La Minga desde adentro

La Minga de Suroccidente ha llegado a Bogotá con representaciones claras y peticiones concretas. En Cerosetenta hablamos con los voceros de cada sector que compone esta manifestación para comprender, a profundidad, cuáles son los motivos de la movilización.

María Fernanda Fitzgerald

20.10.2020

La Minga del Suroccidente reunió tres pueblos: indígenas, afros y campesinos. Los tres, representados en unos 8000 mingueros, llegaron a Bogotá el domingo después de viajar 9 días desde Cali, donde el presidente Iván Duque no les cumplió la cita.  

La Minga se ha centrado en cuatro ejes: vida, paz, territorio y democracia. Cada pueblo, sin embargo, tiene particularidades y peticiones concretas. Pero, el factor común, ante todo, es el territorio: pertenecer a la región del suroccidente. A pesar de tener similitudes con otras zonas del país, es actualmente una de las regiones con mayores índices de violencia y la precarización de las condiciones de vida de sus habitantes. Cerosetenta habló con representantes de los tres pueblos que están en la Minga para entender por qué se movilizan.

 

Pueblo indígena 

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) es la reunión de once asociaciones y 110 resguardos indígenas, todos del suroccidente del país: Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Nariño y Putumayo. A esta Minga se unieron, también, cabildos del Quindío y del Sur del Tolima. 

La representación más importante la tiene la ACIN, la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, la mayoría del pueblo Nasa. Es justamente en esta región donde se han concentrado la mayoría de asesinatos a líderes sociales en los últimos años: 240 líderes asesinados, desde la firma del Acuerdo de Paz. La mayoría, como contamos, entre los municipios de Caloto, Corinto y Toribío. Caloto encabeza la lista con al menos 32 homicidios. 

“Nosotros estamos siendo expuestos a un exterminio y necesitamos que el presidente Duque tome acciones concretas para protegernos”, dice Aída Quilcué, Alta Consejera del CRIC y una de sus voceras más reconocidas. 

Y es que aquí también se han concentrado las masacres. En este año, al menos 20 masacres han ocurrido entre el Cauca, el Valle del Cauca, Nariño y Putumayo. De acuerdo con Medicina Legal, los departamentos que conforman el suroccidente colombiano reúnen el 29,9% de los asesinatos en Colombia. 

“Es para nosotros muy difícil considerar que se han cumplido las cifras que el Gobierno asegura que se han cumplido, cuando a diario vivimos el asesinato sistemático de miembros de nuestras comunidades”, asegura Quilcué, “por esto hemos decidido movilizarnos, para que se cumplan las promesas que nos ha venido incumpliendo desde hace tanto tiempo”. 

 

Pueblo Afro 

Para Maricel Sandoval, vocera de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) el problema del pueblo Afro está depositado en las tierras. “En esta región, nosotros no tenemos un acceso suficiente a la tierra. El Gobierno ha empezado a hacer una jugada astuta: están vendiendo nuestras tierras a pueblos indígenas y a pueblos campesinos. Con ello pretenden enemistarnos para dividirnos, pero justamente la Minga nos ha servido para unificarnos nuevamente”, le dijo a Cerosetenta. 

De acuerdo con ella, en otras zonas del país, los pueblos Afro han tenido acceso a titulaciones de tierras colectivas, lo cual protege su soberanía. “Tener acceso a titulaciones colectivas, a la tierra, nos permite preservar nuestras tradiciones y realmente encontrar un espacio para nosotros, como comunidad. Por eso la importancia y por eso es esencial para nosotros no perder estos espacios. Porque sin tierra nos perdemos como comunidad”, dice. 

 

Pueblo campesino 

“Para nosotros lo que importa es que nos dejen trabajar la tierra”, asegura Alexander Hernández, vocero del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA). Este comité reúne a la población campesina de toda la zona del suroccidente. Para ellos, el empobrecimiento del campo ha causado que, cada vez, sea más difícil sobrevivir como campesino. 

De acuerdo con un artículo de Semana Rural, en el 2019 un 40% de los hogares del campo colombiano vivían bajo estándares de pobreza multidimensional, lo que significa la falta de acceso a la educación, la salud, el trabajo y la vivienda con condiciones dignas. Adicionalmente, el 60% del trabajo en el campo es informal, el analfabetismo es del 18,5% y el 60% del campo colombiano no tiene acceso a agua potable. 

Esto se da, según Hernández, por un empobrecimiento gradual que ha ocurrido en el campo colombiano: “el aumento de importaciones de alimentos al país ha causado que nosotros cada vez perdamos más posibilidades de producción, eso mismo causa que no podamos tener acceso a condiciones de vida dignas y por eso muchos han terminado por abandonar el campo”. 

Asegura que por la concentración de tierras en pocas manos, muchos campesinos están quedando con muy pocas opciones de acceso a tierras productivas. Para 2018, el 81% de las tierras en Colombia estaba concentrada en el 1% de dueños, que, en su mayoría, dedican sus tierras a monocultivos y ganadería. 

 

Un proceso particular: COCCAM

Para John Gil, vocero de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM), lo que se busca a través de la Minga no es nada diferente al cumplimiento de los Acuerdos de Paz. Para él, la zona del suroccidente tiene altos niveles de abandono estatal, lo que ha llevado a que las comunidades tengan, como única opción, recurrir a tener cultivos de coca. Asegura que no se ha cumplido lo establecido en el punto 4 del Acuerdo de Paz y el Gobierno ha recurrido a un enfoque violento con las comunidades: “para nadie es un secreto que el Gobierno ha enviado a sus ejércitos a hacer erradicación forzada. Cuando salimos a manifestarnos contra esto, porque nos están dejando sin sustento, la respuesta ha sido reprimirnos y esa represión ha llegado a asesinarnos”. 

Gil asegura que la respuesta del Gobierno ha sido pensar en volcarse sobre el uso de glifosato para fomentar la erradicación de cultivos. Sin embargo, las garantía que promovía el Acuerdo, dentro de las que se aseguraba una erradicación gradual y las infraestructuras necesarias para reemplazar los cultivos por economías legales, no se ha cumplido: “a nosotros nos aseguran que la inversión se ha hecho en el campo, pero esto no es algo que veamos reflejado y los niveles de violencia y de pobreza que vamos alcanzando cada vez son más difíciles para nosotros. Nos tienen sometidos, por eso decidimos manifestarnos”. 

 

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