Un año después del crimen, las investigaciones del periodista sobre la explotación ilegal del río Uré siguen vigentes y salpican a los candidatos más opcionados de la región.
Un día antes de ser asesinado, Rafael Moreno iba y venía de un lugar a otro en el estadero “Rafo Parrilla” que él y su amigo Organis Cuadrado habían abierto hacía pocos meses en Montelíbano: el local estaba abarrotado de clientes y encargos a domicilio, la cocina no daba abasto con los pedidos, las meseras no lograban atender a todos los comensales y la cerveza se había agotado gracias a aquel hombre con cabello de corte militar, orejas prominentes, ojos cafés, 1.75 de estatura, de entre 45 y 50 años y un rosario colgado al pecho, que invitaba a los presentes a beber por cuenta suya.
Si bien desde el miércoles las ventas venían en aumento, y durante esos días al sitio llegó gente de Montería y viajeros que iban camino a La Apartada, Puerto Libertador o San José de Uré, vecinos a la llamada capital niquelera de América, ese sábado 15 de octubre de 2022 solo entre dos mesas se vendieron tres cajas de cerveza Costeñita. El hombre, a quienes algunos reconocieron como un antiguo trabajador de Jaguazul —la empresa de acueducto municipal— invitaba a todos a una pola, departía jocosamente con sus acompañantes y se dejaba saludar de comerciantes, empresarios y otros lugareños, como si Rafo Parrilla fuera su coworking informal.
La escena podría ser similar a la de un sábado caluroso en cualquier pueblo de la Costa Caribe, donde entre trago y comida todos se vuelven amigos de todos, de no ser porque esa tarde se esparció entre los presentes una instrucción: nadie podía negarle una cerveza a aquel cliente, pues se trataba nada más ni nada menos que del comandante del Clan del Golfo en esa zona del sur de Córdoba. Quienes lo conocían previamente se asustaron: sabían que era un desmovilizado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pero solo hasta ese momento se enteraron de que además hacía parte de una de las mayores empresas criminales del país y era el jefe en la región.
A pocos metros de allí, en el lavadero de autos “Las Palmas”, también administrado por los noveles empresarios Moreno y Cuadrado, ese mismo 15 de octubre Rafael recibió otra importante visita: la del alcalde de San José de Uré, Custodio Libardo Acosta Urzola, ante quien un mes antes el periodista había elevado un derecho de petición en el que indagaba sobre los permisos de extracción de material para la ejecución de obras viales en ese municipio.
En este lugar funcionaba “Rafo Parrilla”, el estadero donde fue asesinado Rafael Moreno en Montelíbano, Córdoba.
Crédito: Claudia Julieta Duque.
Según Custodio Acosta, la charla fue amena, pues Rafael y él eran amigos desde 2019 y se llamaban “compadres” entre sí porque el reportero le había pedido que fuera el padrino de su hija menor. “Ese día me contó de su proyecto de seguir estudiando, me habló de su hija, del emprendimiento de las carnes y del lavadero que tenía con Organis. Le compré unas carnes y le dejé un detalle para la niña, aproximadamente como 500 mil pesos”.
Entre los documentos obtenidos por Forbidden Stories después de la muerte de Rafael Moreno, se halló además que el 12 de octubre, tres días antes de su visita al lavadero, un juez había admitido una acción de tutela interpuesta por Rafael contra el alcalde y le había dado al mandatario local 48 horas para responder la demanda.
Para Rafael y Organis, ambos periodistas y socios de los dos locales ubicados en la calle 4 con avenida de Los Estudiantes, el día fue “loco”: “mientras yo llevaba domicilios, Rafael despachaba la cerveza; luego yo ayudaba en la parrilla. Eso se llenó, nosotros estábamos locos ahí”, recuerda Organis.
Llegada la hora del cierre, hacia las tres de la mañana, los dos se alegraron con el balance: más de un millón de pesos en ventas. Pese a la hora, Rafael se tomó el tiempo de pronunciar un emotivo discurso de aliento para sus empleados: al domiciliario, lo animó a trabajar fuerte, pues el dinero le ayudaría con sus estudios; a las tres meseras, las reunió y agradeció por el esfuerzo de esa noche. Organis, por su parte, llegó incluso a insinuarle a su amigo que tendrían que hacerse cargo del sitio y “dejar la denunciadera”: el asadero y el lavadero de carros, contiguo, serían la base de un futuro económico estable para los dos reporteros.
Rafael estaba tan entusiasmado que regresó al lugar antes de las diez de la mañana del 16 de octubre. Desde hacía ya un tiempo había trasladado su oficina a un pequeño salón al interior del restaurante, donde escribía derechos de petición a autoridades municipales y departamentales, posteaba noticias en Facebook y Twitter, hacía transmisiones en directo para su medio Voces de Córdoba y fustigaba a todos los clanes políticos de la región, con quienes pese a todo mantenía relaciones cordiales y hasta les aceptaba dinero para cubrir sus gastos, práctica tristemente común entre los periodistas del departamento: desde ventas por publicidad hasta “ayudas” económicas para solventar necesidades básicas.
Rafa, como todos le llamaban, no trabajaba solo: con Organis Cuadrado hacía investigaciones relacionadas con multinacionales como Cerromatoso y Carbomas y corrupción en la Alcaldía de Puerto Libertador; y con otros dos colegas, Walter Álvarez Berbel y Yamir Jhan Pico, las relacionadas con la explotación de recursos naturales en la zona de Uré, en la que estaba enfocado en las últimas semanas.
De izquierda a derecha, los periodistas Walter Álvarez, Yamir Pico y Organis Cuadrado en un evento en Monería pocos días después del crimen de Rafael Moreno. Crédito: Jeaneth Valdivieso, Liga Contra el Silencio.
Los cuatro periodistas venían recibiendo amenazas de tiempo atrás: panfletos que los declaraban objetivo militar, hombres armados que los interceptaban para anunciarles que serían asesinados, llamadas telefónicas y todo tipo de intimidaciones.
Para el momento en que Rafael Emiro Moreno Garavito fue ejecutado por un sicario aún sin identificar, Yamir se encontraba en México laborando con un canal de televisión, pero Organis y Walter debían estar junto a él en “Rafo Parrilla” ese anochecer del 16 de octubre: el primero porque coadministraba los locales y el segundo porque tenía una cita con Moreno para escribir un “importante trabajo de investigación” que nunca vio la luz.
Imágenes del sicario que asesinó al periodista Rafael Moreno el 16 de octubre de 2022.
“Encontré a Rafa en el lavadero poco antes del mediodía. Tenía pendiente cobrar la publicidad de unas vaquillas (corralejas) en la vereda Los Caracoles y como el sábado el negocio se había llenado no pude ir. Lo hablé con Rafa y lo invité a acompañarme al menos cuatro veces, pero él no quiso irse conmigo. Le dije que regresaría a las tres y media o cuatro de la tarde, le choqué la mano y me fui. Fue nuestro último saludo. Como me pagaron el dinero a las tres y media, me quedé tomando cerveza con unos colegas. A las seis, cuando iba a salir, vi que ahí afuera el picotazo estaba bueno y me quedé. Pensé: bueno, las muchachas están en el negocio y Rafa en el lavadero, ahora me voy. Pero a las siete, una señora a la que le había regalado un poncho llegó corriendo para decirme que a Rafa lo habían matado”, recuerda Organis con la voz acongojada mientras señala que “para mí, Rafael era más hermano que mis hermanos”.
Mientras tanto, en Montelíbano, hacia las seis de la tarde del 16 de octubre, Walter Álvarez se despedía de su esposa a pocas cuadras de “Rafo Parrilla” para cumplir la cita con Rafael Moreno. Pero ella le reclamó por dejarla sola un domingo para irse a trabajar, en especial porque sus hijas lo esperaban en casa. Resignado, Walter continuó camino a La Apartada, donde residía en ese momento, y gracias a ello se salvó de la muerte.
Si Organis y Walter hubieran tomado otras decisiones, esa noche Colombia no habría lamentado el crimen de un reportero, sino la masacre de tres de ellos en Córdoba.
La confluencia ese 15 de octubre de paramilitarismo y política en el mismo lugar donde Rafael Moreno fue asesinado, refleja como ninguna el escenario en el cual se desempeña el periodismo en Córdoba, donde la mezcla entre ambos poderes se selló hace dos décadas con acuerdos entre prestantes hijos de la región con grupos criminales que sembraron el terror y los impusieron en alcaldías, Gobernación y Congreso a sangre y fuego.
¿Fue la presencia de esas dos facciones del poder, la ilegal y clandestina, y la legítima y reconocida, el presagio de lo que vendría al día siguiente para el periodista?
El 18 de octubre de 2022 el Clan del Golfo negó la autoría del asesinato del periodista Rafael Emiro Moreno.
Aunque hoy es un secreto a voces que grandes porciones de la contratación pública en Córdoba se reparten entre coimas a políticos, pagos al Clan del Golfo y cuotas a intermediarios, así como la existencia de fronteras invisibles en municipios y vías del departamento, nadie se atreve a cuestionar los bajos porcentajes de ejecución de obras. Tampoco se preguntan porque solo pueden hacer política candidatos autorizados—muchos de ellos familiares cercanos de antiguos gamonales condenados por parapolítica—, ni menos aún osan relacionar las amenazas, desplazamientos y atentados contra opositores y líderes comunales con la presencia inmanente de grupos ilegales que sostienen el status quo en la región. Ejemplo emblemático de ello es el caso del líder Yaimer Arcia Padilla, documentado por Cuestión Pública para esta investigación.
Pero Rafael Moreno lo hacía, y lideraba un grupo de colegas que desde sus medios empezó a denunciar. Primero Montelíbano y Puerto Libertador: elefantes blancos, contaminación ambiental, obras inconclusas, denuncias por violación sexual, contratos leoninos de transporte escolar y muchos otros temas, por uno de los cuales fue imputado recientemente el actual alcalde de Puerto Libertador John Eder Soto Cuadrado.
Una de las últimas denuncias de Rafael fue la operación de una “cantera ilegal” en la finca Marcelo, de propiedad de la familia Calle Aguas, clan político enfrentado a Erasmo Zuleta Bechara del Partido de La U para la Gobernación y cuyo padre, Gabriel Calle Demoya, repite en la contienda por la Alcaldía de Montelíbano. En su informe, el periodista aseguraba que “lógicamente, las autoridades de San José de Uré están ciegas, sordas y mudas”.
El 19 de septiembre de 2022 Rafael Moreno denunció en Twitter la existencia de una cantera ilegal en inmediaciones de la finca Marcelo, entre Montelíbano y San José de Uré, de propiedad de la familia Calle Aguas. Lo que no alcanzó a establecer es que ese lugar colinda con otras haciendas vinculadas al poderoso clan Acosta, anquilosado en el poder en Uré.
Un mes después de la muerte del periodista, la Corporación Autónoma Ambiental del Valle del Sinú y San Jorge (CVS), visitó la región y no encontró “siquiera rastros” de lo que para el subdirector ambiental de la CVS, Albeiro Arrieta López, en realidad son “sitios de extracción furtiva”. Sin embargo, al ampliar la exploración, la Corporación halló 12.8 kilómetros más arriba, pruebas de explotación no autorizada del río (también llamado quebrada) Uré. Tanto así que en febrero de 2023, la CVS abrió indagación administrativa contra la Alcaldía de Uré y el Consorcio Versalles por daños ambientales al ecosistema en la región.
La denuncia realizada por Rafael Moreno sobre las excavaciones ilegales en la quebrada Uré fue la base para la apertura de la investigación de la CVS.
Es la segunda investigación que afronta la municipalidad: en 2019 la CVS sancionó a la Alcaldía por vertimiento de residuos al río Uré sin tratamiento alguno por hechos que sucedieron cuando Luis José Acosta González fungía como mandatario.
San José de Uré, creado como municipio en 2007, ha estado en manos del clan Acosta desde 2012: Lourdes Acosta Urzola, hermana del actual mandatario Custodio Liborio Acosta Urzola, gobernó hasta diciembre de 2015 con su tía Salma Acosta Sierra en funciones como gestora social. En 2016, entregó el poder a su primo, Luis José González Acosta, hijo de Salma, y este le cedió la silla a Custodio Acosta. Hoy, Luis José repite como candidato a la Alcaldía para el período 2024-2027.
El jefe político de los poderosos Acosta, del partido de la U, es Erasmo Zuleta Bechara, hijo de Mara, dueña de la Universidad del Sinú que ha estado envuelta en investigaciones penales por presunta corrupción. Zuleta, la cara joven y renovada del clan Besaile, es primo de la congresista Zaray Elena Robayo.
Erasmo Zuleta y su madre, Mara Bechara. Fuente: Cuenta de Instagram @erasmozb
Meses antes de morir, Rafael fijó su mirada y olfato periodísticos en la extracción de materiales del río Uré, una cuenca hídrica en la que confluyen dieciséis quebradas y que constituye el sustento para las comunidades afro de la zona, cuyo ecosistema es rico en fauna, flora y minerales. Sus investigaciones apuntaban a contrataciones multimillonarias para la construcción o mantenimiento de obras viales en San José de Uré, un municipio que para 2023 contaba con menos de 15 mil habitantes y que entre regalías, presupuesto y recursos de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), desde 2020 recibió un total de 298 mil 286 millones de pesos ($298.286.330.186).
Denuncia de la comunidad sobre el desastre ambiental causado por las obras viales hacia el corregimiento Versalles en San José de Uré.
De forma particular, el periodista se concentró en tres contratos: el celebrado con el llamado Consorcio Versalles para la pavimentación de una vía que conduce hasta el corregimiento del mismo nombre, ubicado en las estribaciones del Nudo del Paramillo —cuna del paramilitarismo en Colombia— por 16 mil millones de pesos; el del mejoramiento de la vía Tapasola, que conecta al municipio con Montelíbano, otorgado al Consorcio Corredor Vial por 30 mil millones, el más oneroso de los firmados en todo el sur de Córdoba desde el año 2020; y el de la construcción de una placa huella en la vía entre la vereda El Porvenir, La Cabaña – El Cerro, otorgado por 1.814 millones a la firma Construcciones 3D Ingenieros. El primero debió entregarse en diciembre de 2022, el segundo en mayo de 2023 y el tercero en octubre de 2022. Pero, según respuesta del alcalde Custodio Acosta a Forbidden Stories y el Proyecto Rafael, a la fecha el de Versalles sólo se ha ejecutado en un 85 por ciento y el de Tapasola en un 54%. Sobre la vía a El Cerro, la Alcaldía no envió información.
Lo que Rafa no alcanzó a saber —porque fue asesinado y porque su crimen acabó abruptamente con las investigaciones de los periodistas Yamir Pico y Walter Álvarez— es que por la misma vía veredal que se encuentra la hacienda Marcelo, y que durante décadas fue paso obligado entre Montelíbano y San José de Uré, se encuentran dos fincas más: Chaparral, de propiedad de Martha Sierra Cura y Corozal, cuya dueña —en el papel— es Brunilda Cristina Jaramillo Guarizo, predios que resultan claves para desenmarañar la cadena de irregularidades que indagaba el periodista sobre las obras de los consorcios Versalles y Corredor Vial.
De acuerdo con certificaciones expedidas por la Alcaldía de San José de Uré, los escombros resultantes de los tres proyectos (Versalles, Corredor Vial y la vía Porvenir – El Cerro) tendrían como lugares de depósito estos dos predios, cuyos terrenos, al igual que la finca Marcelo, bordean el río Uré.
La administración local también envió al consorcio del Proyecto Rafael una constancia fechada el 25 de enero de 2020, sin sello ni autenticación notarial, mediante la cual la señora Sierra Cura concede permiso por un período de cuatro años para la “disposición final de los residuos no contaminantes de las obras civiles adelantadas en jurisdicción del municipio” en su propiedad.
No obstante, la entidad omitió informar que la finca Chaparral o Gran Chaparral le pertenece a la misma persona que desde el año 2013 —esto es, desde que la familia Acosta llegó al poder en San José de Uré— le alquila la sede a la municipalidad: Martha Sierra Cura. Es decir, una contratista del municipio presta sus tierras para que el municipio haga uso de ellas.
La sede de la Alcaldía de San José de Uré es propiedad de Martha Sierra Cura, quien ha firmado 18 contratos de alquiler con el municipio desde 2011. A su vez, desde 2020 Sierra le concedió a la Alcaldía un permiso para la “disposición final de los residuos no contaminantes de las obras civiles” en la finca Chaparral, que también le pertenece.
Ambas fincas, Chaparral y Corozal, son vecinas a la finca Marcelo. Hasta allí llegó Rafael Moreno para demostrar que el sitio se utilizaba como lugar de explotación ilegal del río, y apuntó hacia la familia Calle Aguas, que, sin duda, también tiene interés en la región.
Hace pocos días, al expresar su apoyo a Jorge Velásquez Crespo —candidato opositor a los Acosta en la contienda por la Alcaldía de San José de Uré— Gabriel Calle Aguas prometió que, en caso de resultar elegido gobernador de Córdoba, trabajaría para poner en marcha un muelle turístico en la quebrada de Uré, “que tiene una enorme belleza, una riqueza natural que hay que mostrársela al mundo. Uré tiene una capacidad para el caucho que es un elemento importante para el crecimiento de todos los sectores económicos (…) y Uré nació con un anhelo de que el caucho fuera una fuente de riqueza (…) Ahí vamos a examinar la posibilidad de crear una planta sustractora del material del caucho (…)”.
Pese a ello, los hallazgos de la investigación seguida por Cuestión Pública y Forbidden Stories en honor al periodista asesinado, apuntan en forma directa hacia los Acosta y sus parientes: la hacienda Corozal pertenece a Brunilda Jaramillo, madre del actual alcalde de La Apartada, Luis Carlos González Jaramillo, medio hermano del exalcalde de San José de Uré, Luis José González Acosta: el padre de ambos, Luis Fernando González Botero, fue un político de la región del sur de Córdoba asesinado en mayo de 2001.
La totalidad de las personas entrevistadas por Cuestión Pública durante el trabajo de campo en la zona fueron coincidentes en señalar a Luis José González como “el dueño de Corozal”: allí realiza sus reuniones políticas y reside gran parte del tiempo.
Clan Acosta en Córdoba.
En dos oportunidades, este medio contactó tanto a Martha Sierra Cura como a Brunilda Cristina Jaramillo, vía WhatsApp, con resultados infructuosos.
Frente a este punto resulta revelador lo dicho por Gabriel Calle Demoya, exalcalde y candidato en Montelíbano, durante una entrevista con Forbidden Stories y Cuestión Pública a comienzos de 2023. En su calidad de dueño de la hacienda Marcelo, Calle Demoya se refirió a la finca Corozal de forma específica, y la señaló como punto de excavación de la quebrada Uré.
“Por ahí pasan tractores y camiones a buscar material. Es una isla que queda en medio de tres fincas, una de ellas también es la vecina, que es del anterior alcalde de Uré: Luis José, no sé si estará a nombre de él o no, pero todo el mundo sabe que esa finca es de Luis José, y me imagino que ustedes saben quién es el alcalde. Sé que hay tres vueltas de trabajo en Uré en esas pavimentaciones, pero no sé ni qué congresista le mandó eso a Uré, ni cuáles son las empresas que libremente sacan piedras. Inclusive, una vez me tocó decirle a Luis José porque se metió dentro de la finca a hacer huecos en una playa y se me murieron dos animales. Le dije: ‘si me sigue sacando ahí hago la denuncia’, porque eso se estaba haciendo en mi propiedad. Lo que yo sé es que esas excavadoras necesitan varios permisos: el que exige la ley y el del que manda. Allá no entra nadie con permiso de Gabriel Calle. Esa es una vía que está encajonada, y no hay ninguna puerta siquiera que impida el paso para llegar al corregimiento, que queda a tres kilómetros de la quebrada. Lo que sé es que allá no se mueve una hoja sin esos dos permisos”.
