Mientras en La Habana las FARC y el gobierno se ponen de acuerdo en el tema de tierras, los campesinos de Colombia viven en un limbo de violencia y olvido gubernamental.
Se disculpó cuando hablamos por teléfono. Se disculpó al exponer sus diapositivas. Se disculpó cuando leyó un documento. Se disculpó al final de la presentación. Se disculpó por no saber redactar. Se disculpó durante la entrevista. Jani Silva, líder de la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica, pese a llevar años en el activismo, es ajena a los protocolos. Su trabajo es rural, en el Putumayo, y su lucha es para poder ser campesina.
Por el contacto directo que ha tenido con el conflicto, apoya el proceso de paz. Ve en este, la oportunidad de que se reconozca la situación actual del campo colombiano y de los campesinos sin tierra. Quiere que se los incluya en los planes de desarrollo. Que haya un cese al fuego de todas las partes. Que desminen el territorio. Que se entienda que la paz no solo se construye desde las partes armadas, sino con el equilibrio de los intereses económicos de todos quienes se han visto involucrados en el conflicto. Que ellos deben hacer parte de este proceso en busca de un avance hacia la justicia social.
Señala que hay fuerzas que aún se oponen a la paz. Al fortalecimiento de la soberanía de los pueblos. Que hay poderosos intereses empresariales y económicos en juego el territorio donde vive. Que hay un pueblo que se está despertando y levantando. Pueblo que busca defender sus recursos, sus derechos y su futuro.
Reclama el derecho constitucional a la paz. La reserva que lidera hace parte la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), interlocutor del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder). Esta ha intentado ser partícipe del proceso de paz que se desarrolla en la Habana entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Están vinculados a los foros convocados por el Gobierno y la guerrilla, y coordinadas por la Universidad Nacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Plantearon sus propuestas en las mesas de paz del Congreso y en el Foro Agrario en Bogotá. Han construido documentos que se han presentado y se han mandado a Cuba. Se han convertido en tema central en el conflicto de tierra. Fueron las FARC quienes tomaron estos documentos y presentaron las zonas de reserva campesina (ZRC) como una alternativa. Para ella, fue una alegría que sus propuestas fueran acogidas, pero cuestiona que se piense que estas vienen directamente del grupo guerrillero.
A esto atribuye parte de la estigmatización que han tenido. Que el esfuerzo por denunciar, reclamar y exigir, lo relacionen con las FARC. Pese a esto insiste: «nosotros ya prácticamente vamos de salida -señala-, lo hacemos por lo hijos y por los nietos. Por darles un futuro. Porque en realidad tengan derecho a un territorio». Sigue viviendo el conflicto. Sufre amenazas de muerte, pero siente esperanza. Siente esperanza y «un compromiso de tratar que Colombia salga de todo eso tan feo que está viviendo, de todo eso tan feo que ha vivido», explica la líder campesina.
Pide que independientemente del éxito o fracaso del proceso de paz, sus propuestas sean tenidas en cuenta. Jani quiere ser campesina: «de pronto aquí en la ciudad no lo vemos como muy importante. Pero nosotros decimos que en el campo vivimos más o menos bien. Cuando no hay nada que comer simplemente se mata una gallina y se hace un sancocho. Eso es lo que estamos reclamando, eso es lo que estamos discutiendo, ese derecho a vivir como campesinos».
“ijueputa tus oras tan contadas”, “Deje de meterse en lo que no le importa vieja pirova lla ueles a formol malparaida ijueputa». Así recibió Jani un mensaje de texto el 20 de abril de este año. Colombia se acostumbró a las amenazas. A Jani le pasó: «desde los 16 años yo no me conformaba con todo lo que ocurría. Entonces, la primera amenaza la tuve a los 24 años y se han seguido y se han seguido». La voz tranquila y suave que acompañan sus palabras transmite una calma que nada tiene que ver con lo que está diciendo.
Sus ojos siempre están bien abiertos y sus cejas marcan un gesto de preocupación permanente. Parecen agotados, como de quien ya ha visto demasiado. Jani, estuvo presente en el paro cocalero de 1996. Miles de campesinos del departamento de Putumayo se movilizaron en contra de las fumigaciones para erradicar los cultivos ilícitos. La protesta se extendió al Guaviare, Caquetá, Bolívar y Norte de Santander. Más de 200 mil campesinos cocaleros marcharon. La movilización fue acusada de tener infiltración guerrillera, y el gobierno tuvo carta abierta para reprimirla. Murieron muchos y ahí estaba ella; embarazada y arrojándose al piso mientras veía morir a sus compañeros. Colombia tiene la costumbre de tener estos episodios inconclusos. Repletos de versiones pero sin ninguna certeza.
Hoy en día se define como una superviviente de este episodio. Lo recuerda mucho, hasta convertirlo en una suerte de mito fundacional de su compromiso. Siente un compromiso con sus compañeros muertos y sin alterar su tono de voz pregunta: «¿Qué pasó con lo muertos y desaparecidos del Putumayo? ¿Quiénes recuerdan los hechos de represión en el paro del 96 cuando el ejército ametralló a la multitud? Hay testigos que los helicópteros recogían los cuerpos en esas mochilas que se veían los brazos y las piernas de las personas muertas. ¿Cuándo se va a mostrar la participación y complicidad de las fuerzas armadas en las acciones cometidas por el paramilitarismo en el Putumayo?»
Jani decidió acostumbrarse y quedarse quieta durante un tiempo. Por su hija recién nacida y por sus demás hijos abandonó su actividad de líder campesina. Pero de antaño, Colombia se acostumbró a ser un país violento, y hacia finales de la década del 90 el Bloque Central Bolivar de las AUC puso su cuota de violencia. En 1998 se volvieron cotidianos los cuerpos de víctimas de paramilitares que bajaban por el río Putumayo. La población aterrorizada, los sacaba y les daba sepultura. Pero nuestro país se acostumbró a la crueldad, y los paramilitares les prohibieron recogerlos. Las víctimas quedaban trancadas y la población, que bebía agua de este río, no tuvo más que empujarlos con palancas para que siguieran la corriente de nuestra historia.
Siempre hay cosas que nos sacan de nuestra cotidianidad. Para Jani no fue la imagen más afortunada. Estaba con su hija en el río, cuando vieron bajar el cuerpo mutilado de una «muchacha». Le habían cortado los senos y las piernas. Jani tomó la decisión de perder la costumbre.
–Ese día como que algo me tocó. Y me dije: si no hay nadie y yo no hago nada, ¿qué es lo que espera uno? Y a esa hora me puse a pensar que si la herencia que le vamos a dar a los hijos es eso, yo hice mal en tener cuatro hijos. No es por nosotros, es por los que vienen. Hay que tratar de generar condiciones para que ellos vivan dignamente, nosotros no lo hemos podido hacer. Esa es la fuerza que me impulsa, mis cuatros hijos y mis dos nietos y dos que vienen más en camino.
Retomó actividades. Se organizó y en el 2000 oficializó la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica, en Puerto Asís, Putumayo. Ahí hay 52 familias desplazadas desde el 10 de abril de este año. La guerrilla se encuentra en las veredas y el ejército está lanzando bombas. Están cayendo, según Jani, a escasos 70 metros de las viviendas. La Cruz Roja Internacional tiene registradas a ciento treinta personas que se han desplazado por el estruendo y el pánico que han causado los bombardeos: «los militares nos dicen que lo van seguir haciendo. Que es de acostumbrarse. Que suena duro, pero que tarde o temprano nos acostumbraremos». Jani cuenta que los niños sienten pavor. Que con solo caerse la tapa de una olla al suelo ellos gritan. No quieren ir a la escuela. La profesora, hace el esfuerzo de dejarles tareas y los pone a dibujar: «dibujan helicópteros tirando balas, cañones, personas mutiladas. Ese es el ambiente que viven esos niños».
“Al señor Gontard lo eché de la Presidencia porque no actuaba como facilitador para liberar secuestrados sino como cómplice de la guerrilla”, “era amigo de los terroristas”…»Periodista mafioso e impune mancha libertad de prensa así pueda ser un Coronel»… «terroristas vestidos de civil»…»evidencia de las relaciones Farc con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y prueba de la militancia en esa organización terrorista del Periodista Hollman Morris»… «difamador al servicio de terroristas colombianos y preguntándose ¿Por qué Pérez Esquivel les hace mandados a las Farc?”… «Eso es puro terrorismo»…»está infiltrado por las Farc»…“Marcha del 9 de abril revive combinación de terrorismo y política”…»hay infiltración de terroristas en las protestas indígenas para ‘masacrar’ policías»
Políticos, periodistas, indígenas, campesinos, estudiantes, un nobel de paz; todos van al mismo saco en las frases de nuestro anterior presidente. Todos bajo una misma lectura. El lenguaje político de Colombia cambió después de la era Uribe. Dio las bases para un análisis binario, dicotómico, donde lo único que se tenía que hacer, era decidir si se estaba con Colombia o se estaba con el terrorismo. Las secuelas siguen presentes y caló en la mentalidad de muchos. No es de extrañarse que las Zonas de Reserva Campesina entren en esta misma lectura.
El exministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, calificó la propuesta de las zonas de reserva como “una constelación de republiquetas independientes”. Todo va a lo mismo. En la década del sesenta, en un pequeño territorio del corregimiento de Gaitana en el Departamento del Tolima, se gestó la República de Marquetalia. Campesinos comunistas alzados en armas, ante la ausencia del Estado y liderados por Manuel Marulanda y Jacobo Arenas, imponían su ley. «Repúblicas independientes», así las llamó el senador Álvaro Gómez Hurtado en un histórico debate en el congreso. Eran los rezagos de la época de la Violencia, aquel periodo de la historia colombiana en el que liberales y conservadores se asesinaban a diario. El gobierno sabía que estaban armados y los bombardeó. Algunos escaparon y un par de años más tarde nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los términos usados por el e ministro Restrepo tienen una carga histórica. Se sabe a qué hace alusión. Las ZRC siguen siendo acusadas de tener influencia guerrillera. La primera zona se fundó en El Pato, en el Caquetá, lugar histórico para el movimiento guerrillero. El tercer encuentro de Anzorc, que se llevó a cabo en abril de este año, fue en San Vicente del Caguán, municipio que los guerrilleros habitaron durante el fallido proceso de paz con el gobierno de Andrés Pastrana. El portal La Silla Vacía afirma que las zonas de varias reservas «coinciden con territorios donde las Farc han tenido presencia permanente y que sus habitantes han debido convivir, ya sea por necesidad o por convicción, con esta guerrilla».
Las organizaciones campesinas no lo ocultan. Cesar Jeréz, coordinador de Anzorc, explicó a El Tiempo que hay muchas zonas sin soberanía del Estado y que la gente «no tiene más remedio que hablar con los actores armados para que respeten». De la misma manera, Héctor Manuel Pinzón, gerente de la Cooperativa Multiactiva Agraria del Guaviare, explica que no son los únicos. Que «no sólo sucede en las ZRC, sino en todas las zonas de este país». Pero estás con Colombia o estás con el terrorismo. Es fácil que se construya ese imaginario. Cargan un peso histórico y los opositores exponen su lectura y preocupación ante la situación.
“Republiquetas”; «cartuchos rurales», «zonas de confinamiento de excombatientes», «enclaves de campesinos catequizados por la guerrilla». La misma lectura: o están con Colombia o están con el terrorismo. Sin embargo, las zonas están amparadas en la Ley 160 de 1994, que tiene como fin «mejorar el ingreso y la calidad de vida de la población campesina». Desplazados que se tomaron montañas, tumbaron selva, parcelaron y se instalaron y en 1994 recibieron apoyo. El periódico El Tiempo señala que hay seis zonas oficialmente constituidas, que ocupan 831 mil hectáreas. Otras siete que abarcan 1’253.000 hectáreas piden reconocimiento; y otras 50 aspiran a ser zonas de reserva –ocupando diez millones de hectáreas e integrando tres millones de campesinos.
¿Por qué “republiquetas”? Porque buscan autonomía. José Felix Lafaurie -presidente de Federeacion Colombiana de ganaderos (Fedegan)-, en una entrevista con Periodismo Sin Fronteras, señaló que nadie se puede oponer a que, desde un punto de vista de responsabilidad social, un campesino que necesita tierra la obtenga. Pero argumenta que esto no tiene que ver con las pretensiones de las ZRC: «Colombia no puede darse el lujo de desmembrar su territorio, como lo quieren las FARC, y otorgar nueve millones de hectáreas de una zona de reservas campesinas donde todos los instrumentos de autogobierno, incluso la propia justicia, pasa a manos de aquellos que están al frente de estas circunscripciones territoriales». Explica que esto traería consecuencias nefastas para el país.
César Jerez, en una entrevista para El Tiempo, afirmó que desde Anzorc no están pidiendo autonomía administrativa. Para tratar este punto, han intentado llevar el debate al plano académico. Por eso se hizo el seminario de “Zonas de Reserva Campesina: Una alternativa de Paz”. En este, Juan Guillermo Ferro Medina, profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, señaló que los campesinos están construyendo una forma de autonomía diferente a soberanía: «la autonomía quiere decir el reconocimiento de ciertos derechos y obligaciones en el marco del Estado y negociados con el Estado. Por lo tanto, la autonomía no quiere decir independencia. Las comunidades autónomas no se dan constituciones, se dan estatutos. Ahora, hay que aclarar, la autonomía no está por fuera del Estado pero necesariamente si lo transforma en cuanto lo limita en su poder y sobre todo lo democratiza».
Miller Armin Dussán, integrante de Asociacion de Afectados por la construcción de la Hidroelectrica el Quimbo (Asoquimbo), declara que «no hay sectarismos que expresen la realidad histórica». Estás con Colombia o estás con el terrorismo solo permite una mirada miope a lo que ha sucedido en el país. Luz Perly Córdoba, líder de la Asociación Campesina de Arauca (ACA), explica que por necesidad los campesinos ya vienen ejerciendo autonomía. Que no quieren aislarse, ni ser «republiquetas». Quieren hacer parte del país y que sus esfuerzos sean reconocidos.
Por necesidad hace mucho se vienen gestando procesos campesinos. Por necesidad ejercieron «autonomía de hecho» –como ellos la denominan. Por la ausencia del Estado, se convirtió en una forma de resistir el conflicto colombiano. Por necesidad, hacia la década del ochenta, llegaron colonos al corregimiento de la Perla Amazónica en el bajo Putumayo. Escapaban de la Violencia con «V» mayúscula. Por necesidad ocuparon tierras baldías, que fueron condicionando. Ya hacían presencia las FARC y el M-19, quienes luchaban por el control del territorio. Pero por necesidad, los campesinos fueron consolidando una trayectoria organizativa. Generaron experiencias de trabajo comunitario asociativo y fueron estructurando un proyecto que se concretó en el año 2000. Por necesidad, en esta fecha nace en el municipio de Puerto Asís la Zona de Reserva Campesina de Bajo Cuembí-Comandante. Se ubica en la llanura amazónica, al sur occidente del país. Es territorio fronterizo con Ecuador, pintado con un abanico de verdes, bañado por el río Putumayo y por sus afluentes Toayá, Cuembí, Lorenzó, La Piña, Chufiyá y Mansoyá. Son 23 veredas las que hacen parte de la zona, abarcando unas 22 mil hectáreas y cobijando unos 4 mil campesinos.
Buscan garantizar su permanencia en el territorio, exigiendo que se limite el latifundio. Quieren fortalecer la identidad campesina. Tienen como objetivo recuperar y conservar el medio ambiente. Buscan constituir un modelo de vida propio que les permita construir la sociedad en la que quieren vivir. Están cansados, y quieren participar en actividades que promuevan una salida política al conflicto colombiano. Exigen que el Estado limite la inversión de capital privado y las concesiones a empresas extractivas que choquen con su Plan de Desarrollo Sostenible. Quieren que éste financie y cofinancie dicho plan de desarrollo. Buscan, como lo indican en su página, que se les garantice «la efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población campesina, así como la participación en las instancias de planificación y decisión regionales y nacionales»
Son ambiciosos. El 31 de Marzo de 2012, presentaron en Puerto Asís su Plan de Desarrollo Sostenible (PDS). Como señala Prensa Rural, involucra «proyectos basados en materia de saneamiento básico, acueducto, alcantarillado, vivienda, salud, educación, cultura, deporte, recreación, medio ambiente, productividad, y enfatiza en el respeto y reivindicación de los derechos humanos, la preservación de la vida humana, la defensa del territorio y la biodiversidad». Plantea la soberanía alimentaria y la economía justa, donde se promueve la diversidad de cultivos y la producción ganadera, pecuaria, avícola y acuícola.
Soberanía alimentaria y economía solidaria: dos conceptos que aprendieron de las Hermanas de Nuestra Señora de Guadalupe y que son ejes fundamentales de su proyecto. No hay grandes teorías, ni complicados términos administrativos. Jani lo explica de forma sencilla: «¿Cómo lo hacemos? Hay unas veredas que tienen la caña y están produciendo panela. La Pedregosa, donde yo vivo, tiene cachama y se está produciendo arroz también. Entonces, la idea de la economía solidaria es ver cómo, así sea por medio de intercambio, se consume lo que producimos. Los excedentes los podemos cambiar y que todos podamos tener acceso a eso. También se están haciendo principios en comercialización, estamos llevando a Puerto Asís la panela y las cachamas. Pues no contamos con todos los medios para hacerlo así como rápido, pero estamos empezando».
Suena sencillo y podría serlo. Pero los problemas siempre son imán de más problemas y Colombia es un país emproblemado. Jani, reclama que en «el aspecto económico y social, no existen políticas claras y programas estatales que atiendan las verdaderas necesidades de las comunidades campesinas. Estas están empobrecidas y agudizadas con el conflicto que atraviesa Colombia y particularmente el departamento del Putumayo». También protesta porque se han violado los derechos humanos en todos los niveles. Jani dice que la única presencia del Estado es militar, que buscando combatir a la guerrilla implementa políticas nocivas para la población rural. Reniega del Plan Colombia en cualquiera de sus fases, y afirma que los mismos erradicadores les piden a los campesinos volver a sembrar coca para preservar su empleo.
Los problemas traen más problemas, y Jani señala que cuando crearon la ZRC fueron perseguidos y amenazados de muerte: «es como maluco decirlo pero incluso estuvimos con el arma ahí en la cabeza- sentencia-, pero arriba de mi Dios no hay nadie en este mundo. Yo tengo un dicho que es que nadie se muere en vísperas sino cuando le toca. Entonces, pues no me ha tocado todavía». Siguió trabajando. Llegó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y las ZRC se vieron obligadas a seguir en sigilo. La zona del Valle del Río Cimitarra, que cubría los territorios de Yondó en Antioquia, y Cantagallo y San Pablo en el Bolívar, fue clausurada por dicho gobierno. Solo tuvo cuatro meses de vida entre el 2002 y el 2003. En el 2011 el Incoder le volvió a dar vida jurídica, después de que la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) ganara el Premio Nacional de Paz por sus aportes a la región.
Pese a la desacreditación que sufrieron durante el gobierno Uribe, la Zona de la Perla Amazónica también continuó: «cuando empezó el gobierno de Álvaro Uribe a nosotros nos tocó quedarnos calladitos. No se podía ni decir que éramos Zona de Reserva Campesina… Zona de Reserva y guerrilla iba junto. Ahorita el gobierno de Santos, pues no digamos que es lo mejor que hay, pero al menos ha abierto esta posibilidad de que las Zonas de Reserva Campesina surjan. En el tiempo del gobierno de Uribe, empezamos a trabajarlo así, como se dice, por debajito. Ahoritica es que estamos más envalentonados».
Están envalentonados. La Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de La Perla Amazónica (ADISPA), lucha por reactivar la zona. Cuentan con el acompañamiento en Derechos Humanos de la Comisión Inter-eclesial de Justicia y Paz, y las Misioneras de la Inmaculada Concepción. “La opción ante la muerte es la vida”, dice Jani. Puede sonar obvio, pero es probable que solo alguien que ha vivido el conflicto tan de cerca entienda la profundidad de lo sencillo. Explica que, como ZRC, la propuesta es la alternativa a la sustitución de cultivos de coca. Que el conflicto es delicado y la erradicación debe ser manual, gradual y concertada con las comunidades. Que se garantice en el proceso, el desarrollo integral, sostenible de las familias que hacen parte de la zona: «el objetivo de nuestra resistencia es permanecer en el territorio y fortalecer lo que nos arrebataron. Las costumbres, la semilla, la biodiversidad. Pero sobre todo ser una comunidad autónoma».
El Incoder, se ha pronunciado intentando velar por los derechos humanos en el territorio de la Perla Amazónica. El pasado 7 y 8 de abril de 2012 estuvo presente en la zona, teniendo directo con los pobladores. En su comunicado del 13 de Diciembre de este año, declaran que brindaron orientación a las personas que tienen dificultades con los títulos de tierras. Además recibieron solicitudes para titulación de terrenos baldíos en diferentes veredas de la zona. También se comprometieron a expedir copias de las resoluciones expedidas en su tiempo por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) –hoy liquidación. Los pobladores están a la espera, lo necesitan y están envalentonados.
El proyecto que lidera Jani lleva tiempo y aún están aprendiendo. Explica que han tenido experimentos con el cacao y con el arroz, pero la falta de técnica y el ataque de enfermedades ha hecho que en varias ocasiones hayan fracasado: «más sin embargo seguimos insistiendo», señala. Darío Fajardo Montaña, antropólogo y profesor de la Universidad Nacional, señala cómo este es un aprendizaje de la vida cotidiana. Un aprendizaje que antepone la cooperación y la solidaridad a la tergiversada competitividad. Que se están configurando en una forma de ordenamiento territorial que les permita negociar en equilibrio con el Estado. Que desde lo más básico se va construyendo gobernabilidad.
Lo cotidiano se vive paso a paso y el proceso es largo. Por lo pronto, tienen muchas gallinas de campo y una buena producción de huevos. Los llevan a Puerto Asís y venden la docena a 6 mil, pero hay quienes se quejan porque son muy caros: «son caros porque las gallinas solo comen maíz, y para preparar una gallina de campo prácticamente son ocho meses para que empiece producir –explica Jani–, Pero también está el valor nutricional. Decía un compañero que es que los huevos que comemos aquí, en la Zona de Reserva Campesina, son huevos con pasión».
Empresarios de corbata y mujeres oficinistas. Niños tocando flauta con un limpio uniforme escolar. Obreros felices trabajando. Mujeres de la cafetería sonrientes entre su atuendo negro. Fotos del verde que cubre el municipio de Puerto Asís. Sus fuentes hídricas. Pájaros en pleno vuelo. Excavaciones petroleras. Son imágenes del Informe de Sostenibilidad de 2011 de Vetra Group. Junto con Amerisur, son las dos petroleras que tienen proyectos en el Putumayo. Emprendimiento, progreso, armonía, trabajo en equipo. Todos esos conceptos empresariales se respiran en este documento. En el Putumayo todo anda bien.
Casi 19 mil dólares invertidos en salud en las tres regiones donde tienen proyectos: Putumayo, Valle del Magdalena, y Llanos y Catatumbo, beneficiando a 800 personas. Unos 250 mil dólares que cobijaron a 2.850 niños y niñas en el departamento de Putumayo como parte del programa de respaldo a la educación rural. Un poco más de 57 mil dólares –entre las tres regiones– en la promoción de la cultura, la recreación y el deporte. En el Putumayo, específicamente un concurso de pintura, la premiación de un campeonato intervederal, apoyo a bandas musicales, y a las fiestas decembrinas y carnavales de Puerto Asís. Capacitación a las comunidades indígenas, reunión bimestral con líderes y a apoyo a la comisión campesina de Puerto Asís para gestiones en la ciudad de Bogotá. Fortalecimiento comunitario por medio de la ayuda a la producción rural, festejo del cumpleaños de Puerto Asís y del día del campesino. Construcción de cuatro puentes, vías, alcantarillado y electrificación. Para rematar brindaron una cena navideña a los soldados que operan en la zona.
En el Putumayo todo anda bien.
Pero resulta que Puerto Asís anda dormido. En enero de 2012, el vicepresidente Angelino Garzón pidió investigar el asesinato de dos sindicalistas, uno de los cuales había trabajado para Pespin, subcontratista de Vetra. En noviembre 20 del año pasado, La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta porque en 15 días asesinaron a nueve personas en este municipio. El 21 de noviembre, la policía dijo que no se trataba de bandas criminales sino de una banda delincuencial: un cartel, la «Constru», estaba detrás de las muertes selectivas.
En el Putumayo no todo está bien.
Jani afirma que la desmovilización paramilitar fue desmontar un grupo para formar varios. Que en este momento hay tres en la zona: Águilas Negras, Rastrojos y Urabeños. Que a finales de Abril, pasando un día, había uno o dos muertos. Que ya no los hacen públicos. Que los organismos de derechos humanos dicen que están en disputa por el territorio. El periódico El Tiempo del 24 de mayo, dice que el estilo «para» está volviendo a varias zonas del país. Ese que busca hegemonía, hace limpieza social, cobra rentas y que amenaza incluso a la policía. Puerto Asís es uno de esos lugares. Jordi Raich, presidente de La Cruz Roja Internacional (CICR) en Colombia concuerda. En el informe de 2012 señaló que la situación humanitaria se agravó en los departamentos de Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Caquetá, Cauca, Nariño y Putumayo. «Realidad de Guerra», lo llamó. Más allá de informes y datos, Jani sabe que algo está pasando: «Puerto Asís es un pueblo muy alegre. Hay mucho bailadero, mucho tomadero, mucho de todo. Ahora, a las ocho y media o nueve de la noche todo está solo. Cuando hay esta clase de situaciones el pueblito se duerme».
En el Putumayo no todo está bien. Los lunes, antes de la llegada de las compañías, las comunidades organizaban mingas donde palancaban y construían sus carreteras. Jani protesta porque la empresa está usando y apropiándose de estas y de las vías terciaras construidas por las comunidades. En la resolución del Ministerio del Medio Ambiente que les concede la licencia, las compañías tienen compromisos: «vías de acceso al área y a las locaciones proyectadas», «compensación de la infraestructura afectada», dice la de Vetra. «De igual forma sucede con la infraestructura vial la cual debe seguir estrictas medidas de manejo para prevenir su deterioro», especifica la de Amerisur. Jorge Coral Rivas, Alcalde del Puerto Asís, se pronunció el 9 de mayo de este año en contra de Amerisur y pidió la cofinanciación para la culminación de la vía para tráfico pesado. Denunció que los vehículos de transporte de hidrocarburos están deteriorando a pasos agigantados las vías, algunas viviendas y el sistema de alcantarillado.
En el Putumayo las cosas no van bien. En Noviembre de 2011- año del informe de Vetra-, las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes se declararon en Asamblea Permanente. Haciendo uso de sus derechos constitucionales legales plantearon tres exigencias: el cese de la explotación petrolera mientras no se revise la licencia ambiental de octubre de 2010. La no construcción del Oleoducto desde Teteyé a la Estación el Tigre en el Municipio del Valle del Guamuez. Y la Asignación de presupuesto para la construcción y ejecución del plan integral de vida.
En el Putumayo las cosas no van bien. Para Jani «las petroleras también han propiciado una ruptura del tejido social y conflictos laborales». Han sembrado desconfianza, discordia y rivalidad entre diferentes comunidades. Se valen de promesas y prebendas económicas que le han facilitado «comprar conciencias». Se ha violado el derecho de participación para las comunidades campesinas. Denuncia que las compañías engañan a la gente: cuadran reuniones donde les explican que solo van a «socializar» sus proyectos. La gente firma la asistencia para recibir el refrigerio. «Resulta que esa firmas las han pasado como una aprobación de que las personas han sido partícipes del desarrollo del plan del manejo ambiental del territorio», denuncia la líder campesina.
En el Putumayo algo anda mal. Contaminación de aguas superficiales y subterráneas. Captación o vertimientos sobre fuentes de agua en los bosques. Reducción del ecosistema por aprovechamiento forestal de la cobertura vegetal: Vetra reconoce que hay impactos y riesgos ambientales en lo que hacen. Sin embargo, argumentan que durante el 2011, se desarrollaron estrategias para el manejo del material particulado y emisiones generadas en sus labores. Para el manejo de fluidos y residuos. Para prevenir fugas de hidrocarburos en los pozos. Para evitar la erosión hídrica. Para el uso correcto del agua. Que reforestaron. Que trataron el agua residual para reducir sustancias químicas en ella. Que vigilaron la calidad de esta y que cumplieron las reglas. Que hubo nueve derramamientos, un incremento del 50% con respecto al año anterior, pero es porque el volumen de producción aumentó. Que fueron los contratistas de transportes los causantes del 40%. Que estaban preparados y atendieron oportunamente las emergencias. Que nada pasó a mayores.
Sobre el Putumayo hay muchas miradas. Jani en cambio dice que las aguas están contaminadas y la salud pública se está viendo afectada: «las familias se están quejando que están botando un agua amarilla que tiene mal sabor». Que la extracción de petróleo necesita mucha agua. Que los nacimientos de agua han bajado de nivel. Que donde antes se pescaba ya casi no se ven peces. Que en las veredas, a las tres de la tarde no se aguantan el olor a pescado podrido. Que Corpoamazonía no dio el visto bueno, pero que igual el Ministerio del Medio Ambiente les concedió la licencia. Que han ido separando los territorios de la ZRC. Que hay explotación laboral, pues los tiempos de contratación son de 28 días, sin el reconocimiento total de las horas extras. Que están confrontando a los campesinos entre ellos porque los cupos de trabajo son limitados. Que las regalías no las ven y las carreteras están en pésimo estado. Que las tractomulas se voltean, causan derrames y ni así las arreglan. Que así lleguen las regalías la administración es muy corrupta. Que para proteger los intereses petroleros, el gobierno ha militarizado más la zona. Que esto agudiza el conflicto, afecta población civil y la expone a los continuos abusos de las propias fuerzas armadas.
Sobre el Putumayo hay muchas miradas…
Pese a las apariencias somos un estado laico. Nuestra Biblia es la Constitución. Casi nadie la cuestiona. Todos la siguen y la referencian. La gente denuncia y se protege en sus letras. Es el elemento básico para construir el país que no hemos podido construir. «Es de las pocas cosas que nadie se atreve a criticar, independientemente de su filiación política», señala Carl Henrik Langebaek, doctor en Antropología y Vicerrector de investigaciones de la Universidad de los Andes. Su contenido se toma como un avance social enorme, y sí es «relativamente progresista», afirma el académico.
Pese a esto, parece que esta Biblia omitió algunos personajes. Sus versículos visibilizan los derechos culturales, pero no habla de derechos económicos. Los creyentes están confundidos. Si por un lado ha abierto las puertas para que ciertos grupos reclamen reivindicaciones, por el otro le ha dificultado la peregrinación de muchos. Langebaeck declara que «el error fundamental fue haber limitado el tema de los derechos al concepto de etnia o de cultura». En ese derecho, figuran los indígenas, los guardianes del medio ambiente -a veces lo son y a veces no-, los portadores de una cultura ancestral -todo ser humano es portador de una cultura ancestral-. Pero curiosamente en los textos sagrados tampoco salieron bien librados los afros -aunque con el tiempo hubo mejorías-, pero especialmente esa población mestiza del país. Tanto la campesina como la urbana.
Humberto de la Calle, uno de los predicadores oficiales de esta religión, se pronunció antes de irse a las negociaciones de paz en Habana a propósito de las ZRC: «los campesinos no son una etnia ni ciudadanos especiales, por lo que no podemos crear ghettos entre la sociedad. En esto no vamos a ceder». Quienes trabajan nuestro campo no son especiales. En esta religión no hay cultura que los identifique y por tanto no clasifican para negociar por medio de esos derechos culturales. Es por esto que a quienes planean hacer obras de infraestructura, represas, carretera, minería o extraer petróleo les basta con constatar que donde planean anclar la bota solo hay campesinos. Si hay indígenas o afros, la tarea es más complicada. La resolución del Ministerio del Medio Ambiente sobre la solicitud de Vetra Group es una clara parábola de lo anterior: «No se cruza o traslapa con territorio legalmente titulado a Resguardos Indígenas o títulos colectivos pertenecientes a Comunidades Afrodescendientes». El camino quedó libre.
«Eso no debería ser así – señala Langebaek- yo creo que los derechos de la gente son absolutamente fundamentales y no se deben limitar como se han limitado al tema cultural». Pero las escrituras son producto de su tiempo. La antropología de la década del sesenta y del setenta se centraba en la figura del indígena y todo lo que esta simbolizaba. Langebaek, señala que en un seguimiento que le hizo a «Voz» y a «Tribuna Roja» –periódicos de izquierda–; identificó que en la literatura de los cincuenta y sesenta, no veían al campesino con malos ojos. De pronto, una década más tarde se transforma en un asunto dicotómico. El valor positivo que recibían las culturas indígenas, contrastaban con el negativo del mestizo. «Hay constituyentes de izquierda que piden perdón por ser mestizos. Un grado de delirio mental increíble», declara el académico.
Sin quererlo, los textos sagrados se desarrollaron bajo la idea del mestizo malo. «Si usted ve la bibliografía de los setenta y los ochenta los campesinos mestizos son presentados como gente que destruye el medio ambiente, como gente que mata a indígenas, como gente que atropella», sentencia Langebaek.
No se trata que las ausencias en las escritura nos lleven a esta lectura en binario. Es evidente que permitieron un avance en reconocer que hay grupos culturales que tienen una serie de derechos. Se trata es de reconocer que pueden estar incompletas. Las comunidades campesinas son invisibles en todos estos procesos y «es muy complicado porque resulta que la población mestiza rural de este país es muy pobre y tiene muchas necesidades de reivindicaciones», argumenta Langebaek.
El conflicto de las petroleras tiene que ser visto en escala de grises. Si bien para Darío Fajardo, profesor antropólogo de la Universidad Nacional, «se está discutiendo el modelo de desarrollo», Langebaek no ve esa lucha tan clara. Resalta que no se puede caer en ingenuidades como que en el país no debe haber minas de carbón o que no se deba explotar el oro. «Eso es absurdo. Ningún país del mundo lo hace», afirma y pone ejemplos: Venezuela, gobierno de izquierda, en ningún momento ha prohibido explotación petrolera. En Bolivia fue Evo Morales el que autorizó hacer la carretera del Amazonas. «Son cosas que los países necesitan -señala-, el problema es a costa de qué y en perjuicio de quién». Lo que sí ve con claridad es que no se le puede dar ventaja al sistema de producción industrial, de tal manera que atropelle los proyectos campesinos. Las comunidades tienen que tener voz y derecho. Colombia necesita producir grandes extensiones con palma o con arroz o con papa. Pero eso no quiere decir que se pueda quitarle el derecho a las comunidades a organizar y a establecer su producción.
Anzorc sabe esto. César Jerez señaló en una entrevista en El Tiempo: “no estamos en contra de la minería, pero tiene que hacerse de manera ordenada y en beneficio de las regiones. Uno no puede demoler todas las montañas. Debe haber áreas para la minería, para producir energía eléctrica, para la economía campesina y para la agroindustria». Los últimos reclamos desde la reserva de la Perla Amazónica por lo abusos que denuncian que se están cometiendo nunca rechazan de facto a la minería:
-«Rechazamos la forma como estas empresas han ingresado a nuestro territorio generado intimidación y discordia entre líderes y organizaciones campesinas de la región, estigmatizando a nuestra organización con señalamientos que han puesto en riesgo nuestra vida e integridad como comunidad, además generando malestar en la convivencia en nuestro territorio“
-«Somos ZRC y una de las cosas que están establecidas en nuestro plan de desarrollo es que todas las familias tienen derecho a la propiedad de su tierra, pero los posos petroleros hacen de 5km a la redonda la sacan a la persona porque ya está en concesión»
-«Si el gobierno local, departamental y nacional decide optar por la agresión a nuestro territorio otorgándole beneficios económicos y jurídicos a la inversión extranjera poniendo en riesgo nuestra vida en comunidad, declaramos la defensa permanente y protección de nuestro territorio. Si el gobierno decide tomar en consideración nuestra propuesta de desarrollo incluyente y participativo deberá promover el equilibrio social y ambiental y por tanto concertará sus intervenciones de manera respetuosa a través de nuestra organización».
Se trata de respetar el derecho a la tierra y a la voz. Siempre habrá zonas donde los distintos proyectos entren en conflicto, zonas donde se complementen, o donde funcionen en armonía. Langebaek señala como muchos países del mundo combinan formas de producción que son distintas. Colombia debe entender que el diálogo intercultural, del que tanto habla, debe ser verdaderamente intercultural. Dar voz a todos los interlocutores, respetarlos y encontrar una solución. Todavía se habla de sanear resguardos, como las hipótesis higienistas de principio del siglo XX. Básicamente es sacar a los que no son indígenas -campesinos- de estos. Se trata de entender que hay gente que trabaja en el campo. Que son inherentes y necesarios en Colombia. Si no, sentencia Langebaek, «seguiremos siendo el país acostumbrado a la violencia».
Jani cuenta la historia de «Chelo», un joven de la zona que lo llevaron a trabajar al Caquetá. Volvió a la Perla Amazónica hace tres años, «desplazado por la guerrilla, por los paras, por el ejército, por todos». Le gusta bolear machete y sembrar maíz. Le gusta el deporte, especialmente el fútbol. No sabe leer ni escribir. Lo cogieron en un retén y «le hicieron pagar servicio». Chelo le pidió ayuda a Jani: «por favor ayúdeme, yo no quiero. Yo he visto muchos militares muertos. A mí no me gustan las armas, yo no quiero matar a nadie, yo no quiero pelear contra nadie». Pero el servicio militar es obligatorio y nada pudieron hacer. Unos días después de ser reclutado llamó a la líder campesina: «me volé, estoy por acá tirado en un alambre. Yo prefiero morirme, pero no voy a coger las armas. Me volé. Hágame el favor y ayúdeme a llegar a mi casa». Chelo se escondió en una finca donde, según Jani, planea esperar ocho años, cuando ya no tenga que prestar servicio.
«Por eso nosotros decimos ¡esto tiene que acabar!», sentencia Jani. Esta es la historia de personas cansadas de la guerra. Es la historia de gente que quiere ser campesina.
*Juan Pablo Conto es estudiante de la Maestría en periodismo del CEPER. Este reportaje se produjo en la clase Géneros Periodísticos I.
