El perdón del Director de la Policía a las víctimas del 9 de septiembre llegó ayer, un día antes del aniversario de esa oscura noche. Aunque, aclaró, va dirigido a aquellas víctimas donde la justicia ha podido probar la responsabilidad de los policías. Cerosetenta investigó en qué va cada caso.

Como en Verbenal, también tres personas fueron asesinadas en Soacha, frente a la Estación de Policía de Ciudad Verde: Lorwan Stiwen Mendoza, Anthony Gabriel Estrada y Cristian Hurtado. Esa noche, agentes de policía dispararon al menos 82 veces contra los manifestantes desde la entrada y la terraza de la estación de policía dejando, además, otras 6 personas heridas.

“En muchos espacios de memoria por las víctimas del 9S se tiene en cuenta lo que pasó en Bogotá pero no lo que pasó en Soacha. Yo en los eventos levanto la mano por los tres casos de Soacha, no solo por Cristian”, dice Adriana Vanegas, pareja de Cristian Hurtado.

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En Timiza, localidad de Kennedy, fueron civiles quienes dispararon asegurando defender la institución de la Policía. Por el asesinato de Julián la Fiscalía aún no avanza con la identificación de un posible sospechoso.

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En principio, los casos de Lorwan, Cristian y Anthony fueron llevados en conjunto por la Fiscalía de Soacha, una gestión que según Adriana y Nadia Triviño, abogada de la Fundación Lazos de Dignidad y encargada del caso de Lorwan, no fue satisfactoria. Adriana asegura que tiene que ver con lo aliada que está la Fiscalía a la Alcaldía de Soacha, una entidad que según ella ha sido sistemáticamente reacia a los intereses y peticiones de las víctimas del 9S.

Ahora los tres casos son llevados en conjunto por la Dirección Especializada contra violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía. Sin embargo solo en el de Anthony se ha podido avanzar en la identificación del presunto culpable: el policía Óscar Alexander Márquez, que, al igual que los otros casos avanzados, se identificó por la coincidencia entre su arma y la bala encontrada en su cuerpo. Este también es el único caso de todas las víctimas del 9S en el que el acusado está detenido, en este caso, en su casa.

“Los fiscales nos han dicho, extraproceso, que hay una instrucción de no solicitar medidas de aseguramiento en contra de los policías”, asegura la abogada Nadia Triviño. “Lo que argumentan es que [los policías] son funcionarios públicos, que por eso saben dónde ubicarlos, que son jóvenes, que son padres de familia, que han comparecido a las entrevistas y citaciones de la Fiscalía e incluso han puesto como argumento que no tienen ningún llamado de atención en sus hojas de vida”. Pero nada de eso es garantía, dice la abogada, y cita el caso del policía responsable del asesinato de Diego Felipe Becerra quien por cinco años huyó de la justicia hasta que finalmente fue capturado por el CTI de la Fiscalía este año.

Además del patrullero Óscar Márquez, hay otros dos policías que han sido acusados de delitos en el marco de las investigaciones del 9S: el patrullero Wilmer Andrés Ricaurte, a cuya arma se  asociaron dos casquillos de bala encontrados en la escena; y el jefe del armerillo de la estación —la dependencia que guarda y registra las armas y balas asignadas a cada policía— y quien no registró las balas que habían sido disparadas esa noche, por lo que fue acusado de fraude por ocultamiento y destrucción de evidencia.

“Nosotros como familiares creemos que el cuerpo de Cris y la evidencia fue manipulada. Él esa noche tenía una gorra negra que no fue encontrada. Esa misma noche yo me devolví desde el hospital con mis cuñados hasta Ciudad Verde y cuando llegamos los policías estaban limpiando la estación”, asegura Adriana.

Si bien la Fiscalía especializada en derechos humanos representa una mayor posibilidad de tener resultados satisfactorios en los casos de Soacha, para el abogado Alirio Uribe, a cargo del caso de Anthony Estrada y de Cristian Hurtado, hay aspectos de esa dirección de la Fiscalía que le despiertan desconfianza.

“La fiscal que estaba en ese despacho tenía mucha experiencia en casos de violencia policial. Le habían asignado todos los casos [del 9S], aunque nunca la nombraron en el cargo, la tenían interina. Hace como dos o tres meses la terminaron nombrando en una unidad anticorrupción o de lavado de activos y los casos pasaron a otro fiscal. ¿Por qué una de las mejores fiscales en el tema la terminan pasando a otra unidad? Yo pienso que de alguna manera es para debilitar la unidad de derechos humanos y debilitar las investigaciones”, asegura el abogado.

Para Adriana, cada retraso en la justicia llega con indignación, tristeza y rencor. “Pero en medio de todo hemos encontrado fortaleza en la unión con otras familias y organizaciones. Ya que no vemos iniciativa o avance en la justicia, hacemos memoria y me dedico a dignificar el nombre de Cristian, a rechazar el abuso policial y a gritar por la no repetición”, cuenta. No por eso, dice, deja de pedir justicia, que se deje de encubrir a los culpables, y exigir una reforma policial.

Para Nadia Triviño, esa también es una necesidad de fondo más allá del resultado de los casos: una reforma integral a la policía. “No podemos quedarnos sancionando a los responsables de aquí a que se acabe el mundo, tenemos que modificar la institución desde adentro porque no son unas manzanas podridas. Hace unos días estuve escuchando unas jornadas de formación de ingreso de patrulleros y la persona que estaba dando la charla les decía: ‘ustedes le pueden pegar a la gente pero no dejen huella’. ¿Cómo es posible que con tantas condenas en contra del Estado y con tantas exigencias de la ciudadanía, los policías que caigan en cuenta de que están actuando mal sigan repitiendo esas situaciones?”, dice.

Vea aquí el avance de los procesos en la justicia por los asesinatos el 9 de septiembre en Verbenal, Kennedy y Suba.

Vea la investigación en video de este caso aquí:

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