*Este proyecto fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Salud reproductiva, derechos reproductivos y justicia en las Américas, y de Chicas Poderosas para la difusión.

“Es legal, es legal. El aborto en Colombia es legal”, cantaron cientos de mujeres, al ritmo de tecno y alzando puños envueltos en pañuelos verdes, la tarde del 21 de febrero de 2022. Hubo abrazos y saltos en círculos entre gritos de júbilo y arengas. Al llegar la noche, la celebración se transformó en cervezas y perreo, pese al sempiterno frío bogotano frente al Palacio de Justicia.

“Saqué la cámara y tomé fotos. Todas las chicas llorando se abrazaban. No lo podía creer. Yo estaba temblando también, estaba llorando detrás de la cámara. No podía aguantar la emoción de lo que estaba pasando”, cuenta Nathalia Angarita, una fotoreportera colombiana que cubrió la discusión frente al tribunal, cada semana, durante cuatro meses.

Ese día la Corte Constitucional despenalizó el aborto sin restricciones hasta la semana 24 de gestación en todo el país. También determinó que, luego de ese plazo, las mujeres pueden interrumpir el embarazo en tres escenarios: si la gestación implica un riesgo para su vida o su salud, si el feto tiene malformaciones que hacen inviable su vida fuera del útero y si el embarazo es producto de violación o incesto.

Desde 2006, gracias a la sentencia C-355 de la Corte Constitucional, las mujeres colombianas podían abortar sin temor a ser procesadas penalmente en cualquier etapa del embarazo, pero solo si cumplían con los requisitos de alguna de las tres causales. La nueva decisión eliminó la necesidad de estas para acceder al aborto hasta la semana 24.

“La plaza se empezó a llenar después del anuncio, había mucha euforia”, recuerda sonriendo Catalina Martínez Coral, abogada y directora para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, una organización integrante de Causa Justa, el movimiento social que presentó la demanda evaluada por la corte para tomar la decisión. “Fue muy emocionante porque, sin lugar a dudas, es el logro más importante que va a vivir mi generación. Así como nuestras ancestras tuvieron el voto, nosotras tenemos el aborto”.

A partir de 2017, Causa Justa empezó a reunir a más de 100 organizaciones sociales, académicas, feministas, jurídicas y médicas de diferentes y distantes regiones colombianas para apostarle todas juntas no solo a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. 523 días antes del fallo de 2022, el movimiento pidió eliminar por completo el aborto del Código Penal colombiano. La corte optó por despenalizarlo parcialmente, pero aún así estableció la regulación más flexible en América Latina y el Caribe, una de las más progresistas del mundo.

Tras bambalinas, ese logro implicó, en palabras de Martínez, que el movimiento trabajara para “crear una conversación nacional” abierta y cercana sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Para eso, Causa Justa convocó movilizaciones en las calles, planeó campañas en redes sociales y medios de comunicación y se reunió con cientos de personajes influyentes de la política, la literatura, los medios y el campo artístico para explicarles la importancia de difundir que las personas que abortan no son criminales y que la penalización del procedimiento ponía en peligro sus proyectos y sus vidas.

¿El objetivo? Sacar la discusión de la burbuja digital feminista y del movimiento de derechos humanos, para poner a toda Colombia a hablar sobre el litigio y la posterior decisión del Poder Judicial. “Fue el resultado de un trabajo colectivo, periódico, sostenido, de mucha sororidad”, detalla Martínez.

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El Ministerio de Salud de Colombia aún no cuenta con cifras desagregadas de las interrupciones realizadas en el marco del fallo de febrero de 2022. No obstante, en un balance de los primeros 100 días de la sentencia, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres , una organización que brinda asesoría legal a quienes enfrentan barreras para abortar, y Oriéntame , una institución privada que ofrece abortos seguros y legales, reportaron que las mujeres seguían enfrentando dificultades para interrumpir sus embarazos. Estos obstáculos estaban vinculados al desconocimiento del fallo, a interpretaciones “restrictivas” del marco legal y a “fallas en la prestación del servicio” en hospitales y clínicas.

Sin embargo, estas dos organizaciones, que también hicieron parte de Causa Justa, destacaron que entre el 22 de febrero y el 31 de mayo de 2022 aumentaron en 52% las mujeres (76) que acudieron a las puertas de La Mesa por información en comparación con el mismo periodo del año anterior (50).

Además, esa institución informó que en el mismo periodo, pese a que enfrentaron barreras previas, se incrementó en 15% la proporción de usuarias que pidieron asesoría antes de las 12 semanas de gestación, mientras disminuyó un 11,6% las que lo hicieron entre la semana 13 y 20 y un 3,9% quienes lo hicieron entre la semana 21 y 24.

Oriéntame, además, reportó que en el período analizado aumentó en 15% la proporción de mujeres que acudieron con seguro médico a sus instalaciones para abortar y pudieron financiarlo a través del plan de beneficios del sistema de salud, alcanzando el 42% de las atenciones. Estas personas no tuvieron que pagar el servicio de forma particular porque las aseguradoras estuvieron más “proclives” a acoger los cambios de la sentencia.

Detrás de las organizaciones que orientan a las mujeres está Érika Saldarriaga , una médica que, como parte de la Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos (Rhuda), ayuda a personas que enfrentan barreras para acceder al aborto en el departamento del Huila (suroeste) a encontrar rutas menos truncadas para lograrlo.

Antes del fallo, recuerda que las mujeres acudían a ella con miedo en los ojos, temerosas de posibles represalias por el simple hecho de preguntar y de ser juzgadas por su decisión. Pero la decisión del tribunal colombiano les cambió el chip: las mujeres desde entonces piden orientación con la seguridad de que no serán penalizadas.

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Pero el 21 de febrero no solo hubo celebraciones. Frente a la Corte Constitucional, en el suelo, decenas de cajas, cajas pequeñitas y blancas, llevaban dibujadas cruces negras. Como en un cementerio de muñecas, los ataúdes de cartón y papel se esparcían por el pavimento. Entre lágrimas, los opositores rezaban. Mientras se conocía el fallo, una mujer ataviada con un pañuelo azul caía sobre sus rodillas y elevaba sus oraciones al cielo.

Cuatro meses después, personas como ellas encontraron una razón para seguir intentando revertir el avance en Colombia: el 24 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó Roe vs. Wade, la sentencia histórica que daba base legal al derecho al aborto en todo el país desde 1973. El mismo día del anuncio, empezaron a difundirse mensajes en Colombia que, inspirados en el ejemplo norteamericano, instaron a continuar con iniciativas antiabortistas y volvieron a posicionar en la agenda pública la anulación de la sentencia Causa Justa.

Noticias Caracol, uno de los informativos televisivos más vistos en el país, entrevistó a Luis José Rueda, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, quien celebró la noticia y dijo que era el momento para que la legislación colombiana también tomara la “ruta de la vida”.

Horas después de la derogación estadounidense, medios de comunicación tradicionales anunciaron que el Ministerio de Justicia de Colombia había pedido a la Corte Constitucional revocar la sentencia Causa Justa. El eco se escuchó en todas partes. En redes, comenzaron a hacerse mesas de discusión al respecto y el debate volvió a la escena.

Horas después, el gobierno se vio obligado a aclarar que no había solicitado anular el fallo, sino que en realidad -y siete días antes- había enviado, un concepto técnico a propósito de una solicitud de nulidad de la sentencia presentada por un grupo de ciudadanos. La Corte suele hacer ese tipo de consultas para precisar temas que desconoce.

Emma Claudia Castellanos, exsenadora y pastora cofundadora de la iglesia evangélica Misión Carismática Internacional, y Milla Romero, exsenadora del partido de derecha Centro Democrático, también aprovecharon la ocasión para promover dos iniciativas de referendo para prohibir el aborto en Colombia.

Castellanos anotó en Facebook que así como Estados Unidos “invalidó” el derecho a interrumpir el embarazo, Colombia también lo lograría. El 23 de febrero anterior, su hija , Sara Castellanos, que era candidata al Senado, se había inscrito como vocera del Referendo por la Vida, un proyecto para “establecer” en la Constitución “el derecho a la vida desde la concepción”.

Romero, por su parte, es una de las voceras del comité del Referendo ProVida, otra iniciativa que quiere cambiar tres artículos de la carta magna para “proteger a los colombianos que están por nacer”, “velar por la objeción de conciencia y garantizar que en Colombia no exista el aborto”.

El mismo 24 de junio, recogió firmas de respaldo al proyecto en el centro de Bogotá impulsada por la derogación de Roe vs. Wade. “El aborto en Estados Unidos deja de ser legal, una gran noticia para todos los provida del mundo ¡vamos por ese mismo objetivo!”, escribió en su perfil en Facebook.

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El nuevo aliento que produjo la reversión de Roe en los grupos conservadores no se redujo a expresiones en redes sociales. María del Rosario Guerra, una exsenadora que ha sido uno de los rostros visibles de causas contra la educación sexual y la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia, opina que la anulación del derecho al aborto en Norteamérica “ha sido supremamente positiva” para quienes comparten su posición. “Entre otras cosas, demuestra que nada es pétreo. Acá la Corte ha querido dar un mensaje de que las decisiones de ellos no se pueden cambiar. ¡No, es posible!” , afirma.

Guerra, junto con otros políticos de la derecha colombiana, pastores cristianos y Nubia Leonor Posada , una académica de la Universidad de La Sabana vinculada a la institución católica Opus Dei , registraron el comité promotor del Referendo Provida el 10 de mayo de 2022.

Desde entonces, han recogido alrededor de 1 millón de firmas para llevar el proyecto al Congreso y a las urnas con “apoyo de la iglesia católica, de los cristianos” y “más de 40 organizaciones ” de la sociedad civil como la Fundación Coalición por la Vida, la Fundación Derecho a Nacer y el Albergue de Madres Embarazadas y Nacidos (Amen).

“La sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos también demuestra que la mayoría de los colombianos, como la mayoría de los americanos, le decimos no al aborto, le decimos sí a proteger la vida de los no nacidos y a dar oportunidades”, apunta Guerra como si se tratara de un resultado electoral.

La exsenadora es además vicepresidenta de Political Network for Values , un grupo global de políticos que se oponen al aborto, la eutanasia y defienden la familia tradicional. En ese sentido, Guerra explica que la anulación de Roe vs. Wade le “ha facilitado a esta organización el estudio de estrategias para revertir sentencias como la de Causa Justa”. La razón: algunos de sus integrantes promovieron la anulación del derecho al aborto en Estados Unidos y han transmitido su conocimiento al sur, poniendo un gran foco en Colombia.

“Lo más importante es que tenemos que mantener la organización para defender nuestros principios”, que debemos usar “argumentos como la mejor arma” y que hay que “buscar alternativas siempre, no quedarnos con el no de una decisión”, confirma Guerra.

En la misma sintonía, Milla Romero y Jesús Mañaga , integrante del comité asesor de Political Network for Values y director de Unidos por la Vida, una plataforma colombiana que se opone a la despenalización del aborto desde 2006, han afirmado que la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos abre puerta a la posibilidad de cuestionar “sentencias abortistas” de la Corte Constitucional colombiana porque estas “tienen un fundamento sustancial en Roe vs. Wade”.

“Ahora será posible que se cuestione esta jurisprudencia que ha venido a hacer una especie de ‘copia y pega’ del fallo promuerte de 1973 en EE.UU.”, declaró Mañaga en una entrevista con la Agencia Católica de Informaciones.

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Catalina Martínez Coral confirma que los movimientos contra la interrupción voluntaria del embarazo “están tomando [la anulación del fallo] como un ejemplo exitoso de cómo revertir normas referidas al aborto”. También, que la decisión de la Corte de Estados Unidos los está “envalentonando” a hacerlo “desde un análisis académico y jurídico”.

Pero aclara que considera que es “muy difícil” que el retroceso de Estados Unidos tenga efectos jurídicos en Colombia: “La mayoría de las constituciones de América Latina han integrado los estándares de derechos humanos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano. Esto no pasa en Estados Unidos porque ese país no ha ratificado ningún tratado ni ninguna convención internacional, entonces tienen mucha más flexibilidad. Pero si nuestros tribunales llegasen a violar estos marcos, van a responder jurídicamente. Colegas activistas ya nos han preguntado cómo hacer para llevar lo que está pasando en Estados Unidos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Ana Cristina González Vélez, médica, activista de larga data y una de las pioneras de Causa Justa dice que era esperable que grupos y gobiernos conservadores trataran de usar el fallo del Tribunal Supremo estadounidense como referente, pero insiste en que “no cree que este reconfigure lo que está pasando en el sur”.

Por el contrario, Martínez y González coinciden en que, de hecho, los cambios en Estados Unidos han conducido a que allí se aprenda de la experiencia colombiana. “Hemos tenido acercamientos con algunas organizaciones y sabemos que lo que ha pasado en Colombia puede ser un ejemplo a mirar. Tenemos un elemento distintivo muy fuerte, que es la existencia de movimientos feministas articulados, activos y que interpelan en la conversación pública. Ahí hay una ruta de trabajo”, explica González.

Desde que se extendieron los rumores sobre la anulación del aborto en Estados Unidos, el pañuelo verde se ha tomado las manifestaciones a favor de ese derecho ese país. Este emblema nació en 2003 en Argentina y migró primero a otros países de América Latina para simbolizar la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en todo el continente. Ahora, con su llegada al norte también arriba el conocimiento adquirido por los activismos durante años de lucha.

Según Martínez, la organización de la que hace parte ha conversado con activistas estadounidenses y les ha transmitido la principal lección que ha dejado el proceso colombiano: “Que la ley cambie no significa per se un cambio inmediato en la sociedad. Un tema como el aborto requiere de un trabajo que nos permita hacer una transformación cultural”.

De acuerdo con la abogada, Causa Justa está apostando por la pedagogía sobre la sentencia colombiana con el fin de blindarla: “Si el día de mañana, de aquí a 50 años, alguien quiere revertir una decisión de la Corte, lo importante es que tengamos una sociedad súper sensibilizada e informada que vaya a hacer todo lo posible para que eso no pase” Y añade: “Uno ve ahorita que en Estados Unidos ya se están empezando a crear también estrategias más allá de la Justicia. Eso ha sido creo que una de las mayores lecciones aprendidas”.

Las dos activistas advierten que en Colombia no se puede bajar la guardia. “Las amenazas están presentes a través de las décadas”, dice González. “Las conquistas judiciales hay que cuidarlas y eso pasa por asegurar su implementación, por no guardar silencio, por estar atentas a las amenazas políticas y legales”.

“Nada está tallado en piedra y la protección de nuestros derechos es un trabajo de tiempo completo que nunca acaba”, concluye Martínez.