El problema de defender la “protesta pacífica”

El próximo 21 de enero se reanuda el paro nacional y el proyecto de ley con el que se busca regular la protesta social ya está listo. Aunque aún no ha pasado en el congreso, muchos ven probable su aprobación y, en esta, un paso más en la criminalización de la protesta.

Julián Guerrero

17.01.2020

En diciembre, a pocos días de que se cumpliera un mes del Paro Nacional, se conoció el proyecto de ley que pretende regular la protesta social en el país. El documento presentado por el senador conservador Juan Diego Gómez, busca proteger el derecho a la manifestación y movilización social “pacífica”, la bandera bajo la cual el gobierno ha deslegitimado muchas de las acciones que han tenido lugar a lo largo del Paro y a través de la cual buscan generar un entorno que no le incomode.  

Entre los puntos del proyecto de ley están la prohibición de los encapuchados y prácticas que marquen bienes públicos o privados, como el grafiti. Así mismo, las marchas y reuniones pacíficas sólo podrán realizarse a más de 500 metros de hospitales, centros de salud, puertos marítimos y fluviales, aeropuertos y bienes considerados como patrimonio cultural, lo que limita las rutas usuales de las movilizaciones. La pérdida de beneficios educativos como becas adquiridas con el Estado o créditos del Icetex serían las sanciones para los estudiantes que cometan “actos vandálicos”. El pago de seguros por parte de los organizadores de las manifestaciones y un fondo para quienes resulten damnificados, hacen parte también de las propuestas de este proyecto. 

No se trata de algo nuevo. El año pasado, antes de la posesión de su cargo y luego en ejercicio, el ex ministro de Defensa Guillermo Botero insistió en la importancia de regular la protesta social con el fin de aplacar el vandalismo que, entre otras cosas y según señaló, estaría siendo fomentado por grupos armados. Las declaraciones de Botero lo llevaron a comparecer en un debate de control político llamado por el senador Iván Cepeda, pues ponían en riesgo la vida de los líderes sociales y los manifestantes al estigmatizarlos y criminalizar la protesta social. 

Ante las acusaciones, Botero dijo que no se trató nunca de la opinión del Gobierno o del Ministerio de Defensa, sino de una reflexión personal. Así mismo, señaló que la financiación de las manifestaciones por parte de grupos ilegales se daba en regiones concretas, algo que los medios habían maximizado. Por último, mantuvo su posición sobre la regulación de la protesta pues esta debía ser libre y pacífica y no podía atentar contra los derechos de las mayorías, las cuales terminaban afectadas por los bloqueos a la vía pública, el daño a la infraestructura y las agresiones. Ya entonces el discurso estatal estaba enfocado en preservar el derecho a la “protesta pacífica” y en insinuar que las movilizaciones eran convocadas por minorías. Un año después, éstas siguen siendo excusas para insistir en el proyecto de ley.

En septiembre de 2019, sin embargo, se supo que el gobierno desistiría de presentar el proyecto de ley. Según dijo en ese entonces Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del interior, ya existían normas para controlar la interferencia de infiltrados en las manifestaciones. Sin embargo, en octubre volvió a sonar el tema después de los desmanes ocurridos en las oficinas del Icetex en Bogotá y se supo que el senador Juan Diego Gómez presentaría el proyecto de ley estatutaria. La iniciativa fue respaldada por Botero antes de su renuncia, así como por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez quien, además de señalar que en los desmanes del Icetex estuvieron involucrados infiltrados enviados desde Venezuela, estuvo de acuerdo con la medida para frenar el “vandalismo”.

Desde la sugerencia del ex ministro Botero hasta el proyecto de ley, se ha hablado del mismo objetivo: la defensa del derecho constitucional a la protesta ‘pacífica’, un adjetivo que se ha ido reforzando a partir de la criminalización de la protesta, la representación de una entidad despolitizada que hay que prevenir (los encapuchados) y la defensa del derecho a la libre circulación que se apoya en la protección del patrimonio y la movilidad. 

Así, el proyecto de ley parece más preocupado en generar un ambiente cómodo para el gobierno que en procurar el ejercicio legítimo de la protesta, que en últimas significa un cuestionamiento a la administración. La insistencia en que las movilizaciones no deben afectar a quienes no participan de ellas y que debe transcurrir sin molestar a quienes trabajan (pues el gobierno ha insistido que se trata de minorías marchantes) responsabiliza a los manifestantes de los daños que puedan sufrir los otros y su patrimonio y desatiende las exigencias de la gente.

La defensa de la “movilización pacífica” ha sido el mecanismo a través del cual se ha criminalizado la protesta social en los últimos meses. A partir del adjetivo “pacífico” el gobierno ha establecido qué protesta respalda y cuál está enfocado en reprimir.

En Colombia se ha criminalizado la protesta

Victoria Elena González, docente e investigadora de la facultad de comunicación de la Universidad Externado y quien se ha dedicado a estudiar la movilización social en el país, señala que el cierre de canales para protestar es una constante en Colombia. Aunque el país no goza de una historia de movilizaciones tan fuerte como la de otros del continente, esta historia existe y se ha caracterizado por una constante criminalización en la que muchas veces se ha asociado a los manifestantes con grupos armados. 

Señalar que la gente está siendo obligada a protestar en lugar de ser motivada por una necesidad real y la creencia de que las movilizaciones no arreglan nada son, según cuenta González, características de la protesta social en Colombia, así como formas y resultado de la criminalización, la cual sigue reproduciendo el gobierno en curso. 

¿De dónde viene la violencia?

La defensa de la “movilización pacífica” ha sido el mecanismo a través del cual se ha criminalizado la protesta social en los últimos meses. A partir del adjetivo “pacífico” el gobierno ha establecido qué protesta respalda y cuál está enfocado en reprimir. Como bien lo analizó Dejusticia, el proyecto de ley crearía un nuevo delito denominado “vandalismo” que “se configuraría cuando se atente o dañe bienes públicos o se agreda a miembros de la fuerza pública” y que involucraría a quienes promuevan o faciliten dichos actos, para los cuáles ya existe sanciones.

“Si hay alguien que esté con un palo rompiendo vidrios ya existe un artículo que dice que, sin importar si usted está en protesta o no, lo pueden detener. ¿Para qué inventar algo que ya está hecho, específicamente orientado hacia la protesta? Porque cuanta menos democracia haya, más restricciones hay sobre los ciudadanos. Por eso la violencia siempre es protagonista de la movilización social. Nunca hay contexto, nunca se habla de qué es lo que la gente está pidiendo, sino de que se rompió tal cosa o tal otra”, señala la profesora González.  

La necesidad de este nuevo delito está sustentada en una opinión popular en estos días de la cual los medios de comunicación han sido cómplices y han reproducido sin arrojar una mirada crítica. La representación del encapuchado y el vándalo como sujetos despolitizados y ajenos a las movilizaciones ha sido una de las constantes de los pronunciamientos del gobierno y de los cubrimientos del paro. Esta representación ha alimentado la perspectiva (criminalizante) de que las vías de hecho no son legítimas en la protesta social y que sólo a través de la movilización pacífica se pueden alcanzar los objetivos. 

La defensa de la protesta pacífica en el proyecto de ley y por parte de quienes lo respaldan, no solo determina la protesta ideal –como bien lo analiza Dejusticia– como una ley impuesta por aquellos a quienes se reclama, sino que también busca proveer al gobierno de un entorno de protesta en el que no se ve confrontado ni desautorizado. La criminalización a través de la defensa de la movilización pacífica en el proyecto de ley, se hace aún más compleja cuando éste convierte a cualquier manifestante que se comporte por fuera de la norma (que se cubra el rostro, que raye una pared, que lance objetos contundentes a la fuerza pública) en un potencial “vándalo”. 

Para un abogado y miembro de la Red Universitaria Distrital De Derechos Humanos (que pidió la reserva de su nombre por ser funcionario público) lo que pretende el Estado con proyectos como este “ya ni siquiera es una es una defensa de la protesta pacífica, sino una desubstancialización de la protesta”. Según afirma, cuando la constitución refiere a las garantías de la protesta pacífica y a la movilización, se refiere a la posibilidad de que la gente exprese su descontento de formas que sean efectivas para ello, en el marco de la Constitución y siempre que eso no constituya un delito. Sin embargo, agrega que existe una desproporción entre la capacidad de daño de acciones frente a la respuesta que reciben, como es el caso del grafiti.

Esta desproporción también es evidente en lo que respecta a la fuerza pública y sus enfrentamientos con los manifestantes, otro de los puntos álgidos del proyecto de ley. Al tiempo que se condenan las agresiones contra la fuerza pública (dotada con armamento y protección a diferencia de los manifestantes) se faculta a ésta con armas de electrochoque y no se cuestiona su armamento actual. Si bien no se trata de justificar las agresiones entre la fuerza pública y los “manifestantes violentos”, como los describe el proyecto de ley, es claro que éste respalda sin cuestionamientos a la fuerza pública, igual que lo ha venido haciendo el gobierno hasta estos días.

Aunque, tanto para Victoria como para el defensor de derechos humanos, el debate sobre el Esmad y la fuerza pública ya se está profundizando, es claro que aún persiste la imagen heroica de la fuerza pública en el imaginario colombiano. Una imagen que es difícil combatir. Con el proyecto de ley, así como con la mirada que el gobierno ha puesto sobre la protesta, es claro que, desde su punto de vista, la violencia jamás es ejercida por la Policía (que actúa en su derecho legítimo de proteger la manifestación pacífica), sino que siempre atenta contra ésta. De ahí que insistan en que es necesario aumentar la fuerza en lugar de reducirla o cuestionarla. 

Según agrega el defensor, existe una torpeza en el movimiento social en querer llenar de contenido las consignas contra la represión policial, en lugar de enfocarse en probar “la violencia de la existencia misma de estos cuerpos y el riesgo que representan”. No obstante, agrega que en el debate actual las acciones están siendo más técnicas e inteligentes. “Se está explicando qué es el Esmad y cómo su desmonte no significa dejar desbocadas las movilizaciones, sino desescalar la violencia con que se reprime”, dice.

Si bien la defensa de la violencia no es una constante en el movimiento social ni en los marchantes, está en su poder y responsabilidad el escoger cuál es la vía más efectiva para alcanzar sus intereses. Hablando del paro estudiantil de 2011 (un antecedente de las manifestaciones actuales), Victoria comenta que mucho de lo que se logró tuvo que ver con la variedad en los repertorios de acción, es decir, las acciones que se hicieron durante el paro. 

Desde las movilizaciones hasta las acciones culturales, la diversidad de repertorios de acción atrajo al paro a personas que antes no veían las movilizaciones como una acción legítima. Sin embargo, hasta el día de hoy, recae sobre los colombianos el peso de sus episodios de violencia, algo que en el paro actual ha permitido que se privilegien las acciones culturales, las cuales han validado la opinión pacífica sobre la protesta social.

“Eso está impregnado en el ADN de los colombianos. Cuando las cosas empiezan a ponerse feas la gente se auto regula por miedo a que eso termine igual que en otras épocas. Entonces dicen: ‘Chévere seguir protestando, pero hagamos otras cosas como el yogatón o el concierto’. Pero ¿qué afecta eso? Nada. El Estado lo sabe, cierra el transporte público, por ejemplo, y hace más frágil la protesta”, dice Victoria. Para esta investigadora estos repertorios de acción tienen más fuerza cuando acompañan un ejercicio de movilización fuerte pues, de otra forma, es cómodo y complaciente con el estado. “Ellos se pegan de ese argumento para decir “mire, se puede protestar pacíficamente”, agrega. 

Para esta investigadora, textos como el proyecto de ley hablan de lo asustado que está el gobierno frente al estallido social que vive el país y no descarta que llegue a ser ley, algo que pondría en juego el ejercicio de la protesta. Una opinión similar tiene el defensor de derechos humanos, quien agrega que, aunque cree que la oposición a la ley sea bastante fuerte, tiene un músculo de apoyo muy fuerte que puede darle el triunfo. 

“La violencia en la protesta se da en la medida en que nos estamos rebelando contra algo que en sí mismo es violento. El uso de la violencia va a un tema de efectividad, de si no rompemos cosas no nos van a escuchar, pero también a un tema de equiparar las fuerzas. Es decir, el sistema en Colombia, y en general los sistemas estatales, tienen una naturaleza violenta y represiva y si la protesta se está enfrentando a esas formas, tiene que equipararse a ellas. Ahí hay una defensa del uso de la violencia que en Colombia puede tener un montón de matices y un montón de implicaciones, pero no se puede cercenar la protestas desde esa naturaleza”, comenta. 

Si el proyecto de ley estatutaria llega a aprobarse el año que viene, no solo se establecería un escenario de protesta en que el estado no se incomoda, sino impuesto por este mismo y, por tanto, capaz de validar qué acciones son legítimas y cuáles no, incluso cuando las legítimas no tengan la misma efectividad que las otras. Lo peligroso del proyecto de ley está en que condiciona la protesta a sus intereses y determina, sin consulta previa, cuál es la vía más efectiva para reclamar. 

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