Casi todas las semanas del 2020, la FARC ha enterrado exguerrilleros. 

No han dejado de hacerlo ni siquiera después de reunirse con el presidente Iván Duque, quien los recibió a principios de noviembre en la Casa de Nariño para hablar sobre su seguridad. Desde entonces van siete asesinatos más. El último fue Fernando Trochez Ulcue, a quien balearon el 5 de diciembre en Santander de Quilichao, Cauca. Con ellos, la cuenta llegó a 250 ex combatientes asesinados después de firmar un Acuerdo que prometía protegerlos. 

Después del encuentro con Duque, el Gobierno se comprometió a cuadrar una reunión entre los voceros de la peregrinación de exguerrilleros que caminaron hasta Bogotá, la ministra del Interior, Alicia Arango, y el director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campos. Sin embargo, hasta el cierre de esta historia esa reunión no ha ocurrido. 

“No podemos esperar que cada firmante tenga un escolta”, nos dijo Pastor Alape, miembro de la dirección de FARC y representante del partido ante el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR. “Esperamos no sólo hablar de esquemas con la Ministra. También de impulsar un pacto político contra la no estigmatización”, agregó. 

Ese pacto, que en teoría era para sacar las armas de la política y que debería incluir a todos los partidos, gremios y sociedad civil, entre otros sectores, está consignado en el Acuerdo de La Habana, pero el Gobierno Nacional no ha avanzado un centímetro en eso, aunque sí hay avances a nivel regional. 

Tampoco se ha dado ninguna de las siete reuniones territoriales del CNR para mirar regionalmente los casos de excombatientes asesinados y meterle el acelerador a la reincorporación. Lo que hay por ahora es un piloto para definir la metodología y los cronogramas de esos encuentros que se hará en Villavicencio antes del 20 de diciembre, según nos confirmó Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN. “Vamos a comenzar esas reuniones territoriales en enero”, nos dijo. 

Si se mantiene el ritmo de asesinatos de este año, para diciembre de 2024 el partido habrá enterrado a 1.600 de sus miembros. Eso sería el 12 % de los hombres y mujeres que hace cuatro años le apostaron a la vida civil. Son cifras de la Unidad de Investigación y Acusación, UIA, de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que publicó un detallado informe con algunos hallazgos sobre estas muertes y en el que colaboró la Fundación Conflict Responses, CORE, con información de contexto y datos cuantitativos.

Aunque el Gobierno de Iván Duque cree que los matan sobre todo sus excompañeros disidentes metidos en narcotráfico, el informe de la UIA deja claro que este negocio ilícito no siempre explica el problema, y que meter a todas las disidencias en la misma bolsa bajo el concepto de “Grupos Armados Organizados Residuales”, GAO-R, sin ver sus diferencias, tampoco ayuda a comprender ni resolver el problema. 

El narcotráfico parece ser una variable contextual importante, pero ni es necesaria ni suficiente. Además, señalar que los disidentes son los que más los matan no explica por qué ni sirve para diseñar una política robusta para enfrentar el problema. 

A quiénes matan y cómo

La mayoría de los asesinados eran hombres mestizos (82%), entre 25 y 44 años (71%) y que estudiaron hasta preescolar (66%). La gran mayoría no tenía un proyecto productivo para costearse la vida sin armas: apenas 17 tenían un proyecto individual y 11 estaban en uno colectivo, según cifras de la Agencia Nacional para la Reincorporación y Normalización, ARN.

A casi todos (96%) los mataron a bala por fuera de las antiguas zonas veredales en las que dejaron uno a uno los fusiles y viven menos de tres mil excombatientes. A más de la mitad los mataron en sitios públicos como tiendas, bares y plazas, y, sobre todo en zonas rurales. 

Otro factor clave es que 69 de 250 de los asesinados habían salido de la cárcel, amnistiados o indultados gracias al Acuerdo. Estos casos están dispersos, como se puede ver en el gráfico. 

Al 60% los mataron más de un año después de salir, pero falta entender con más detalle si el tiempo y las relaciones que hicieron en las cárceles –que son mundos con sus propias reglas informales– pueden tener que ver con estos homicidios. 

La violencia contra los exguerrilleros está muy focalizada. Según cifras de la ARN, viven en 565 municipios, pero los datos de UIA muestran que los han matado en 98 y que más de la mitad de los homicidios se concentran en apenas en 20. Más allá de los municipios más afectados, muchos casos se concentran en diferentes subregiones: norte del Cauca, Uribe-Yarí-Guayabero y el alto y medio Catatumbo.

Al mirar aún más en detalle dónde los matan, la explicación del narcotráfico se queda corta. 

No los matan necesariamente donde hay más coca o más rutas

La narrativa oficial no sólo del Gobierno Duque, sino también de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, UEI –la entidad encargada de investigar los asesinatos de exguerrilleros– es que el narcotráfico, o la supuesta participación de ellos en este negocio ilegal, explica estos homicidios.

“Es evidente que las graves afectaciones se producen en razón al control o la disputa sobre las rentas ilícitas (esencialmente narcotráfico y extorsión) en estos territorios”, dijo la UEI en mayo de 2020. En la audiencia que convocó la JEP a finales de noviembre para evaluar las medidas de protección a los exguerrilleros, tanto el Gobierno, en cabeza del Alto Comisionado Miguel Ceballos, como la Fiscalía, en cabeza de la vicefiscal Martha Mancera, reforzaron ese argumento.

Pero la evidencia muestra que el narcotráfico o el deseo de controlarlo por sí solo no explica todo el fenómeno. Por ejemplo, la UIA encontró que en más de la mitad (63%) de los municipios con áreas sembradas de coca no han matado exguerrilleros. 

Al mismo tiempo, el narcotráfico no parece ser un factor necesario pues el 30% de municipios con asesinatos no tenían coca en el momento del homicidio. Sin embargo, el hecho de que en el 70% restante hubiera coca cuando los mataron indicaría que es una variable contextual importante, pero no es la única. 

Entonces, decir que el narcotráfico es la única razón por la cual los matan es demasiado simplista, igual que el argumento de que sus excompañeros disidentes son los responsables. 

El rollo con las disidencias

Las investigaciones penales de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía indican que a mayo de 2020 las disidencias serían responsables de casi la mitad de los homicidios (49%). Después el Clan del Golfo o las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (15.6%), el ELN (11.7%), los Pelusos o disidencias del EPL (10.7%) y otros grupos de delincuencia común (13%). 

El problema de ese mapa de responsables es que, cuando hace alusión a las disidencias, las caracteriza como una sola organización criminal, sin distinciones de mando, control territorial o tipo de relacionamiento con la población civil, entre otras variables claves.

En la Fundación CORE hemos identificado 29 grupos disidentes de las FARC en 2020, que podrían agruparse a grandes rasgos en disidencias coordinadas por Gentil Duarte, disidencias agrupadas en la Segunda Marquetalia (el grupo de Iván Márquez y Jesús Santrich), y disidencias autónomas. Además, los detalles de la relación entre los grupos vinculados con Gentil Duarte –en qué se coordinan y en qué no – no están claros. 

Por eso, saber en concreto qué grupos disidentes tienen mayor responsabilidad en las muertes en vez de meterlos a todos en la bolsa de “disidencias”, ayudaría a focalizar mejor las estrategias para prevenir futuros asesinatos. 

Limitarse al argumento de que las disidencias son las culpables indica poco de qué hacer en términos de construir una mejor política pública frente al problema. Si algo, significa que es necesario vincular cualquier estrategia para proteger a los exguerrilleros a la política de seguridad nacional. Lo difícil es que no está claro cuál es la política de seguridad del Gobierno Duque (más allá de las Zonas Futuro que sólo cubren un poco más de 1.000 veredas en cinco zonas del país), que además no parece estar funcionando a raíz del empeoramiento de varios indicadores relacionados con el conflicto, incluyendo 79 masacres sólo en 2020. 

En esa lógica de mirar hacia atrás para entender cómo evitar que los maten, el informe de la UIA muestra algunos hallazgos.

Los matan por liderazgo, tierras y disputas

De los 250 asesinados, el 21% lideraba proyectos políticos, económicos o comunitarios ligados a la implementación del Acuerdo. Esa es la principal hipótesis que explicaría por qué los mataron.  

La mayoría de ellos fueron asesinados en el noroccidente de Antioquia, en el sur de Córdoba, en el norte de Caquetá y en la zona Yarí-Ariari, también en Caquetá. Justo en esta última mataron a Albeiro Suarez, quien lideraba la nueva área de reincorporación de La Pista, en Uribe, Meta y soñaba con liderar proyectos turísticos en una zona que ahora es epicentro de operaciones de la disidencia de Gentil Duarte. 

En estas tres subregiones han matado a 25 exguerrilleros líderes, quienes no necesariamente tuvieron altos rangos en la guerra, sino que en la vida civil asumieron liderazgos. 

Otro hallazgo es que varios asesinatos están asociados a la prevalencia y disputa entre grupos disidentes ubicados en las zonas de retaguardia histórica del Bloque Oriental, el Sur y el Occidental. 

En concreto, las disputas por tres de estas zonas –Norte del Caquetá/zona Yarí-Ariari, Nariño y el triángulo entre la Bota Caucana, el sur del Caquetá y el medio y bajo Putumayo- explicarían los homicidios de los excombatientes ahí. 

En estas zonas de retaguardia han matado a 91. La mayoría eran jóvenes entre 18 y 34 años con fuerte arraigo en la zona. Es decir, nacieron y vivieron en los municipios en los que los mataron, aunque falta establecer si ahí estuvieron durante la guerra. 

Son también regiones claves para las disidencias en las que las sospechas de colaboración de exguerrilleros a la Fuerza Pública o a un grupo armado rival equivalen a la muerte. También hay una oposición armada a la implementación del Acuerdo y una evidente necesidad de reclutar gente con destrezas y entrenamiento militar previo.

Una última hipótesis muy poco explorada tiene que ver con las tierras del antiguo Bloque Oriental, porque las disidencias las quieren ocupar y evitar que los exguerrilleros den información sobre ellas o sobre otras ya ocupadas.

Meta es una de los departamentos en los que más tierras entregaron las FARC según el inventario que le dieron a la Fiscalía en 2017 con sus bienes. En el límite entre Meta con Caquetá y Guaviare, las disidencias coordinadas por Duarte tienen un enclave de tierras y están aprovechando la absoluta incertidumbre jurídica sobre los predios para abrir trochas clandestinas que amplían sus corredores estratégicos y permitir la siembra de coca y la deforestación –a menudo vinculada a la ganadería– negocios con los que ganan plata y poder político. También cobran un impuesto sobre la compra-venta de tierras. 

“Gentil Duarte figura como uno de los antiguos comandantes de la extinta guerrilla con más tierras bajo su posesión en algunos municipios donde también han asesinado excombatientes”, dice el informe de la UIA. 

Por ejemplo, en San José del Guaviare, la Fiscalía tiene el registro de una finca de unas 50 hectáreas y más de 500 cabezas de ganado ubicada en caño Angoleta aprovechando las rentas ilegales del Frente Primero que comanda Iván Mordisco; en La Catalina, un caserío de La Macarena, Duarte tiene varias fincas sobre el río Guayabero y la vía que va hacia Puerto Cachicamo, todas a nombre de distintos testaferros; y también en Vistahermosa, Meta, figuran fincas bajo el dominio del Frente 7, que son “propiedad” de Duarte. 

El asesinato de exguerrilleros es un tema bastante complejo con múltiples causas y factores, incluyendo economías ilegales, conflictos sobre tierras, disputas entre grupos armados ilegales y venganzas. Así que mientras el Gobierno siga viendo el narcotráfico como la única causa de este flagelo (y de todos los problemas de seguridad en el país), los entierros de exguerrilleros seguirán siendo parte del paisaje. 

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