El debate por la construcción de la verdad y memoria en Colombia está en plena disputa. En las últimas semanas se han tomado varias decisiones desde altas instituciones del Estado que buscan incluir en los relatos sobre la verdad y memoria del conflicto armado colombiano versiones específicas sobre lo que vivió el país en los últimos 50 años. 

Hace un par de semanas, por ejemplo, se conoció la directiva del Ejército, que en cabeza del general Nicasio Martínez, busca darle unas ‘pautas’ a los miembros del Ejército para “la construcción de una narrativa marco del conflicto armado colombiano”. Es decir, una directiva para construir una verdad institucional coordinada para presentarla ante los espacios de verdad y memoria histórica que surgieron tras la firma del Acuerdo de Paz con las Farc como la Justicia Especial para la Paz, JEP, y la Comisión de la Verdad. 

Por esos mismos días, se conoció un artículo de la Ley del Veterano que aprobó el Gobierno de Iván Duque que crea “un espacio físico en el Museo de la Memoria destinado a exponer las historias de los veteranos de la Fuerza Pública exaltando sus acciones”. En ese momento, el ex director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, criticó la decisión, pues aseguró que “el Museo de la Memoria no puede convertirse en un Museo de Memoria Histórica Militar. Es un asalto a las largas luchas de las víctimas por la verdad y por el reconocimiento de responsabilidades de todos los actores de la guerra, incluidos los agentes estatales”, como le dijo a El Espectador. 

Para completar, esta semana el director actual del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo –un hombre que como contamos, dio un giro de 180 grados pasando de la izquierda radical al uribismo–, anunció que el Centro va a tercerizar las investigaciones sobre el conflicto armado a través de un convenio con Colciencias. Se trata de un convenio por 5.600 millones de pesos para que Colciencias elija 15 proyectos de investigación sobre el conflicto armado que provengan de universidades públicas y privadas. Según Acevedo, “el equipo de dirección del Centro es insuficiente para ser visto como el autor de la verdad hallada o al fin revelada”. Además, criticó investigaciones que realizó el Centro en la pasado como el informe ¡Basta Ya!, que según él, “fueron adelantadas por un pequeño grupo de intelectuales que no representan el amplio espectro de investigadores nacionales”.

Cerosetenta aprovecha esta coyuntura para publicar una entrevista sobre el papel de la verdad y la memoria en la sociedad con la profesora de la Universidad Nacional, Martha Nubia Bello, coordinadora del informe ¡Basta Ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica y que participó hace dos meses en un panel sobre justicia restaurativa en la justicia transicional en la Universidad Nacional. 

¿Es deseable cualquier tipo de verdad y memoria? 

Martha Nubia Bello: El deber de memoria surge del derecho y la necesidad que tienen las víctimas de saber lo que pasó, cómo pasó y por qué pasó, pero también del derecho de las sociedades a conocer su pasado. En esa medida no puede ser ni cualquier verdad ni cualquier memoria. Tiene que ser una verdad que aporte al esclarecimiento, tiene que ser una memoria que permita comprender el pasado. Eso implica poner en el centro la necesidad de la víctima, pues es ella quien demanda saber tanto las condiciones como los sujetos que tuvieron algún rol en los hechos.

La memoria de una sociedad debe llevarla a realizar una revisión crítica de su pasado para así comprender su presente; para que desde la memoria nos podamos preguntar y responder por qué estamos cómo estamos, por qué vivimos cómo vivimos, y para que se puedan trazar derroteros muy claros en términos de qué es lo que la sociedad necesita cambiar para que lo que sucedió no se repita, o para lo que está sucediendo deje de suceder. No puede ser un mero inventario de hechos. 

Hay que tener presente que los procesos de memoria y verdad son complejos, dolorosos y conflictivos. Y vale la pena pasar por ese dolor, por esa complejidad, si podemos identificar con claridad cuál es la apuesta de transformación que requiere la sociedad. 

Algunos pensadores como David Rieff en Elogio del olvido, han planteado que la memoria histórica y colectiva puede llegar a causar más daño que el bien que persigue. ¿Comparte esta apreciación? 

MNB: El ejercicio de memoria es siempre un ejercicio intencionado. Hay intereses de por medio. Uno no haría un proceso de memoria histórica sin un propósito, es decir, sin un interés. Y justamente porque hay intereses hay distintos manejos de la memoria. 

En muchos casos se observa un interés por invisibilizar ciertos hechos. Es decir: se silencian ciertos hechos para otorgarle más peso a otros. Yo diría, entonces, que no es la memoria en sí misma, sino los intereses que están detrás de los ejercicios de memoria los que pueden ser nocivos. Existe, pues, una memoria dañina, una memoria que, en lugar de contribuir a hacer un ejercicio crítico del pasado, se vuelve apología de determinados hechos y personajes del pasado.

Hay otro peligro: una memoria que puede llegar a ser revictimizante y cuyo problema reside ya no en el interés sino en el método. Esa memoria revictimizante solo coloca en el centro el hecho violento, el daño, el sufrimiento, la vulneración e inclusive y tal vez sin proponérselo termina haciéndole eco al horror. Es una memoria que, y ahí sí compartiría la opinión de Rieff, se convierte en una memoria dolorosa, una memoria herida, como la han llamado algunos autores, donde lo único valioso es lo perdido, lo dañado, y que no permite superar el daño, sino que las víctimas quedan atrapadas en la pérdida y en el mismo daño.  

Ahora, el hecho que haya una memoria dañina no implica que se deba apostar por una política del olvido. El desafío es cómo hacemos una reflexión colectiva en torno a una ética de la memoria; esto es, una memoria que contribuya a una revisión colectiva y crítica del pasado, una memoria que no se ponga al servicio de una ideología, de un partido político; en fin, una memoria para superar los horrores del pasado. 

El profesor italiano Adolfo Ceretti, a partir de su experiencia tratando de acercar las diversas memorias de las víctimas y los victimarios en la Italia posterior a los llamados años de plomo, dijo que no se trata de tener una memoria compartida, pues eso es imposible, sino de compartir memorias. ¿Qué opina? 

MNB: Yo comparto ese planteamiento de Ceretti porque de ninguna manera se trata de apostarle a que víctimas y victimarios lleguen a una versión unificada del pasado. 

Yo creo que la memoria, en el caso de las víctimas, es una memoria para reconocerlas y dignificarlas. En el caso de los perpetradores es una memoria para interpelarlos. Son memorias diferentes. Entonces, si en un mismo escenario se encuentran víctimas y perpetradores, uno diría que se trata de poner una distancia entre ellos, una distancia que yo califico de ética. Ahí son las versiones que cada uno trae, la una para ser interpelada, impugnada, repudiada incluso; mientras que la otra es para valorar y reconocer.

Ahora bien, como no se trata de crear distancias sino de encontrarse, la memoria brinda el espacio de encontrarnos en la humanidad de unos y otros, lo cual no significa exculpar. Cuando el victimario hace memoria también ubica contextos, razones, condiciones que explican por qué hizo lo que hizo, por qué participó de lo que participó. 

Insisto en un punto clave, explicar no es justificar.  He presenciado casos en que mediante ejercicios de memoria los victimarios entienden la gravedad de lo sucedido.

El relato común podría darse única y exclusivamente en términos de hechos, pero no en la explicación, las valoraciones y sensaciones de estos hechos.  Y hay que tener mucho cuidado en no homogeneizar a los perpetradores ni a las víctimas, pues existen de todo tipo. Algunos perpetradores entienden sus actos y piden perdón por ellos; otros, por el contrario, siguen justificándolos. 

Usted ha dicho que hay vacíos en la construcción de verdad y memoria pues tanto la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) como la Comisión de la Verdad (CEV) tienen restricciones. ¿cuáles son esas limitaciones?

MNB: La JEP y la Comisión de la Verdad van a tener papeles muy importantes en los ejercicios de verdad y de memoria. La Comisión trabaja una verdad extra judicial (es decir que sus resultados no serán objeto de procesos en la justicia) y la JEP, una verdad judicial (es decir, que sus resultados están orientados a obtener justicia). 

La tarea es enorme y de gran dificultad, pues no estamos hablando de un conflicto de cinco años ni de cien mil víctimas, sino de ocho millones de víctimas y de más de medio siglo de violencia en todo lo amplio y lo ancho del territorio nacional. Se planean esclarecer muchos años, muchas modalidades de violencia, regiones distintas, grupos étnicos diferentes, y pensar que dos o tres instituciones puedan cumplir con esa tarea es ingenuo. En el caso de la Comisión de la Verdad la principal limitación es temporal: tres años para semejante tarea es imposible. 

¿Cómo copar esos vacíos? 

MNB: Yo planteo que el ejercicio de verdad y de memoria debe comprometer a la sociedad y cuando hablo de la sociedad me refiero a organizaciones sociales, la academia, los artistas. Toda la sociedad debe comprometerse con la tarea de memoria y de verdad. Pongo un ejemplo: las universidades padecimos y fuimos partícipes del conflicto. Muchos profesores y estudiantes salieron al exilio, fueron amenazados o asesinados, pero también muchos de nuestros muchachos engrosaron las listas de los grupos armados. ¿Quién va a esclarecer la verdad de lo ocurrido en las universidades? Eso no lo va a hacer ni la JEP ni la Comisión de la Verdad. Le corresponde a las propias universidades, a todas, a las públicas y a las privadas. 

La cuestión es profunda: ¿Cómo la guerra nos afectó como universidad? ¿Cómo participamos de esa guerra? Incluso, ¿cómo promovimos desde la universidad ciertos discursos violentos?, pero también ¿cómo la universidad fue víctima de prácticas violentas? 

Las universidades deben volcarse a un ejercicio de esclarecimiento desde todas sus disciplinas. Los estudiantes están llamados a fomentar procesos de vinculación con el pasado y con las regiones de donde vienen. Creo que tanto las universidades como las organizaciones sociales, tanto la cooperación internacional como los artistas, deberíamos comprometernos en esa búsqueda de esclarecer, en esa búsqueda de comprender el pasado. Las instituciones son importantes pero su accionar es limitado. Uno de los resultados más valiosos que podría dejar la CEV es una suerte de plan de ruta: dejar trazadas tareas a la sociedad, porque llevar a cabo este proceso de verdad y de esclarecimiento nos va a tomar más de treinta o cuarenta años.  

Pongo el escenario de la universidad porque es donde yo estoy, pero lo mismo podría pensarse de las comunidades. ¿Cómo afectó la guerra a determinado municipio? Tenemos mil sesenta municipios y casi tres mil masacres, de las cuales el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) no logró esclarecer más de treinta. Las restantes quedan en manos de la sociedad, que debe adoptar una actitud responsable con su pasado. 

¿Cuál es, y cuál debería ser, la relación entre verdad judicial y verdad histórica? 

MNB: Yo diría que varias. La más importante es que la verdad judicial contribuya a la construcción de memoria histórica, esto es, que la verdad judicial se vuelva pública, sea apropiada por la sociedad. Hay que tratar que esa verdad judicial no tenga solamente consecuencias penales, sino también consecuencias políticas y éticas. 

Eso es justamente lo que no sucede en Colombia: la verdad judicial –recordemos que muy a menudo a una sentencia le precede una larga lucha, un gran esfuerzo- tiene consecuencias penales, pero dicha verdad, por la complejidad de su lenguaje jurídico y otras varias razones, no llega a ser apropiada por la sociedad. En una sentencia se sabe quiénes son la víctima y el victimario, pero no se logra esclarecer el contexto. Falta muchísimo trabajo para que verdades judiciales se vuelvan verdades sociales, y estas, a su vez, se puedan convertir en memoria histórica, es decir, comprensión del pasado y del presente. 

Por otro lado, vendría la relación inversa: cómo la memoria puede hacer una contribución a la verdad judicial. Es importante porque, por ejemplo las víctimas, y especialmente las víctimas que hacen parte de colectivos organizados, tienen verdades desde sus procesos de memoria, y que constituyen su memoria. ¿Cómo relacionarla con la verdad judicial? Yo creo que la memoria histórica puede ser una fuente para nutrir la verdad judicial, como por ejemplo para enriquecer los contextos. Hay más relaciones que diferencias entre verdad judicial y memoria histórica. Claro, los procesos son diferentes, las exigencias de una y otra son distintas, pero yo lo vería más como un vínculo, como un puente. 

Una de las opciones que avaló el Acuerdo de Paz con las Farc es que la justicia se de a través de procesos de justicia restaurativa que no necesariamente implica castigos de prisión para los victimarios. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la justicia restaurativa en Colombia antes del proceso de paz con las Farc? 

MNB: Hay una rica experiencia en Colombia en términos de justicia restaurativa, alguna del lado de la institucionalidad y otra proveniente, diría yo, de construcciones sociales, de experiencias muy autónomas de las comunidades. Por ejemplo, las comunidades indígenas han apelado a ciertas formas de justicia restaurativa para resolver sus conflictos. Ahí hay una fuente de lecciones en términos de cómo han hecho las comunidades en donde el Estado no ha podido garantizar el acceso a la justicia. Claro, también esas prácticas han desembocado en formas violentas, pero hay sin duda una riqueza de mecanismos de resolución de conflictos. La justicia indígena y la justicia afro descendiente están centradas en cómo reparar el daño causado más que en cómo castigar al perpetrador. Por otro lado, ya en las sentencias del Consejo de Estado y en las de Justicia y Paz se encuentran órdenes que tienen ese carácter más de reconocimiento y reparación que de castigo punitivo a los perpetradores. Algunas de ellas muy efectivas, otras no tanto. 

La capacidad reparadora de una pena alternativa se potencia, según mi experiencia, cuando los jueces tienen un claro conocimiento de las comunidades, cuando han consultado con ellas y saben qué es lo que demandaban como fuente de reparación. Así, se han dado experiencias de perdón público que resultaron muy reparadoras para las comunidades a través de la vinculación de desmovilizados en obras comunitarias. Hay ejemplos muy valiosos donde se le dio lugar al arte como medida reparadora y que resultaron reparadores para la víctima, por un lado, y dignificantes para el propio perpetrador, por el otro. La justicia restaurativa tiene ese doble propósito: reparar el daño pero también restaurar al victimario.

¿Qué le espera al Centro Nacional de Memoria Histórica y a la construcción de una memoria del conflicto armado interno con la llegada de Darío Acevedo a la dirección?

MNB: Tal vez el principal temor con la llegada de Darío Acevedo sea su postura negacionista de la existencia del conflicto armado interno, y en esa medida, del lugar protagónico y respetuoso que deben ocupar las víctimas en una entidad como el CNMH. 

Existe un peligro muy grande de intentar generar un supuesto ‘equilibrio’ con la llegada de Acevedo. Esto porque hay un sector político que afirma que el Centro Nacional de Memoria Histórica se dedicó a escuchar solo a unas víctimas. Entonces, siguiendo la lógica de ese sector, si la atención estuvo centrada en víctimas del paramilitarismo y del Estado, ahora el CNMH debe volcar su atención en las víctimas de las guerrillas. Eso justamente nos pone en un país polarizado, nos pone en ese lugar dañino de la memoria en que se silencian unas voces para poner de protagonistas otras. 

El señor Acevedo parte de una afirmación falsa, y es que el Centro Nacional de Memoria Histórica fue un micrófono para unas víctimas. En el Centro Nacional de Memoria Histórica se hizo un trabajo respetuoso y equilibrado de escuchar a todas las víctimas de todos los grupos armados. Cuestionamos a todos los actores armados. En el CNMH hay informes que dan cuenta de masacres perpetradas por el Estado, otras por las guerrillas, otro tanto por los paramilitares.

Creo que la apuesta del CNMH fue una apuesta plural, una pluralidad de memorias. Cuando estábamos en la elaboración del guión del Museo Nacional de la Memoria dijimos: aquí no vamos a construir un consenso frente a los que pasó, no pretendemos llegar a una ‘memoria compartida’, para ponerlo en términos de Adolfo Ceretti. Si algún día el Museo Nacional de la Memoria abre sus puertas, a mí me gustaría ver un gran letrero que dijera: bienvenido al disenso. Obviamente, me refiero al disenso con regulaciones éticas. Entonces, ¿qué disenso? Aquí se pueden expresar todas las memorias, todas las versiones, pero con regulaciones ¿Cuáles? No se pueden permitir versiones del pasado que nieguen lo que está probado, no se pueden permitir versiones del pasado que justifiquen la violencia. No se pueden permitir versiones del pasado que acentúan formas de discriminación, de racismo, de estigmatización. Tampoco se pueden permitir versiones negacionistas o tergiversadoras. 

Nos preguntábamos, en referencia al mismo Centro Nacional de Memoria Histórica y al Museo Nacional de la Memoria, cómo generar un espacio seguro para conversaciones difíciles. Las conversaciones difíciles se dan entre distintos, pues las conversaciones entre similares no son complejas. 

Esa apuesta es la que yo veo más en riesgo con la llegada de Acevedo: el riesgo de perder la pluralidad, que es difícil y compleja, claro que sí, pero es lo que permite que realmente la sociedad se sumerja en un debate respetuoso y fructífero acerca de su pasado. De lo contrario, solo son memorias para exaltar discursos. 

¿Cree usted que fue un error dejar el nombramiento del director del CNMH en manos del presidente? ¿Cómo debería hacerse esa elección?  

MNB: Fue un error del cual fuimos conscientes, porque precisamente se condenaba al CNMH a alinearse con quien está en el ejercicio del poder, que generalmente representa un ideario y un partido político. Desde mucho atrás en el Centro Nacional de Memoria Histórica se había planteado la posibilidad de que al director lo designara un consejo directivo compuesto por víctimas, organizaciones sociales, la academia, algunos representantes internacionales, o sea un consejo directivo plural que garantizara transparencia. Así funciona en otros lugares del mundo. La propuesta, sin embargo, no la supimos tramitar a tiempo. Tal vez no vimos el riesgo, y no lo asumimos con la seriedad y la claridad que se requerían. Dejamos pasar el tiempo. Pero dejamos pensado que el director del Museo Nacional de la Memoria, a diferencia del director del Centro Nacional de Memoria Histórica, sí sea nombrado por un consejo directivo propio y autónomo, y a partir de un concurso público y plural.  

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