La construcción de una arquitectura institucional en este cuatrenio para el sector cultura convivió con dificultades que el gobierno Petro no logró resolver.
Durante cuatro años, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes incrementó el presupuesto del sector y lanzó nuevos programas al tiempo que intentó reorganizar la política cultural alrededor de sistemas nacionales, nuevas formas de gobernanza, derechos culturales y capacidades permanentes del Estado.
¿Qué logró, qué quedó pendiente y qué de esa arquitectura institucional podría perdurar más allá del cambio de gobierno?
De acuerdo con el Informe de Empalme del sector culturas, elaborado por el Ministerio de las Culturas y presentado en julio de 2026, el sector culturas alcanzó el mayor presupuesto de su historia desde la creación del Ministerio en 1997: el acumulado entre 2023 y 2026 fue de 4,729 billones de pesos, frente a 2,795 billones reportados para el cuatrienio anterior: un incremento del 69,2%.
El aumento de los recursos abre una discusión más compleja: ¿Hasta qué punto el fortalecimiento financiero estuvo acompañado por una capacidad institucional suficientemente robusta para transformar ese presupuesto en resultados efectivos y permanentes? Según el Informe de Gestión 2024 del sector culturas, el sector cerró la vigencia con una ejecución del 99% en compromisos, pero solo del 65% en obligaciones. En el caso específico de la inversión del MinCulturas, los compromisos alcanzaron el 99%, mientras que las obligaciones llegaron al 53%, una diferencia que evidencia la distancia entre la asignación de recursos y que en efecto estos se conviertan oportunamente en obras, programas y servicios para la ciudadanía.
En el lenguaje presupuestal, comprometer un recurso significa que el Estado ya lo destinó formalmente a un contrato, convenio o acto administrativo; obligarlo, en cambio, implica que ese contrato avanzó lo suficiente para generar una cuenta por pagar.
Para el escritor e investigador Giuseppe Ramírez, el problema trasciende la coyuntura presupuestal: “Lo que se hizo patente con esta experiencia es que no existe una infraestructura cultural sólida que resista las buenas y las malas intenciones de los gobiernos de turno. Hay una asimetría preocupante entre los discursos gubernamentales y la eficiencia de las herramientas institucionales para poner a andar ciertas políticas”. Para él, sigue siendo “un ministerio mendicante”, históricamente débil frente al resto del Estado, lo que limita su capacidad para ejecutar transformaciones de gran escala.
Catalina Ceballos, antropóloga con experiencia en el sector público, considera que el verdadero desafío del cuatrienio no fue únicamente aumentar el presupuesto, sino fortalecer la arquitectura institucional del sector: “Necesitamos funcionarios especializados, sistemas de información y datos, equipos técnicos permanentes y metodologías para medir impacto”. Para Ceballos, parte de las transformaciones impulsadas durante este gobierno quedaron en una etapa de transición, especialmente aquellas relacionadas con el fortalecimiento de las capacidades técnicas y financieras de las Secretarías de Cultura departamentales y municipales, donde -afirma- “seguimos sin lograr una articulación e integración real con los territorios”.
El principal legado institucional del gobierno Petro no solo es haber incrementado el presupuesto del sector, sino haber puesto sobre la mesa un problema menos visible: que ampliar los recursos no basta cuando la capacidad del Estado para planear, coordinar y ejecutar sigue siendo desigual. El reto entonces no es solo conseguir más dinero para la cultura, sino además construir una institucionalidad capaz de convertir esos recursos en políticas sostenidas, independientemente del gobierno de turno.
Mientras el aumento del presupuesto y la creación de nuevos instrumentos permiten dimensionar el esfuerzo del Estado, el verdadero impacto de una política cultural resulta mucho más difícil de medir. Durante el cuatrienio, el Ministerio reportó 26.280 apoyos y estímulos, una inversión de 719.402 millones de pesos mediante convocatorias públicas (45% más que en el gobierno anterior) y una cobertura del 87% del territorio nacional a través del Sistema Nacional de Convocatorias. Sin embargo, ninguna de esas cifras responde por sí sola a una pregunta más profunda: ¿qué significa realmente transformar un territorio desde la cultura? ¿Qué permanece cuando termina una convocatoria o cambia un gobierno?
La socióloga y experta en derechos y políticas culturales Diana Varón Cárdenas considera que allí persiste una de las principales deudas de la política cultural colombiana: la ausencia de herramientas para medir transformaciones sociales y culturales de largo plazo. “Se confunde la producción de bienes públicos con desarrollo o transformación”, afirma. Y pone un ejemplo: “Construir 10 bibliotecas no implica progreso y desarrollo cultural si estos espacios permanecen vacíos, si no tienen un impacto en las comunidades donde están ubicados o no tienen recursos para funcionar”. En su concepto, una política cultural debería ser capaz de generar evidencia sobre procesos mucho más difíciles de cuantificar, como la construcción de tejido comunitario, la transmisión de saberes entre generaciones, el fortalecimiento de capacidades creativas, el surgimiento de nuevos liderazgos o la apropiación cultural de los territorios.
Para Melissa Vásquez Berrío, comunicadora en formación y gestora cultural del Urabá antioqueño, la transformación comienza mucho antes de una cifra o un indicador de gestión. Lo hace cuando las personas descubren que su historia merece ser contada por ellas mismas. “El cine comunitario permite que muchos jóvenes, también personas adultas y niños, descubran que sus historias, sus paisajes, sus formas de ver el mundo, de sentirlo y de recordar también merecen ser narradas. Y merecen que nosotros las narremos. Eso fortalece la identidad y nos da herramientas para contar nuestras realidades, nuestras fantasías, nuestros deseos, nuestros recuerdos, nuestras vivencias, nuestra cultura y las memorias de nuestros ancestros desde nuestra propia voz”. Esa idea coincide con el horizonte planteado por el Plan Nacional de Cultura 2024-2038, que entiende la política cultural más allá de una oferta de bienes y servicios: la ve como una herramienta para fortalecer capacidades, identidades y procesos comunitarios en los territorios.
El verdadero desafío comienza entonces cuando termina la convocatoria. Para la joven gestora del Urabá, los procesos culturales solo generan transformaciones si logran permanecer en el tiempo y ofrecer posibilidades reales de desarrollo a quienes los impulsan. “No basta con formar jóvenes; también es necesario que nos acompañen para que podamos profesionalizarnos, crear colectivos, emprender iniciativas audiovisuales, vivir dignamente de esto sin tener que abandonar nuestros territorios”, afirma Melissa. Por eso advierte que “no podemos romantizar esa capacidad de resistencia. Las comunidades hacen enormes esfuerzos por sostener sus procesos, pero el compromiso institucional también debe ser continuo. La cultura necesita políticas de largo plazo, recursos estables y acompañamiento, no solo convocatorias que terminan cuando se ejecuta un presupuesto”.
Esa aspiración también implica transformar la relación entre el Estado y los actores culturales. Como observa Julián Beltrán, gestor cultural y especialista en circulación musical, muchas organizaciones regionales ya no buscan únicamente acceder a recursos públicos, sino convertirse en agentes capaces de sostener y ejecutar las propias políticas culturales. En sus palabras: “apuestan más por ser operadoras de las políticas públicas que por seguir siendo solamente sus beneficiarias”.
A pesar de los cambios introducidos durante este gobierno para ampliar el acceso territorial y favorecer poblaciones históricamente excluidas, las críticas del sector no desaparecieron. Para Giuseppe Ramírez, el problema no se reduce a quién recibe los recursos. “La concursabilidad produce un descontento generalizado incluso si ahora esos recursos los obtienen personas que antes no”, afirma. En su opinión, el debate es más profundo y apunta al diseño mismo del sistema. “Lo que habría que transformar es ese mecanismo apurado y cortoplacista”, sostiene. A su juicio, el modelo actual privilegia la ejecución sobre los procesos artísticos y culturales, volviendo difícil que los proyectos apoyados por el Estado logren consolidarse en el tiempo.
Esa necesidad de acompañamiento también plantea un desafío institucional. Para Sofía León, politóloga con trayectoria en investigación y trabajo con comunidades afrocolombianas y territorios étnicos, el fortalecimiento de los procesos culturales depende menos de la apertura de nuevas convocatorias que de la capacidad del Estado para consolidar sistemas de información, fortalecer los consejos de cultura y garantizar mecanismos permanentes de participación territorial. A su juicio, uno de los principales aciertos del gobierno fue haber desplazado el centro de la política cultural hacia los territorios. “Entender la cultura como un derecho implicó que se tuviera en cuenta la necesidad de crear portafolios de estímulos territoriales y descentralizar la gestión cultural en el país (…). Pero hace falta fortalecer los sistemas de información cultural para el seguimiento de estas políticas públicas y fortalecer la participación de los consejos de cultura en la toma de decisiones a nivel territorial”, afirma. Esa lectura encuentra respaldo en algunos indicadores del Ministerio: el informe de empalme señala que el 83% de la inversión del cuatrienio se ejecutó en los territorios, mientras que la formulación del Plan Nacional de Cultura 2024-2038 reunió más de 100.000 participaciones ciudadanas en procesos de consulta realizados en todo el país.
Esa necesidad fue reconocida por el propio Ministerio. Tanto el Plan Nacional de Cultura 2024-2038 como los informes de rendición de cuentas 2022-2026 identifican el fortalecimiento de los sistemas de información, la gobernanza territorial y la articulación entre Nación y entidades territoriales como condiciones indispensables para consolidar una política cultural que no dependa exclusivamente de las capacidades del nivel central. A ello, León suma otras tareas pendientes, como una mayor articulación con las agendas de paz, educación y reparación histórica, así como el desarrollo de políticas para la protección de los conocimientos ancestrales y las economías populares.
El concepto de “ecosistema cultural”, que es transversal al Plan Nacional de Cultura e incluso fue incorporado como definición en el proyecto de reforma a la Ley General de Cultura, sintetiza buena parte del cambio impulsado durante estos cuatro años. La política cultural pasó de entenderse como un conjunto de convocatorias y subsidios aislados para concebirse como una red de procesos -formación, creación, producción, circulación, acceso, información y participación- cuyo funcionamiento depende de instituciones estables y articuladas. Esa visión se materializó en la creación del Sistema Nacional de Convocatorias Públicas (SINAC), el Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural (SINEFAC) y el Sistema Nacional de Circulación; en la actualización del Plan Nacional de Cultura 2024-2038 y de los principales planes nacionales de las artes; y en el fortalecimiento de los sistemas de información y de la capacidad institucional del Ministerio. Más que ampliar el número de estímulos, la apuesta consistió en construir una arquitectura permanente para la política cultural, capaz de articular sus distintos componentes y trascender los ciclos de cada gobierno.
Uno de los cambios notables entre el gobierno de Iván Duque y el de Gustavo Petro fue el lenguaje con el que se definió la política cultural. Mientras la administración anterior situó la Economía Naranja como eje de su estrategia, enfatizando el potencial de las industrias creativas como motor del crecimiento económico, el actual gobierno desplazó el enfoque hacia los derechos culturales, la diversidad y los territorios históricamente excluidos. Varón Cárdenas advierte que la garantía de los derechos culturales no es una opción política de cada administración, sino un mandato constitucional: “La misión principal del Ministerio de las Culturas es garantizar los derechos culturales de toda la ciudadanía (…). Lo que ha pasado es que cada gobierno, dependiendo de su inclinación política, hace un énfasis particular en qué entiende por derechos culturales y cómo cumplirlos”, explica.
En el debate público ambos enfoques suelen presentarse como modelos contrapuestos, aunque fortalecer los derechos culturales y consolidar la sostenibilidad económica del sector no parecen ser objetivos incompatibles sino componentes de una política pública robusta. Ambos gobiernos enfrentaron un desafío similar: cómo construir instrumentos capaces de fortalecer la sostenibilidad del sector más allá de un periodo presidencial. Para Varón Cárdenas, esa diferencia no implica que uno de los enfoques esté completamente equivocado. “Esto no es desacertado, no está mal generar ingresos con lo que se hace (…). El problema (…) está cuando se vuelve absolutista y se le dice al artista, al sabedor, al portador de tradición que debe volverse un agente puramente económico y que todo lo que hace cobra sentido y valor solo cuando tiene un precio en el mercado”, afirma. Esa tensión tampoco es nueva en el sector editorial. Como señala José Diego González, director técnico del Ecosistema Editorial del Cerlalc (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe), sobre las compras públicas de libros, estas buscan ampliar el acceso ciudadano a la lectura y, al mismo tiempo, fortalecer el mercado editorial. “Ambos cometidos, en todo caso, pueden entrar en tensión”, advierte.
Si la Economía Naranja entendía la cultura principalmente como un sector capaz de generar empleo, emprendimiento y crecimiento económico, el gobierno Petro buscó desplazar el centro del debate hacia la economía popular y comunitaria. Ese cambio de enfoque deja preguntas. Para Julián Beltrán, el tránsito hacia la economía popular no logró traducirse en instrumentos claros para organizaciones culturales que durante años habían combinado la producción de bienes y servicios con procesos creativos y patrimoniales. “Estas organizaciones quedaron en el peor de los mundos: demasiado pequeñas y comprometidas con la creatividad y el patrimonio para vivir solamente del mercado; demasiado bien organizadas e interesadas en diversificar sus ingresos para caer en definiciones romas de lo popular”. En su opinión, ese segmento del ecosistema cultural terminó enfrentando mayores incertidumbres durante la transición hacia el nuevo enfoque.
Para Varón, el desafío no consiste en escoger entre una lógica económica y otra basada en derechos, sino en encontrar un equilibrio entre ambas: “Se necesita poder vivir de lo que se hace sin que eso signifique cosificar y reducir lo artístico y lo cultural a su valor en el mercado”. De acuerdo con ella, una política pública sólida debería garantizar simultáneamente los derechos culturales de la ciudadanía y los derechos económicos de quienes trabajan en el sector. Catalina Ceballos se refiere a cuál debería ser el papel del Estado dentro de ese equilibrio: “Los derechos culturales necesitan recursos públicos, pero no deben producir dependencia”, afirma: el Estado no debe convertirse en el único financiador del sector, sino en el responsable de crear las condiciones para que artistas, organizaciones y mercados culturales puedan desarrollarse de manera sostenible.
La discusión también alcanza al principal mecanismo de fomento del Estado: las convocatorias. Para Giuseppe Ramírez, el problema no radica únicamente en su existencia, sino en la lógica con la que operan. A su juicio, el sistema de estímulos “privilegia la ejecución sobre los procesos artísticos y culturales”, obligando a desarrollar proyectos en plazos muy cortos y evaluando con mayor énfasis los productos finales que la consolidación de trayectorias. En lugar de convocatorias periódicas, Ramírez propone avanzar hacia esquemas de acompañamiento de largo plazo que permitan la maduración de procesos creativos.
Esa necesidad de pensar más allá del momento de la creación también aparece en el teatro. Para el dramaturgo Fabio Rubiano, uno de los principales vacíos de la política cultural no está en la financiación de la producción, sino en lo que ocurre después del estreno. “Más que preproducción y producción, lo que hace falta es postproducción”, afirma. Vistas desde esa perspectiva, las convocatorias deberían pasar de ser el centro de la política cultural a convertirse en uno de varios instrumentos dentro de un ecosistema institucional más amplio.
Ese cambio de orientación también se reflejó en la política musical. Mientras el gobierno de Duque concentró buena parte de sus esfuerzos en fortalecer el Plan Nacional de Música para la Convivencia mediante el apoyo a escuelas de música, la dotación de instrumentos y el fortalecimiento de procesos ya existentes, la administración Petro impulsó una estrategia alrededor del programa Sonidos para la Construcción de Paz, que articuló formación artística, educación y paz en los territorios.
Solo en su primera fase, el programa vinculó a más de 32.000 niñas, niños y adolescentes en 160 establecimientos educativos de 91 municipios, con una inversión cercana a los $48.600 millones de pesos en 2023 y un acumulado de $70.000 millones en el cuatrenio. A ello se sumó la creación y fortalecimiento de agrupaciones nacionales -como la Banda Sinfónica Nacional, el Coro Nacional y nuevas estudiantinas regionales-. Durante este periodo, el Congreso también aprobó la Ley de la Música, una iniciativa promovida por organizaciones del sector musical y distintos congresistas, que el Gobierno respaldó y cuya implementación le corresponderá al Ministerio. Pero la apuesta por construir un sistema más amplio alrededor de la formación artística también enfrentó desafíos institucionales. Una auditoría interna realizada en 2025 concluyó que, aunque Sonidos para la Construcción de Paz contaba con una fundamentación jurídica y estratégica sólida, su crecimiento superó la capacidad institucional para coordinarlo. La Oficina de Control Interno identificó debilidades en la formalización del programa, la articulación entre dependencias y los mecanismos de seguimiento presupuestal, y recomendó fortalecer su estructura administrativa para garantizar su sostenibilidad.
La construcción de instrumentos estables para sostener el desarrollo de los sectores culturales encuentra uno de sus mejores ejemplos en el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC). Creado mediante una contribución parafiscal del propio sector, constituye uno de los pocos casos en Colombia de una política pública que combina regulación estatal, financiación sectorial y autonomía técnica, permitiendo que el desarrollo de una industria cultural no dependa exclusivamente de la coyuntura presupuestaria anual.
Durante este gobierno esa lógica se extendió más allá del financiamiento de películas. Si el gobierno de Iván Duque dejó como principal innovación la creación del régimen de Certificados de Inversión Audiovisual (CINA), la administración Petro concentró sus esfuerzos en ampliar y articular los instrumentos existentes. El informe de empalme del cuatrenio que consolida indicadores comparables para ambos cuatrienios, señala que los certificados expedidos bajo la Ley de Cine pasaron de 870, asociados a 110 proyectos y una inversión de $143.062 millones entre 2018 y 2022, a 2.973 certificados, 359 proyectos y $549.441 millones de inversión entre 2022 y 2026. En el caso de los CINA, el balance reporta un crecimiento de 35 certificados y $104.680 millones de inversión durante el gobierno Duque a 281 certificados que movilizaron $745.161 millones en la administración Petro. El propio informe de gestión del gobierno Duque 2018-2022, por su parte, destacaba la creación de este incentivo tributario y reportaba 797 certificados de donación e inversión por $136.432 millones bajo la Ley de Cine, evidencia de que el instrumento comenzó a consolidarse en ese periodo antes de su expansión durante el cuatrienio siguiente. Sobre esa base, el Minculturas complementó la política con circuitos de exhibición en 224 municipios, el fortalecimiento de más de 140 organizaciones de exhibición y estrategias de internacionalización y formación de públicos.
Para Andrés Úzuga, productor de cine y director del CINETORO Experimental Film Festival de Toro, Valle, el apoyo público sigue siendo indispensable en una sociedad profundamente desigual. “Mientras el poder adquisitivo de la sociedad no sea más digno, las artes deben ser subsidiadas”, afirma. Sin embargo, insiste en que una política cultural no puede limitarse a distribuir recursos: su propósito debe ser construir instituciones capaces de sostener esos apoyos más allá de los cambios de gobierno. En esa medida, considera que la principal fortaleza del cine colombiano no radica únicamente en el volumen de recursos que moviliza el FDC, sino en haber consolidado un instrumento estable durante más de dos décadas. Para Úzuga, el principal desafío del Fondo ya no proviene de la política sino de la transformación del propio mercado audiovisual. “La taquilla está cayendo, entonces se necesita otra fuente de financiación (…) el negocio cambió con las plataformas”, explica. De allí que proponga incorporar a plataformas como Netflix, Amazon o HBO como aportantes del Fondo para garantizar su sostenibilidad futura.
El reto consiste, entonces, en abandonar la idea de que una sola herramienta puede responder a la complejidad del sector cultural. Para Julián Beltrán, “la cultura tiene múltiples dimensiones y dinámicas y el Estado debe responder a ellas a través de todos los mecanismos que tiene a su disposición, desde los incentivos tributarios con los que cuenta el sector audiovisual o CoCrea, pasando por créditos blandos y garantías que puede dar la banca de segundo nivel, hasta los programas de estímulos, concertación e invitaciones que se implementan a nivel nacional, departamental y municipal”. Desde esa perspectiva, concluye, “el reto del gobierno entrante no está en elegir entre cuál de las dos líneas seguir, sino en profundizarlas. Los gobiernos deben trabajar para ampliar los derechos y oportunidades que ha venido adquiriendo el sector (…); limitar los alcances de los portafolios de convocatorias existentes iría en contravía de ese deber”.
Una reflexión similar plantea José Diego González, director técnico de Ecosistema editorial del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) Desde su perspectiva, las convocatorias siguen siendo herramientas necesarias, pero insuficientes para consolidar un ecosistema cultural. “Las subvenciones por convocatoria son importantes, pero evidentemente no son suficientes. Habría que pensar en una política de desarrollo industrial de largo plazo (…), con líneas de crédito fácilmente accesibles y condiciones favorables que puedan apalancar el crecimiento de editoriales, librerías y distribuidoras”. González recuerda que políticas públicas aparentemente orientadas al acceso -como las compras estatales para bibliotecas- también cumplen una función económica decisiva: sostienen la producción editorial, fortalecen las librerías y amplían el mercado del libro. En ese sentido, concluye, el acceso ciudadano a la lectura y el desarrollo económico del sector editorial no son objetivos opuestos, sino mutuamente dependientes.
Si el gobierno de Iván Duque dejó como uno de sus principales legados la creación de 600 Bibliotecas Rurales Itinerantes en 574 municipios, el Ministerio de las Culturas concentró buena parte de su gestión en fortalecer esa infraestructura. Según los informes de gestión y el informe de empalme del sector, en 2025 se habían destinado $46.000 millones para la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y 688 Bibliotecas Rurales Itinerantes; en 2023 se actualizaron las colecciones de 1.485 bibliotecas públicas (más de 2.000 en el cuatrenio), la compra pública de libros aumentó 156% frente a 2022, y se distribuyeron 840.000 ejemplares de la colección Leer es mi cuento, estrategia que posteriormente alcanzó 1,6 millones de ejemplares de libre circulación.
Paralelamente, la industria editorial mostró una recuperación sostenida con respecto al cierre del gobierno anterior. De acuerdo con las Estadísticas del Libro en Colombia de la Cámara Colombiana del Libro, las ventas netas del sector pasaron de $657.081 millones en 2022 a $996.624 millones en 2024, un crecimiento cercano al 52% en apenas dos años y el mayor valor registrado por la serie estadística de la entidad. En el mismo periodo, el empleo aumentó de 5.284 a 5.389 trabajadores, mientras que los registros ISBN crecieron de 20.840 a 21.826, la cifra más alta registrada por la Agencia Colombiana del ISBN.
Aunque estos indicadores no permiten atribuir ese desempeño exclusivamente a las políticas del Ministerio, sí muestran que el cuatrienio concluyó con un sector editorial más dinámico que el recibido, en un contexto de fortalecimiento de la infraestructura pública de lectura y de mayores compras estatales de libros. Al mismo tiempo, especialistas del sector advierten que persisten problemas estructurales de distribución, circulación y sostenibilidad económica para librerías y editoriales independientes.
La construcción de una arquitectura institucional durante el Gobierno Petro convivió, sin embargo, con dificultades que el cuatrienio no logró resolver. Los cambios en la dirección política del Ministerio, las críticas del sector frente a algunos instrumentos de fomento y el hundimiento de la reforma a la Ley General de Cultura evidencian que diseñar nuevas instituciones resulta menos complejo que consolidar los consensos políticos necesarios para sostenerlas en el tiempo.
La llegada del nuevo gobierno pondrá a prueba esta arquitectura institucional. Su desafío será decidir qué hacer con los sistemas, planes y reformas impulsados durante el cuatrienio anterior: desmontarlos, reformarlos o convertirlos en la base de una política cultural que trascienda las alternancias políticas.
Las heridas de un país marcado por el conflicto armado no sanan únicamente con infraestructura o crecimiento económico. Necesitan relatos, símbolos, memorias compartidas y espacios donde la sociedad pueda reconocerse, tramitar sus duelos e imaginar futuros distintos. En su Informe Final, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) advirtió que el conflicto dejó daños culturales profundos y que la paz exige desmontar las narrativas que naturalizaron la violencia y convirtieron al otro en enemigo. Esa tarea recae, en buena medida, sobre artistas comunitarios, escritores, músicxs, cineastas, bibliotecarios, artistas escénicos, gestores culturales y sabedoras que durante décadas han narrado un país que el Estado ha sido incapaz de escuchar del todo.
Melissa Vásquez recuerda la escena de un taller de fotografía con jóvenes de Urabá en el que no había cámaras: “Utilizamos una hoja de papel cortada en el medio como si fuera un cuadro para empezar a mirar a través de él. Muchos comenzaron encuadrando una casa, un árbol, un río o un tambor. Cuando nos sentamos a conversar sobre las imágenes entendieron que esas escenas cotidianas también eran memorias, identidad y patrimonio. Ese día no aprendieron a usar una cámara; primero aprendimos a mirar cómo nos miramos y la forma en que nos reconocemos”. Para ella, ese momento resume el sentido de una política cultural: ofrecer herramientas para que las comunidades puedan nombrar su mundo, reconocerse en él y construir desde allí nuevas posibilidades de futuro.
El gobierno entrante enfrentará retos que trascienden la administración del presupuesto cultural. Deberá decidir si mantiene la apuesta por fortalecer sistemas nacionales, profundiza la descentralización de la política cultural, consolida los mecanismos de participación territorial y logra articular la cultura con agendas como la educación, la paz y el desarrollo económico. También tendrá que responder a una demanda histórica del sector: construir condiciones para que artistas, gestores y organizaciones culturales puedan desarrollar proyectos sostenibles y vivir de su trabajo sin depender exclusivamente de las convocatorias públicas.
Quizá la forma más ecuánime de evaluar el legado del gobierno Petro no sea únicamente el presupuesto que ejecutó o las reformas que propuso, sino la capacidad de los planes, los sistemas, las instituciones y los marcos normativos que impulsó para resistir el cambio de gobierno. Si escenas como la que recuerda Melissa logran sostenerse en el tiempo, será porque dejaron de depender de la voluntad de una administración para convertirse en una política de Estado. Y también en una forma renovada de mirarnos.
¿Puede un gobierno dejar una política cultural que sobreviva a su propio mandato? Esa es, quizás, la pregunta más importante que deja la administración de Gustavo Petro.
