Lo que estuvo (y está) en juego con la tele pública

El 5 de junio se cayó en el Congreso un proyecto de ley que para muchos ponía en peligro a la televisión pública en Colombia, pero la conversación sobre la suerte de los 11 canales públicos del país sigue abierta.

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cerosetenta

05.06.2018

Hoy a mediodía Juanita Rodríguez, ministra encargada de tecnologías de la información y comunicaciones decidió retirar de la discusión en el Congreso el proyecto de ley 174 que promovía la creación de un regulador convergente: una única autoridad en las telecomunicaciones que se encargaría de regular la radio, la televisión, internet, las redes, entre otros.  El MINTIC retiró el proyecto justo mientras se discutía de manera exprés en el Congreso, sin haber pasado antes por comisiones ni por plenaria.

Fue, finalmente, una decisión impulsada por el inconformismo, las quejas y las manifestaciones que principalmente en redes sociales señalaban las inconveniencias y los daños que el proyecto le causaría, especialmente, a la televisión pública colombiana y a los contenidos culturales  y locales y a los espacios democráticos de la comunicación. #RetirarLey174Ya, #laTVPúblicaSeDefiende y #PL174AcabaLaTVPública, fueron algunos de los hashtags que utilizaron los canales de televisión pública, los generadores de contenidos, organizaciones sociales, fundaciones como la Flip y Karisma, activistas, actores.

"Los reparos fueron muchos. Uno de ellos fue el afán injustificado para que el proyecto fuera aprobado durante este gobierno."

Aunque el proyecto fue radicado el año pasado, el Presidente Juan Manuel Santos solicitó al Congreso tramitar con urgencia el proyecto el 11 de abril. Desde ese momento empezó una carrera contrarreloj en la que, por un lado, los promotores del proyecto buscaban su aprobación antes de que finalizara el término legislativo de este gobierno y como respuesta a la entrada de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y por otro lado, los canales de televisión pública regional y nacional (junto con distintas figuras que les brindaron su apoyo) se oponían a este proyecto porque las modificaciones planteadas impactarían los recursos financieros a través de los cuales se sostiene la televisión pública.

Los reparos fueron muchos. Uno de ellos fue el afán injustificado para que el proyecto fuera aprobado durante este gobierno. El mensaje de urgencia por parte del presidente supuestamente se justificaba en que la regulación uniforme para todas la plataformas de telecomunicaciones era uno de los requerimientos para el ingreso a la OCDE. Pero Colombia desde el 25 de mayo ingresó a la OCDE sin que el proyecto hubiera pasado ni siquiera por un primer debate en el Congreso de la República. Y no sólo eso, el Proyecto de Ley que retiró hoy el MINTIC ni siquiera estaba acorde con los estándares propuestos por el organismo internacional.

En 2014, en un Estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en Colombia, la OCDE recomendó la creación de un regulador convergente independiente del Gobierno: de acuerdo con la OCDE, ni el MINTIC ni otros departamentos gubernamentales deben tener participación directa en la comisión de regulación de las comunicaciones, y la financiación de dicha comisión también debe ser independiente del gobierno, especialmente del MINTIC. Pero estas fueron consideraciones que no se tuvieron en cuenta en el Proyecto de Ley y que lo hicieron incompatible con dicha recomendaciones: el Proyecto de Ley 174 sí proponía la injerencia de Estado y le otorgaba facultades de vigilancia y control, además de la administración de los fondos al MINTIC.

"Que el MINTIC finalmente haya decidido retirar el Proyecto del Congreso, no quiere decir que la discusión se acaba. Todo lo contrario: #ConvergenciaSíPeroNoAsí."

El aspecto financiero del proyecto fue quizás el más controversial. Hoy en día, la televisión pública se financia en un 90 % de los recursos del Fondo de Desarrollo de la Televisión Pública (Fontv). El proyecto proponía unir el Fontv y los recursos para el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en un solo fondo operado por el Ministerio de la Información y las Comunicaciones. De entrada, la administración estatal de los recursos era problemática porque podía abrir la puerta para la injerencia del gobierno en los contenidos. En el nuevo fondo, además, se reducía el aporte de los operadores móviles y las empresas de televisión cerrada al 1,96 % de sus ingresos brutos. El ajuste iba a reducir en más de 60 % la contribución de estos operadores al funcionamiento de la televisión pública. La desfinanciación, según los críticos del proyecto, iba a comprometer la producción de televisión pública de calidad.

Que el MINTIC finalmente haya decidido retirar el Proyecto del Congreso, no quiere decir que la discusión se acaba. Todo lo contrario: #ConvergenciaSíPeroNoAsí. La radiodifusión y las telecomunicaciones por mucho tiempo fueron mercados claramente separados de acuerdo a sus diferencias tecnológicas y sus distintos marcos regulatorios. Pero los avances tecnológicos han reducido esta diferencia y generado cambios importantes en las plataformas y formas de consumo. De ahí viene la convergencia y la necesidad de nuevos marcos regulatorios acordes a una era digital, a las lógicas económicas, a los interés públicos y a las recomendaciones de organismos como la OCDE.

El Proyecto de Ley 174 no era el primero que hablaba de convergencia  y no será el último. Se necesita una nueva propuesta, pero que a diferencia de ésta promueva un debate público, amplio e inclusivo. De acuerdo con Amalia Toledo, coordinadora de proyectos de la Fundación Karisma,  “aunque el MINTIC diga que hubo mesas de trabajo, no hubo debate parlamentario ni un debate los suficientemente inclusivo como el que debe haber en un tema que va a regular la vida democrática del país”, explica. Se necesita que un próximo proyecto de ley promueva la independencia de la regulación y de la financiación de las telecomunicaciones del poder ejecutivo, que garantice el sostenimiento y la producción de contenido independiente y de calidad de la televisión pública, que esté acorde con las recomendaciones de la OCDE y que en el proceso permita la participación de la sociedad civil, de los productores de contenido público y no sólo del gobierno y los privados.

 

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