las cárceles las personas que cometen robos? Es fundamental que los jueces tengan una mayor articulación con la Fiscalía para que los procesos de investigación aborden delitos especializados. Por ejemplo, las evaluaciones del GAFI evidenciaron una baja efectividad y pocas sentencias por lavado de activos pese a que el reporte de operaciones sospechosas aumentó en el gobierno anterior. La justicia se mide por sentencias y niveles de impunidad, por lo que necesitamos fortalecer la investigación judicial en estas jurisdicciones especializadas con más recursos humanos y formación adecuada.

Otro aspecto importante es la agenda de persecución penal. Esta agenda debe definir hacia dónde se dirigen los esfuerzos de la justicia, qué delitos se priorizan y cómo se investigan. Cuál es la evidencia que tenemos para que estos casos puedan llegar a término de sentencia condenatoria y realmente llevar a las cárceles a los delincuentes de las jurisdicciones especializadas. Por ejemplo, el caso Odebrecht involucra a varios países, pero las sentencias son pocas. También creo que es esencial abordar la corrupción dentro de los sistemas judiciales, ya que esto afecta la eficacia y la efectividad de la investigación judicial. En el Índice de Estado de Derecho, Colombia está en una posición baja, mientras que en el Índice Global de Crimen Organizado, está en primer lugar.

Finalmente, aunque la población carcelaria ha aumentado, también ha aumentado la criminalidad. Esto demuestra que más personas en la cárcel no necesariamente reducen el crimen. La reincidencia sigue siendo un problema y necesitamos entender las consecuencias de estos números.

Después del homicidio del director de la cárcel La Modelo, el populismo punitivo volvió a hacer parte del debate nacional, sobre todo con casos como los de El Salvador resonando en el país. ¿Medidas como las de la mega cárcel son sostenibles? 

Yo creo que la máxima expresión del populismo punitivo es El Salvador y su presidente Bukele. No olvidemos que aunque se presenta como un outsider, proviene de la clase política conservadora y tiene una mirada populista y paternalista. Como escuchamos en su discurso de reelección gracias a la “fe divina” y no a la evidencia va seguir gobernando y diseñando sus políticas públicas, como señalar a los delincuentes y encerrarlos a todos. El problema de El Salvador es una paradoja, por un lado está la transición democrática que comenzó en los 90, y por el otro está el nivel de violencia exacerbado en el país. En este contexto, Bukele declaró un estado de excepción y construyó una mega cárcel para 40,000 personas que costó 70 millones de dólares. Pero no tenemos información clara sobre el proceso de construcción ni de sus políticas penitenciarias. 

La construcción de esta mega cárcel es vista como una solución porque incapacita a los delincuentes, reduciendo así la tasa de homicidios en el país. Bukele ha utilizado esta baja en los homicidios para justificar sus políticas, y ahora otros países en la región están pidiendo cárceles como la suya. Pero no podemos desvincular la cárcel de la justicia y en el caso de El Salvador no tenemos información sobre cómo operó o si está o no operando la justicia penal. No sabemos quienes están recluidos, no sabemos si ya tenían condenas y fueron trasladados allí, o si los capturaron durante el estado de excepción.  También hay preguntas importantes sobre cómo se sostendrán estas cárceles a mediano plazo, pues mantener una cárcel de esta magnitud requiere muchos recursos y en algún momento, si no se puede financiar más, estas personas tendrán que salir. El Salvador tiene una tasa de encarcelamiento del 1.000 % en relación a su población, que son 6 millones de habitantes, y las personas encarceladas están viviendo con menos de un metro cuadrado de espacio cuando los tratados internacionales hablan de tener de siete a diez metros. 

El otro tema importante es que en las cárceles también  hay una reconfiguración del crimen organizado y vinculaciones. Una persona que entra en ellas puede comenzar a formar parte de redes criminales o si ya hace parte de ellas se puede fortalecer adentro. Es un hecho notorio que desde las prisiones se cometen delitos. En México, por ejemplo, miles de extorsiones se cometen desde las cárceles. Entonces mi pregunta es ¿qué va a pasar con el crimen organizado de las maras en El Salvador? El crimen organizado es dinámico y las maras están organizadas en otros países. Entonces tarde o temprano el crimen organizado va a tener alguna incidencia sobre la cárcel, porque no nos podemos olvidar que El Salvador es un país de tránsito de drogas. Entonces el crimen organizado va a seguir actuando y las maras tienen sus propias estructuras y formas de reclutar. 

En resumen, aunque Bukele ha reducido los homicidios con su enfoque punitivo populista, la sostenibilidad y las implicaciones a largo plazo de estas políticas son inciertas, pues bajaron los índices de homicidio pero se siguen cometiendo los delitos de crimen organizado y narcotráfico en El Salvador. 

Volvamos a la situación en Colombia. ¿Cómo queda el panorama de la crisis carcelaria después del asesinato del director de La Modelo? 

El homicidio del director de La Modelo es, sin duda, un síntoma de que la crisis carcelaria en Colombia sigue siendo complicada y un desafío constante. Sin embargo, si volvemos al punto inicial sobre la justicia y la Corte Constitucional, hay avances en las condiciones y la capacidad de respuesta, generando posibilidades para que las personas puedan tener un proyecto de vida diferente al delito.

Lo que yo sugeriría es que la agenda mediática y la agenda política deben enfocarse en la evidencia del estado real de las cárceles en Colombia. La evaluación más confiable sobre la situación carcelaria proviene de la Corte Constitucional . Aunque esta Corte insiste en la necesidad de mejorar las condiciones carcelarias, también reconoce los avances en la generación de recursos y la mayor articulación entre el Ministerio de Justicia y el Inpec. A veces, estas instituciones no están bien coordinadas, pero hay personas en el Inpec que desean cambios y tienen interés en las necesidades de los presos.

Es importante considerar que entre las 100.000 personas privadas de libertad en Colombia, seguramente hay muchas que desean un proyecto de vida diferente al delito. Por ejemplo, muchas mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas quieren otras oportunidades, estar con sus hijos y cuidar de ellos. Debemos pensar en estas personas y seguir trabajando para ofrecerles oportunidades de rehabilitación y reintegración.

Es esencial tener diferentes fuentes de información y conocer a fondo la situación carcelaria. No se trata solo de personas encerradas y actos de violencia, sino de entender quiénes son estas personas y cuáles son las alternativas al populismo punitivo. En Colombia, ahora existe una ley llamada Ley de Utilidad Pública, expedida en este gobierno, que abre un panorama distinto. Esta ley de utilidad pública se enfoca en mujeres cabeza de hogar que han cometido ciertos delitos. Hubo críticas de que esta ley violaba los derechos de los hombres durante el gobierno anterior, pero un estudio de la Universidad Javeriana, que la corte constitucional tuvo en cuenta como evidencia , demostró  que las mujeres son condenadas a más años de prisión por delitos de microtráfico comparado con los hombres, lo cual refleja una desigualdad. La ley de utilidad pública ofrece una alternativa al encarcelamiento, permitiendo que las mujeres cumplan su condena cerca de su domicilio, prestando un servicio comunitario, y brindándoles la oportunidad de mantener a sus hijos, hijas y  familias unidas. Las Instituciones  y nosotros como sociedad debemos abrir las puertas a estas personas, permitiéndoles acceder a trabajo, educación y formación.

La reincidencia es otro gran problema, ya que muchas personas no encuentran oportunidades laborales al salir de la cárcel. Por eso, esta ley puede ser una solución alternativa a la prisión, especialmente para las mujeres vulnerables. Aunque Colombia enfrenta una crisis carcelaria y algunos piden más cárceles al estilo Bukele, debemos considerar otras opciones, como la Ley de Utilidad Pública, que puede ser un referente para la región. Tenemos la obligación como sociedad de comprender otras miradas sobre lo que significa la cárcel. No solo las versiones mediáticas en Twitter o TikTok, sino las realidades basadas en evidencia e información rigurosa . La justicia tiene un papel importante y necesitamos encontrar formas efectivas de castigar el delito sin recurrir siempre al encarcelamiento.

COMPARTIR ARTÍCULO