Las ‘malas cuentas’ de la Fiscalía sobre líderes asesinados

Al menos 29 líderes sociales fueron asesinados en el primer mes del año. Para la Fiscalía, sin embargo, solo hubo un homicidio. Mientras la institución que debería protegerlos no se pone de acuerdo en quiénes son, ni a cuantos han matado, la lista de líderes asesinados crece mes a mes.

Carol Sánchez

09.02.2020

El 13 de enero fue noticia el asesinato de César Tulio Sandoval Chía en Catatumbo. Tres días antes, hombres armados habían llegado a su casa en Tibú, Norte de Santander, y lo obligaron a salir. Luego, delante de su familia, le dispararon varias veces. 

Era líder campesino, no solo porque así se reconocía, sino porque así lo reconocía la comunidad. Hacía parte de la Asociación de Campesinos del Catatumbo (Ascamcat); la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca (Coccam) y de Marcha Patriótica. Sobre él, la Ascamcat destacó “su gran liderazgo y plena disposición en la defensa integral de los derechos humanos”. Y sin embargo.

El 20 de enero Fabio Espitia, ex fiscal encargado, dijo: “Solamente se ha presentado, en este año, un caso que la ONU refleja y representa como asesinato de un líder social; que es el caso de la señora Gloria Ocampo”. Tulio y los otros casi 20 líderes víctimas de homicidio que hasta ese momento diversas organizaciones denunciaban no pasaron el ‘liderómetro’ de la institucionalidad.

La diferencia entre líder y defensor es que el primero no necesariamente busca reivindicar derechos frente al Estado sino movilizar a su comunidad en pro de un objetivo común.

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Fueron 29. Según el seguimiento del centro de estudios Indepaz, el número de líderes sociales asesinados en enero casi igualó al número de días del mes. Mientras tanto, la Fiscalía ni ha rectificado ni ha actualizado su cifra.

No se trata solamente de contar muertos. Se trata de que la minimización del problema es un riesgo en sí mismo. “La Fiscalía le está diciendo a los grupos al margen de la ley: ‘maten a cualquier ciudadano con tal de que no sea líder’, y ese no puede ser el mensaje”, afirma la lideresa ambiental Isabel Zuleta.

El error, explica Valentina Rozo –investigadora de DeJusticia con amplía experiencia en el tema de líderes sociales– es que a la Fiscalía se le olvidó mencionar cuántos casos están en investigación y habló solo de los que habían sido verificados hasta el momento. Es decir, Espitia confundió “casos confirmados” con “casos presentados”, por lo que decir que solo hubo un asesinato, para Rozo, fue irresponsable.

El exfiscal encargado, además, afirmó que la información provenía de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Sin embargo, Cerosetenta logró conocer de primera mano que hasta este momento la ONU no ha entregado a la Fiscalía ningún informe consolidado sobre asesinatos a defensores de DD.HH. en el 2020. Lo que significa que Espitia entregó datos que no hacen parte de ningún reporte oficial.

Ahora bien, hay una diferencia conceptual que en los territorios se torna difusa. La ONU hace el seguimiento a los asesinatos de ‘defensores de Derechos Humanos’ –es decir de las personas que se encargan de promover y proteger los derechos– más no del universo de líderes sociales.

“Muchas veces yo personalmente he hablado con Alberto Brunori (representante del Alto Comisionado) y él tajantemente ha dicho que la ONU no define quién es líder social. El Estado ha tergiversado esa labor de apoyo en la protección de los defensores de DD.HH. para decir quién es líder y quién no”, cuenta Zuleta. 

En Colombia las organizaciones empezaron a referirse de esta forma a las personas que lideran procesos y actividades en pro de sus comunidades. Para Zuleta, una de las diferencias entre líder y defensor es que el primero no necesariamente busca reivindicar derechos frente al Estado sino movilizar a su comunidad en pro de un objetivo común.

Esto se traduce en que las comunidades son las más indicadas para señalar quienes las lideran. “La Fiscalía no puede decirnos quiénes son nuestros líderes y quiénes no, eso le corresponde a cada organización. Si lo hace está yendo en contra de la comunidad y está sobrepasando principios básicos de la democracia como la libertad de asociación, la libertad de reunión y la libertad de expresión”, afirma Zuleta.

Camilo González, presidente de Indepaz, explica que para este centro de estudios, “basta con que la comunidad diga que esa persona era líder para que entre en los registros”. En este sentido, Espitia no solo dio datos no reafirmados por la ONU, sino que además equiparó los términos de ‘defensor’ y ‘líder’. Lo que podría significar que la Fiscalía ha venido actuando sin escuchar a las comunidades ni entender sus propias formas organizativas.

“Para nosotros el mensaje es claro”, dice Zuleta, “si la Fiscalía está discutiendo quiénes somos, cuántos somos y dónde estamos es porque no quiere protegernos a los líderes ni a la la labor que realizamos”. El riesgo también viene de la institucionalidad.

Mientras la ONU registra 107 defensores asesinados en 2019, la Defensoría del Pueblo habla de 118 líderes solo entre enero y octubre.

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Si la cifra de líderes sociales asesinados aumenta, la presión internacional para que el gobierno colombiano ofrezca medidas de protección también. Por eso, la elección sobre qué cifras presentar como las oficiales no es menor. Por la diferencia en los conceptos, la lista de la ONU es siempre la que muestra un menor número de asesinatos. Y esa es la que, desde la presidencia de Juan Manuel Santos, el gobierno y la Fiscalía han decidido presentar.

“El anterior gobierno consideró que las cifras de la Defensoría del Pueblo eran muy altas y le pareció menos costoso políticamente utilizar las de la Oficina del Alto Comisionado. A pesar de que hubo reclamos pidiendo que se utilizara la cifra oficial esta no fue reconocida. Se trató de una decisión política”, afirma González de Indepaz.

Mientras la ONU registra 107 defensores asesinados en 2019, la Defensoría del Pueblo habla de 118 líderes solo entre enero y octubre de ese mismo año. Que desde la institucionalidad se rechacen las cifras de otro aparato estatal es, como menos, problemático. 

Hay que tener en cuenta, por otro lado, que la Defensoría no solo presenta cifras, sino también caracterizaciones y análisis de las regiones en donde se están presentando amenazas, desplazamientos u otras formas de agresión. Para González, el trabajo de la Defensoría ha sido desperdiciado por el gobierno durante todo este período, lo que, además, “ha debilitado la capacidad de respuesta desde el Estado y puede poner más en riesgo a los líderes”, afirma.

Lo paradójico es que la relación entre el gobierno y la ONU tampoco ha sido fácil. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos empezó a prestarle asesoría técnica a Colombia en temas de asesinato a defensores desde el 2015. Antes de eso, “ni siquiera los mismos fiscales podían interpretar qué es un defensor de DD.HH. Con el apoyo de la ONU por primera vez en la historia la Fiscalía empezó a mostrar resultados, y no porque tuvieran la intención política sino porque la ONU empezó a aproximarse al tema con calidad técnica y no solo desde una perspectiva criminal”, afirma una fuente que lleva más de quince años trabajando en el sector humanitario pero que prefiere no revelar su nombre.

Sin embargo, en diciembre de 2019, y por primera vez en la historia, el mandato de la ONU en Colombia estuvo a punto de caducar porque las negociaciones entre el organismo internacional y el gobierno de Iván Duque estuvieron bloqueadas durante meses. Como reveló la Revista Semana, se buscaba “restringir y acotar el mandato” de la Oficina del Alto Comisionado en el país. Esto tendría que ver con el seguimiento que la ONU ha venido haciendo, además, a la implementación de los Acuerdos de Paz.

Durante los meses de discusión la incertidumbre sobre si el mandato se renovaba o no estuvo presente. Además, los términos en los que el gobierno de Duque aceptó la prolongación de la misión aún no son públicos.

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No fue solo a Tulio Sandoval. La negación de la condición de líder ha aplicado a decenas. 

Le paso a Virginia Silva, quien a sus 71 años seguía siendo sabedora del Resguardo Indígena Belalcazar-Páez en Cauca. 

A Mireya Hernández, extesorera de la Junta de Acción Comunal de Algeciras, Huila, a quien asesinaron en plena calle cuando iba camino a su casa. 

Al promotor de sustitución de cultivos de uso ilícito Óscar Quintero, quien estaba encerrando al ganado en su finca cuando desconocidos lo llamaron por su nombre antes de asesinarlo.

Todos recibieron impactos de bala y a todos los mataron delante de sus familias. En el asesinato de líderes la exposición ha sido la regla. Y aún así no es suficiente para que el reconocimiento llegue.

Individualizar y nombrar a estos líderes y sus historias sirve para esclarecer qué tejido social y qué luchas se están afectando, asegura Rozo. Identificar el proceso social que se rompe cuando un líder es asesinado puede ser el primer paso para reconstruirlo, de allí que el debate, aunque parezca de números, vaya mucho más allá.

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