Para empezar, unos datos:

En Venezuela hubo 3.308 ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública en 2020; en 2021 fueron casi la mitad (1.414).

En México, los asesinatos cometidos por la policía duplican las capturas hechas por esa institución.

En Puerto Rico, el 46 % de las personas asesinadas por la policía estaban desarmadas.

En Argentina, el 70 % de las lesiones provocadas por armas menos letales son lesiones de gravedad que requieren atención médica. Además, en 2020 hubo 537 muertes asociadas al actuar de la policía de las cuales 384 ocurrieron al interior de comisarías y centros penitenciarios.

En Colombia, durante el Paro Nacional de 2021 hubo casi una lesión ocular diaria a manifestantes: 103 lesiones oculares del 28 de abril al 20 de julio.

En Chile, solo el 20 % de las “balas de goma” que han causado lesiones son de hecho de goma, el resto son de metales de alta dureza. 

En Brasil, el tercer país con más población encarcelada en el mundo, el 45 % de las personas en prisión no tiene ninguna condena ni han sido juzgadas.

En España, la policía fronteriza de ese país y de Marruecos fueron responsables del asesinato de 40 personas en un solo día: fue el 24 de junio y las víctimas fueron migrantes que intentaban cruzar a España.

Esas fueron algunas de las cifras que mencionaron los miembros de las 25 organizaciones, de 14 países de Iberoamérica, Estados Unidos y el Reino Unido que asistieron al Encuentro de la Red Global contra la violencia policial. El evento se realizó el mes pasado en Bogotá y convocó a unas 50 personas cuyo trabajo ha sido hacerle seguimiento a los cuerpos policiales de sus países: cómo actúan, qué facultades tienen para controlar y vigilar —en la ley y por fuera de ella—, cuáles son los abusos que cometen y cuál es el nivel de impunidad por sus crímenes. 

Las organizaciones que participaron en el encuentro han hecho la tarea —que los gobiernos no— de hacerle veeduría a uno de los cuerpos estatales con mayor autonomía, poder y libertad en el ejercicio del uso de la fuerza y el uso de la violencia, investigando también los distintos nodos en la cadena de mando de cada una. Y la conclusión a la que todas han llegado, desde Estados Unidos hasta Argentina y de Reino Unido hasta Ecuador, es que las policías de este lado del mundo son instituciones de violencia que, aunque existen bajo la promesa de servirle a la ciudadanía, en realidad le han servido al poder y a garantizar que se mantengan unos órdenes sociales que benefician unos pocos en detrimento de muchos.

Durante cinco días, los delegados de las 25 organizaciones hablaron de sus hallazgos y aprendizajes, de lo que han encontrado es estratégico en la calle, para las víctimas, ante la justicia; también de lo que no funciona. Las conversaciones y ponencias de cada organización, y de expertas invitadas, cubrieron un espectro amplio de temas: la gestión de la policía durante la emergencia sanitaria por Covid, el uso que hacen de las armas menos letales, su sesgo de raza, clase y género, las estrategias que desde la sociedad civil han servido para reaccionar y prevenir la violencia policial y finalmente las posibles transformaciones y reformas a la policía e, incluso, hacerlo eventualmente innecesario.

El intercambio de saberes e ideas resulta crucial en un momento en que varios países de la región, como Colombia, se han embarcado en discusiones públicas sobre qué hacer con la policía. No obstante, los conocimientos compartidos no siempre llevaron a lugares predecibles: las representantes del Observatorio de derechos humanos y violencia policial de Chile y de Make the Road de Estados Unidos, por ejemplo, aseguraron que las reformas a la policía no siempre son efectivas porque no han servido para transformar los problemas de fondo y, por lo tanto, plantea preguntas para contextos como el colombiano en los que el norte es, precisamente, una reforma.

Además del intercambio de conocimiento, la Red Global contra la violencia policial tiene planes de largo plazo que empezaron a cosecharse con el encuentro en Bogotá. Por ejemplo, articularse para hacer incidencia internacional sobre la regulación de las armas usadas por la policía, sobre lo que se considera legítimo en su actuar y lo que se debe reconocer como crimen y tortura. La idea de la red es sumar voces para alcanzar instancias altas que ayuden a generar impactos y transformaciones en los contextos más locales. En resumen: buscar la transformación de las policías por todos los frentes posibles.

Cerosetenta habló con Alejandro Rodríguez, coordinador de la plataforma GRITA —que lleva un registro de hechos de violencia policial— de Temblores ONG, sobre los hallazgos y metas que surgieron del encuentro de la red en Bogotá. 

¿Cómo nació la idea de la Red Global contra la Violencia Policial? 

En 2019 teníamos la idea de crear la plataforma GRITA —el registro de denuncias de violencia policial de Temblores ONG— y tuvimos una reunión con una organización de derechos humanos de España que tiene una plataforma que se llama Red Malla en la que documentan casos de violencia policial. Fue una reunión muy emocionante, echamos muchas ideas y se nos ocurrió crear una red con organizaciones para hablar de violencias y articularnos entre tanta gente distinta que hacemos trabajos parecidos.

Luego llegó la pandemia y aprovechamos el encierro para tener reuniones bilaterales con otras organizaciones, CORREPI y el CELS en Argentina, por ejemplo. Después de varias reuniones decidimos articularnos.

El primer encuentro fue en 2020, fue virtual y coincidió con el 9 de septiembre. Entonces mientras estábamos en el encuentro atendíamos esa crisis de derechos humanos que tuvimos en Bogotá. Ese primer encuentro fue muy fructífero, pero quedamos con el sinsabor de no poder vernos físicamente. Y bueno, hoy dos años después, también en septiembre, estamos reunidos. 

¿Qué fueron encontrando en esas primeras conversaciones con otras organizaciones? 

Fuimos viendo cómo en contextos tan distintos tenemos problemas muy parecidos: el problema en España que tiene que ver con la población migrante, por ejemplo, y sus correspondencias con lo que sucede acá con los migrantes venezolanos. 

Eso nos dio las luces de que no nos podíamos quedar encerrados en nuestros contextos —aunque entender lo que pasa solo en Colombia ya es muy complejo—, pero al escuchar de otros entornos se abren ventanas y uno entiende  a mucha más profundidad. Este encuentro surge también de esa necesidad de encontrarse con el otro para entenderse a uno mismo y poder aportar desde el conocimiento mutuo. 

¿Cuáles fueron los hallazgos y conclusiones de ese primer evento virtual de 2020? 

Ese encuentro no fue tanto de planear estrategias como éste, sino que hablamos de temas generales: de cómo operaba la violencia policial en contextos de protesta social, de cómo la violencia policial está relacionada con problemas del patriarcado o con la guerra contra las drogas.

Pero la virtualidad se nos quedó corta, como a todos en la pandemia. Queríamos contarnos cómo hacemos nuestro trabajo en nuestros contextos y eso requería presencialidad. Esta versión tiene esa intención, enseñarnos mutuamente cómo hacemos lo que hacemos.

¿Y cómo resultó el encuentro? ¿Algo que te llamó la atención?

Aprendimos mucho. Nos hemos contado cómo hacemos el trabajo desde acciones distintas: formas de hacer presencia en calle, por ejemplo, en la protesta y en otros escenarios para anticiparse a posibles situaciones de violencia policial. El aprendizaje ha sido máximo y muy gratificante. 

Me ha impresionado descubrir que también tenemos otros problemas en común. Por ejemplo, en casi todos los países hay crisis carcelaria y un sistema penal que reproduce desigualdades sociales muy fuertes. O escuchar cómo en España tienen el mismo problema de los comparendos que tenemos acá: se han usado las multas como una supuesta forma de reducir violencias, para que no haya uso de la fuerza, pero el resultado ha sido imposición de multas desproporcionadas y montones de gente multada. Justo la semana anterior me había escrito una amiga que tenía que entregar un salvoconducto de multas para un trabajo y se dio cuenta de que tenía una multa de un millón de pesos.

También hubo apreciaciones fuertes, como las representantes de organizaciones de Chile y Estados Unidos que dijeron que las reformas policiales no funcionaban. Ahora que en Colombia se espera una reforma a la Policía, ¿cómo reciben ese mensaje?

Es interesante darse cuenta de que hay otros países que ya han pasado por reformas y que están en otros momentos. Nos hace pensar hasta qué punto la reforma puede funcionar, hasta dónde se puede gastar ese recurso y quizá la necesidad de luego buscar otras estrategias para seguir reduciendo la violencia policial. 

En otros países han hablado de desfinanciación, de dirigir recursos hacia otros lados que logren reducir la conflictividad social sin necesidad de tener policías. Entonces es buenísimo poder encontrar esas diferencias no solo de posiciones e ideas, sino de experiencias que están atravesadas por los contextos en los momentos de cada país. 

¿Y concluyeron en algún objetivo último al que le apunten como red? 

Un objetivo último es difícil. Tenemos muchas ideas. 

Reconocemos por ejemplo el problema de las armas de letalidad reducida como un problema transnacional que responde a un mercado global impulsado por normativas internacionales, y nacionales, que permiten que solo siga evolucionando. Y tenemos un interés muy focalizado en cómo el uso de esas armas suele estar relacionado con prácticas de tortura no reconocidas por los Estados. Queremos que, a partir de nuestra experiencia y de los datos que tenemos, las organizaciones podamos reinventarnos una forma de regular estas armas, actualizar la normativa internacional para reducir sus presupuestos de compra y restringir su uso. 

También queremos que la red sea una plataforma para hacer alianzas específicas entre organizaciones, hacer un diagnóstico, por ejemplo, de cómo la guerra contra las drogas afecta al usuario que generalmente está en la calle y que hace parte de ciudadanías marginadas —en eso Brasil tiene experiencias importantes en las favelas—; o cómo las violencias basadas en género están incrustadas en la policía. Y así lograr cambios que vayan desde lo nacional y los contextos locales hasta escenarios internacionales. 

Además de esas ideas que buscan posicionar temas a nivel internacional, hablamos también de cómo impulsar el cambio cultural con campañas internacionales o en podcasts que hagamos en conjunto.

Y tenemos la intención de volver la red más global aún, porque todavía estamos muy en Latinoamérica —más España, Reino Unido y Estados Unidos— y queremos integrar más países. Todo esto surge de soñar e inventar locuras y ver cómo van saliendo.

Suena como un plan ambicioso ¿Cómo perciben esas posibilidades que se plantean? 

Es muy emocionante. Todavía suena con mucha cosa pero nos estamos organizando en comités para ver qué capacidades tenemos y qué compromisos podemos hacer. Yo veo que hay muchas oportunidades para hacer cosas y que esto nos puede llevar a preguntas más amplias sobre qué son estos monstruos de democracias que hemos creado y qué prácticas tienen normalizadas este tipo de policías. Preguntarse por qué sentimos indispensable que las sociedades deban tener policías que nos vigilen nos puede llevar a plantear debates de transformación social y global. 

Yo creo que tenemos el potencial de lograr en unos años cambios culturales y legales que ayuden a reducir las violencias, y a que tengamos sociedades menos discriminadoras en las que los ciudadanos no esperen que la policía golpee a otros porque no nos agradan. Creo que en el momento en que las sociedades dejen de reflexionar sobre sí mismas, y dejen de buscar cambios, es cuando se puede llegar a días oscuros. Hay mucho potencial para seguir transformándonos y seguir logrando imaginar sociedades mejores. 

Y al mismo tiempo, invitadxs de otras organizaciones decían que todo esto es un trabajo que puede resultar desgastante. 

Claro. Estos son cambios que uno se imagina pero que seguramente no alcanzaremos a ver, porque es un trabajo de largo aliento. Pero la idea también es plantar semillas, echarles agua y dar impulsos para que las cosas logren cambiar eventualmente, y que generaciones futuras puedan imaginarse otro tipo de sociedades sin la figura del policía vigilante.

Este además es un trabajo en el que uno está muy expuesto. En el encuentro todos manifestamos situaciones de riesgo por las que hemos pasado y por eso surgió el compromiso de hacer de la articulación también una red de apoyo entre organizaciones: poder activar protocolos de autocuidado y de apoyo internacional cuando alguna organización esté siendo blanco de algún señalamiento por parte de los Estados, por ejemplo. Eso fue algo muy lindo que surgió, hablar del cuidado mutuo, porque en estas cosas siempre se habla de cómo incidir, pero poco se habla de lo expuestos que estamos al trabajar en esto.

Y hablando específicamente del caso colombiano, ¿cómo valoran ustedes las conversaciones y anuncios que ha habido de parte del nuevo gobierno frente a la policía y su anticipada reforma?

Definitivamente hay unas expectativas exacerbadas, que está bien, pero también somos conscientes de que es difícil hacer todo en cuatro años. Ha habido anuncios importantes, por ejemplo que Petro dijera que quería retirar a los patrulleros de zonas de alta conflictividad. Eso es un acierto importante porque parte del problema es que la policía se ha vuelto un actor del conflicto armado, lo que ha hecho de los miembros de esa institución víctimas y victimarios. También están otros anuncios como la creación del Ministerio de Seguridad y Convivencia o lo que anunció el director general de la Policía sobre los cambios que iba a hacer con el Esmad.

Pero por ahora son anuncios más etéreos que se han quedado cortos y no han sido muy profundos en explicar qué quieren hacer ni cómo lo van a lograr. Lo importante son los hechos. Entonces vamos a ver, hay posibilidad de hacer muchas cosas y sobre todo creemos que puede haber voluntad política de hacerlas.

Y respecto al avance de la reforma policial en Colombia, ¿cómo lo ven? ¿Han sabido en qué va ese proceso?

Con el gobierno todavía no ha habido un gran acercamiento. Hay una mesa por la reforma policial en la que estamos participando un grueso de organizaciones, allí estamos construyendo un pliego de peticiones —que ha sido un proceso largo y arduo— y queremos con eso poder entablar conversación con esta administración. 

Lo que vemos es que el gobierno tenía al principio mucho afán de pasar esta reforma, pero ese ya no parece ser el caso. Lo que sí sostenemos las organizaciones es que esto se tiene que hacer con participación ciudadana real e incluir en la discusión a quienes hemos venido hablando del tema, a la ciudadanía que sabe qué es lo que está mal con la policía.

¿Y hasta el momento el gobierno ha tenido algún acercamiento en este tema a las organizaciones?

No ha habido mucho diálogo. Tampoco quiero decir que no esté pasando, hasta ahora llevamos menos de dos meses de gobierno. Y sí hay otras cosas pasando, el ministro de Defensa estuvo con las víctimas del 9 de septiembre, por ejemplo, que me parece es un paso importante. Por ahora estamos a la espera de ver cómo se materializa esa voluntad política que se ha visto.

En el encuentro se mencionó la dificultad de avanzar en estos procesos de transformación a la policía cuando no se cuenta con la voluntad de cambio al interior de esa institución y de ahí, decían, la ineficacia de las reformas. ¿Cómo sienten eso en Colombia, donde se teme también la disposición al interior de la Fuerza Pública ante una reforma?

Mucho se dice del miedo interno y de las reservas en las fuerzas públicas. Llevamos muy poco tiempo, pero definitivamente sí será un momento en el que se va a poner un poco a prueba, creo yo, el Estado social de derecho colombiano. Y ya se ha puesto a prueba partiendo del hecho de que estábamos acostumbrados a que el exguerrillero era el enemigo público y más aún el enemigo de la fuerza pública. Ahora el presidente es un exmiembro de un grupo guerrillero que además es quien comanda esas fuerzas. Esa es una prueba importante. 

Yo le tengo fe al Estado social de Derecho colombiano, dentro de todas sus complejidades, y también creo que al interior de la Fuerza Pública hay personas que creen que las cosas pueden hacerse diferente. Hay que tenerle fe a eso. Lo vimos en el gobierno de [Juan Manuel] Santos, por ejemplo, cuando hizo el Acuerdo de Paz y vimos un grupo de militares que estaban de acuerdo con el proceso. Ha habido algunas figuras al interior de la policía que se nos han acercado, igual con mucho miedo, eso sí, pero que nos han dicho por dónde ven la necesidad de hacer transformaciones. Y creo que ese es un aporte clave porque son ellos mismos los que en gran parte saben cuáles son los problemas, porque lo viven de primera mano. 

Entonces estoy esperanzado. De cualquier forma reconocemos que el reto es gigante y que no se va a solucionar en cuatro años, y que en este periodo se van a poner a prueba muchas cosas. Pero quiero creer que se va a poder hacer a pesar de ese ambiente tenso que se puede estar viviendo al interior de las Fuerzas Armadas ahorita.