ABC de las propuestas de la Misión Electoral Especial

La Misión Electoral Especial le dará al Gobierno propuestas de reforma electoral, uno de los proyectos más importantes durante la implementación de los acuerdos. El Observatorio de la democracia hizo un resumen de la recomendaciones más relevantes.

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Observatorio de la Democracia

10.05.2017

Juan Carlos Rodríguez Raga, miembro de la Misión Electoral Especial (MEE) y codirector del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, ayudó a Cerosetenta a construir el siguiente abecé de las propuestas de reforma electoral que partidos políticos y opinión pública presentaron al Gobierno, y cuya discusión ha generado amplios debates.

¿Qué es la MEE y en qué consisten las recomendaciones presentadas para reformar el sistema electoral?

La MEE fue creada como parte de los compromisos relativos a la implementación del Acuerdo de Paz, en el punto 2.3.4, en el cual se decidió formar un grupo de siete expertos independientes, quienes debían formular recomendaciones útiles para una reforma al sistema electoral, que lo hiciera no sólo más eficiente y transparente, sino incluyente.

Durante tres meses, la MEE se reunió no sólo con instituciones electorales, gubernamentales y judiciales, sino con todos los partidos políticos, para socializar y construir su proyecto.

Finalizando abril, la MEE presentó una propuesta con recomendaciones de reforma política en tres ejes: la reorganización institucional del proceso electoral, una mejora del sistema electoral y una reforma a la forma de financiamiento de la política.

¿En qué consiste el primer eje: la reorganización institucional del proceso electoral?

La propuesta de la MEE busca, con este punto, afinar la transparencia de los procesos electorales, asegurar justicia ágil y efectiva y elevar la confianza de los colombianos en los mecanismos de elección, que según el Barómetro de las Américas ha descendido a mínimos históricos desde el 2014 (Ver gráfica 1). El primer paso para realizar esta corrección es el diseño institucional mismo. Su propuesta plantea que la organización electoral se fragmente en tres instituciones.

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Entonces, ¿cómo quedaría la institucionalidad electoral?

La recomendación plantea que la Registraduría siga a cargo de la logística y organización de las elecciones, además de sus habituales funciones de registro civil y cedulación, con presencia en todo el territorio nacional.

La competencia que ya no debería tener la Registraduría es el escrutinio, que por Ley corresponde actualmente al Consejo Nacional Electoral (CNE). Por ello, el segundo órgano será un nuevo Consejo Electoral Colombiano, que reemplaza al CNE con las siguientes competencias: realización de escrutinios con autonomía presupuestal frente a la Registraduría, e investigación independiente a los partidos políticos con capacidad operativa en todas las regiones.

El tercer órgano es una nueva institución dentro del órgano electoral: una Corte Electoral. Sería una nueva corte que corresponda a la Rama Judicial y reivindique el derecho electoral como autónomo, ya que en la actualidad el conocimiento de dichos asuntos está a cargo de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Una corte especializada en lo contencioso administrativo.

¿Cómo se reformarán las elecciones?

Este es el segundo eje de la propuesta de la MEE. Su primer objetivo es que se fortalezcan los partidos, que se reinventen como verdaderas expresiones de comunidades políticas con ideologías y agendas coherentes, más no como vehículos electorales de intereses políticos particulares. Esto busca romper con las redes de clientelismo.

Los partidos políticos son las instituciones más desprestigiadas entre la opinión pública del país, tal como constata el Barómetro de las Américas 2016 (Gráfica 2). Mientras en la Iglesia Católica o en las Fuerzas Armadas confían más de la mitad de colombianos, solo 1 de cada 10 lo hace en los Partidos Políticos.

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¿Cómo fortalecerá partidos, ampliará la inclusividad y romperá con el clientelismo la recomendación de la MEE?

La MEE sugiere una carambola en tanto no sólo se fortalecen los partidos y se trata de reducir el clientelismo -ese fenómeno del ‘yo te doy algo a cambio de tu voto’-, sino que amplía la representatividad de territorios en periferia, fomenta la participación en la política de mujeres y jóvenes, y simplifica el sistema de elecciones.

El primer nivel comienza con las elecciones al Senado, cámara que debe obedecer a la representatividad nacional. Para la elección de senadores, la MEE aconsejó eliminar el voto preferente, mantener los umbrales, pero obligar a los partidos a formar listas cerradas (el ciudadano vota por el partido de su preferencia).

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¿Cómo cambiará el mecanismo de elección para el Congreso?

Para la Cámara de Representantes la propuesta es un sistema mixto. Hay departamentos del país que –pese a tener una baja población respecto a otros territorios- son estratégicos por recursos, ubicación y extensión. Dichos departamentos tienen poca representación legislativa. La propuesta de la MEE es que en los 12 departamentos donde haya 2 representantes a la Cámara se incremente a 3 sus potenciales curules.

Adicional a ello, para evitar que la mayoría de representantes de un departamento provengan sólo de las capitales, desatendiendo otros territorios más periféricos, la iniciativa plantea crear Distritos Uninominales (DUN), o subregiones dentro de los Departamentos para que cada distrito tenga al menos un representante. En cada departamento, la mitad de sus representantes serían elegidos por lista cerrada intradepartamental y la otra mitad por lista uninominal de candidato único en subregiones.

Para la elección de asambleas departamentales y concejos municipales, el único cambio sugerido es la eliminación del voto preferente y la instauración de listas cerradas.

 

¿Y cómo cambiaría la forma en que se financian las campañas y  partidos? 

La MEE distingue tres momentos en esta propuesta: la forma en que se financia el funcionamiento de los partidos, el financiamiento de las campañas en contiendas electorales y la manera en que se vigilan esos mismos partidos en el uso de sus recursos.

La sugerencia es implementar un sistema mixto de financiamiento en la política, en el que sobresalgan incentivos económicos estatales y se reduzca la dependencia a recursos privados sin eliminarlos.

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En cuanto a los recursos de financiación Estatal, la MEE plantea algunas modificaciones a fin de asegurar más equidad en la repartición de recursos para todos los partidos, no necesariamente beneficiando a las colectividades más grandes ni en el que se premie la adopción de mecanismos democráticos o de inclusión poblacional.

Respecto a los aportes de particulares, las actuales leyes de vigilancia son adecuadas –reconoce la MEE-, pero el inconveniente es la debilidad en conseguir su cumplimiento. La Misión está de acuerdo con que se fije un tope máximo y absoluto de financiamiento privado, para evitar que los partidos queden “empeñados” a ciertos particulares. Además, debería dotarse de “más dientes” al eventual Consejo Electoral Colombiano para ser capaz de hacer la vigilancia respectiva sobre los partidos y sus finanzas.

Por último, el Estado debería responsabilizarse de la financiación indirecta de los procesos electorales, es decir, que sea este el que pague los transportes a las urnas el día de las elecciones y participe de manera importante en la contratación de pautas en medios de comunicación y publicidades de campañas para espacios públicos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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