Macías, la JEP y el tiempo perdido

El debate de las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP regresó a su punto de partida. A pesar de que pasaron 43 días desde que la Corte Constitucional avaló que éstas debían ser estudiadas por el Congreso, el Senado no votó y la Corte tendrá la última palabra. Todo por cuenta de las movidas del uribismo encabezadas por el presidente del Senado, Ernesto Macías. Recuento de una dilación fallida.

por

Carol Sánchez


02.05.2019

Ilustración: Juan Andrés Barreto

Impresoras que modifican leyes, tutelas para invalidar decisiones, votaciones que se aplazan: Ernesto Macías, presidente del Congreso, dilató la decisión sobre las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP todo lo que pudo. Aunque su intención –al parecer– era comprar tiempo, la dilación le jugó en contra al Centro Democrático. Ni siquiera lograron aprobar la objeción a la que le hicieron más fuerza: la que evitaba que la entrega de verdad fuera condición suficiente para impedir la extradición de ‘otros’ comparecientes a la JEP, es decir, la de los terceros civiles que se acogieron a la Jurisdicción.

Ahora, dado que en Senado no se lograron mayorías ni para aprobar ni para rechazar las objeciones, y que en Cámara fueron negadas, la Ley volverá a la Corte Constitucional. Con esta decisión, el uribismo pierde por partida doble: no logró salvar las objeciones en ninguna cámara del Congreso ni congraciarse con el gobierno gringo que estaba a favor de ellas, sobre todo con las dos que tenían que ver con la extradición. Además, podría tener una tercera derrota: el alto tribunal deberá definir si el procedimiento de votación en el Congreso no tuvo vicios. Vale recordar que la Corte ya había aprobado la Ley antes de las objeciones y es poco probable que vaya en contra de su propio concepto para aceptar los reparos del presidente Iván Duque.

En este rosario de derrotas el gran perdedor es Macías, cuyas movidas dilatorias quedaron en evidencia durante todo el proceso. “El Centro Democrático abusó de la presidencia del Senado para incidir en la aprobación de las objeciones”, dice Juanita Goebertus, representante a la Cámara por la Alianza Verde. Por su parte, el abogado Rodrigo Uprimny, cofundador de Dejusticia, afirma que “Macías dilató el debate de las objeciones en el Senado con argumentos jurídicos que no tenían ningún fundamento. Fue una estrategia desleal y muy desafortunada”. 

Hoy, sin embargo, Macías se quedó sin opciones y demostró que no pudo ayudarle al presidente a lograr mayorías en el Congreso y que su gobernabilidad es muy limitada.

Macías dilató el debate de las objeciones en el Senado con argumentos jurídicos que no tenían ningún fundamento.

Este es un recuento del largo camino que ha transitado la ley estatutaria de la JEP que arrancó desde el mismo día que Macías recibió el texto final en diciembre del año pasado:

19 de diciembre de 2018:

Ernesto Macías recibió el texto final de la Ley Estatutaria de la JEP revisado y aprobado por la Corte Constitucional. Su tarea era firmarla y enviarla al presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, para que hiciera lo mismo. Luego, el proyecto pasaría a sanción del presidente Iván Duque.

31 de enero:

10 días después de regresar de vacaciones, Ernesto Macías firmó el texto final y lo envió a la Cámara de Representantes para la firma de Chacón.

7 de febrero:

Tras revisar y contrastar el texto recibido con su equipo jurídico, Chacón denunció que se encontraron omisiones “las cuales, si bien consideramos que pudieron ser parte de equivocaciones entendibles en el proceso de transcripción, no deben dejarse de incluir por su connotada relevancia jurídica”. Entre los apartes omitidos está, por ejemplo, la frase “proteger los derechos de las víctimas; contribuir al logro de una paz estable y duradera; y adoptar decisiones que otorguen seguridad jurídica”.

Ese mismo día, Macías dijo que la frase fue omitida por culpa de un error de impresión: “En algunos casos la impresora se desconfigura y no imprime el último renglón”, afirmó.

8 de febrero:

Casi dos meses después de que la Corte declarara exequible la Estatutaria, la Ley fue enviada a sanción presidencial. Por ley, el Presidente tenía un mes para firmar la norma u objetarla. Desde ese momento se rumoraba que Duque estaría pensando en objetar la norma.

10 de marzo:

Un día antes de que venciera el plazo para objetar, Duque anunció por televisión las seis objeciones a la Estatutaria de la JEP.

13 de marzo:

El presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, envió una carta a la Corte Constitucional para que le aclarara si el Congreso podía o no votar las objeciones dado que la Corte ya había declarado exequible los seis artículos que objetó Duque.

18 de marzo:

Chacón nombró una subcomisión accidental para estudiar las objeciones con un miembro por partido con representación en la Cámara. De los siete miembros elegidos solo dos representan a partidos que apoyan las objeciones del uribismo.

20 de marzo:

El presidente de Senado, Ernesto Macías, nombró la subcomisión de Senado que estudiaría las objeciones. Al menos seis de sus nueve miembros apoyaban las objeciones, una decisión que le dio contrapeso a la subcomisión que eligió Chacón en la Cámara.

Ese mismo día, la Corte Constitucional le respondió a Chacón afirmando que las objeciones debían ser estudiadas primero por el Congreso antes de pasar nuevamente a revisión de constitucionalidad. Además, fijó como plazo el 20 de junio para aprobar o negar las objeciones.

1 de abril:

El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, invitó a su casa a los senadores de la comisión accidental que estudiarían las objeciones a la Ley Estatutaria. En un desayuno a las 7:00 a.m., José David Name (Partido de la U), Iván Marulanda (Alianza Verde), Paloma Valencia (Centro Democrático), John Milton Rodríguez (Colombia Justa-Libres), Antonio Zabaraín (Cambio Radical) y David Barguil (Partido Conservador) discutieron con Whitaker las objeciones a la Ley Estatutaria.

En la reunión, Marulanda era el único que rechazaba las modificaciones a la Ley, mientras que los demás apoyaban las posturas del embajador, quien sostenía que, si la extradición estaba en riesgo, también lo estaban los aportes de Estados Unidos a Colombia.

2 de abril:

Kevin Whitaker convocó a otro desayuno. Esta vez, con seis miembros de la comisión accidental de la Cámara: Juanita Goebertus (Alianza Verde), John Jairo Cárdenas (la U), David Racero (Decentes), Carlos Ardila (Partido Liberal), José Daniel López (Cambio Radical) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático).

Esta vez, la mayoría eran ‘Propaz’ y no estaban de acuerdo en modificar la Estatutaria. Sin embargo, Álvaro Hernán Prada, el único de acuerdo con la modificación, afirmó que el Embajador había sido “solidario” con las objeciones.

Ambos desayunos demostraron el interés de Estados Unidos en que las objeciones, al menos las referentes a la extradición, fueran aprobadas. De nuevo, Whitaker hizo referencia a que la ayuda económica de su país podría reducirse si la Estatutaria seguía igual. Un representante a la Cámara afirmó que el embajador usó la frase ‘love is money’ (el cariño es dinero) cuando hablabla de este tema.

Ese mismo día, la subcomisión de la Cámara publicó el informe en el que pidió hundir las objeciones a la ley Estatutaria.

8 de abril:

El debate de las objeciones arrancó en la Cámara y terminó en menos de 5 horas con el rechazo a las seis objeciones. Antes de que arrancara la plenaria, el presidente del Senado, Ernesto Macías había declarado en medios que si la Cámara votaba estaría incurriendo en un vicio de procedimiento porque, según él, el Senado tenía que votar primero. Este fue el mismo argumento que usó después en la tutela que radicó ante el Consejo Superior de la Judicatura. Para Juan Carlos Ospina, abogado y experto en la Justicia Especial para la Paz de la Comisión Colombiana de Juristas, Macías se estaba excusando en la minucia del procedimiento para convertir una discusión jurídica en una mediática.

En todo caso, la pretensión del gobierno fue derrotada en Cámara 110 votos a 44.

9 de abril:

Los senadores Iván Marulanda y Alberto Castilla presentaron el informe de ponencia que rechazaba las objeciones a la JEP. Los senadores del Centro Democrático encargados del informe positivo no lo hicieron. Según dijeron, estaban buscando un acuerdo con otros partidos para aprobar, al menos, la objeción que buscaba evitar que la entrega de verdad fuera condición suficiente para evitar la extradición de ‘otros’ comparecientes a la JEP.

17 de abril:

Después de revelar detalles de la reunión con el embajador Whitaker, al representante a la Cámara Jhon Jairo Cárdenas le fue revocada su visa de turismo a Estados Unidos. Para Cárdenas, el hecho hizo parte de una estrategia de intimidación contra los senadores que tendrían que votar las objeciones.

24 de abril:

Después de 15 días de presentado el informe de Marulanda y Castilla, la bancada alternativa anunció que haría uso, por primera vez en la historia, del Estatuto de Oposición que les permite fijar el orden del día en tres plenarias cada legislatura. El objetivo era instaurar la votación de las objeciones como el único punto del orden del día para que el Senado votara por fin las objeciones.

Sin embargo, Macías logró que no se diera el debate. Argumentó que no era posible dar la discusión hasta que no se publicaran los informes de ponencia. Parecía una nueva movida de dilación, pues el informe de la oposición estaba listo desde el 9 de abril y fue responsabilidad de la presidencia del Senado no publicarlo. Fijó, entonces, que la votación de las objeciones se daría el lunes 29 de abril. Para Goebertus, esta fue una violación abierta al Estatuto de Oposición.

Ese mismo día, Macías instauró una tutela contra la Cámara que buscaba invalidar el rechazo a las objeciones. De nuevo, era la primera vez que algo así sucedía. Para Uprimny, la tutela carecía de “todo fundamento” jurídico porque ignoró dos puntos clave: 1) la Ley fue aprobada a través del fast track, lo que significa que su discusión tiene prelación sobre cualquier otro punto y que las dos Cámaras pueden actuar simultáneamente 2) que la Ley 5 (el reglamento del Congreso) sí establece que el presidente debe remitir las objeciones a la cámara de origen, pero no que esta debe ser la primera en votarla.

Ahora, asumiendo que el senador tenía razón y que existió una irregularidad, para Uprimny, en todo caso, habría un error: la tutela no es el mecanismo procedente para denunciar un vicio de procedimiento, pues esta existe para amparar derechos fundamentales y Macías nunca especificó a qué persona natural o jurídica se le estaban vulnerando. Por eso, nuevamente, la movida fue vista como otra dilación de Macías.

29 de abril:

La sesión que debía iniciar la votación en Senado tardó más de siete horas discutiendo los impedimentos y recusaciones de los senadores. La tensión la inició, nuevamente, el presidente del Senado cuando quiso impedir la participación en el debate de Iván Cepeda por medio de una recusación. Macías aseguró que el senador del Polo Democrático estaba impedido porque su esposa, Pilar Rueda Jiménez, es asesora del despacho de la Unidad de Investigación de la JEP. Para la bancada alternativa, tal impedimento no existía porque las objeciones nada tienen que ver con el puesto de Rueda. La decisión de Macías desencadenó una feria de recusaciones. Alegatos de impedimentos iban y venían, pero ni se mencionaron las objeciones.»¿Por qué no dejan votar? Tienen miedo de perder la votación aquí y están dilatando para dividir a los partidos que votaron en contra» dijo Jorge Enrique Robledo, senador del Polo.

Pasadas las 7 de la noche, la conservadora Myriam Paredes pidió suspender la plenaria hasta que la Comisión de Ética del Senado resolviera las recusaciones que se habían hecho, pues solo así se sabría quiénes estaban impedidos para participar en el debate. La propuesta fue aprobada pasadas las 7:00 p.m y se citó a la plenaria para el día siguiente.

30 de abril:

La Comisión de Ética del Senado negó las siete recusaciones. Esto dio vía libre para iniciar –por segunda vez– el debate. Se votaron más impedimentos y se apelaron otros del día anterior. Tras siete horas de debate, Macías pidió que las objeciones fueran votadas punto a punto y no en bloque como estaba previsto. Su propuesta fue rechazada por la mayoría de los senadores que exigieron la votación de las ponencias.

Aunque días antes, las cuentas apuntaban a que el informe que buscaba hundir las objeciones sería aprobado por la mayoría, justo en el momento de la votación seis senadores de partidos que habían declarado su apoyo a esta ponencia abandonaron el recinto y no votaron. Entre ellos, Ana María Castañeda, de Cambio Radical, y Maritza Martínez, de La U, quienes habían afirmado que rechazarían las objeciones. Tras la votación, la oposición logró 47 votos. Según el presidente del Senado, se necesitaban 48. Según la bancada ‘Propaz’, se necesitan 47.

Nuevamente, la votación sobre las objeciones fue aplazada.

1 de mayo:

El debate para votar por tercera vez consecutiva las objeciones debía empezar a las 10:00 de la mañana pero empezó casi a la una de la tarde. Además, el presidente del Senado no anunció en el orden del día el debate de las objeciones. Según él, «un error involuntario».

Menos de dos horas después de iniciada la plenaria, Macías decretó un receso para que los representantes de los partidos pudieran reunirse. La idea era lograr el Acuerdo que el uribismo tanto había promovido. A las 5:00 de la tarde se anunció que no había consenso y, nuevamente, se aplazó el debate.

2 de mayo:

Como la tercera no fue la vencida, hubo un cuarto intento. Luego del medio día Macías abrió nuevamente la votación de las ponencias. Sin embargo, las bancadas de los partidos Conservador, Liberal, de La U y Cambio Radical se salieron del recinto y rompieron el quórum. Según anunciaron, pretendían evitar que el uribismo siguiera dilatando el debate. La única votación de Senado que cuenta es la que, según la bancada ‘Propaz’, hundió objeciones con 47 votos. La disputa es sobre si los 47 votos alcanzan para configurar la mayoría absoluta o no. La decisión está en manos de la Corte y es poco probable que le dé la razón al Gobierno.

 

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