Para tapar un hueco, Duque abre otro

El presidente prometió quitarle impuestos a las empresas. Pero para lograrlo, abrió un hueco al presupuesto nacional que todavía no ha podido tapar. La nueva propuesta es vender la participación del Estado en empresas del país, un malabarismo que no soluciona el problema sino que se lo pasa a su sucesor.

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Luis Carlos Reyes

Director de Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana. Sus temas de estudio son la microeconomía aplicada, la economía del desarrollo y la economía pública.

16.07.2019

Desde antes de ser presidente, Iván Duque tenía entre sus planes recortar impuestos a las grandes empresas. Su lógica, quizá basada en la política económica de Ronald Reagan en Estados Unidos, es que así se solucionan todos los problemas económicos del país. En campaña, las empresas se movieron y, a punta de lobby, lograron convertirlo en una de las banderas del Gobierno. Eso quedó en evidencia justo cuando Duque resultó elegido.

Aunque hay todavía una discusión válida acerca de qué tan importante resulta esa medida en la práctica, no ha dejado de ser lo que defienden el Presidente y su gabinete a capa y espada. El problema es que para recortar impuestos por un lado, hay que subirlos por otro. 

El primer intento fue la Ley de Financiamiento que presentó el Gobierno Duque el año pasado. Aunque con un nombre distinto, en la práctica era una reforma tributaria. Nos dijeron que tenía el fin de tapar un hueco fiscal que supuestamente había en el país, que hacía falta un dinero y lo único que podíamos hacer era apretarnos el cinturón. El plan era aplicar el IVA del 19 % incluso a los productos de la canasta familiar para recaudar esos fondos adicionales. 

Si bien no lo dijeron textualmente, al mirar las cuentas era claro lo que buscaban: financiar los recortes de impuestos a las grandes empresas. Un recorte de alrededor de 10 billones de pesos, unas tres veces el presupuesto anual de las universidades públicas en Colombia. 

Subir el IVA para ajustar las cuentas, sin embargo, es una medida bastante impopular. El término es justo: el IVA sin exenciones a la canasta familiar es un impuesto regresivo y el porcentaje de ingreso que representa para una persona de bajos recursos es mucho más alto que el que representa para una persona con más recursos. Eso explica el gran rechazo que generó la propuesta. El Congreso, tomando la vocería de la reacción popular, impidió que subiera el IVA en toda la canasta familiar y, en cambio, solo aprobó gravar algunos productos. 

Sin embargo, el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, demostró que él estaba pensando tres años adelante mientras el resto, incluyendo el Congreso y la opinión pública, estábamos pendientes del corto plazo. El Ministro, sin más, postergó una batalla política. 

Mientras tanto, el recorte de impuestos a las grandes empresas sigue vigente y empezará a regir en 2020. Las empresas tendrán una reducción en el impuesto a la renta y dejarán de pagar el IVA a los bienes de capital —un recorte casi de 6 billones de pesos—. Hay otros recortes más curiosos como aquellos que impactan las “megainversiones”, es decir, una tarifa de impuesto de renta más baja para empresas que hagan inversiones de más allá de cierto monto (alrededor de un billón de pesos). Y, ¿quién tiene un billón de pesos para invertir en Colombia? La respuesta tiene nombre y apellido: los principales grupos económicos del país. 

"Como no hubo aumento del IVA en la Ley de Financiamiento del 2018 que cubriera el hueco de los impuestos que las empresas dejarán de pagar en 2020, lo que hizo el Gobierno fue esperar a que llegue el 2020 para ver cómo lo financia. "

También está el recorte de impuesto a la renta a las empresas denominadas de “economía naranja”, un término que Iván Duque ha martillado desde que trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo – BID. La “economía naranja”, vale la pena aclararlo, es poco más que un eslogan de campaña. El Ministerio de Cultura es el que determina qué cabe como “emprendimiento naranja”, y, en últimas, los ministros obedecen al Presidente. 

Así, el Gobierno se inventó una herramienta para servir a intereses particulares, y qué mejor forma de hacerlo que crear un descuento tributario a un sector de la economía que definen sus propios ministros. 

Pero, como no hubo aumento del IVA en la Ley de Financiamiento del 2018 que cubriera el hueco de los impuestos que las empresas dejarán de pagar en 2020, lo que hizo el Gobierno fue esperar a que llegue el 2020 para ver cómo lo financia. 

Segundo round

Por eso es que ahora están proponiendo vender empresas del Estado para tapar el hueco, como contó el exministro de Hacienda Guillermo Perry en su columna en El Tiempo, este fin de semana. Como le recortaron la tasa tributaria a las empresas y el Gobierno no puede dejar de recibir un dinero por esos ingresos, lo que va a hacer es que esa plata que deja de entrar por un lado la obtendrá vendiendo empresas del Estado por otro. En Ecopetrol, por ejemplo, el Estado sigue teniendo una participación valiosa a pesar de que muchas de sus acciones están manos de la gente. 

Los recortes de impuestos a las empresas reducen los ingresos con los que cuenta el Estado para financiar el bienestar de todos. Y, en su mayoría, estos recortes van a financiar una transferencia de recursos desde un sector en donde están representados la mayoría de los colombianos hacia otro compuesto principalmente por los grupos económicos más privilegiados del país. 

Además, vender la participación del Estado en empresas alcanza, como mucho, para pagar uno o dos años de esos recortes. Por eso, Perry tiene razón: esa propuesta “equivale a vender la fábrica para pagar el sueldo de los empleados, o la casa de la familia para hacer el mercado”. 

Lo que busca el Gobierno es financiar los recortes de impuestos con ventas de empresas del Estado para que, cuando llegue el siguiente Gobierno, el problema de cómo seguir financiando los recortes sea problema de alguien más. Sin exagerar demasiado, el Estado está regalando activos de la nación a los empresarios más poderosos del país. 

El Ministro Carrasquilla es el que está promoviendo esta venta de activos. La pregunta del millón (o del billón) es si es legítimo que haya tanto poder concentrado en un solo funcionario.  Legalmente el Ministro y, en últimas, el Presidente de la República, tienen todas las facultades para sacar esta venta de activos adelante, con un control mínimo del Congreso. Pero ¿por qué? 

Sucede que la única entidad del Gobierno que tiene la capacidad técnica de hacer los cálculos necesarios y el análisis requerido para sustentar la decisión es el Ministerio de Hacienda. El Congreso de la República, por ejemplo, históricamente no ha contado con un cuerpo técnico que lo asesore sobre la conveniencia de las propuestas que vienen del Ministerio. Por eso, en este caso, Carrasquilla es “El Prestidigitador”: ese hombre que oculta bajo tres pequeñas canecas una bolita y la mueve mientras empieza a darle a las canecas vueltas y vueltas ante varios para que adivinen en dónde está la bolita. La capacidad técnica que tiene en este momento el Ministerio de Hacienda no la tiene nadie, y esta es una falla de nuestro sistema democrático. Puede el Ministro meterle los dedos en la boca al Congreso y a la opinión pública, tal como ocurrió el año pasado cuando el Gobierno usó un supuesto hueco fiscal para dejar abierto otro más grande para el 2020. 

"Si hay que recortar el impuesto a las empresas, hay que compensarlo, pero no vendiendo los activos del Estado ni subiendo el IVA. La forma correcta es exigir que los más ricos paguen los impuestos que deberían."

¿Quién gana?

El Gobierno puede decir que estos recortes a los impuestos de las empresas privadas estimulan la economía y eso significa una ganancia para todos, no sólo para las empresas. Y si bien se ha argumentado que en Colombia se pagan muchos impuestos en general, eso es categóricamente falso. Aquí se pagan mucho menos impuestos como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) que los que se pagan en promedio en América Latina o en los países que hacen parte de la OCDE.

Además, la Constitución dice que el sistema tributario tiene que ser progresivo. Es decir,  que el porcentaje de su ingreso que las personas más ricas pagan en impuestos tiene que ser más alto que el respectivo porcentaje del ingreso que pagan las personas más pobres. Pero si bien las empresas sí pagan en impuestos un porcentaje relativamente grande del PIB, las personas naturales, que en últimas son las dueñas de esas empresas y que tienen ingresos altísimos, pagan muy pocos impuestos. 

Por eso, si hay que recortar el impuesto a las empresas, hay que compensarlo, pero no vendiendo los activos del Estado ni subiendo el IVA. La forma correcta es exigir que los más ricos paguen los impuestos que deberían. 

Si esta propuesta llega a aprobarse solo se estarían beneficiando unos intereses muy específicos: los de los empresarios que hicieron lobby a favor del recorte de impuestos en las empresas durante la campaña de Duque. La razón es simple: si no se hubiera hecho ese recorte, no se tendrían que vender las empresas del Estado. 

Aunque el Gobierno insiste en decir que recibió un Estado desfinanciado, herencia del expresidente Juan Manuel Santos, ese ha sido un discurso más político que técnico. Si realmente el Estado requiere 10 billones de pesos rápido, hay una solución más práctica: cancelar el recorte de impuestos a las empresas privadas. 

En cambio, no tiene sentido vender activos que le generan retornos a largo plazo al Estado para tapar un hueco durante solo dos años. Eso sí: alcanza, desafortunadamente, a tapar el hueco fiscal lo suficiente para que el problema deje de ser de este Gobierno y se vuelva problema del siguiente.

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