El pasado 21 de agosto se cumplieron seis meses de la sentencia C-055 en la que la Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24 de gestación —y después de ese plazo en las tres causales establecidas en 2006—. El fallo que reconoció el delito de aborto como injusto e ineficaz, protege el derecho fundamental de las mujeres a acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, a tomar decisiones sobre su cuerpo y a no ser discriminadas, y solicita al gobierno formular una política pública que regule la interrupción voluntaria del embarazo.
Por eso, este lunes 22 de agosto, convocada por la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, se realizó una audiencia en el Congreso —la primera de muchas, según dijo la representante—, con el objetivo de crear esa política y saldar una deuda legislativa. Un grupo de mujeres de distintos sectores intervino y, aunque la nueva ministra de Salud, Carolina Corcho, no pudo asistir, el viceministro Jaime Urrego se comprometió a diseñar una ruta en los primeros cien días para que “el rumbo señalado por la Corte no sea un juego”. “Exíjanos si no vamos cumpliendo”, agregó el viceministro.
Allí se dijo que, seis meses después, las barreras de acceso para quienes buscan interrumpir un embarazo persisten y que sobre todo las sufren las mujeres migrantes. Además, algunos prestadores desconocen la obligatoriedad e inmediatez de la sentencia y falta actualizar las rutas y protocolos del Ministerio de Salud. A las mujeres les siguen pidiendo requisitos innecesarios como valoraciones psicológicas y contra ellas se ejerce violencia obstétrica: les dicen que están cometiendo un delito, no les suministran nada para el dolor, las ubican en las salas de parto junto a las embarazadas, les practican legrados a pesar de ser una técnica obsoleta. En Valledupar una médica acusó a una mujer de ser una asesina, en San Gil amenazaron a otra con ligarle las trompas y en Boyacá le exigieron a una menor de edad la autorización de sus padres. Todo esto pese a que Colombia es un Estado laico y a que la maternidad es solo uno de tantos proyectos de vida que se puede —o no— querer.
Varias de esas consideraciones aparecen en el “Balance de los 100 días del fallo histórico: ¿Cómo va la implementación de la sentencia C-055 de 2022?”, elaborado por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la fundación Oriéntame. El balance señala, por ejemplo, que el número de mujeres que acudieron a La Mesa en busca de asesoría tras enfrentar barreras aumentó respecto a 2021. La mayoría tiene entre 19 y 25 años, el 71% vive fuera de Bogotá —15 de ellas en Norte de Santander— y 69,7% está afiliada al sistema de seguridad social en salud.
En esta nueva entrega de entrevistas a mujeres con una voz notable en el panorama político nacional, Cerosetenta habló con Ana Cristina González: médica, doctora en Bioética, Ética aplicada y Salud, experta en derechos sexuales y reproductivos, consultora e integrante de distintas organizaciones, cofundadora de La Mesa por la Vida y pionera de Causa Justa, el movimiento creado en 2018 que logró que el aborto fuera legal en el país.
Según Ana Cristina —para quien ahora las mujeres están hablado sobre aborto sin tanto temor a ser juzgadas— el mayor desafío en los próximos cuatro años es lograr, así como ocurrió en el terreno legal, la despenalización social del aborto, es decir, que haya entornos legítimos para que las mujeres puedan decidir. Y eso solo sucede si la cultura se transforma.
¿Qué debería tener la política pública integral que empezó a discutirse en el Congreso?
Una política pública integral puede —pero no tiene que— ser una ley. La ley podría servir para dar seguridad a las medidas que desarrolle el gobierno, pero podría haber una regulación desde el ámbito sanitario que afiance el acceso a los servicios de salud para las mujeres.
Esa política debería articular acciones en torno a la educación sexual integral para que exista información: que en las escuelas se hable de sexualidad, prevención del embarazo y contra la violencia. También tendría que ver con las opciones para prevenir embarazos no deseados: métodos anticonceptivos modernos y disponibles, anticoncepción de emergencia y posaborto y por supuesto la IVE que es y deberá ser siempre una opción. Luego incluiría el tema de la violencia, me refiero a que muchos de los embarazos no deseados son resultado de violencias en la vida de las mujeres, violación o relaciones sexuales coercitivas.
Eso en cuanto a una política integral, pero yo me concentraría en actualizar los marcos normativos sanitarios usando la jurisprudencia constitucional para asegurar servicios de aborto oportunos, seguros, de calidad y respetuosos con las decisiones de las mujeres.
Si sigue el curso en el Congreso, la discusión también sería con sectores conservadores que se han manifestado en contra del aborto. ¿Cómo anticipa el debate?
Sería ideal que el Congreso diera muestras de madurez y protección a los derechos humanos de las mujeres. Aunque es cierto que los partidos más conservadores están tratando de tumbar la sentencia de todas las maneras posibles, es la primera vez que hay tantas mujeres en el Congreso y la primera vez que hay una bancada progresista tan grande. Además, quienes hemos defendido la libertad de las mujeres y su derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo tenemos argumentos y estamos en capacidad de acompañar un debate de alto nivel que rompa con la dicotomía de si estoy a favor o en contra: tú estarás en contra, pero eso no significa que puedas cambiar los marcos legales.
Yo anticiparía una perspectiva un poco más amplia porque venimos de casi dos años de debate y muchas personas ven con más claridad cuál es el problema del aborto, cuáles son las circunstancias en las que las mujeres abortan y cómo son castigadas y tratadas con desigualdad. De todas maneras, no soy muy optimista porque el Congreso no ha sido capaz de legislar ni siquiera en contra y, claro, jamás ha aprobado una iniciativa favorable en estos temas.
«Pensar que los derechos humanos se pueden sacar a votación popular es una mirada muy equivocada de la democracia»
Quizás alentados por la anulación de Roe vs. Wade, el fallo que protegía la libertad de elección de las mujeres en Estados Unidos, en Colombia dos referendos buscan revertir la decisión de la Corte. ¿Son viables esos referendos?
Es importante que [quienes los lideran] aprendan, si es que quieren aprender, que la derogación de la decisión en Estados Unidos se demoró 50 años. Eso no pasa de la noche a la mañana. La Corte Constitucional en Colombia acaba de aprobar la sentencia. Segundo, la sentencia de Roe vs. Wade estaba arraigada en la Constitución de Estados Unidos de una manera menos intensa de lo que está en la nuestra. Nuestra sentencia está arraigada en la protección del derecho a la salud, a la igualdad, a la libertad de conciencia. No es tan fácil decir “la vamos a tumbar”, porque la Corte falló la despenalización reconociendo vulneraciones a derechos sustantivos. Pensar que los derechos humanos se pueden sacar a votación popular es una mirada muy equivocada de la democracia.
Además, en lo que conocemos, esos referendos se basan en afirmaciones poco sustentadas que apelan a las emociones y a la manipulación. Eso no quiere decir que nosotras no tengamos conciencia de que están en marcha, pero en Colombia la opinión pública se ha transformado y ahora la mayoría de las personas no está de acuerdo con que una mujer que aborta vaya a la cárcel. Creo que es un elemento a considerar, pero hay que leer esos referendos como la demostración de que ellos no fueron capaces de participar en el debate público sobre aborto que propusimos, que se quedaron sin argumentos.
En la audiencia se habló de técnica obsoleta en la realización de abortos, mal manejo del dolor y maltrato por parte del personal médico. ¿Cómo es hoy el procedimiento?
En este país más personas saben hacer un legrado, un método obsoleto, que una aspiración manual endouterina, un procedimiento sencillo. Tenemos rezagos en la educación médica que no cambiaron con la aparición de la sentencia y el deber de las autoridades es mejorar en materia de enseñanza y de práctica.
Pero hay otro elemento que hemos sostenido en todo este debate y es que la idea del aborto como delito está en la base de las barreras que enfrentan las mujeres, yo diría que es el adobo principal del estigma. Considerar el aborto como un delito crea una serie de impedimentos para que los prestadores se animen a prestar el servicio. Tenemos un trabajo de transformación para, entre otras cosas, reducir la violencia de la que son víctimas muchas mujeres cuando buscan acceder a una IVE. Esas cosas que se mencionan no son una fantasía: a las mujeres se las castiga socialmente haciéndolas pasar dolor, haciéndolas sufrir frente a mujeres que sí tienen un embarazo deseado. Ese es el reto en lo que llamamos la despenalización social.
En el balance de 100 días se menciona que los prestadores siguen desconociendo la sentencia de la Corte. ¿Qué acciones se pueden tomar?
Cien días es un tiempo corto, pero sabemos que se repite lo que pasó en 2006 cuando por primera vez se despenalizó el aborto en Colombia y mucha gente lo negó y desconoció. Desconocimiento es una palabra que utilizamos porque se refiere a no conocer y también a no interesarse o a estar en contra. Hoy más personas aceptan las tres causales, pero les cuesta el nuevo modelo. Creo que es una transición relativamente normal.
Ahora, en Colombia tenemos un marco normativo que nos permitiría tomar medidas. Acá está prohibida la objeción de conciencia institucional o de grupos, y hay una serie de situaciones reconocidas como violencia contra las mujeres que podrían aplicar a ámbitos relacionados con la vida reproductiva. Hay mucha pedagogía y trabajo por hacer para que se difunda la sentencia, se entienda la decisión de la Corte y se deje de tergiversar como cuando dijeron que las mujeres iban a abortar en la semana 24, aunque se sabe que la mayoría interrumpe su embarazo, si puede, en las primeras semanas de gestación.
Según el balance, entre febrero y mayo de 2022 la Mesa asesoró a 76 mujeres que enfrentaron barreras para acceder a la IVE y en 2021 a 50. ¿Eso quiere decir que las barreras se agudizaron?
Las barreras son similares, pero, como cambió el marco legal, son todavía más injustificadas. Ya no le puedes preguntar a una mujer por qué razón va a abortar, eso no se vale, no es legal. Lo que sí vimos —incluso entre las mujeres que atiende La Mesa que enfrentan barreras de acceso y que llegan con más semanas de edad gestacional— es que la mayoría intenta y logra interrumpir el embarazo en las primeras semanas de gestación. Insisto en esto porque quiere decir que está en manos de las instituciones de salud crear las condiciones para que las mujeres puedan decidir y ejecutar de la forma más rápida, menos traumática y más segura y temprana.
El balance dice que ahora más mujeres están financiando su IVE a través del sistema de salud. ¿Ese es un logro de estos seis meses?
Por supuesto es un gran logro y el desafío es que todos los abortos sean legales, es decir, que se den en el marco del sistema de seguridad social en salud y que las que no lo hacen en las instituciones de salud sea porque así lo deciden.
¿El que el aborto sea un procedimiento legal cambió en algo la manera en la que las mujeres acuden a los servicios de salud?
En La Mesa y hablando con colegas vemos que la sentencia generó confianza en las mujeres que solicitan una interrupción del embarazo. Antes se lo pensaban dos veces, no estaban seguras de si iban a entrar en una de las tres causales y qué pereza exponerse a un maltrato. También veo un efecto en la vida social: la gente tiene más confianza para hablar porque sabe que no es una actividad delictiva y por eso es tan importante que nosotras defendamos y expliquemos que en Colombia el aborto dejó de ser un delito hasta la semana 24, porque eso transforma el sentido de las conversaciones. Yo he estado en reuniones donde la gente cuenta que tuvo un aborto y eso tiene una gran ventaja: que las mujeres busquen servicios con confianza y de manera temprana.
«No hay razón por la que tu perspectiva sea moralmente más íntegra que la de una mujer que decide interrumpir una gestación»
¿Cómo avanzar en la despenalización social?
Para mí el desafío más grande es el cambio cultural, cambiarles la cabeza y el corazón a las personas, porque tú puedes estar en contra de la práctica del aborto y es respetable, pero debes entender que no hay ninguna razón por la que tu perspectiva sea moralmente más íntegra que la de una mujer que decide interrumpir una gestación. Ese es el desafío que tenemos como sociedad: que en Colombia todas las maternidades sean deseadas y que a nadie se le prohíba embarazarse ni se le obligue a llevar adelante un embarazo y una maternidad forzada. En este momento nuestra perspectiva no es la de salir con una acción legal, creemos que eso también puede pasar a través de un cambio cultural.
En una carta, Causa Justa y más de 40 organizaciones rechazan el nombramiento del comandante de la policía, general Henry Sanabria, por lo que advierten como una postura antiderechos. ¿Qué riesgos hay en que la policía esté bajo su dirección?
Nosotras somos respetuosas de las creencias religiosas de cualquier ciudadano o ciudadana, pero como vivimos en un Estado laico es muy preocupante que una persona con tanto poder como el director de la policía que se supone que está, entre otras cosas, para proteger a la ciudadanía, tenga expresiones antiderechos no en su vida personal sino como funcionario público. Parte de la denuncia que hacemos es que este señor aparece vestido con ropa de policía, usando los carros oficiales para cargar una virgen o ir a una marcha contra el aborto. Lo primero que tiene que hacer es respetar los marcos legales y no utilizar un cargo del Estado para manifestar sus creencias religiosas. Es difícil creer que uno va a estar protegido por alguien con un paquete antiderechos tan claro: él está en contra del aborto, de la eutanasia, del uso de drogas, de la unión libre y de la homosexualidad. Sería interesante que el Ministro de Defensa, cuyo currículo respeto, atendiera las inquietudes que estamos expresando.
Según documentó La Mesa, desde 1998 se han abierto 5.500 investigaciones contra mujeres por el delito de aborto y 250 de ellas han sido condenadas desde 2005. ¿Es posible archivar los procesos penales activos?
Claro que se puede y en La Mesa por la Vida estamos desplegando una estrategia con la Red Nacional de Mujeres y el Centro de Derechos Reproductivos para hacerlo público como parte de la despenalización social. Habría que buscar los mecanismos para que eso no quede en el pasado judicial de las mujeres porque el delito dejó de existir y a ellas nunca se les debió haber perseguido. Estamos trabajando con universidades y consultorios jurídicos para lograr que sea un hecho y vamos a seguir vigilando qué pasa con las mujeres en este nuevo marco legal.
¿La eliminación del delito de aborto en cualquier circunstancia podría ser la próxima victoria del movimiento Causa Justa en este nuevo gobierno?
Cuando arrancamos esta iniciativa en 2018 estuvimos en Canadá con abogadas y personas del sector salud para conocer cómo se había eliminado el delito de aborto del código penal. Se hizo con un argumento interesante: si permitimos a las mujeres abortar solo en algunas circunstancias o en algunos momentos, las estamos tratando como ciudadanas de distinta categoría porque no todas van a tener la misma protección.
Para nosotras sigue siendo una aspiración el cambio de paradigma que proponemos desde Causa Justa que es abandonar el uso del derecho penal y de las normas restrictivas contra el aborto. Está probado que eso solo contribuye a aumentar la morbilidad, mortalidad y a dificultar el acceso a los servicios. Recurrir al derecho penal y a las prohibiciones del aborto no sirve para que las mujeres dejen de abortar, sino para que lo hagan en condiciones indignas.
El horizonte de Causa Justa sigue siendo esa batalla y yo creo que no estamos tan lejos porque de alguna manera el delito de aborto en Colombia es casi obsoleto: no existe hasta la semana 24 y tampoco existe después de la semana 24 en tres circunstancias. Está ahí como un coletazo de la historia para decirnos: “Hasta ahora las llevamos controladas”, pero con un trabajo de implementación de la sentencia y de transformación cultural vamos a lograr que ese delito deje de existir.
