Con las elecciones de los últimos años en América Latina, se ha dado un “giro” de retorno hacia las izquierdas en la mayoría de los países. Esto ha fortalecido el supuesto colectivo de que el respeto a derechos y garantías sociales conquistados, incluyendo los de la población migrante, estaría en la agenda pública de esos gobiernos.

Sin embargo, la población migrante, sin posibilidad de votar, no tiene acceso a la moneda de cambio del juego de la política electoral. Por lo que los principios políticos de brazos abiertos a la migración son fáciles de sacrificar. Las presiones, de Estados Unidos y de la “opinión pública”, sepultaron los discursos de inclusión y solidaridad en México y Chile. 

Este es el primero de dos textos sobre la decepción generada por dos gobiernos latinoamericanos que, tras hacer una campaña de integración y cooperación, han desarrollado políticas y medidas excluyentes, contrarias a los Derechos Humanos, y que ponen en riesgo la vida de miles de personas migrantes en condiciones de vulnerabilidad.

Capítulo 1. Andrés Manuel López Obrador, el agente migratorio gringo más eficiente 

“Nada de maltrato con migrantes centroamericanos. (…) Donde come uno comen dos. (…) No se puede estar enfrentando este problema sólo con el uso de la fuerza, con medidas coercitivas, hay que garantizar los derechos humanos, y el principal derecho humano es el derecho a la vida.”

Andrés Manuel López Obrador – AMLO, octubre de 2018 (menos de dos meses antes de asumir la presidencia de México).

Las palabras que se llevó el viento 

México como país de tránsito no es un fenómeno nuevo. A finales del siglo XIX y durante el XX, con la implementación de políticas restrictivas a la migración de “razas menos deseables” en Estados Unidos, personas de Asia, Europa del Este, Centroamérica y Suramérica empezaron a utilizar México como territorio de tránsito para el cruce irregular de la frontera sur de su país de destino. 

Durante las décadas en las que AMLO fue político de oposición, que incluyó su tercera y última campaña presidencial en 2018, éste criticó en múltiples ocasiones la política de tratamiento a migrantes en tránsito en su país, calificada por algunos como “una de las políticas migratorias más restrictivas a nivel internacional”. En 2014, por ejemplo, acusó al entonces presidente Peña Nieto de “[hacer] el trabajo sucio a los estadounidenses para limitar el paso de migrantes centroamericanos por [México]”.

Como presidente electo –todavía no en funciones– también planteó que “no con deportaciones” se puede “enfrentar el fenómeno migratorio” y que iba a defender el “derecho humano” de “buscar una vida mejor en Estados Unidos” para la población migrante de “todo el continente americano”.

Las propuestas que llevaron a AMLO a la presidencia para el periodo aún vigente, consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, incluyen las promesas de brindar “respeto a [los] derechos [y] hospitalidad” a las personas migrantes, afirmando que “el Ejecutivo Federal aplicará las medidas necesarias para garantizar que los extranjeros puedan transitar con seguridad por el territorio nacional”. El documento también critica que “las autoridades migratorias mexicanas [sometieran] a toda suerte de atropellos a los migrantes extranjeros en el territorio nacional”. 

Del dicho al hecho…

En marzo de 2023 un video grabado en Ciudad Juárez dio la vuelta al mundo. Vimos a unos guardias retirándose con paciencia de una estación migratoria que empezaba a incendiarse mientras los migrantes detenidos suplicaban auxilio. Nadie les abrió la reja. Cuarenta personas centroamericanas y suramericanas murieron incineradas y más de 20 quedaron heridas.

Los ojos del mundo se pusieron en México y los dedos de las organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron, con razones, al gobierno del presidente que había prometido garantizar el derecho a la vida de la población migrante. 

El gobierno de AMLO estaba faltando a sus promesas: sometiendo a personas migrantes a detenciones arbitrarias, y manteniéndolas hacinadas en estaciones deplorables, operadas por empresas no aptas a través de contratos corruptos. En este caso, llevándolas a muertes evitables.

El tratamiento de la migración de parte de AMLO ha sido de criminalización y penalización. De hecho, Francisco Garduño, el director del Instituto Nacional de Migración (INM), no tenía experiencia en temas migratorios antes de ser designado por el presidente, pero sí en el sistema penitenciario.

Lastimosamente este hecho, registrado en varios medios de comunicación a nivel mundial, no es un hecho aislado. La política migratoria centrada en disuadir y perseguir migrantes ha sido la norma de este gobierno. Más de 32.000 militares mexicanos (¡11% de las fuerzas militares!) tienen tareas relacionadas con leyes migratorias. En un país con amplias zonas controladas por el crimen organizado, destinar más de una décima parte de las fuerzas militares a perseguir migrantes es un exabrupto. Y lo es en cualquier país. 

En 2023, el gobierno de México detuvo a más de 782.000 personas con estatus migratorio irregular, un récord histórico y casi el doble que en 2022. Ante los costos de la deportación aérea de migrantes, la estrategia del gobierno mexicano ha consistido en detener a las personas en la frontera norte, antes de que puedan realizar el cruce hacia Estados Unidos, y hacer una especie de “deportaciones internas” hasta la frontera sur, haciendo que la población devuelta deba reiniciar su tránsito por México, donde enfrentan múltiples peligros, sin dinero y con el ánimo mermado. Recientemente el gobierno anunció una licitación de contratación de buses, por casi 35 millones de dólares, para continuar con esta práctica y sumar la deportación ¡terrestre! hacia los países de América Central, con todos los problemas de seguridad y salud que esto puede suponer.

AMLO también ha incrementado las restricciones a los ingresos regulares de personas suramericanas para “evitar” su tránsito posterior hacia Estados Unidos. A principios de 2022 impuso el requisito de visa para el ingreso de población venezolana, lo que llevó a un aumento significativo de los movimientos migratorios a través del Tapón del Darién. Las inadmisiones de colombianas y colombianos en México, con violaciones a sus derechos humanos incluidas, son parte del mismo paquete. Aunque fueron recordadas recientemente por nuevas denuncias, ésta práctica ha sido recurrente y ha aumentado de forma constante durante este periodo presidencial, pasando de 3.327 inadmisiones en 2018 a más de 33,000 en 2022 y más de 29.000 en 2023.

En general, con AMLO, el territorio mexicano se ha terminado de consolidar como el muro de contención para la llegada a Estados Unidos. 

Punto de quiebre: el vecino bully

Diferentes análisis han mostrado cómo desde mayo y junio de 2019, cuando el entonces presidente estadounidense Donald Trump amenazó a México con elevar los aranceles a la importación de productos mexicanos si no “detenían” los movimientos migratorios hacia su país, la política migratoria y los discursos públicos sobre la migración en México dieron un giro hacia la militarización y la securitización. 

La adopción de políticas como Título 42, Quédate en México, las negociaciones sobre el muro, etc., impusieron la lógica de tratar de frenar la migración mediante control, desprotección, persecución, expulsión y deportación de personas en tránsito, violando su derecho a buscar asilo, ejerciendo violencia institucional, y exponiéndolas a peligros en territorio mexicano.

Estos enfoques se han mantenido tras el cambio de presidente de Estados Unidos. Joe Biden no ha dejado de ejercer presión sobre México y otros países de la región con el mismo propósito.

El ex director del INM, Tonatiuh Guillén, hablando sobre este giro de la política migratoria, afirmó que “el peso de Estados Unidos en las decisiones políticas migratorias de México es decisivo”. Tener de vecino al país más bully del mundo no debe ser sencillo. Al margen de ello, organizaciones de la sociedad civil destacan que ésta no ha sido una imposición unilateral, sino que también ha habido una decisión interna del gobierno mexicano de criminalizar y militarizar. 

Acatar estas medidas sin chistar, y sumar la persecución y la violencia institucional a las expulsiones y deportaciones, está lejos de ser lo que el AMLO opositor pregonó por décadas.