“Toma indígena a la Alcaldía” o “Indígenas invaden la Alcaldía” o “Indígenas asaltan La Alpujarra”.

Con esos titulares las redes sociales y los medios de comunicación difundieron la noticia de que al mediodía de este 22 de febrero más de un centenar de personas indígenas entraron al edificio de la Alcaldía de Medellín mediante vías de hecho. 

Lo hicieron para protestar en contra de las autoridades locales que han dado la orden a la fuerza pública de prohibir el trabajo de indígenas menores de edad. En cuanto entraron al edificio del Alcalde, éste rápidamente se pronunció: “Se realiza una protesta a la que no voy a ceder. Una comunidad indígena (saben que los respeto) me pide que los deje usar sus niños para pedir plata, trabajar, hacer bailes a extranjeros hasta altas horas de la noche. En Medellín esto no está y no estará permitido”. 

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Según expresó el Alcalde, son familias que permiten que sus niños y niñas entren en situación de mendicidad y exploten sexualmente en una red conformada por taitas o caciques. Y, según explica Luis Fernando Caisamo, consejero de Derechos Humanos y Paz de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), son familias Embera Katío desplazadas del Chocó y sin amparo. 

Pese a que Antioquia es uno de los departamentos con más afectaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho humanitario para las comunidades indígenas, su capital sigue siendo tierra puerto. De las más de 7.500 víctimas de confinamiento y desplazamiento regional, entre 2020 y 2021, el 76 % fueron personas indígenas. Dice Casiamo que este no es un tema sencillo pues, asegura, los indígenas que protestaron no están bajo ningún direccionamiento político real. 

Según explica, la jurisdicción en Antioquia la conforman 40.000 indígenas pertenecientes a cinco pueblos (Embera Chamí, Embera Dobida, Eyabida, Senú y Guna Dule), ubicados en 31 municipios de Antioquia que son zonas PDET. Y tan solo en el Valle de Aburrá hay cerca de ocho cabildos urbanos que vienen de otros departamentos del país. “Entonces, podemos encontrar cabildos Misak, Ingas o Embera, pero no están en nuestra jurisdicción, ni en los alcances y acciones del direccionamiento político de la OIA”. Eso incluye, advierte el consejero, a las familias que ayer irrumpieron en la Alcaldía de Medellín, por eso, dice, no se han pronunciado oficialmente. 

Mientras tanto, en el coliseo Carlos Mauro Hoyos, continúan los diálogos entre la Administración Municipal y los representantes indígenas. En medio de enfrentamientos con las autoridades que intentaban desalojarlos en La Alpujarra, los Embera pidieron que se les dejara trabajar en comunidad y advirtieron la asistencia que demandan como víctimas por la violencia. Sus peticiones siguen siendo esas. 

En Cerosetenta conversamos con el consejero Caisamo para ampliar las perspectivas.

¿Qué conversaciones han tenido dentro de la Organización Indígena de Antioquia frente a lo que ocurrió?

Manifestamos explícitamente que nosotros, como Organización, desconocíamos por completo que nuestros hermanos y hermanas iban a hacer ese tipo de acción. Realmente estamos muy tristes con los acontecimientos por dos razones: primero porque además de exponerse como lo hicieron nuestros hermanas y hermanas, estuvo el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia que retuvo a niños y niñas indígenas —revictimizando a las familias que se manifestaron—. Segundo porque no tuvimos alcance: nosotros no coordinamos con los cabildos urbanos porque ellos autónomamente se establecieron en el Valle de Aburrá y, desde ahí, con otras presencias que tienen sus poblaciones en el territorio, se fueron organizando para ayudarse mutuamente y sostenerse en un departamento en el que no están sus resguardos. Así, poco a poco, han ganado espacio pero no tienen un direccionamiento político del departamento de Antioquia. 

¿De haber tenido un direccionamiento político, cree que no habrían llegado a las vías de hecho?

En muchos de los escenarios que nos hemos dispuesto con el Gobierno Nacional y sus entidades nuestras protestas han sido pacíficas y hemos manifestado constantemente que cuenten con nosotros para la paz y nunca para la guerra. Somos actores de paz y no violencia, entonces por supuesto no fue la forma de proceder. Pero, por otro lado, lo que ganaron con la acción fue realmente todo lo contrario: ahora tienen menos garantías porque exigen un derecho que no es derecho o no es viable: la mendicidad laboral. No estamos de acuerdo con eso en nuestras concepciones político-organizativas.

Sin embargo eso es lo que vemos en el país: niños y niñas —no solo indígenas— trabajando en las calles…

En nuestras reflexiones con nuestros mayores y mayoras, y con todas nuestras autoridades, creemos que pareciera ser una política estatal la de no ofrecer oportunidades o los suficientes empleos a la población. Y como lo dice en su pregunta, no solamente me refiero a población indígena, afro o campesina que vemos en las calles de las ciudades, me refiero a toda la población en general. Estamos hablando de un país donde cerca del 60 % del trabajo es informal, contando con que ese porcentaje es entre mayores de edad. Y eso nos debería decir algo o hacernos cuestionar muchas cosas al respecto de los gobiernos que hemos tenido.

¿Cree entonces que la manifestación indígena es un síntoma claro de un país que grita desempleo?

De un país desempleado y con altos índices de empleo informal, son dos características. Este es un país que reconoce que su economía es ilegal, donde hay presiones y donde —como dije— hay una política de Estado de ausencia total de organismos de control en los territorios indígenas, en los territorios campesinos, en los territorios de las negritudes y ahora hasta en la ciudad. 

Las preguntas son muchas: ¿qué opción tienen las personas que están en capacidad de laborar en medio de un conflicto o en medio de unas violencias que nosotros como organización hemos denunciado? ¿Qué oportunidades tienen nuestros hermanos y nuestras hermanas, el campesinado y los afrodescendientes para salir adelante? ¿Y qué ofrece la ciudad? Porque el asunto del conflicto, que siempre se ha relatado en el campo, lo estamos viviendo en el contexto de ciudad. Entonces la informalidad pareciera que es un indicador positivo del Estado y, a mi modo de ver, es un índice de desempleo. Es totalmente alarmante y es bastante deficiente lo que se ha hecho frente a esta situación que se vive en el país. En los distintos sectores sociales, la mayoría de la población está afectada precisamente por esta escasez de oportunidades y no solo laborales, sino también para crecer como seres humanos integralmente en una sociedad como esta.

El Alcalde advirtió que “no está permitido que niñas bailen para extranjeros”, ¿qué le suscita esa frase?

Se ha hablado mucho de la ciudad que quiere vender Quintero a los extranjeros, pero ese no es el problema: el problema es la ciudad que tenemos. Medellín se ha caracterizado mucho por la visita de extranjeros que no vienen a hacer solo negocios. Su presencia todavía amerita mucho estudio precisamente por las actividades que vienen a buscar y por lo que promueven. No hablo de todo el turismo, pero sí hablo de una cifra importante. Investigaciones demuestran que lo que digo es cierto y hubo hasta un documental que nombró a Medellín como el burdel más grande de Latinoamérica. Ese fenómeno social debe tener un origen y sé que parte de lo que estamos hablando apunta hacia eso. 

Aunque particularmente me abstengo de marcar una línea política con los gobernantes de turno, definitivamente no se trata de la ciudad que quiere Quintero, se trata de la ciudad en la que vivimos. Vayan a algunos lugares particulares y díganme qué personas y a qué edades están ejerciendo su actividad laboral informal y con qué público. Esto no es un problema focalizado. Hay que hacer una radiografía bastante profunda de lo que está ocurriendo porque, quizás, esto es solo la superficie. 

La gobernación, las alcaldías, las organizaciones sociales, que se pregunten como nosotros: ¿cómo hacerle frente estructuralmente a lo que está pasando? La mendicidad laboral o la falta de garantías en Colombia no es un problema exclusivo de los indígenas.

¿Cree que los canales de diálogo con la institucionalidad están realmente abiertos?

Hablo como Consejero de la Organización Indígena de Antioquia y nosotros sí hemos tenido diálogos directos con la dirigencia, al menos de la Gobernación. No se nos ha negado el espacio para discutir y encontrar rutas para enmendar lo que suceda en el territorio y con nuestras comunidades indígenas. Pero la violencia ha mostrado que cierra canales y que realmente no da resultados para llegar a un buen vivir. Aunque el diálogo es la única ruta que tenemos nosotros, lo que sucedió ayer puede que deje un mal precedente para los pueblos indígenas, al menos para los del departamento. Y si lo que sucedió fue premeditado o si hay personas además de indígenas detrás de esto —porque hay muchas especulaciones—, lo tendrán que explicar en medio de lo que investiguen.

La OIA tiene legitimidad y quiere analizar la situación con cuidado y por eso no hemos emitido un comunicado oficial. Y el día que nos toque salir a la calle por incumplimiento de lo que el Gobierno pacte con nosotros lo haremos, eso sí, pero no de manera violenta. 

¿Por qué estas comunidades que protestaron no están articuladas y quién debería escucharles?

Estos comuneros indígenas pertenecen a una organización en su respectivo departamento, que en este caso es el Chocó, están asociados a su propia jurisdicción  que debería escucharles en primera instancia para construir la ruta de atención de necesidades y emergencias que tengan como miembros asociados. Ahora que se encuentran en Medellín, claro que nos hemos solidarizado como OIA pero, al final, terminan ejerciendo la mendicidad. Insisten en hacerlo porque encuentran un retorno económico y es una forma en la que quieren emplearse aunque entre pueblos indígenas no estemos de acuerdo. Pero como están acá, la Defensoría y la Personería deberían escucharlos. ¿De qué manera garantizar la permanencia en sus jurisdicciones? Los gobiernos departamentales deberían sentarse en una mesa humanitaria para pensar de qué manera darle respuesta a una situación que no es nueva. Surge del conflicto armado que generó confinamiento, desabastecimiento y luego desplazamiento. 

Para terminar, ¿cómo juzga la cobertura mediática de este hecho?

Nosotros hemos tenido unas luchas impresionantes precisamente para posicionarnos como actores de paz, diálogo y reconciliación. Lo que ocurrió definitivamente estigmatiza a la población indígena nacional, al gobierno indígena departamental pero también afecta las acciones que hemos procurado construir con toda la sociedad. No se trata solo de las instancias del gobierno, sino también de la relación con los sectores sociales. Esto que pasó enseña también que tenemos que sentarnos en algún encuentro o juntanza para mirar de qué manera nos vamos a entender entre pueblos. 

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