Desde el pasado 4 de agosto, cuando la Corte Suprema de Justicia emitió la medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe, han circulado todo tipo de argumentos en redes sociales, y en conversaciones familiares, que celebran o critican la medida.
— “Uribe nos devolvió el país”.
—”¿Por qué él y no los de las Farc que siguen libres?”
— “Uribe mejoró la seguridad”.
— “Su Gobierno tuvo resultados inverosímiles”.
No solo circulan en chats, también en columnas dominicales de periodistas y en los canales preferidos de comunicación de congresistas y fuerzas políticas. Mientras hay quienes reciben la decisión de la Corte como un golpe, y hasta piden suprimir esa y todas las altas cortes, otros lo consideran un paso clave para mostrar que no hay nadie por encima de la ley.
Tomamos algunos de los argumentos más sonados y los repasamos con expertos en cada tema para que explicaran su contundencia argumentativa y, sobre todo, sus matices.
Que durante su mandato Uribe “nos devolvió” el país y mejoró la seguridad como no lo había hecho ningún otro presidente
Tal vez ese es el argumento que más repiten los seguidores del expresidente, entre ellos la senadora Paloma Valencia que en un decálogo para la defensa de Uribe asegura que su gobierno tuvo resultados “inverosímiles”. Valencia cita cifras de reducción de homicidios, de secuestros, de actos de terrorismo y menciona cifras de éxito sobre el proceso de desmovilización de los paramilitares.
Kyle Jhonson – Co-fundador e investigador de la fundación Conflict Responses (CORE)
En este argumento es más lo que no se dice que lo que sí.
Durante el mandato de Uribe sí hubo mejoras en seguridad, sin duda numerosos indicadores relacionados con el conflicto armado bajaron, aunque no todos. El indicador de desplazamiento forzado, por ejemplo, no bajó y, en cambio, se mantuvo en niveles supremamente altos.
La pregunta que hay que hacerse, entonces, es para quién mejoró la seguridad. Para el país urbano, alrededor de Medellín y de Bogotá, sin duda la vida cambió drásticamente. Las Farc se replegaron a sus territorios históricos y eso implicó mucho menos conflicto en Cundinamarca y en ciertas partes de Antioquia. Eso es real.
Pero si vivías en el Meta o en Caquetá, donde se desarrolló el Plan Patriota, tu seguridad probablemente no mejoró. Por eso vemos que el desplazamiento forzado no bajó durante esos años, porque aunque en el país urbano se sentía una seguridad “personal” y bajó el miedo por los actores armados, el desplazamiento muestra que el conflicto seguía y para mucha gente la seguridad nunca mejoró.
Todo está en el cómo. Estos logros que señala Paloma Valencia sí existieron, pero para lograrlos había otra cara de la moneda que eran constantes violaciones de derechos humanos y ataques a la institucionalidad estatal para acomodarse a la figura de un presidente muy popular. Es lo que ella no menciona: los falsos positivos, las detenciones arbitrarias, el ataque constante a la institucionalidad del país y la centralización de esa institucionalidad en la figura de la Presidencia. De pronto sí se puede considerar un antes y un después de Uribe en cuanto al conflicto en Colombia, pero eso no significa que sea positivo. De por medio hay muchos matices.
En cuanto al proceso con los paramilitares, Uribe sí logró la desmovilización de miles de paramilitares que no volvieron a la violencia. Aunque fue un proceso improvisado e incompleto que dejó a un montón de paramilitares intactos, tuvo un efecto en la disminución de la violencia en esos sitios de presencia paramilitar. Pero luego la violencia volvió a subir. Y en cuanto al narcotráfico de nuevo hay que hablar del cómo: bajaron las hectáreas de coca, pero a punta de fumigación y de erradicación forzada y de desplazamiento forzado, que tienen un efecto negativo en la confianza de la gente en el Estado.
Ese tipo de matices y dificultades son las que omite ese argumento que llega a una conclusión en blanco y negro. Sí, las cifras que menciona la senadora son importantes, pero también lo son las que ella no menciona.
Que cómo es posible que FARC sí esté libre en el Congreso y el ex presidente Uribe esté detenido
La participación en el Congreso de las FARC es uno de los puntos débiles. La periodista Vicky Dávila, en su columna dominical, aseguró que las disidencias de las Farc “siguen delinquiendo” y propone que se “materializó el plan contra de Uribe”. Para ella, “la corte que dejó libre al terrorista Jesús Santrich” es la misma “que le quitó la libertad al expresidente, que no ha sido vencido en juicio”.
Juan Carlos Ospina – Asesor Comisión Colombiana de Juristas y docente
Hay un argumento que está relacionado con la molestia de la participación de las FARC y su presencia en el Congreso y otro argumento que tiene que ver con el procedimiento puntual respecto de Jesús Santrich, ambos comparados con el caso Uribe. En ambos hay asuntos técnicos y de decisiones políticas con distinciones.
El Acuerdo de paz fue una de esas decisiones que hoy, además, se ha convertido en política de Estado. Permitió la reincorporación de actores sociales que antes estaban en armas y que pudieran participar en política. No significa que históricamente estén perdonados porque tienen la obligación de presentarse y estar sujetos a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP (el tribunal que juzgará los crímenes cometidos durante el conflicto armado). Allí deben contar la verdad y asumir sus responsabilidades. La JEP impondrá sanciones propias y, si no cumplen, perderían su participación política o su libertad. Tampoco fue un proceso gratuito: los tiempos incidieron: para que las FARC dejaran las armas exigían participación política inmediata, porque de manera inmediata el Estado les pedía el cese de sus actividades armadas. A las Farc no les servía que esa promesa de participación entrara en vigencia dentro de cinco años, cuando se resolviera su situación jurídica. Su participación es entonces la consecuencia de un proceso de apertura democrática y no es comparable con la participación en política o libertad de personas que estén procesadas por cualquier otro delito.
Ahora, si bien es cierto que acusan a disidencias de las FARC de no respetar el Acuerdo, es admisible reconocer que el origen de ese problema viene desde que las FARC cometió el error político de denominar su partido con el mismo nombre que tenía su organización armada previamente. Para corroborar o desmentir esas acusaciones, están las autoridades que investigan y comprueban los hechos, pero si hay algún asunto político con FARC dentro del Congreso, debe resolverse a partir de los organismos electorales. Su obligación es clara y deben actuar bajo principios. De no hacerlo, se les juzgará como a los demás.
Tampoco tiene sentido compararlo con el caso Santrich porque la situación es muy distinta. Hubo un pedido de extradición de Jesús Santrich cuando tenía una garantía de no extradición derivada, precisamente, del Acuerdo de paz. Lo que ocurrió en su caso, es que a él se le inició el proceso administrativo en la Corte sobre su extradición. La JEP debía revisar que la fecha de los hechos por los que se le acusaba fuera anterior a la suscripción del Acuerdo. Si era así, Santrich podía ser extraditado. Si era posterior, no había problema. Pasó que la Fiscalía, finalmente, nunca entregó las pruebas o documentos que soportaban la situación de Santrich, y tampoco lo hizo la Embajada Americana. Así, sin pruebas de la Fiscalía para establecer claridad, Santrich no estuvo privado de la libertad, en la medida en que el trámite podía ser tan lento o tan rápido como quisiera la Fiscalía. Entretanto aparecían evidencias y Santrich se voló. Esta palabra pesa.
Dicen que «la Corte dejó en libertad a Santrich», que «lo dejó escapar”, cuando lo cierto fue que la Corte Suprema de Justicia pidió evidencias de la Fiscalía que no recibió y buscaba respetar una garantía previamente acordada por el Acuerdo de paz. Pero además no lo pudo “dejar ir”, porque Santrich estaba en función no de una decisión judicial, como Álvaro Uribe Vélez, sino administrativa, y ahí es donde está el punto de diferencia sustancial. Los contextos son abismalmente distintos. Pero incluso, si se aceptara el argumento de que son comparables, la siguiente pregunta sería: ¿por qué los adeptos a Uribe lo comparan con Santrich? ¿Hacia dónde nos dirigen con esa comparación? Es una falacia de entrada porque Santrich está libre porque no lo han capturado, no porque alguien haya dado esa orden.
Que no era necesaria la medida de aseguramiento contra Uribe para continuar la investigación
Entre los defensores del expresidente se juzgó como desproporcionada la medida de aseguramiento. Fueron varias las personas, incluyendo a la periodista Vicky Dávila y la columnista Salud Hernández, que juzgaron la medida como un despliegue innecesario por parte de la Corte Suprema.
César Valderrama – director de investigaciones en la línea de Sistema Judicial de Dejusticia
Hay tres situaciones en las que se recurre a la privación de la libertad de una persona: cuando se muestra necesaria para evitar que el imputado, en esta caso Uribe, obstruya el debido ejercicio de la justicia; cuando el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima; o cuando resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que incumplirá la sentencia si se llegara a presentar, o, en palabras coloquiales: que se pueda fugar.
Pero la medida de aseguramiento, que no es una condena, efectivamente es una medida excepcional para cualquier persona investigada. Debe ser el último instrumento al que recurra el Estado. Y es cada juez, en garantía de la independencia judicial, quien debe valorar si el imputado puede tener alguna de estas características para imponer la medida.
Específicamente si la decisión de la Corte en el caso de Uribe fue desproporcionada o no, aún no lo podría saber porque no hemos podido terminar de leer las 1.554 páginas del auto.
Pero vale decir que esta es una medida que los jueces en materia penal usan con mucha frecuencia. De hecho, aproximadamente el 35 % de las personas privadas de la libertad en este país están bajo esa medida. Es decir, no le están dando un trato más exigente a Uribe. De hecho, ese 35 % están privados de la libertad con medida intramural, o sea dentro de las cárceles, que sí es una exageración y muestra el estado de cosas inconstitucional en el sistema carcelario.
Que esto puede ser el fin de la vida política de Uribe
El miedo a que la decisión de la Corte dinamite la carrera política del expresidente, debilite el partido de gobierno que representa, al Centro Democrático, y afecte la presidencia de Iván Duque, sobresale entre los argumentos de quienes lo defienden.
Felipe Botero – Congreso Visible
El argumento es desproporcionado porque la Corte no lo ha condenado. Y es además tendencioso: Álvaro Uribe Vélez goza de una popularidad enorme y, para que se muera políticamente, tendría que pasar más que una simple medida de privación de su libertad.
Si la Corte encuentra que Álvaro Uribe Vélez es inocente, no va a desaparecer del mapa político, ni va a quedar “muerto”. Es interesante pensar en la elección de los términos que usan: las palabras “atacar”, “matar”, “desaparecer” saltan a la vista, una muestra del uso del lenguaje del conflicto está muy presente en quienes argumentan a su favor. Pero si Uribe sí está involucrado sería gravísimo y sería una oportunidad para analizar su vigencia política en el panorama nacional.
No hay que perder de vista, sin embargo, que una decisión de una alta Corte en contra de un expresidente es una acción que va a tener un contenido altamente político y, por eso, no es una determinación tomada de forma ligera o sin pensar en la tormenta política que desata. Pero, en este caso, pesa más el porqué la Corte tomó esta decisión. Es decir, la parte de la historia que se ignora es que la Corte necesita comprobar la presunta comisión de un delito, algo que el uribismo está tratando de minimizar o desestimar con sus argumentos.
Hasta ahora Uribe ha sido caracterizado como un caudillo. El problema del caudillismo es que depende de una persona o de un líder. Así, en el momento en que desaparece esa figura, desaparece también la estructura que la soporta porque el proyecto político está amarrado a ella. Ese ha sido un gran problema de Uribe, el hecho de que siempre ha tenido una relación muy problemática con los partidos políticos. Primero militó en el Partido Liberal hasta que no le sirvió porque no lo nominó a la presidencia, luego creó un partido político para ser elegido como presidente y, más tarde, creó otro con Juan Manuel Santos, el Partido de la U. Pero como Uribe no quedó tan a gusto creó más tarde el Centro Democrático que, aunque está vigente, es bastante dependiente de él.
De ese modo, si los mismos uribistas admiten que este es el fin de Uribe y con este, sería el fin del Centro Democrático y de la presidencia de Iván Duque, quieren decir que sí dependen enteramente de la figura Uribe como cabeza del partido y como cuerpo político. Supongamos entonces otro escenario hipotético: la muerte política de Uribe, ¿se muere con él lo que representa? Eso también es problemático porque, al fin y al cabo, el Centro Democrático es un proyecto con vigencia y seguidores y hay un sector en el país que se siente muy representado.
Dentro de ese sector también consideran que no puede haber ningún manto de sospecha contra Álvaro Uribe Vélez. Que él está por encima de la ley, por encima del bien y del mal, y piensan que es una Corte al servicio del “castrochavismo» la que es capaz de meter a un “símbolo”, como lo llaman, a la cárcel. No piensan que es un ciudadano del Estado colombiano y está sujeto a las reglas del juego. Tanto es así, que la propuesta del Centro Democrático es reformar la justicia y cualquier actuación en su contra les parece ilegítima. De ser así, todo esto no tendría ningún impacto sobre Uribe como político.
Al final, una de las posibles consecuencias, más que la muerte política de Uribe, es que se quiebre la democracia en Colombia. La propuesta del Centro Democrático de hacer una Constituyente, por ejemplo, es una jugada que debilita la autonomía judicial y que abre, por lo tanto, una puerta al autoritarismo para transformar e imponer. La reacción inmediata del sector es jugar con el poder de ese “símbolo”, y ese es un mensaje equivocado: que Uribe es solamente puro, bondadoso y bueno, incapaz de cometer ninguna falta. Entonces, en virtud de que es un símbolo, ¿es inmune a la justicia y si no es inmune, la reformamos?
Que su grandeza no radica en sus planes o relaciones sino en que miles de ciudadanos lo quieren
El argumento de muchos es que cómo puede ser tan mala una persona a la que tantas personas siguen, quieren y defienden. Son muchos los que sienten a Uribe con una cercanía única que no comparten con otros políticos y que ven en su carisma una fuente innegable de confianza.
Catalina Uribe – Profesora del Centro de Periodismo de la Universidad de los Andes
Es un argumento muy bueno y muy fuerte porque es doble.
Primero, porque alude al poder efectivo que tiene Uribe, que quiere decir que no es solo un poder institucional y económico sino uno que va directamente a la mente de los ciudadanos. La teoría política ha dicho que el poder efectivo es el poder sobre las mentes, eso es lo que le da legitimidad a las democracias: que es un proyecto colectivo que se sostiene en la medida en que la gente cree en él. Y hay una idea de que ese poder sobre las mentes y los corazones es mucho más difícil de ganar porque es más sólido.
Por otro lado, no es sólo efectivo sino que es un poder normativo y legitimador. La gente dice: si Uribe fuera tan malo entonces la gente no lo querría, que esa es otra forma de argumentar que resulta muy fuerte y creíble para la gente. Entonces se vuelve un juicio común decir que cientos de miles, que en este caso apoyan a Uribe, no se pueden equivocar.
Todos estos argumentos que lo comparan con el caso de Timochenko o que lo redimen por lo que hizo en el pasado, porque según eso antes Colombia estaba terrible y ahora está mejor, son argumentos que caen en falacias de argumentación. No van al núcleo del asunto, que es discutir si él realmente sabía del soborno a los testigos o no. La gente se desvía y termina discutiendo sobre otras cosas.
Pero que sean falacias argumentativas no quiere decir que no sean posturas extremadamente persuasivas. Ahí es donde entra el carisma de Uribe. Cada vez que vas a mover a la gente a la acción no utilizas solamente la lógica. Hay otros aspectos en juego como las emociones, el interés, los juicios de valor. Uribe logra apelar muy bien a las emociones, igual que el Centro Democrático, con argumentos como “me siento maltratado, o maljuzgado”, que apuntan al juicio de valor de lo injusto.
El hecho de que los argumentos sean malos no quiere decir que la gente no los vaya a creer. Tampoco quiere decir que la gente que se persuada por ellos sea boba, como usualmente creen sus opositores. Lo cierto es que muchas veces los buenos argumentos no llevan a la verdad absoluta y por eso, los argumentos se replantean constantemente.
