Desde el 2016 las gobernaciones tenían la potestad de decidir qué aguardientes se vendían en su departamento. 

Pero eso acaba de cambiar con una decisión de la Corte Constitucional. 

El pasado 4 de febrero, la Corte sacó un comunicado de prensa en el que dio a conocer la sentencia C-032/25 que declarará el artículo 28 de la ley 1816 de 2016 inconstitucional. Esta ley liberalizó el mercado de licores en el país (si un ron se producía en el Valle del Cauca, se podía vender en el Chocó) pero tenía una excepción: el aguardiente. El artículo 28 de esa ley le daba la potestad a las gobernaciones de mantener el control de la venta del aguardiente en sus departamentos.

Por ejemplo: si una gobernación veía como amenaza la venta de un aguardiente producido en otro departamento, lo podía vetar. Esto fue, de hecho, lo que pasó en septiembre de 2023, cuando la gobernación de Cundinamarca revocó el permiso de la venta del Aguardiente Amarillo, producido por la Industria Licorera de Caldas (ILC), en territorio cundinamarqués.  

En Colombia hay 8 departamentos que tienen el monopolio de la producción de aguardiente, es decir, que tienen su propia licorera. Es el caso de Antioquia, con la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), el de Cundinamarca con la Empresa de Licores de Cundinamarca (ELC) y el del Valle del Cauca con la Industria Licorera del Valle (ILV), así como los departamentos de Caldas, Boyacá, Santander, Tolima y Cauca.

Gobernaciones como la de Cundinamarca y la del Valle del Cauca temen que la apertura del aguardiente al mercado nacional reduzca las ventas de su producción local, porque los consumidores podrían preferir aguardientes de otros departamentos. Pero al mismo tiempo, la posibilidad de vender su aguardiente en todo el país también podría aumentar sus ventas y generar más ganancias para el departamento. 

Las gobernaciones temen, por otro lado, que la disminución en la venta de su aguardiente afecte el recaudo de ingresos para salud y educación en sus departamentos. 

Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo llegan ingresos para la salud y la educación de los departamentos a partir de la venta del aguardiente?

La respuesta es el arbitrio rentístico y los impuestos al consumo de licores.

El arbitrio rentístico, también conocido como “monopolio rentístico”, es la autoridad que le da el Estado a los departamentos para usar los ingresos que genera el aguardiente (con su venta, producción y distribución) para causas públicas. Esto lo dice el artículo 336 de la Constitución: “Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación”. 

Esto no cambiará con la nueva sentencia de la Corte.

Pablo Felipe Robledo, ex superintendente de Industria y Comercio y uno de los abogados que demandó el artículo 28 de la ley de licores que acaba de tumbar la Corte, dice que “lo que está protegido constitucionalmente es el arbitrio rentístico, no los monopolios de las licoreras”.

Más mercado, más competencia

Hay departamentos que deciden aplicar el arbitrio rentístico y otros que no.

Los que lo aplican reciben ingresos por la producción de su propio aguardiente y por los derechos de participación y explotación de aguardientes de otros departamentos. 

Por ejemplo, cuando Cundinamarca le dio permiso a Caldas para vender Aguardiente Amarillo en su territorio, Cundinamarca recibía ingresos por participar en la venta y distribución del Aguardiente Amarillo en su departamento. (Esto, por supuesto, fue antes de que Cundinamarca vetara el Aguardiente Amarillo). 

Los departamentos que deciden no aplicar el arbitrio rentístico reciben ingresos vía impuesto al consumo.

Nuevamente, la decisión de la Corte únicamente le quita la potestad a los departamentos de vetar la entrada de otros aguardientes. 

La sentencia no pone en peligro la industria licorera de los departamentos pero, al abrir el mercado, las licoreras departamentales tienen no solo ese nuevo mercado para vender su producto –un mercado nacional– sino también nuevos competidores. 

David Toro, abogado especializado en derecho económico, también respalda esta posición: “El derecho a la salud y la educación, que es el fin de los recursos que se obtienen, son más importantes que esto [el control sobre el mercado]. Entre más aguardiente se venda más de salud y educación va a haber, independientemente del departamento que sea”. 

¿Qué dicen las licoreras y las gobernaciones?

La FLA publicó un boletín titulado El aguardiente antioqueño está listo para conquistar nuevos mercados en Colombia. Dice que la FLA “está lista para conquistar los nuevos mercados en los departamentos de Valle, Cauca, Nariño, Boyacá, Huila, Putumayo y Caquetá”. El gerente de la licorera, Esteban Ramos Maya, dijo que como licorera, estaban listos para seguir fortaleciendo su liderazgo y así apoyar la salud y la educación del departamento.

El año pasado, en 2024, la Corte Constitucional hizo audiencias públicas para escuchar a las distintas partes. Allí, hablaron las gobernaciones. 

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, estaba a favor de mantener el artículo 28 –y los monopolios de las licoreras–. En su momento dijo que el consumo del aguardiente “es elástico, altamente sustituible. El consumidor no se priva del consumo del aguardiente por no encontrar su marca predilecta. Nadie en el mundo deja de rumbear porque una marca X o Y exista en el mercado y sale furioso a su casa a tomar té”.  

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, mostró su inconformidad y dijo que la posibilidad que tenían los departamentos de restringir el ingreso de otros aguardientes era favorable para el crecimiento y desarrollo de su industria licorera.

Mientras que el gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, a diferencia de las otras gobernaciones, apoyó la apertura del mercado y agregó que la potestad que tenían los departamentos de limitar el mercado incentivaba el contrabando. 

Recordemos que la Industria Licorera de Caldas produce el Aguardiente Amarillo de Manzanares con una participación del 25% en el mercado nacional. 

Se espera que la sentencia de la Corte se haga pública en las próximas semanas.