A las 9:05 de la mañana del domingo primero de agosto seis chivas repletas salieron del parque principal de Ituango con cerca de 400 campesinos. Fueron los primeros que decidieron regresar a sus veredas diez días después del mayor desplazamiento en la historia reciente de Antioquia. En el pueblo se escuchó una tímida ovación. 

Si el desplazamiento lo propició una disidencia del frente 18 de las Farc con mensajes intimidatorios a los presidentes de las juntas de acción comunal, el regreso se concretó en una especie de “golpe de estado”, cuando las comunidades se rebelaron ante sus líderes —que se oponían al retorno por considerar que no había garantías—  y decidieron volver a sus fincas.

 “Tiene que quedar claro que no fue una decisión de los líderes o presidentes de junta. Las comunidades presionaron para volver porque estaban cansadas y sabían que, aunque hubiera promesas y acompañamiento militar, nunca habrá garantías totales y la incertidumbre de perderlo todo aquí lejos también era mucha”, dijo uno de los líderes, mientras verificaba que los desplazados dejaran en las mejores condiciones posibles la sede educativa Antonio J. Araque que les sirvió de albergue. 

Entre ese domingo y el martes 3 de agosto 4.099  personas —45 pertenecientes a la etnia embera eyabida—, provenientes de 32 veredas, regresaron a un territorio que se disputan las disidencias y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas también como Clan del Golfo.

“Uno no pregunta, solo hace caso”

Las amenazas llegaron a los presidentes de las juntas de acción comunal en mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas, y en cartas que les ordenaban abandonar sus tierras. “Como no tenemos mucha señal de celular ni energía, a mí me llegó una carta con la orden de evacuar a mi comunidad. Uno no pregunta quién, solo hace caso. Vamos a volver a nuestra comunidad, y si toca desplazarnos más adelante, pues volvemos aquí al pueblo”, dijo una de las líderes que tuvo que desplazarse y que no identificamos por su seguridad, al igual que otras de las fuentes consultadas.

En una entrevista con W Radio el 28 de julio, el general Juvenal Díaz, comandante de la Séptima División del Ejército, calificó la amenaza a los campesinos como una “acción cobarde”, dijo desconocer las “razones subyacentes” del desplazamiento e incluso pidió a los periodistas ayudar a averiguarlas. Además, atribuyó la responsabilidad a Román Antonio García Zapata, alias ‘Camilo Cotorro’, líder de las disidencias en esa zona. 

García es un mando medio que, según el Ejército, lidera un grupo de 20 combatientes y ganó visibilidad en la región luego de un bombardeo en el que resultó herido alias ‘Ramiro’, jefe de las disidencias del frente 18 de las Farc, que apareció junto a Iván Márquez y Jesús Santrich en el video que oficializó, en 2019, la creación de la Segunda Marquetalia.

Los mensajes atribuidos a las disidencias de las Farc contrastaron con un panfleto, fechado el 30 de julio que circuló en Ituango un día después, a nombre de las AGC, donde el grupo armado negaba su responsabilidad en el desplazamiento y ofrecía garantizar la seguridad en el retorno de las familias desplazadas.

“Con toda humildad le solicitamos a las comunidades que no crean en estos chantajes. Estamos listos a reaccionar ante las provocaciones de estos pequeños grupos que mediante el terror quieren hacerse notar en el territorio. Invitamos a los campesinos a retornar a sus propiedades, con la certeza de que estamos para protegerlos de cualquier amenaza armada”, se lee en el panfleto de las AGC.  

Pero esa supuesta protección que ofreció ese grupo armado poco tranquilizó a los campesinos. “Hasta que los que dijeron que nos viniéramos no nos digan lo contrario no vamos a retornar. Una cosa es aquí en el pueblo y otra muy distinta allá en el campo. Que negocien ellos y nos dejen a nosotros tranquilos. Para nosotros aún las garantías no están dadas”, dijo uno de ellos.

Las AGC “son los reyes”

Si autoridades, campesinos y hasta las AGC coinciden en que las disidencias en esa zona son un grupo reducido de combatientes, ¿cómo explicar un desplazamiento de esa dimensión en el que no se disparó ni una sola bala y en el que muchos obedecen, pero pocos hablan? 

Algunos habitantes de Ituango que han sufrido y analizado el conflicto en la zona tienen varias hipótesis. “Las disidencias acá se están acomodando apenas, conforme al proceso de reorganización nacional. En Ituango están haciendo presencia reductos de lo que fueron los frentes 18 y 36, pero la gente del 36 ahora está con la Segunda Marquetalia y eso hace que sus intereses ya no pasen por Ituango”, dijo un líder del municipio. 

La idea de que las disidencias que lidera Márquez ya no estarían interesadas en Ituango, pese a que fue un fortín histórico de las Farc, tiene varias explicaciones: por una parte, que hay lugares donde pueden consolidar con mayor facilidad su control sin disputas con otras organizaciones. Por otra, que sus intereses se centran en las zonas más cercanas a la frontera con Venezuela donde, de acuerdo con informes de inteligencia, se encuentran sus líderes. Y, finalmente, que las disputas internas entre las organizaciones emergentes crean algo que podría entenderse como disidencias dentro de las disidencias, lo que debilita su capacidad militar.

De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, “durante 2019 y parte de 2020, [las disidencias en esa zona] tuvieron un importante fortalecimiento militar y territorial, pero en la actualidad han perdido capacidad en Ituango por la avanzada del Clan del Golfo. Su influencia territorial es limitada, pese a que vienen en un proceso de fortalecimiento”. 

Según el mismo líder, las disidencias del frente 18 “quedaron solas y la presencia paramilitar en Ituango ahora es muy fuerte”. Para él, las amenazas que motivaron el desplazamiento se explican porque “las disidencias necesitaban una acción contundente que hiciera que el Ejército entrara, o por lo menos se hiciera visible, en zonas de control de las AGC. Necesitaban tiempo para reorganizarse”. 

Otra fuente civil, que acompañó a los campesinos durante los catorce días de crisis humanitaria en el casco urbano, explicó su lectura luego de conversar con las comunidades afectadas. “Inicialmente las disidencias intimidan a los campesinos para que salgan desplazados porque dicen que ven un complot entre Ejército y paramilitares (AGC). En otras palabras, que fueran al pueblo a presionar al Estado para que empezara a combatir al otro grupo ilegal en la zona. Ese fue el primer objetivo de este desplazamiento, pero aparecieron otras cosas como la política y por eso las peticiones”, dijo esa fuente.

Estas peticiones se reflejaron en un pliego presentado por algunos líderes comunitarios, con reclamos puntuales de seguridad, salud, conectividad, educación e infraestructura. Muchas, derivadas de las promesas de campaña del alcalde de Ituango, Mauricio Mira, y de los compromisos del acuerdo de Paz con las Farc. 

A propósito, en una entrevista con Caracol Radio, Mira dijo creer que había “intereses políticos” detrás del desplazamiento. Esto, según afirmó, luego de que habló con varios líderes para conocer los motivos: “Ninguno supo decir o tenía una razón para estar en el casco urbano, simplemente que los amenazaron”.

Esteban Úsuga fue candidato a la Alcaldía de Ituango en 2019 por el Partido Verde. Al ser consultado sobre el tema dijo que no hay dudas de que el desplazamiento es sistemático —los más recientes se dieron en enero de 2020 y febrero de 2021—, pero afirma que las causas son muy difíciles de determinar por la dinámica del conflicto. 

“La gente perdió la esperanza y eso en parte es un síntoma de la no implementación de los acuerdos. En 2016 a Ituango le llegó un tiempo de paz muy interesante que duró casi dos años. La gente salía de sus veredas con tranquilidad a cualquier hora, hubo gente que regresó al municipio después de muchos años”, recordó Úsuga. Pero a finales de 2017 otros grupos empezaron a ocupar los territorios dejados por las Farc. “Eso se fue agudizando porque el Estado no copó esos espacio y cuando los reinsertados dejaron el ETCR [Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación] y se fueron para Mutatá, ahí pensé que el acuerdo de paz en Ituango estaba en UCI”, contó.

“¿Que si hay alguna razón para el desplazamiento? La única razón que nos dieron era que al otro día la vereda tenía que estar vacía. Si hay que caminar, caminamos. Uno no pregunta y solo obedece”, dijo en uno de los ocho albergues un líder campesino. Otras fuentes coincidieron en decir que en el centro de la problemática está la minería, una renta atractiva para los grupos que se disputan la zona y, que complementa otros negocios históricamente controlados por los grupos armados, como los cultivos ilícitos y el comercio y transporte de pasta base de coca.

“Es indudable que hay un interés minero en Ituango. A la fecha tenemos 72 solicitudes mineras y muchas son en la zona de Palo Blanco, que cubre varias veredas que no se desplazaron y fue la primera zona de ocupación paramilitar cuando las Farc se desmovilizaron”, dijo una lideresa social. Agregó que en esa zona hoy las AGC son “los reyes” y por eso aunque la  amenaza más reciente también llegó, la población no se desplazó: “A los campesinos de esa zona no les cobran vacuna, y si ellos no están pagando, la gran pregunta es quién sí, porque mantener un ejército no es barato”. 

“En cualquier momento bajan del monte”

La historia del conflicto armado en Ituango es larga y dolorosa. Desde la entrada de las guerrillas del EPL en los 60, hasta la consolidación y hegemonía absoluta de las Farc desde los 70 hasta mediados de los 90 con los frentes 5,  18 y 36 en ese corredor estratégico que bordea al Nudo de Paramillo y que conecta al Bajo Cauca, Norte y occidente de Antioquia con Urabá y el Sur de Córdoba. 

Luego hubo dos grandes incursiones paramilitares para intentar arrebatar esa hegemonía, en muchas ocasiones, con la complicidad de la fuerza pública, como lo reconoció en 2008 el jefe paramilitar Salvatore Mancuso en una versión libre en el marco de la Ley de Justicia y Paz. La primera arremetida fue a mediados de los 90, cuando los paramilitares cometieron las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), esta última perpetrada por más de 150 integrantes de las AUC, que durante cuatro días sometieron a los habitantes de ese corregimiento y asesinaron a más de 15 personas, violaron a varias mujeres y arrasaron con el 70 % del caserío. La segunda comenzó en 2003 con un conflicto que mantuvo al casco urbano bajo hostigamientos y asesinatos selectivos.

La disputa por el control de Ituango se ha mantenido en las últimas dos décadas. La alerta temprana 004 de 2020 de la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el riesgo ocasionado, desde 2017, por la expansión de las AGC en la zona y por la aparición de las disidencias de los frentes 18 y 36 de las Farc. 

Así se ha creado un corredor desde Tarazá, en el Bajo Cauca, hasta Peque en el Occidente de Antioquia. “En esta amplia zona las AGC han recrudecido la comisión de conductas tales como homicidios selectivos, extorsiones, incursiones armadas a diferentes poblados, señalamiento a pobladores como ‘colaboradores de la disidencia’, restricciones a la movilidad, irrupción en viviendas cometiendo hurtos y otros actos intimidatorios”, reseñó la Defensoría en el informe que exponía la vulnerabilidad de los campesinos y del resguardo Jaidukama, donde habita una comunidad emberá eyabida.

“No es por nada, pero sí era más tranquilo antes cuando solo mandaba un grupo. Ahora por todo nos cobran vacuna y estamos entre la espada y la pared, uno ni sabe con quién está hablando. Uno pierde la esperanza porque ni vender las tierras para irse para otro lado porque también habría que pagarles”, dijo una campesina desplazada horas antes de emprender el regreso a su vereda. 

Jorge*, otro campesino que salía de uno de los albergues, dijo: “El gobierno no muestra ninguna inversión para el campo. Yo tengo 67 años y le digo, pues, que en todo ese tiempo prácticamente no tengo nada que agradecerle. Necesitamos que nos aparten de los grupos armados, y la verdad no voy muy tranquilo porque aunque el ejército esté por ahí unos días, eso allá es muy grande y en cualquier momento baja algún grupo del monte”.

Uno de los líderes consultados concluyó que los desplazamientos masivos se repiten cada vez con mayor frecuencia y con más personas afectadas porque la guerra está escalando a niveles que aún no se dimensionan. Y coincidió con otra fuente en que esto incluye la llegada de otros actores como Los Caparros y la salida de bandas del Valle de Aburrá —Los Mesa y Pachelly— “que no aguantaron el voltaje”. 

Tres personas en Ituango, en distintos escenarios, contaron que uno de los secretos a voces en el pueblo es que alias ‘Otoniel’ ha estado por esos cañones donde pasean a sus anchas las AGC. La Gobernación de Antioquia y la Séptima División del Ejército fueron consultadas sobre esa versión, pero no hubo respuesta. 

El miércoles 4 de agosto el ministro de Defensa, Diego Molano, anunció la captura de Henry Darío Areiza, alias ‘Machín’, el hombre de las disidencias que, según dijo el funcionario, fue el responsable del desplazamiento. Ese nombre, sin embargo, no lo mencionó ninguna de las más de 15 fuentes consultadas para este reportaje en el municipio.

Pero luego de la captura, al preguntar específicamente sobre ese nombre a cuatro fuentes que conocen de cerca la problemática de Ituango, dos de ellas dijeron reconocerlo como integrante de las Farc y una, concejal del municipio, dijo que hizo parte del acuerdo de paz y luego se vinculó a las disidencias. Ninguna de las fuentes lo calificó como un jefe relevante en la zona.    

Pese al regreso de los campesinos y a los anuncios oficiales de acompañamiento y garantías a las comunidades, Ituango se enfrenta, de nuevo, a un ambiente de incertidumbre que contrasta con la esperanza de paz de los primeros años luego de la firma de los acuerdos. Un profesor de un colegio del municipio hace un diagnóstico tan pesimista como desolador: “Ituango tiene un cáncer agudo y el abandono estatal es la metástasis”. 

*Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente.