Cuando fue arrestado en julio de 2016 en Colombia, John Harrison Martínez Perdomo tenía 20 años y 50 homicidios en su prontuario, según informó la Fiscalía General de la Nación.

Los datos de su trayectoria criminal parecían encajar en el perfil de un delincuente callejero que actuaba por su cuenta y sin escrúpulos guiado por el resentimiento que desató en su carácter el asesinato de su madre cuando tenía 12 años.

Pero la fiscalía se enteró seis años después del arresto de que el joven con la imagen de Jesucristo tatuada en su brazo izquierdo y el escudo del Deportivo Cali en el pecho no actuaba solo, era el operador predilecto de un misterioso personaje mexicano solo conocido como El Abuelo que representaba al Cartel Jalisco Nueva Generación.

El Abuelo, de acuerdo con la fiscalía, era el verdadero jefe de una red de extorsionistas y sicarios de Cartagena que se disputaba con un temido cartel ya establecido el control de esta histórica ciudad de la Costa Atlántica colombiana patrimonio de la humanidad.

También querían quedarse con el narcomenudeo y el negocio de los préstamos “gota a gota”, un método de usura extorsiva.

Según los datos de inteligencia El Abuelo coordinaba sus fechorías
“con el patrón del Cartel Sinaloa y con el de Jalisco Nueva Generación”. El mexicano, según la investigación es “quien imparte instrucciones para garantizar que las oficinas de La María y Pasacaballos, cuenten con la logística necesaria para la comisión de homicidios bajo la modalidad de sicariato”

La organización está siendo investigada por el asesinato de un pelotero de la ciudad que supuestamente se negó a cumplir con un pago extorsivo; un repartidor de flores que sufría la enfermedad de Parkinson, y un turista inocente que asistía a un sepelio en el cementerio. El dueño de un negocio de vidrieras de la ciudad y su hijo se salvaron porque el día señalado el sicario amaneció con un visible absceso en una muela que no le permitía concentrarse, según se enteró la fiscalía.

Llamó la atención a los investigadores que el estricto régimen disciplinario de la red obliga a los sicarios a pagar multas en caso de que se nieguen a ejecutar un asesinato. Fue una sanción con la que debió cumplir uno de los pistoleros luego de no acatar la orden de lanzar una “bomba de tiempo de ocho minutos” en la casa de un rival conocido como Pancho Villa.

Aunque había realizado otras labores de gatillero por lo cual recibía un sueldo de 1,500 dólares mensuales, esta vez se abstuvo porque sabía que la explosión causaría un daño gigantesco a una treintena de casas vecinas, indica un informe de la fiscalía.

La presencia de una organización mexicana en el puerto colonial del Caribe colombiano que ha sido un refugio relativamente tranquilo en medios de altos índices de violencia en otras capitales, es solo un ejemplo de cómo los carteles mexicanos de las drogas se están mimetizando en el mapa delincuencial del país.

Una investigación internacional conjunta de periodistas que tuvieron acceso a una gigantesca filtración de correos electrónicos y documentos de la fiscalía general de la Nación de Colombia y en la cual participó Univisión Investiga, ofrece un inédito panorama de los tentáculos de los carteles de México en este país suramericano.

El Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070, accedieron de manera temprana a los datos de la fiscalía, que luego compartieron con más de 40 medios de comunicación. Un grupo de periodistas de 23 países trabajó en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

«Lo que hemos visto es una conspiración criminal transcontinental en la que grupos de narcotraficantes aparentemente aislados son, en realidad, miembros de organizaciones criminales sin fronteras», escribió Paul Radu, confundador y director de OCCRP.» Algunas de estas alianzas clandestinas se basan en relaciones probadas y comprobadas, mientras que otras se forman ad hoc en torno a intereses comunes», agregó.

Atracción fatal

El origen de la sinergia de los carteles de Colombia y México está
a la vista: Colombia fabrica uno de los principales productos alcaloides de exportación de las organizaciones mexicanas y México tiene una frontera de 3,169 kilómetros con el país que más consume el producto. La complicidad la refuerza una particular admiración que los carteles de ambos lados profesan por el país del otro.

Gonzalo Rodríguez Gacha, uno de los grandes jefes del desaparecido Cartel de Medellín se hacía llamar “El Mexicano” por su afecto a la música y las costumbres de “los sombrerones” como los narcos colombianos se refieren a sus socios en las conversaciones interceptadas por la fiscalía.

Nombres de haciendas como La Chihuahua y Cuernavaca, el Rancho Hermosillo o el bar Mi Tenampa, conformaban el patrimonio de Rodríguez Gacha en su zona de control en Colombia.

Del lado mexicano hay también numerosas leyendas de amistad en el crimen. Uno de los hombres más cercano al legendario narcotraficante Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, jefe del Cartel de Juárez, era el narco colombiano Alejandro Bernal Madrigal. En entrevista con este periodista, Bernal explicó que lo ayudaba con la lectura en voz alta de documentos y noticias dado que el Señor de los Cielos no sabía leer. Cumplía además con la labor de enlace incondicional del narcotraficante con las organizaciones colombianas. Bernal fue asesinado en 2012 en Colombia.

Los días de la fraternidad colombomexicana se terminaron luego de que el gobierno de Estados Unidos llevó a juicio en 2019 al jefe del cartel de Sinaloa Joaquín El Chapo Guzmán apoyándose en testimonios de colombianos que habían compartido secretos, negocios y bacanales con él.

Algunos de ellos eran compadres del capo. Por el estrado de los testigos de cargos pasaron Christian Rodríguez, un técnico en comunicación que se infiltró en el círculo de confianza de Guzmán y cuyas interceptaciones fueron demoledoras para el acusado. También declararon grandes proveedores de droga de Sinaloa como los hermanos Cifuentes Villa y Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta.

Contrainteligencia

De acuerdo con el ex general de la policía de Colombia, Oscar Naranjo, uno de los mayores expertos mundiales en el combate a los carteles, la estructura de mando y control del negocio del narcotráfico cambió entre 2012 y 2014.

Ex general de la policía colombiana Oscar Naranjo. 

Crédito: Archivo Univision

Bajo la dudosa premisa de que podrían reducir los riesgos de ser acusados en Estados Unidos y pedidos en extradición, en estos años los colombianos empezaron a delegar el transporte de la droga a los mexicanos sacrificando sus antiguos márgenes de ganancia.

“Eso cambió en cuanto que la preponderancia mexicana los llevó a tener tal poder que hoy son una especie de yo diría no de jefes, pero sí de estructuras que direccionan a los narcotraficantes colombianos en función de una demanda”, explicó Naranjo. “Ejercen unas funciones como de contrainteligencia. Están muy atentos para detectar fugas de información, para ajusticiar a quienes consideran delatores, para eliminar competencia que no quede bajo la sombrilla de ellos”, agregó.

Una de esas actividades de contrainteligencia la ejercen agregando un supervisor de ruta de origen mexicano a la tripulación de los semisumergibles que zarpan con toneladas de drogas de las costas del Pacífico colombiano hacia Centro América o México.

“Digamos que es para asegurar que la carga llegue al destino. O sea, se embarcan acá o los embarcan en altamar y ellos se van con la carga hasta que hagan la entrega”, explicó en 2019 a Univision Investiga el coronel de infantería de Marina de Colombia Nelson Ahumada durante la filmación del documental “Narcosubmarinos: viaje al fondo del mal” de Univision Investiga.

Aunque sigue siendo una operación compartida con los colombianos, el envío de drogas en narcosubmarinos está dependiendo cada vez más de los mexicanos, según lo reflejan los documentos de la fiscalía.

Los detalles de ese involucramiento más directo se conocieron a raíz del arresto de Oscar Moreno Ricardo en enero de 2022 en la ciudad de Medellín. En un oficio enviado por la DEA a la fiscalía, Moreno fue identificado como un experto en sumergibles al servicio del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Se le acusa de haber coordinado el envío de 375 toneladas de cocaína a Centro América. Los medios colombianos lo identificaron como El Rey de los Semisumergibles.

Moreno esta pedido en extradición por Estados Unidos. Afronta cargos de narcotráfico en el Distrito Este de Texas. Sus abogados en Colombia han cuestionado la extradición alegando que por ser miembro de la comunidad indígena Cabildo Local Zenú La Libertad Pica Pica Viejo Puerto Libertador se le debe aplicar la ley de dicha comunidad.

Según un recurso de apelación de la orden de extradición el cabildo indígena ya condenó a Moreno por los mismos hechos.

La nueva meta

La alianza de la droga ha pasado por numerosas formas de asociación y hostilidad hasta llegar a la situación actual en la que, según algunos observadores, los mexicanos parecen empeñados en controlar la cadena de producción de la cocaína, desde la plantación de la mata en Colombia hasta la distribución del polvo en las calles de Estados Unidos.

Nelson Leal López alcalde de Tibú, Norte de Santander, Colombia. 

Crédito: Cortesía del alcalde.

Esos planes podrían explicar su presencia en Tibú, la cabecera municipal de la región con mayor producción de coca en el mundo, según Naciones Unidas. Se calcula que en el municipio hay 22 mil hectáreas sembradas con coca.

Esta zona petrolera del departamento del Norte de Santander, al nororiente de Colombia, y a pocos kilómetros de Venezuela, se ha convertido en el campo de batalla – y de subsistencia- de las organizaciones criminales armadas del país tales como la guerrilla del Ejército Nacional de Liberación (ELN), los disidentes de las FARC, los carteles del narcotráfico, el paramilitarismo y las Bacrim (Bandas criminales) dedicadas principalmente al robo de hidrocarburos de los oleoductos.

La débil presencia del Estado obligó al alcalde de Tibú, Nelson Leal López, a trabajar desde Cúcuta, la capital del departamento. López contó que fue víctima dos veces de robo del vehículo que usaba para desplazarse por el pueblo y sus veredas.

El alcalde cree que los mexicanos han aterrizado en la región con la meta de extender su control del negocio. Ya no quieren limitarse a comprar la cocaína y regresar a su país. Ahora quieren ser “los dueños de las tierras” y “ya están entrando a cultivar”, le explicó Lopez a Univision Investiga.

“Le dicen al dueño de la tierra que no tiene recursos para cultivar la hoja, bueno, yo le voy a dar 20 o 30 millones de pesos, cultive cuatro o cinco hectáreas de coca y yo le compro la hoja en bruto”, agregó.

Esta modalidad les permite mayores ganancias y asegurar la producción, agregó el alcalde.

Según López los mexicanos tratan de no extender su estadía en la región y prefieren instalarse en haciendas retiradas de las zonas urbanas con todas las comodidades.

En mayo de 2022 la fiscalía recibió información de la presencia en una zona rural de Tibú de “tres sujetos de nacionalidad extranjera, los cuales harían parte del narcotráfico en México, al parecer cartel de Sinaloa”. Los sospechosos estaban “varados” en la región después de que autoridades venezolanas en una zona fronteriza destruyeron una avioneta en la que planeaban transportar un cargamento de cocaína. La pista también fue dinamitada.

Otros informes de inteligencia de la fiscalía reflejan que los mexicanos han tratado de mantener un perfil discreto en Colombia a diferencia de su desafiante presencia en Ecuador donde las autoridades investigan la posible complicidad del Cartel de Sinaloa en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El candidato, quien fue periodista de investigación, había anunciado una guerra frontal contra el narcotráfico.

“Es de anotar que los integrantes de la presunta organización objeto de indagación son muy precavidos en sus conversaciones”, escribió en su reporte un investigador de la fiscalía que seguía los pasos a dos delegados de un cartel mexicano de visita en Bogotá a principios de 2021. “Razón por la cual, agregó, todos sus asuntos al parecer ilegales los coordinan a través de mensajería Whatsapp y otras plataformas que no pueden ser interceptadas”.

Uno de los visitantes es identificado como “integrante de alto nivel dentro de la organización criminal de la ciudad de México”.

Pacto con todos

A la hora de los negocios, los carteles mexicanos en Colombia no discriminan a sus socios por creencias políticas sean reales o de fachada. Durante años han pactado con grupos armados de izquierda y de ultraderecha o directamente con los grandes carteles del país, el de Medellín, Cali, Norte del Valle y El Clan del Golfo.

El perfil judicial de un ex combatiente de las FARC, archivado en la base de datos de la fiscalía colombiana, revela que algunos documentos que se encontraron en los computadores incautados a la guerrilla “muestran los negocios de cocaína que las FARC tienen con el cartel mexicano de Sinaloa que lidera Joaquín El Chapo Guzmán”.

La anotación histórica no tiene fecha, pero a juzgar por otros hechos citados en documento la asociación de la guerrilla con Guzmán podría remontarse a 2007. Para esa fecha El Chapo ya llevaba un buen tiempo de trabajar con algunos de los líderes del cartel de Medellín. Un ex traficante de marihuana de la ciudad costera de Barranquilla le relató a Univision Investiga que presentó al joven Guzmán ante los capos de Medellín a principio de los años ochenta cuando llegó a esa ciudad en busca de ayuda para liberar un cargamento de droga que querían robarle a un pariente suyo.

La alianza de Guzmán Loera con el frente 57 de las FARC, agrega el documento, se pactó a raíz de un acuerdo de la organización de Los Zetas, el brazo armado del cartel mexicano de El Golfo, bajo órdenes de Heriberto Lazcano.

“Enfrentando una cruenta guerra por el dominio de las rutas del Pacífico, El Chapo se comprometió a compartir con Lazcano los cargamentos que le enviaba a un ‘socio’ colombiano vía Costa Rica y Honduras a través de lanchas rápidas y semisumergibles”, afirma el reporte.

El acuerdo entre narcos se reveló en 2007 y tuvo muy poca duración.

Años después los mexicanos lograron asociarse con Darío Antonio Usuga David, alias Otoniel, líder del Clan del Golfo, descrito por la fiscalía de Nueva York como “el más violento y significativo” narcotraficante desde Pablo Escobar. Fue condenado en agosto de 2023 a 45 años de prisión en una corte de Nueva York por cargos de narcotráfico y conspiración para introducir drogas a Estados Unidos.

Úsuga había sido miembro de las Autodefensas de Colombia (AUC), una temida organización de ultraderecha responsable de la muerte y desaparición de miles de personas inocentes.

Uno de los ex jefes de la AUC relató a la fiscalía sus encuentros con emisarios de carteles mexicanos en Colombia.

“Siempre ha habido mexicanos aquí en Colombia”, dijo en una versión libre de mayo de 2020. “Porque ellos son los que manejan la plata, ellos son los que compran todo, entonces llegaban ahí los mexicanos mientras terminaban de hacer el tamizaje de drogas que ellos iban a exportar y la mayoría de dineros se trabajaban con los mexicanos”.

El exlíder paramilitar describió una transacción “de 40 a 50 millones de dólares” que enviaron los mexicanos para comprar 20 toneladas de cocaína. El dinero, dijo, generalmente era “bajado” de México en barco, avión o a través de una modalidad conocida como “bajaditas de plata”, es decir pequeñas cantidades que no despiertan sospechas.

Los mexicanos han procurado tener en Colombia un operador que sirva de eslabón entre ambos países. Los investigadores de la fiscalía alegan que encontraron a uno de ellos en octubre de 2019 como parte de la operación Arcadia realizada en tres departamentos del país.

El presunto enlace, identificado como alias El Mono, se encargaba, según el reporte, de “articular inversionistas extranjeros (Guatemala y México), para producir narcóticos y coordinar el envío de cargamentos vía marítima [….] con destino al cartel mexicano de Sinaloa”.

Alias El Mono, quien fue arrestado, tenía la capacidad de producción y transporte hasta de tres toneladas mensuales de cocaína y negociaba con el grupo disidente de las FARC Frente Oliver Sinisterra, asegura el reporte.

El organigrama elaborado por los investigadores muestra a El Mono en conexión directa con Ismael Zambada García, alias El Mayo, jefe del Cartel de Sinaloa que ha sido socio de casi todos los carteles colombianos de la droga desde que empezó en el negocio hace cuarenta años. Zambada continua libre.

La fiscalía colombiana también investiga contactos del Cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo armado de extrema izquierda.

Uno de los más recientes, según fuentes de la entidad, ocurrió a finales de 2022 en el departamento amazónico de Vichada entre representantes de los mexicanos y el jefe de finanzas del ELN a quien las fuentes describen como una persona indisciplinada que “le gusta consumir sustancias alcohólicas y posee una debilidad por las mujeres voluptuosas”.

La Salsa

La estructura bajo el mando de El Abuelo en Cartagena tomó fuerza luego del arresto en octubre de 2021 de alias Otoniel.

El Clan del Golfo controlaba la ciudad y había tenido enfrentamientos con la organización de El Abuelo. Una pareja de las filas de El Abuelo fue asesinada por gente de Otoniel. Sin embargo en otras regiones de Colombia el Clan mantenía relaciones estables con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo con un informe de 2022 del Cuerpo Técnico de Investigación, en Cartagena y con la participación de El Abuelo, se logró que los carteles de “Jalisco y Sinaloa” se aliaran con los colombianos pese a las rivalidades de las organizaciones en México. Por su diversidad y mescolanza, la asociación fue bautizada Los Salsa. Allí militan Los Paisas y Los Caños.

Los Paisas aportaron a la organización su franquicia del «gota a gota», un negocio ilícito de préstamos de dinero al instante a personas humildes y sin acceso al sistema bancario como vendedores ambulantes, pequeños comerciantes, campesinos y prostitutas.

La pandilla de Los Gota como se conoce en la jerga callejera al grupo está compuesta por el cobrador que se presenta día a día a recibir los pagos y sicarios que se encargan primero de intimidar y luego de matar a los clientes que no cumpla con los asfixiantes intereses.

En un informe de investigación de agosto de 2021, la fiscalía señaló que la actividad se ha extendido a Perú, Brasil, México y Panamá además de Chile, República Dominicana, Argentina y Ecuador, siempre bajo el control de Los Paisas, aliados ahora a los mexicanos.

La fiscalía relacionó con este negocio el secuestro de una política de la zona cafetera de Colombia en Xalapa, estado de Veracruz. Los hechos relatados son fragmentarios pero el investigador señaló que el secuestro se originó por una disputa entre Los Paisas “con bandas criminales al servicio del reconocido cartel Jalisco Nueva Generación”. La disputa tuvo como saldo la muerte de un mexicano de lo que fue testigo la mujer colombiana.

John Harrison Martínez Perdomo, alias Chinga Harris, el presunto operador en Cartagena del enigmático personaje mexicano solo identificado como El Abuelo, recibió el beneficio de prisión domiciliaria, volvió a ser arrestado en 2016 y luego liberado.

Cuando estaba en la cárcel se las ingeniaba para hacerle llegar a sus sicarios aguardiente, droga, cigarrillos y les pagó un paseo a una isla cercana.