Juan Carlos Rodríguez: “No le cambiamos una palabra a las recomendaciones”

Las críticas que le cayeron a las recomendaciones de la Misión Electoral Especial para una reforma electoral anticipan un duro debate en el Congreso. Juan Carlos Rodríguez, uno de los miembros de la Misión, responde a las cinco principales.

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Congreso Visible

10.05.2017

En las próximas semanas, el Gobierno presentará la reforma que, según lo pactado con las Farc, busca facilitar la participación de nuevas fuerzas en la arena política. El abrebocas del debate que se dará en el Congreso fueron las críticas a las recomendaciones de la Misión Electoral Especial (MEE), grupo de expertos creado por mandato del acuerdo, encargado de sugerirle al Gobierno cómo transformar las reglas del sistema político y electoral del país. Las quejas llegaron de senadores como Mauricio Lizcano de La U y Jorge Robledo del Polo Democrático Alternativo, y de funcionarios como el Registrador Nacional Juan Carlos Galindo.

Juan Carlos Rodríguez, profesor de la Universidad de los Andes y miembro de la MEE, respondió a las principales críticas que le han hecho a las recomendaciones. Sus respuestas anticipan lo que, posiblemente, serán los puntos más álgidos de la discusión en el Legislativo. Está en juego una reforma electoral que busca transformar las instituciones y las maneras de hacer política. De ser rechazada, se convertiría en uno de los mayores reveses del Gobierno en lo que va de la implementación de los acuerdos. El equipo de la Misión se reunió con los partidos políticos para presentar las recomendaciones, pero no las cambió pese a los reparos.

 

1. Una corte electoral se convertiría en un cuarto poder

Congreso Visible: Una de las propuestas más criticadas es crear una corte electoral. Mauricio Lizcano, presidente del Senado, ha dicho que esta corte se convertiría en un cuarto poder.

Juan Carlos Rodríguez: La propuesta es reemplazar la sección quinta del Consejo de Estado por una corte electoral autónoma y especializada. No se crea una rama ni un poder electoral, sino una corte dentro de la Rama Judicial actual. El razonamiento detrás de eso es similar al que hubo en el 91 para crear la Corte Constitucional. Antes del 91, la jurisdicción constitucional estaba dentro de la Corte Suprema de Justicia. Los constituyentes se dieron cuenta de que el derecho constitucional es un derecho autónomo y hacer parte de otra corte le impedía desarrollarse cabalmente.

El ABC de las recomendaciones de la MEE

Lea un resumen de todo lo que propuso el equipo de la Misión Electoral Especial.

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El derecho electoral es autónomo y distinto de lo contencioso administrativo que maneja el Consejo de Estado. Algunos observadores han notado que los miembros de la sección quinta hablan un lenguaje diferente al del resto del Consejo de Estado. La corte electoral lo que hace es sacarlos de ahí para crear un cuerpo colegiado. Cada una de las altas cortes, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia, presentaría dos ternas y Presidencia presentaría una última para completar las siete. La propuesta de transición que hacemos es que los miembros que hoy integran la Sección Quinta pasen a cumplir el periodo que ya llevan.

C.V.: ¿Qué cambia con la creación de una corte electoral?

J.C.R.: Toda esta arquitectura [institucional] pretende corregir problemas como los que suceden hoy: se demandan elecciones y se dan fallos sobre temas electorales mucho tiempo después de que el funcionario se posesionó en el cargo. Es un sinsentido que un alcalde lleve dos años y se anule su elección porque hay que ir a elecciones atípicas que pueden costar 8,000 millones de pesos. La idea es que haya una instancia en el momento de la inscripción para que antes de la elección se sepa si la persona está inhabilitada o no, y que haya una desconcentración de la justicia electoral en 6 tribunales regionales que conocerían en primera instancia todos los casos de delitos electorales.

 

"Hay que mirar el conjunto y no pegarse al argumento de que más burocracia es malo."

 

La corte electoral supliría una cosa que han reclamado los políticos y es una doble instancia de pérdida de investidura y separación del cargo. Una norma de la Convención Interamericana de Derechos Humanos prevé que no sea posible sacar a alguien elegido popularmente sino es por orden de un juez. Lo que ha pasado es que la Procuraduría destituye funcionarios y, como no es un juez, estamos violando la CIDH. Lo ideal es que la Procuraduría se encargue de la investigación y, una vez formado un expediente, acuse ante la Corte Electoral.

 

2. Las reformas de arquitectura institucional implican un aumento burocrático costoso

C.V.: la nueva corte electoral requeriría más magistrados y el Consejo Nacional Electoral (CNE) más personal en todos los niveles.

JCR: Si uno se pone a pensar en que hoy funciona una sección quinta del Consejo de Estado con cuatro magistrados, sí hay tres puestos más en la Corte Electoral. Pero si uno se pone a pensar en la cantidad, lo que se invierte en corregir los problemas que no se resuelven a tiempo, posiblemente la inversión que peyorativamente se llama burocracia y que uno podría llamar institucionalidad, puede ahorrar un montón de plata. Hay que mirar el conjunto y no pegarse al argumento de que más burocracia es malo.

C.V.: ¿Qué problemas actuales justifican la creación del Consejo Electoral Colombiano?

J.C.R.: Ese nuevo órgano administrativo pretende subsanar tres problemas del CNE. Primero: el origen partidista le resta credibilidad para emprender acciones de control y vigilancia de los partidos. Segundo: la falta de autonomía presupuestal que tiene el CNE. Depende casi en todo de la Registraduría y queremos romper ese vínculo haciendo que el Consejo Electoral Colombiano tenga su propia personalidad jurídica. Tercero: la falta de presencia en las regiones. La Registraduría, por herencia del Frente Nacional, tiene dos registradores delegados por departamento pensando en cada partido. La idea es que uno de esos pase al Consejo Electoral como funcionarios en las regiones y que la Registraduría se quede con el otro. Queremos que el Consejo Electoral despliegue presencia para los escrutinios y el control de las elecciones.

 

3. Las listas cerradas pueden llevar a que los líderes de los partidos controlen el orden de los miembros y que las prácticas clientelistas se trasladen al interior de los mismos

 

C.V.: algunas personas argumentan que el clientelismo no se elimina con las listas cerradas sino que se traslada a los partidos. ¿Cómo proponen ustedes proteger la democracia dentro de estos grupos políticos?

J.C.R.: El acuerdo de La Habana prevé que los partidos tengan registros de afiliados porque hoy la personería jurídica de los partidos depende de que pasen ciertos umbrales. En el acuerdo de La Habana se desligó el umbral de la personería jurídica para favorecer la entrada de partidos nuevos. La personería se otorga ahora por un número de afiliados al partido. En el mundo del acuerdo, los partidos van a tener registros de afiliados. Nuestra propuesta es que haya mecanismos de democracia interna entre los afiliados de esos partidos. Que no haya consultas internas abiertas donde los miembros de uno puedan contaminar las elecciones del otro, sino que sean consultas entre los afiliados. [La propuesta es que] haya mecanismos estrictos de democracia interna para que no se anquilosen estructuras jerárquicas dentro de los partidos sino que haya forma de renovación.

4. Los distritos uninominales se pueden convertir en fortines electorales

C.V.: la MEE propone que para hacer de la Cámara de Representantes un cuerpo de representación territorial se adopten varios distritos uninominales [se elige solo a un candidato] en los departamentos más poblados. La solución pretende asegurar la representación de los municipios olvidados y alejados de cada departamento en el Congreso, pero puede dejar a los distritos en control de líderes regionales.

J.C.R.: Yo creo que sí cambian las dinámicas de articulación de poder entre lo nacional y lo local. Estos representantes de distritos van a ser piezas claves entre los alcaldes y el gobierno central, igual que en el esquema de paz territorial de implementación de los acuerdos. Van a ser la bisagra entre lo local y el Congreso. Los críticos dicen que vamos a crear 95 Robertos Gerleins (sic) atornillados a sus puestos. Esos cacicazgos ya existen y están disimulados dentro de las listas y el voto preferente. Lo que hacen los distritos es que los hacen visibles y por tanto más vulnerables a la veeduría ciudadana. Es más fácil para el elector sancionar electoralmente una mala administración con un distrito que con las listas tal y como funcionan hoy.

 

5. La misión no profundizó lo suficiente en la necesidad de aumentar la participación 

 

J.C.R.: Entre las cosas que presentamos hay una de la cual no se habla mucho y es la propuesta de instaurar el voto obligatorio permanente, pero con un régimen progresivo de sanciones. Al principio no serían sanciones sino medidas pedagógicas, pero al cabo de 8, 12 años, ya empezarían a aplicarse sanciones más severas. Ahora, creemos que unos partidos más coherentes que propongan más ideas que intereses individuales motivan a la gente a creer más en la política. Además está comprobado que los distritos uninominales crean una relación más directa entre representante y representado, una relación que permite rendición de cuentas y eso incentiva una mayor confianza en la política y aumenta la participación.

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