Mataron cinco veces a un joven menor de 25 años en la Comuna 12 de Medellín. Luego de cinco impactos, incineraron el cadáver en vía pública. Los habitantes del sector, en el noroccidente de la ciudad, propagaron rápidamente imágenes del cuerpo en llamas. Creen que la violencia bajó de La 13 a La 12. El homicidio ocurrió a principios de diciembre, días antes de que el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de la Alcaldía de Medellín (Sisc), presentara su último reporte de 2018: 579 casos registrados, dos homicidios más respecto al año anterior.
Septiembre fue la temporada de 2018 con el índice más bajo (37 homicidios) pese a que en agosto las autoridades advertían el hallazgo de por lo menos cuatro cadáveres arrojados en bolsas en distintos sectores urbanos. Por la época, la cuenta ascendía a 400 crímenes. Y, tan solo el pasado 12 de diciembre, hallaron dos cadáveres más flotando en el río Medellín. Las víctimas, entonces, sí podrían ser más de 600, exactamente 628, y los atentados, en su mayoría, perpetrados por distintos grupos delincuenciales -según el reporte del Sisc-. Los cuerpos, cuando se corre con suerte, son avistados por ciudadanos a un recodo del camino.
En Medellín existen, sin embargo, organizaciones civiles que históricamente resisten desde la cultura y desde los procesos comunitarios de base. Los colectivos todavía hoy se oponen sistemáticamente a las dinámicas de violencia a nivel barrial, pero ¿cómo puede estropear su trabajo la Administración pública? El Alcalde Federico Gutiérrez ha manifestado, tanto como lo ha hecho su Secretario de Seguridad Andrés Tobón, que los principales responsables de lo que ocurre son las bandas criminales y, por eso, buscan atacarlas mediante estrategias que consignan en su política pública de seguridad. A mediados de octubre reportaban más de dos mil capturas hechas a cabecillas de estructuras criminales.
Iniciativas civiles como NoCopio, una campaña sujeta al proyecto Instinto de Vida –de Open Society Foundations en Latinoamérica–, quiere incidir en el gobierno para la reducción de homicidios. Empezó en 2015 con doce organizaciones aliadas y liderado por Casa de las Estrategias, fundación con sede en la Comuna 13 que investiga fenómenos mafiosos y violentos en la ciudad y, a la fecha, ya son más de cincuenta las organizaciones que no copian promoviendo el mensaje: “No preguntes por qué lo mataron, nada justifica el homicidio”.
Al volumen de asesinatos de la capital de Antioquia, se suma la gente que sigue desapareciendo. Lucas Jaramillo, director de la Casa de las Estrategias –misma que trabaja por la promoción del arte, la disminución de la violencia y el apoyo a proyectos juveniles y de colectivos–, considera que “el tema cultural del homicidio es exactamente el mismo de la desaparición. Cuando se habla de desaparición, no se habla de algo distinto que de un homicidio encubierto”. Un caso reciente es el de tres jóvenes de 21, 18 y 23 años que desaparecieron en una tarde de septiembre, en San Javier (Comuna 13) y, a pesar de que dispusieron 25 funcionarios del CTI para su búsqueda, tardaron cerca de dos meses en hallar los cuerpos. A Andrés Felipe Vélez, Santiago Urrego Pérez y Jaime Andrés Manco los encontraron 55 días después de haber desaparecido en una fosa común en zona boscosa del barrio.
Gerardo Pérez, miembro de las iniciativas NoCopio y de la reciente campaña de activismo ciudadano #NoMatarás, acompañó a título personal a las madres víctimas de estos desaparecidos. Cree que es objetivo llamar la atención ante la omisión del Alcalde, pues durante el tiempo de búsqueda, evitó hacer mención del tema. Pérez advierte que no hubo ni una sola organización de derechos humanos en el momento de búsqueda (excepto Madres de La Candelaria). “Sabíamos que había una denuncia e investigación abierta por parte de la Fiscalía y del Gaula, pero la acción sistemática no se veía. A mí me parece totalmente sospechoso, y lo digo, que casi a los dos meses aparezcan todos los organismos de seguridad, que el mismo día convoquen a las madres a la Fiscalía con el comandante del Ejército, de la Policía y el Alcalde a bordo. Muy sospechoso… Habíamos dicho de todas las maneras #LosQueremosVivos y nada. En esta ciudad pasan cosas realmente tenebrosas, es siniestra. Y la nuestra es una sociedad mojigata que no protege los mínimos derechos y es capaz de desaparecer a sus jóvenes, sin más”, protesta Pérez.
Durante el Consejo de Seguridad que se llevó a cabo en abril, también en La 13, Gutiérrez escribió en su cuenta de Twitter: “A estos criminales los vamos atendiendo uno a uno. Todos van cayendo #Confianzaciudadana”, y las críticas le llovieron. Existía en su expediente aquella vez del robo de fleteros en 2017, cuando el mandatario ordenó a 200 hombres de la Sijin y Sipol hacer un operativo exhaustivo de búsqueda que él mismo encabezaba.
A pesar de que algunos colectivos o gestores comunitarios hacen lo que está a su alcance, las problemáticas de diálogo con la Administración para NoCopio y los datos, que permanecen ocultos, al menos para No Matarás, son dos grandes puntos negros en la lucha.
El fracaso no es que la cifra
de homicidios baje, sino que exista
Durante un concierto convocado por NoCopio e Instinto de Vida en 2017, en el Cementerio San Lorenzo, un joven entre los 20 y los 25 años se aventó entre la multitud intentando escabullirse. Detrás de él, cinco hombres avanzaron con puñales propinándole tres heridas que fueron mortales. A pesar de este y actos semejantes, NoCopio sigue buscando desnaturalizar el homicidio. Jaramillo considera que las cifras oficiales de la Alcaldía (2018) no demuestran, en realidad, la reducción en Medellín; quieren mostrar que sus dos años –según dice– y el último de la administración pasada del entonces alcalde Aníbal Gaviria, han sido los más bajos en la historia de violencia en la ciudad, pero, advierte, “el primero de Federico subió con respecto al último de Gaviria y, el segundo suyo, aumentó con respecto al año anterior: un año bueno y dos mediocres que dejan en aumento las cifras en Medellín”.
Si el homicidio bajara notablemente en la ciudad, la campaña NoCopio seguiría existiendo. El porcentaje sigue siendo indeseable aún en descenso. La idea es que la cifra no exista. Hugo Acero, Subsecretario de Seguridad de Bogotá durante nueve años y asesor de seguridad de la Alcaldía de Medellín, hizo un análisis en La Silla Vacía en donde equiparó la cifra de homicidios actual con la época de Pablo Escobar. El mismo Secretario de Seguridad de Medellín, Tobón, expuso a medios internacionales, durante un encuentro organizado por la Agencia de Cooperación e Inversión (ACI) de Medellín, a finales de 2018, sobre cómo ‘pasar de ser la ciudad más violenta del mundo a un modelo en seguridad para la región’. Faber Ramírez Giraldo, director de Ciudad Frecuencia (que busca generar escenarios de participación juvenil) y coordinador local de Instinto de Vida, considera inadecuado este análisis, tanto como que la Alcaldía lo valide, y Jaramillo adhiere: “Es como si hoy los alemanes estuvieran diciendo que tienen una tasa inferior respecto a la época de Hitler”.
NoCopio se ocupó este año de la conformación de la mesa consultiva ciudadana para la transformación de la Policía y puso en marcha el proyecto Cuidado del Cuidador con el que buscan prestar atención a ciertos aspectos desarrollados en la institución y orientarlos a la reducción de homicidio. Se concentró, también, en el acompañamiento, que viene haciendo desde 2017, a familias víctimas de homicidio a través de Rituales Vivos (con 97 familias, 41 de ellas afectadas en el 2018). Encontraron una ruta solidaria con el Partido de las Doñas, red de mujeres que a la fecha tiene 134 integrantes y que facilitan la lucha de defensa a la vida. Sigue vigente, asimismo, el Protocolo Nada Justifica el Homicidio para salvar vidas de adolescentes expuestos a la violencia criminal y que ya habían propuesto a la Alcaldía para sacar adelante de manera conjunta.
Llevaba tres o cuatro semanas Tobón, cuando NoCopio le presentó su protocolo, un documento ‘no policivo y de cuidado (especialmente cívico)’ que quiere evitar el homicidio a toda costa y a pesar de las mafias. A los de la campaña les quedó claro que la Administración, que se comprometió a promoverlo desde agosto de 2017, llevó a cabo “un procedimiento muy huérfano, sin doliente a nivel alto, y que ha dependido mucho de los medios técnicos bajos, por lo que queda muy difícil interlocutar”, como explica Jaramillo. Ahí hay, para él, un desconocimiento de cómo funciona lo público y una burocracia interna muy grande donde lo trágico está puesto en lo mediático pero la gerencia pública sigue blanda.
Pérez recuerda que en la época de los ochenta y los noventa en Medellín, también había organizaciones sociales que se oponían y resistían a la matanza de jóvenes que cada semana había por cantidades. No es comparable a lo que ocurre hoy y, sin embargo, los análisis de cifras, como asegura, han quitado la necesaria humanidad para estos casos: “Los chicos víctimas ponen en evidencia el sistema educativo de la ciudad, donde hay escuelas que les han dado la espalda desde siempre. La apatía de los ciudadanos no es menor: con los jóvenes está encaminada, casi siempre, a que alguna relación mal habida tenían, que algo debían o cargan encima una condena quienes consumen; entonces preguntan si consumía el joven, para justificar su homicidio, como si consumir estuviera ligado con la pena de muerte”, expresa.
Casa de las Estrategias se ha ocupado, entre otras investigaciones de ciudad, de analizar comportamientos violentos y se preguntan desde el panorama narco por lo cultural y lo legal. Jaramillo advierte que la víctima promedio de homicidio en Latinoamérica no está siendo cuidada por la institucionalidad, porque se trata de jóvenes pobres. Con NoCopio quieren materializar que, si la Ley está de acuerdo con que nada justifica el homicidio, entonces no habría víctimas de primer y segundo grado: “A la chica de clase alta que asesinan, sí le prestan cuidado y ordenan desde el Ministerio de Defensa capturar al culpable. Pero, si matan a un joven en la comuna popular de Medellín, no pasa nada y sale muy barato. Solo la representación del hecho en los medios y ya está”, como opina.
Para Ramírez, de Instinto de Vida, la Administración no termina de atacar el problema de fondo. A veces cree que, como colectivos, parecen muy cansones o estrictos acerca de cómo manejar el tema del lenguaje y los términos apropiados, o sobre cómo hablar de los otros y cuál es la empatía. “Creemos, y siempre lo hemos dicho: la Administración está poniéndose a la par de quienes no debe. El Alcalde llega rodeado de diez camionetas y de gente armada, semejante al otro que está armado, que también anda en camioneta y que llega al barrio. Braveando e igualando al pillo. Así no es”.
Desaparecidos de un gobierno cerrado
El 26 de julio de 2017 fue el día más violento de ese año en Medellín: cinco personas fueron asesinadas. Con indignación, un grupo de jóvenes tiñó con anilina roja el agua de cuatro fuentes de la ciudad. Esta acción simbólica fue rechazada por la Alcaldía de Medellín: el Secretario de Seguridad y el Alcalde lo juzgaron como “un atentado contra la convivencia, contra los bienes públicos de la ciudad” y manifestaron que estaban buscando a los responsables para aplicar las sanciones correspondientes.
Muchos ciudadanos se sumaron a la protesta pacífica buscando hacerse responsables. Convirtieron en tendencia el hashtag #FuiYo en redes sociales. Los jóvenes, para aclarar que no se trataba de un delito, convocaron a cerca de 200 ciudadanos así como al Alcalde, al Comandante de la Policía del Área Metropolitana y al Secretario de Seguridad, aunque ninguno de estos tres asistió a la cita. Como habían sido juzgados por el gasto público que implicaba la reparación de las fuentes, recogieron a través de un crowfounding más de tres millones de pesos que cambiaron por monedas y que arrojaron a la fuente del Parque San Antonio, en el centro de la ciudad, pidiendo más de tres millones de deseos por la vida.
Para el segundo acto simbólico, este grupo se organizó y creó #NoMatarás, mismo nombre de una campaña contra el homicidio liderada en los años noventa por la Corporación Región. En esta oportunidad nació con apoyo de El derecho a no obedecer, una plataforma de la Corporación Fernando González – Otraparte, que soporta procesos cívicos como Ciudadanos por el aire o Tu bandera es mi bandera (relacionado con el tema de la migración).
Conmemoraron a los líderes y defensores de derechos humanos Pedro Valencia Giraldo, Héctor Abad Gómez, Luis Felipe Vélez y Leonardo Betancur a quienes, tras realizar la Marcha de los Claveles Rojos –un acto de resistencia ante la violencia sistemática contra todo aquel que se identificaba de izquierda– fueron asesinados (1987). #NoMatarás invitó a marchar con claveles por la defensa a la vida, treinta años después de este hecho, y movilizaron a más de mil personas en Cali, Villa de Leyva y Medellín.
En octubre del mismo año, mientras el expresidente Juan Manuel Santos entregó la bandera de Colombia a los jóvenes que representaron al país en el foro One Young World, Maira Duque, integrante de #NoMatarás, le entregó un poco de agua teñida con anilina roja y contó que el 49 % de las personas asesinadas cada año en Medellín, son jóvenes. Pedían acciones desde la Presidencia para proteger vidas.
En 2018, mientras Ernesto Macías, presidente del Senado, pronunciaba su discurso en el acto de posesión presidencial, #NoMatarás empapeló tres ciudades del país con carteles que exclamaban #Parelaguerra. La misiva se repitió en paredes antes contaminadas por los rostros de la propaganda política y lo hicieron en tres ciudades: Cali, Medellín y Bogotá. Estuvo dirigida, fundamentalmente, al recién electo Iván Duque, pero también a quienes a través del voto popular se paran en el podio y olvidan que el derecho a la vida es inviolable.
Meses antes, el 12 de julio de 2018, el colectivo advirtió el aumento de homicidios en Medellín respecto al año anterior –entonces un 30 % según el Sisc– y, con esto, se instalaron en una avenida principal en la ciudad con sus cuerpos arrojados en el asfalto imitando cadáveres. Cubiertos con sábanas blancas y con una etiqueta de morgue sujeta a los tobillos que rezaba, también, #Parelaguerra, pararon el tráfico por 342 segundos, el número de muertos a la fecha.
Maira Duque menciona al filósofo estadounidense Henry David Thoreau, célebre por su obra La desobediencia civil, y a otros referentes como Rosa Parks, Gandhi o Mandela, atribuyendo a cada uno el coraje de desobedecer en determinado momento, alterar el statu quo y hacer preguntas a las normas sobre las que se construyen las sociedades. Resquebrajar un poquito lo establecido y generar cambios sociales, mismo objetivo con el que opera #NoMatarás. Con este buscan promover diálogos y agitar movimientos en la vida pública desde la reflexión y la militancia, con capitanía en Medellín, aunque varias de sus iniciativas tengan réplica en Bogotá, Cali y Cúcuta.
La coordinadora de la iniciativa encuentra dos razones para el activismo. Una es la experiencia personal, ejemplo los grupos de mujeres víctimas de la violencia, homicidios o desaparición forzada, que empezaron a hacer presión y se juntaron para buscar a sus hijos. Y, la segunda, su caso, en el que a pesar de que no haber experimentado una situación semejante en carne propia, el peso recae en la indignación. “Más allá de la coyuntura, el peso está en los datos. La información pública para nosotros, como ciudadanos, es la herramienta más importante para hacer activismo”, asegura.“Si Eugenio Prieto, director del Área Metropolitana, no abre los datos de las estaciones de monitoreo para saber la calidad del aire en Medellín, no sabríamos que respiramos veneno. La información nos respalda para decir: no nos estamos inventando el problema”.
Sin embargo, con el caso de todos los desaparecidos, y a propósito de los tres jóvenes víctimas en San Javier –que representan un ejemplo común en la ciudad–, NoCopio y #NoMatarás buscaron cifras pero, en palabras de la activista, no existen. “Medicina Legal tiene la información pero de difícil acceso, inclusive para la misma Secretaría de Seguridad. Así, ni la sociedad civil ni los colectivos tienen una herramienta confiable para saber el número real de homicidios, que incluye muchas veces la cifra de desaparecidos”.
Además, cuando las bandas criminales tienen problemas con alguien en el barrio, lo desaparecen, y las familias, por miedo, no denuncian. “Las mamás de los tres chicos fueron valientes al decir que sus hijos estaban desaparecidos, pero la mayoría de las familias no lo hacen porque tienen miedo de las represalias. Tampoco existen estimaciones de cuántas familias están dejando de denunciar a sus desaparecidos en Medellín o en el país y el drama de no tener un cuerpo que enterrar, de no saber si está vivo o muerto, es peor. En el Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, muchas víctimas confiesan que preferían que llegara la guerrilla a los paramilitares, porque los primeros al menos dejaban el cuerpo para enterrarlo, los segundos se deshacían de ellos”, comenta.
“Podemos salir a protestar y a decir no naturalicemos el homicidio, pero sabemos que el asunto fuerte es entender cuáles son las causas y construir propuestas para el gobierno y la sociedad, que ayuden a sobreponerse a esas causas. La mayoría de jóvenes que son asesinados son de estratos bajos y viven en una zona periférica de la ciudad y, si tenemos esa información, sabemos cómo enfocar nuestras peticiones al gobierno y nuestras propuestas en la ciudad, pero cuando no la tenemos, el activismo es incompleto. Se queda en un acto simbólico, instintivo o intuitivo”, concluye.
La Alianza para el Gobierno Abierto viene trabajando, justamente, en impulsar estrategias para la apertura de datos. El primer paso siempre es la información abierta y el problema de que no lo sea, ha sido histórico. En Colombia participa el gobierno nacional y no el local, como explica Duque, lo que implica una lucha cotidiana de búsqueda de materia prima para cualquier proceso de activismo de largo aliento.
Es necesario apelar al cambio cultural a largo plazo: que las políticas públicas sean sostenibles. Medellín elige líderes cuya bandera política tienen que ver con la seguridad –con todo lo que eso implique– y a NoCopio, que suma muchas herramientas ciudadanas, que seguramente no llegan al 0,1 % de los recursos que tiene la Alcaldía para comunicarle a la ciudadanía –como expresa Jaramillo–, le queda complejo si además de crítica, veeduría y activismo, se oponen los montes de comunicación de la Administración. Un discurso de “véngase de a uno”, “vamos a hacer rendir a los criminales, que nos tengan miedo” y, luego, “hay ciudadanos ‘de bien’ matando a los ciudadanos ‘de mal’ –que nos indigna, como dice–, y esto, sin duda, hace que retroceda el trabajo de cambio, buscando ser tremendamente recursivos para generar un sonido semejante, pero contrario al del miedo y en favor de la vida”.
