Este mes llega la vacuna al país, pero las personas en embarazo están excluidas. Esta no es la primera vez que las gestantes ocupan los últimos lugares en la lista de investigación clínica.
El recién expedido Plan Nacional de Vacunación anuncia la anhelada llegada de la vacuna contra el Covid-19 a Colombia, priorizando ciertas poblaciones y excluyendo a los menores de 16 años y a las personas en estado de embarazo. En el decreto se establece que hasta el momento no se cuenta con evidencia científica sobre la seguridad de la vacuna en esta población. Colombia no es el primer país en excluir a las personas gestantes aplicando el principio de precaución ante la inexistencia de evidencia. A esta lista se han sumado Inglaterra, Chile, Argentina y México, entre otros países que han seguido las recomendaciones iniciales de la Organización Mundial de la Salud en esta materia.
La situación es diferente en Estados Unidos, donde el Centro de Control de Enfermedades -CDC- ha advertido que, aunque aún no se cuenta con evidencia, los estudios conducidos en animales en embarazo y los análisis de toxicidad iniciales sugieren que no hay mayores riesgos para las personas gestantes. Estados Unidos, al igual que España, han recomendado que sea cada mujer en gestación la que tome una decisión autónoma y guiada por sus médicos, de acuerdo a su condición de salud y riesgo específico. Aunque algo tarde, ya algunas farmacéuticas como Moderna y Pfizer–BioNTech se encuentran realizando ensayos clínicos de la vacuna en la población en embarazo.
No es la primera vez que las gestantes son excluidas u ocupan los últimos lugares de la lista en la investigación clínica. Su ausencia se puede explicar con antecedentes como los de la Talidomida, medicina para las náuseas que generó efectos adversos y la muerte de recién nacidos en los años cincuenta. Así, la investigación clínica ha preferido obviar a esta población, en aras de evitar posibles consecuencias negativas en los fetos y evitar mayores costos y complicaciones.
En el 2018, el Grupo de Trabajo Federal sobre Investigaciones para Mujeres Embarazadas y Lactantes de Estados Unidos reconoció que actualmente existe un vacío en la evidencia científica existente sobre la seguridad y eficacia de múltiples tratamientos y medicamentos durante este estado. Esto sigue generando grandes dificultades e incertidumbre para las personas en gestación que padecen de enfermedades o requieren medicamentos.
Las mujeres, en general, han estado ausentes de muchos ensayos clínicos. Por mucho tiempo, la medicina asumió la biología masculina como la norma y las hormonas femeninas fueron asumidas como un obstáculo durante los procesos de investigación. Además, se suele argumentar que las mujeres casi no se interesan en participar o que tienen dificultades para permanecer a lo largo de los ensayos clínicos. Olivia Little ha explicado que las mujeres suelen tener más dificultades para participar en este tipo de estudios, ya que la logística de estos procesos no está pensada desde sus necesidades y dinámicas de vida.
Aunque hoy diferentes países cuentan con políticas que fomentan la investigación clínica en mujeres y hacen obligatoria su inclusión, aún persisten interrogantes sobre la forma en que ciertas patologías se manifiestan en las mujeres. Por ejemplo, aunque el dolor crónico afecta en gran parte a la población de mujeres, el 80% de los estudios clínicos en esta materia se han adelantado en hombres. Del mismo modo, la investigación clínica sobre ataques cardíacos por muchos años se concentró en hombres blancos, lo que sigue generando que las mujeres sean más propensas a ser mal diagnosticadas y dadas de alta en medio de un ataque cardiaco.
En tiempos de Covid-19 se vuelve trascendental pensar en las necesidades de las mujeres y personas gestantes y lactantes e incluirlas en los esfuerzos de la vacunación. La evidencia disponible sugiere que las personas en embarazo que muestran síntomas de Covid-19 tienen mayor probabilidad de presentar complicaciones y morir. La Organización Panamericana de la Salud, que se especializa en la salud pública de las Américas, reportó que hacia finales de septiembre del 2020 se registraban 60.458 casos confirmados de Covid-19 entre mujeres embarazadas. Entre estas 458 murieron. Además de tener mayores riesgos durante la enfermedad, su salud reproductiva también se ha visto afectada.
El Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas (UNFPA) y la OPS muestran que en la región de América Latina y el Caribe se han disminuido las consultas prenatales en un 40%. Por esto, estiman un aumento en las transmisiones de VIH gestacional, complicaciones en el embarazo y en la mortalidad materna y neonatal. El UNFPA también advierte un posible retroceso de 10 años en los avances logrados para suplir las necesidades insatisfechas de anticoncepción y de 5 años en los avances frente a la disminución del embarazo temprano e infantil en la región.
No poder acceder a la vacunación contra el covid-19 se suma a una larga lista de obstáculos que las mujeres en embarazo ya deben enfrentar. Estas dificultades se acentúan en las mujeres afrodescendientes e indígenas y en contextos de ruralidad y pobreza. En virtud de los principios éticos de justicia y solidaridad que deben primar en la investigación clínica y la salud global, es importante apresurar la inclusión de la población gestante en los estudios clínicos en curso y en los planes de vacunación nacionales. Solo así la región va a lograr sobreponerse a un legado histórico de exclusión científica que sigue perpetuando las inequidades en salud y la desigualdad de género.
