Un patrullero de la policía está siendo investigado por el asesinato de dos de los tres jóvenes que fueron baleados en Verbenal el 9 de septiembre. Sus familiares dicen que sigue en servicio activo.
El perdón del Director de la Policía a las víctimas del 9 de septiembre llegó ayer, un día antes del aniversario de esa oscura noche. Aunque, aclaró, va dirigido a aquellas víctimas donde la justicia ha podido probar la responsabilidad de los policías. Cerosetenta investigó en qué va cada caso.
La esquina de la calle 187 con carrera 20, al norte de Bogotá, fue uno de los lugares que vio uno de los mayores despliegues de violencia la noche del 9S. Allí, las balas disparadas por los policías alcanzaron al menos a 12 personas, 3 de ellas fallecieron: Jaider Fonseca, Andrés Felipe Rodríguez y Cristian Hernández. Jaider, impactado en la entrepierna y la nalga, y Andrés Felipe, impactado en el tórax, alcanzaron a llegar a hospitales donde no pudieron salvarles la vida. Cristian, a quien una bala le atravesó el cráneo, quedó tendido en esa misma esquina por varias horas antes de que la Sijín llegara a levantar su cuerpo, frente a los ojos de los policías.
Hoy, los homicidios de Jaider y de Andrés Felipe son de los más avanzados en la justicia: por su asesinato ya fue acusado el patrullero Jhon Antonio Gutiérrez cuya arma de dotación coincidió con las balas que se encontraron en sus cuerpos. Y para esta semana está citada la audiencia preparatoria: la última cita antes de dar inicio al juicio.
A pesar de algunos avances en los 4 casos de personas asesinadas el 9S en Suba, los familiares de las víctimas sienten que particularmente este año las investigaciones se han estancado. Algunos de ellos, además, han sido amenazados por exigir justicia.
Click acá para ver“Los casos que han avanzado han sido en los que el fiscal “dio con la suerte” de que se encontrara el proyectil en la víctima para cotejo balístico. En los casos en que no [se encontró la bala] dejaron de investigar”, dice Maria Alejandra Garzón, abogada de la organización DHColombia y, junto a Katherine Rodríguez, representante de los familiares de Jaider Fonseca y Cristian Hernández.
La muerte de Cristian Hernández lo corrobora: no se encontró la bala, el caso ha cambiado unas cinco veces de fiscal, y la abogada Garzón asegura que la última fiscal que tenía el caso desconocía las pruebas y el expediente en general. La misma suerte han tenido otras investigaciones por asesinatos del 9S, donde sin bala, no se investiga y no se avanza.
Para el abogado Juan Felipe Sánchez, encargado del caso de Andrés Felipe Rodríguez, sí hay otras formas en que se podría determinar la responsabilidad de una persona aún sin tener la bala como prueba. Y el hecho de que no se haya hecho en varios casos tiene que ver con la llegada tardía de la Fiscalía a los lugares donde ocurrieron los hechos.
Además se atreve a hacer una denuncia grave: “Yo no tengo prueba directa sobre esto, pero varias personas me han contado que patrulleros de la Policía, o personas vestidas de policía, le ofrecen dinero a comerciantes de la zona para borrar las grabaciones de las cámaras de seguridad, para que no denuncien y estén callados. Ahí se perdieron varias oportunidades de identificar a los agresores”, dice.
Aún así, en los casos en los que la bala fue encontrada, para los dos abogados las investigaciones podrían ir más avanzadas si la metodología de la Fiscalía no hubiera sido analizar cada caso del 9S individualmente, sino que desde el inicio, todos los casos hubieran sido investigados por un solo fiscal. Es decir, hacer una investigación en contexto, en la que las pruebas de un caso sirven a otro. Pero también una investigación conjunta en la que no solo se busquen a los que dispararon sino se investigue a los altos mandos y sus responsabilidades.
“En medio de una de las entrevistas en el proceso penal, un patrullero dice que el suboficial de la estación de Usaquén les dio la orden por radio de quitarse las identificaciones, de llegar sin chaquetas, y de que trataran en lo posible de no comunicarse a través del radio sino que usaran sus medios de comunicación privados”, asegura Alejandra Garzón. Para la abogada, esas instrucciones dan cuenta del plan premeditado y criminal de los agentes de policía en Verbenal, quienes además, asegura, luego de la muerte de Cristian y de que su cuerpo fuera levantado, persiguieron a los manifestantes para agredirlos, quitarles los celulares y destruir las cámaras alrededor.
Por eso, cuenta el abogado Sánchez, ya han radicado varias denuncias contra miembros de la policía incluyendo al teniente coronel que estaba esa noche como comandante encargado de la estación de Usaquén. Pero a la fecha no han tenido noticia del avance de esas denuncias. Aún así, Juan Felipe Sánchez asegura que para los estándares de los procesos penales, sobre todo los que tienen que ver con crímenes de Estado, los casos de Andrés Felipe y de Jaider han avanzado relativamente rápido. “Esta vez, esa violencia por parte del Estado que siempre ha estado presente, pasó en la capital y eso generó mucha más visibilidad. Creo que es precisamente por esa visibilidad que estos casos han estado relativamente céleres”.
Pero para las familias de las víctimas los tiempos de la justicia siguen siendo lentos y las medidas insuficientes. “Ya encontraron evidencia de que él fue el culpable del asesinato de mi hermano y de Jaider y aún así todavía está activo. Si hubiera sido lo contrario, que mi hermano o cualquiera de los 13 muchachos hubieran asesinado a los policías, te aseguro que no hubieran durado una semana en la calle cuando ya los habían cogido y los hubieran sentenciado. Ya estuvieran en la cárcel. Pero porque son gente del gobierno es que esto se demora”, dice Eduardo Rodríguez, hermano de Andrés Felipe.
Alejandra Garzón asegura que entre enero de este año y septiembre, cuando está citada la próxima audiencia, los casos de Andrés y Jaider parecen haber entrado en una pausa. Ambos se encuentran reasignados a la Dirección Especializada contra violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía y los abogados aún esperan razón frente a la solicitud de traslado a esa misma fiscalía del caso de Cristian Hernández.
“Este no es un caso complejo. Ojalá todos los casos tuvieran tantas pruebas como estos. Hay evidencia física en el expediente que permite crear una hipótesis criminal y desarrollarla en una investigación en contra de un comandante de la estación. Es lo mínimo. Esto debió suceder 2 o 3 meses después”, dice Alejandra Garzón. Agrega que de haberse adelantado investigaciones juiciosas a los altos mandos de la Policía, probablemente los niveles de violencia durante el Paro Nacional de 2021 habrían sido distintos. “Los altos mandos se habrían sentido señalados, pero eso no puede pasar si la Fiscalía no señala a nadie”.
Mientras tanto, las familias le suman a su dolor la impotencia y la rabia de un proceso que no avanza a la velocidad que necesitan. “Yo tengo confianza [en el proceso] pero se ha demorado mucho”, dice Eduardo Rodríguez. “Para nosotros ha sido duro, más para mi mamá, ella todos los días lo recuerda y todos los días lo llora. A veces tratamos de pensar que todavía está en Bogotá. Se llena a veces uno de mucha impotencia y no encuentra uno un motivo todavía para que él esté muerto”.
Vea aquí el avance de los procesos en la justicia por los asesinatos del 9 de septiembre en Soacha, Suba y Kennedy.
Vea la investigación en video de este caso aquí:
