El 4 de junio pasado, efectivos de las fuerzas militares y del ESMAD intervinieron en una protesta iniciada el 20 de mayo por cientos de campesinos en la vereda Tercer Milenio de Vista Hermosa, Meta, para impedir la erradicación forzada de cultivos de coca. Varios de los manifestantes resultaron heridos y Fernando Montes Osorio, reportero gráfico de Voces del Guayabero y quien cubría la refriega con su chaleco de prensa, fue objeto de dos disparos de fusil: uno atravesó su cámara y el otro le voló dos dedos de una mano.

Pablo Parrado, uno de los cinco voceros elegidos por las comunidades campesinas de esa región, dice que el ataque al reportero fue “un intento claro de homicidio” y explica que al día siguiente “el plantón se dispersó porque estaban tirando a matar a la gente, por ello tenemos varios heridos y se puso tan compleja la situación que estaban detonando artefactos explosivos cerca a donde estaba concentrada la comunidad”.

Aunque estas comunidades pertenecen administrativamente al Meta, se identifican como una región conformada por ambos lados del río Guayabero, frontera natural entre Meta, Caquetá y Guaviare. La ciudad más cercana a Tercer Milenio es San José del Guaviare, a siete horas en lancha rápida a través del río. Luego del impacto de bala, el reportero Montes cruzó al otro lado, pero no llegó hasta la ciudad sino hasta el casco urbano del corregimiento El Capricho, donde lo atendieron en el puesto de salud. 

Bladimir Sánchez, otro de los reporteros, cuenta que ese día la comunidad lo sacó de allí por una ventana, pues el Ejército arribó con intención de judicializarlo. Desde entonces Montes no ha vuelto a recibir atención médica ni pudo volver a trabajar con su cámara.

Ese fue el episodio que dio inicio a la campaña de erradicación forzosa de cultivos ilícitos que adelanta la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, una unidad con integrantes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea creada en 2003 con el objetivo de enfrentar militarmente a la entonces guerrilla de las FARC. Desde 2019, parte de la misión de la Fuerza Omega es “neutralizar grupos armados residuales” en 13 municipios de la zona del Guayabero, según consta en la página web del Ejército Nacional.

La operación de erradicación que la Fuerza Omega empezó en Tercer Milenio ya ha pasado por dos veredas más de Vista Hermosa: El Silencio y Caño San José. En esta última, el campesino Luis Fernando Valoy Potes resultó herido y perdió una pierna por un artefacto explosivo que se detonó mientras él y el presidente de la junta de acción comunal se acercaban a los militares para dialogar, antes de que iniciara el operativo. Esto ocurrió el 10 de julio y según Parrado, en días anteriores la comunidad transitaba tranquilamente por allí, sin amenaza de minas antipersonales.

Montes, el reportero herido en Tercer Milenio, le contó a La Liga vía telefónica y por Whatsapp que ese día Maritza Montoya, otra periodista de Voces del Guayabero, intentó cubrir la situación pero los militares no la dejaron: “Había hecho unas tomas y todas se las hicieron borrar, le iban a quitar la cámara y le tocó borrar todo lo que había grabado”. De ser confirmado, esto sería ilegal, una clara violación al artícul0 20 de la Constitución, que explicita que “no habrá censura”, al 37 que consagra el derecho a la protesta pacífica y al 73, que dice “la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”.

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas se  refirieron recientemente a la violencia policial contra la prensa en escenarios de protesta, recordando que “desempeña una función esencial de control público en las sociedades democráticas”. En el caso del Guayabero, ningún otro medio de comunicación estaba cubriendo este operativo sobre el terreno. 

Sin embargo, para Montes, lo más grave es que desde entonces “los miembros de la fuerza pública han venido preguntando por ella”. Cuenta el reportero que ante la insistencia, la comunidad se acercó a las tropas para saber por qué preguntaban por ella y les respondieron que sólo era curiosidad, “que ellos en ningún momento sabían que ella hacía parte de una red de reporteros, que por eso no la habían dejado grabar”. En todo caso, el artículo 20 de la Constitución garantiza el derecho a cubrir asuntos de interés público a “toda persona”, sin distinguir si es o no periodista.

Por los incidentes del 4 de junio la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar “contra funcionarios por establecer de la fuerza pública y la policía”, según confirmó la oficina de prensa de esta institución. La indagación es por las heridas causadas a una persona, pero no se precisa si es el reportero o un manifestante. 

Por su parte, la Defensoría del Pueblo solicitó información a la fuerza pública sobre las acciones adelantadas en las veredas de la zona. El departamento de prensa de la entidad confirmó a La Liga que estos mensajes fueron remitidos a la Procuraduría junto a un comunicado del 14 de julio en el que Voces del Guayabero denunció “el presunto seguimiento de parte de miembros del Ejército a una reportera», Maritza Montoya. 

Pedro Arenas, politólogo investigador de Corporación Viso Mutop y miembro del Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos, resalta que los campesinos pidieron la presencia de organismos de derechos humanos para la protesta en Tercer Milenio, pero ninguno llegó. “Nos ha parecido alarmante el hecho de que la Defensoría del Pueblo sólo haya visitado esa región más de un mes después de acabada la protesta, cuando ya se habían materializado todas las situaciones en materia de derechos humanos”, señala Arenas. La entidad no autorizó una entrevista con La Liga sobre esta situación.

El reportero Montes dice que el caso de los cinco periodistas de Voces del Guayabero se agravó desde que empezaron a cubrir las erradicaciones. Días antes de los disparos que recibió, cuenta que los señalamientos hacia él eran frecuentes: “Me estigmatizaban tratándome de disidente de las Farc. [Le decían] ‘ojalá algún día se deje coger y verá lo que le va a pasar”. “Uno no toma en cuenta eso porque uno como reportero no cree que la fuerza pública vaya a atentar contra la integridad de un periodista, pero sí lo hicieron”, afirma.

Voces del Guayabero es un medio de comunicación comunitario que nació hace tres años de la organización de los campesinos de la región. Hoy son ocho reporteros en distintas veredas que publican su trabajo en Facebook, Youtube y WhatsApp, además los distribuyen a una red de organizaciones sociales y de derechos humanos. También colaboran con Noticias Uno.

La necesidad de volverse periodistas surgió, según explican Bladimir Sánchez y Fernando Montes, de la falta de representación de los civiles que pueblan el Guayabero en los noticieros nacionales, donde -ambos coinciden- “nos estigmatizaban como guerrilleros”. “Dijimos: ‘Pues vamos a hacer un proyecto para visibilizar, para mostrarle a la opinión pública lo que de verdad sucede en esta región tan olvidada del Estado’”, cuenta Montes.

Cuando la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) conoció la situación de Voces de Guayabero, rechazó en un comunicado los ataques denunciados y señaló que  “la falta de transparencia frente a estas investigaciones puede ser entendida por otros uniformados como un mensaje de tolerancia ante futuras situaciones de violencia contra la prensa”.

Las heridas de bala que Montes recibió no lo desanimaron y quiere seguir trabajando y formándose como periodista de su comunidad. Ahora les falta una cámara y un trípode.

La llegada de los ‘sin tierra’ a La Macarena

La región occidental del río Guayabero, en límites del Meta, Caquetá y Guaviare es un santuario de la naturaleza, un punto que conecta los Andes, el Llano y la Amazonía: la Serranía de la Macarena. 

Esta zona fue declarada zona de Reserva Natural por el Gobierno en 1948. Un  intento de protección que para 1964 ya había sido olvidado, pues en ese año se inauguró el puente Guillermo León Valencia, en homenaje al entonces Presidente y que atravesó el río Ariari por primera vez. Gracias al puente inaugurado por el mandatario Conservador, los campesinos pudieron instalarse en San Juan de Arama, Mesetas, La Uribe y Vista Hermosa. 

Así fue descrito por el profesor de geografía de la Universidad Nacional de Colombia, Óscar Arcila, en la monografía ‘Coca, guerrilla, colonización y narcotráfico en la Macarena’. Desde que pasaron el puente, explica el docente, los colonos han hecho lo necesario para establecerse en esa región: de sembrar maíz y plátano pasaron a la marihuana y, finalmente, se dedicaron a la hoja de coca.

Al caer los precios del cultivo ilícito, se endeudaron con comerciantes que, tiempo después, se quedaron con las tierras y las emplearon para ganadería. Algunos cultivadores de hoja de coca invirtieron también en ganado, pero el negocio ilícito no desapareció totalmente de la zona. Tres generaciones después, según describe Pablo Parrado, uno de los voceros de los campesinos del Guayabero, a las veredas de Vista Hermosa tampoco llegaron nunca la electricidad, los puestos de salud, la conectividad con las ciudades ni siquiera un CAI de Policía. “Nuestros hijos no están quedando bien educados”, recalca.

Él reclama la presencia de un Estado que no puede llegar porque la zona que habitan está declarada área de especial protección ambiental. El dilema es monumental, ya que la lucha de los campesinos es principalmente por el “derecho a la tierra y al territorio”. Esta es una de las razones por las que las comunidades de Tercer Milenio, El Silencio y Caño San José, veredas de Vista Hermosa, no suscribieron los acuerdos colectivos para acceder al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que nació del acuerdo de paz de 2012 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.

Para Parrado, el PNIS es “una pequeña parte” del punto 4 de ese pacto, “pero primero el uno que el dos. ¿Por qué no se aplica primero todo el tema de la Reforma Rural Integral?”. El reclamo de titular estas tierras para los que las habitan es antiguo. Campesinos desplazados de otras zonas piden que se les reconozca su propiedad sobre el nuevo asentamiento donde se han instalado desde cero y aupados por gobernantes de turno, pero sin éxito.

Un funcionario del PNIS confirmó que a los colonos “nunca se les va a titular”, pero agregó que las comunidades de esta región del Guayabero que se acogieron al programa tienen proyectos de ecoturismo, abejas meliponas y proyectos con productos no maderables del bosque como asaí, camu camu y copoazú. 

“No se les va a sacar”, aclara, y explica que “básicamente es: sigan ahí, pero no afecten más el medio ambiente”. Esa fue la promesa para la comunidad de Bellavista, otra vereda del Guayabero donde la comunidad se suscribió al PNIS y erradicó el 100 % de la coca, como indica el informe de seguimiento de Naciones Unidas de 2019.

Lo que dijo Eliza Mancilla, lideresa de esa comunidad, en un panel de la Comisión de la Verdad es que no hay proyectos productivos viables para ellos porque están dentro del área protegida de La Macarena, “como si la gente de Parques no tuviera derecho a vivir dignamente, no tuviera derecho a comer”. Mancilla contó que en estos tiempos de pandemia los militares están arrancando “las pocas matas que quedaron para que la gente pueda subsistir” y que están utilizando fumigaciones, lo cual está prohibido dentro de los parques nacionales.

Para ella el PNIS es “una de las mentiras más grandes que ha tenido el gobierno colombiano”.

Este tipo de situaciones dan argumentos a la comunidad de Parrado para exigirle al Gobierno que no les pida erradicar sin una alternativa viable de sustitución. Dice el vocero de Vista Hermosa que los campesinos sí quieren dejar la coca, pero con garantías.

Erradicación con sabor a desplazamiento forzado

La semana pasada, casi dos meses después de iniciado el operativo, una comisión de 20 personas de organismos de derechos humanos recorrió las veredas de Vista Hermosa por donde ya pasaron las tropas. Parrado estuvo allí. Él dice que “más que venir a erradicar la coca aquí lo que se está viendo es un intento de desplazamiento forzado por parte del Estado a las comunidades campesinas de este territorio”.  

En Tercer Milenio, El Silencio y Caño San José, los soldados no se limitaron a su tarea de arrancar  los cultivos ilícitos, sino que también se llevaron por delante los de pancoger, precisamente los que garantizan la seguridad alimentaria de la población. También han desaparecido 50 reses y otras vacas tienen heridas de machete. Cuenta Parrado que la comunidad está instaurando las denuncias correspondientes. 

Para el vocero, “la destrucción es total, la miseria es total” y niños y adultos le están cogiendo terror a los soldados.

El experto Arenas expresa su preocupación porque “buena parte de las quejas o denuncias de derechos humanos se registran cuando el Ministerio Público no está presente. Es decir, si el Ministerio Público acompañara este tipo de operativos habría menos vulneraciones y por lo tanto menos quejas en todos lo órdenes”. Arenas explica así mismo que esto hace parte de los protocolos de erradicación y que los organismos de derechos humanos han usado la pandemia como excusa para no cumplirlos.

En el caso de la Procuraduría, el experto cree que aunque no estuvo presente ha sido más “diligente”. Esta institución indicó a La Liga, a través de su oficina de prensa, que existe una Mesa Regional de Diálogo Social y Ambiental para los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá organizada por el Procurador judicial, ambiental y agrario de Villavicencio, Hilmer Fino. La Liga intentó concretar una entrevista con Fino, pero no obtuvo autorización de sus superiores para esa conversación.

El área de prensa de la Procuraduría indicó, vía WhatsApp, que están planeando una audiencia virtual para los primeros días de agosto con los ministerios de Defensa, Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Agencia Nacional de Tierras. Parrado explicó que esta audiencia ya se intentó a inicios de julio, cuando él y otros voceros se levantaron de la misma porque no tenían garantizada la electricidad ni el internet. “Esa es la desventaja que hay en hacer esas reuniones virtuales, que sólo con oprimir un botón, pues ya nos dejan sin voz”, agregó.

La reunión se reprogramó en Villavicencio para el 17 de julio, luego para el 24 y al momento de esta publicación la fecha prevista era el 5 de agosto, vía virtual. 

Presentimientos fatales

Mientras las comunidades esperan a que las instituciones se organicen para conversar, la campaña de erradicación avanza sin vigilancia como una estela de miedo y hambre entre la población del Guayabero. La idea de que sus vidas están en peligro no es sólo imaginación, lo presienten desde el 27 de junio pasado, cuando uno de sus líderes más visibles apareció muerto.

Yohanni Yeffer Vanegas, uno de los voceros más críticos del Guayabero, estuvo al frente en las movilizaciones de Tercer Milenio y el 10 de junio participó en una reunión con Mindefensa y altos mandos militares en el municipio de La Macarena. Su cuerpo apareció en zona rural de San José del Guaviare. En el comunicado donde Voces del Guayabero da cuenta del homicidio de este líder, el medio también tuvo que desmentir los señalamientos de políticos y militares que lo acusaron de guerrillero. 

Horas antes del asesinato de Vanegas, su hermano Yilmer Enrique Cardona había sido capturado por soldados de la Fuerza Omega que lo retuvieron hasta después de aparecido el cuerpo inerte de Yohanni. Luego, el Ejército explicó en un comunicado que habían sido casos aislados y que a Yilmer lo sometieron a una diligencia de verificación de identidad por considerarlo sospechoso durante la erradicación que se adelanta en el Guayabero.

Parrado y los reporteros Montes y Montoya están angustiados. “Desde el Ministerio de Defensa, los generales del Ejército y el gobernador del Meta lo que han hecho es sabotear e intentar callarnos y cerrar la brecha del diálogo entre comunidades e institución”, dice el vocero de las comunidades.

El Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Privada publicó el 14 de julio una base de datos donde recopiló, desde 2016, 95 enfrentamientos o altercados de la fuerza pública con poblaciones rurales durante labores de erradicación manual. 51 de estos incidentes (que representan el 42 % del total) han ocurrido durante 2020 y suceden en zonas tan dispares como El Retorno, en Guaviare, o Catatumbo, en Norte de Santander.

El defensor del pueblo, Carlos Negret, recordó el 1 de junio que “la erradicación forzada es el último recurso” y antes de implementarla se deben agotar todas las posibilidades de sustitución. La comunidad del Guayabero espera con hambre esa oportunidad y el funcionario sabe que no son los únicos, por lo que instó a crear “una ruta para garantizar la estabilización socioeconómica urgente de las familias que hayan resultado o resulten afectadas por los operativos de erradicación forzosa”.

Desde el 17 de julio La Liga buscó la versión de la Fuerza Omega sobre los hechos expuestos en este reportaje pero, según el área de prensa, el brigadier general Raúl Hernando Flórez Cuervo no tuvo tiempo de responder las preguntas hasta la fecha de publicación de este reportaje.

Mientras tanto el reportero Montes cuenta que a pesar de que dos de sus colegas están atemorizados por la actuación de la fuerza pública, él los anima a seguir. “La demora es que yo pueda salir y vuelva a tener mi cámara”, dice. Su intención es contribuir desde Voces del Guayabero a narrar una región apartada que conoce más la represión del Estado que su inversión social.

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