Estamos PrEParados

Desde el 2012 se sabe que el tratamiento de profilaxis pre exposición (PrEP) es efectivo en más de un 90% en la prevención de transmisión de VIH. Hoy, un año después de haber sido integrada en el Plan de Beneficios de Salud, la PrEP sigue siendo un sueño difícilmente alcanzable para quienes, como S, se acercan a sus EPS a buscarla.

por

Ronald Figueroa y María Alejandra Cárdenas

Ronald es antropólogo de la Universidad de los Andes con opción en periodismo y María Alejandra es estudiante de sexto semestre de Narrat [...]


19.01.2023

Fue en el 2015 cuando S* escuchó por primera vez sobre la pastilla milagrosa. Para ese entonces, era estudiante de maestría en Francia y le impresionó que algo así existiera. Era una verdadera maravilla: una tableta celeste, más pequeña que un clip, prevenía en más de un 90 % la transmisión del VIH. De hecho, su efectividad supera la de los preservativos. Entonces, combinando ambos métodos, una persona reduciría aún más sus probabilidades de contagiarse. En ese momento, el descubrimiento de la Profilaxis pre-exposición (PrEP) despertó la curiosidad de S, pero no quiso adquirirla. Seis años más tarde, de vuelta en Colombia, el temor persistente de contraer VIH le dio un empujón final para tomar la decisión. Empezaría a buscar la PrEP.

La PrEP ha estado en circulación en varios países como mecanismo de prevención contra el VIH desde el año 2012. Se trata de un medicamento llamado Truvada que, al ingerirse diariamente, logra inhibir la entrada del virus a las células, y por tanto evitar el contagio. Solo funciona en personas seronegativas, pues genera resistencia en el sistema inmune de quienes ya están contagiados. Como cualquier tratamiento médico, no está exento de complicaciones. El efecto secundario más conocido del tratamiento con PrEP es la alteración de la función renal. De acuerdo con la doctora Yiny Torres, experta en salud sexual y reproductiva, la incidencia de estás complicaciones es poco frecuente, y los efectos adversos son reversibles si se suspende el tratamiento. Así que es un medicamento seguro y una gran herramienta en la salud pública para la lucha contra el VIH.

Tantas garantías con el medicamento han ilusionado a S, de 32 años. Tiene una barba prominente, cejas pobladas, ojos hundidos y un acento que delata su origen bogotano. Podría decirse que es un banquero millenial, porque trabaja en el sector financiero desde la comodidad de su apartamento, vistiendo su ropa holgada y descomplicada. Su pareja, J*, es un paisa carismático e intelectual, que parece nunca quedarse sin tema de conversación. Ambos viven en un apartamento de estilo neogótico en el centro histórico de Bogotá con sus cuatro gatos. S y J comparten una relación abierta que dicen basar en el consentimiento y la confianza. La búsqueda de iniciar un tratamiento con PrEP representa para S no solo una apuesta por su propio cuidado, también por el de su pareja. 

A principios de 2022 S empezó a buscar la PrEP en su EPS y no fue para nada sencillo.

Lo primero que hizo fue acercarse a una entidad privada en busca de información sobre el medicamento. Le explicaron cómo debía tomarse la pastilla, qué exámenes debía realizarse y cuáles podrían llegar a ser sus efectos secundarios. En esa entidad también hubiera podido conseguir las pastillas, de no ser por un detalle: el precio. Seguir el tratamiento de PrEP le costaba alrededor de 500.000 pesos al mes y S no podía pagarlos. Prefirió quedarse con las ganas y esperar que, con el tiempo, alguna solución apareciera.

Unos meses más tarde, en diciembre de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social incluyó a la PrEP en el Plan de Beneficios de Salud (PBS) a través de la resolución 2292 de ese año. Esto implica que, en adelante, las IPS y EPS estarían en la obligación de suministrar el medicamento de manera gratuita a todo aquel que quisiera empezar el tratamiento. Sin duda fue una decisión importante en un país aún bastante conservador como Colombia, tal como lo reconoce la doctora Torres.

“Significa un avance gigantesco con respecto a los derechos de las personas, con respecto a no estigmatizar situaciones que son, en realidad, situaciones de salud: como el aborto, como pasa con otras situaciones que están más ligadas a un prejuicio de la sociedad”.

Tras enterarse de la resolución del Ministerio de Salud, S sintió que, por fin, obtendría lo que tanto había anhelado. Aquí debemos recalcar que el Ministerio de Salud no ha exigido un lineamiento común para que se atienda a personas en tratamiento de PrEP. En entidades privadas, como Profamilia, el proceso empieza con una cita en psicología y pasa por medicina general. Otras veces, cuando se acude a las EPS, pueden encargarse directamente médicos generales, infectólogos o urólogos.  Lo que sí es obligatorio en todos los casos es que el médico pida exámenes de hepatitis B, hepatitis C, sífilis, creatinina y VIH en la primera consulta, de manera que pueda asegurarse de que el paciente no corre riesgos con el tratamiento. Ya con los resultados en mano y sabiendo que todo está en orden, el médico expide una orden que permite que el paciente acceda al medicamento durante tres meses. Pasado este tiempo, debe volver a una consulta médica, realizarse nuevos exámenes de VIH y de creatinina y pedir una orden por los siguientes tres meses.

Así que S pidió una cita con una médica familiar de su EPS. Ella intentó persuadirlo diciéndole que no se complicara, que los preservativos ya lo protegían. Por su insistencia, lo remitió a un infectólogo. Con él, las cosas se fueron complicando más.

“Llegué a donde él y me dijo que no se podía. Me salió con una excusa supremamente trillada: que el Invima no estaba autorizando dársela a todo el mundo. Y me dijo: “No, solamente se la da a personas sero-discordantes o personas que estén en riesgo”.

Pero la realidad era otra. Todos los medicamentos incluidos en el Plan de Beneficios de Salud están avalados por el Invima y, aunque el tratamiento de PrEP es recomendable para personas en alto riesgo de contraer VIH, el médico no puede negárselo a una persona por considerarla fuera de peligro.

Al desconocimiento del infectólogo se le sumaron sus prejuicios. Según S, el médico nunca lo discriminó por su orientación sexual, aunque sí le hizo comentarios desconcertantes. Por ejemplo, cuando S le explicó que el preservativo no era del todo seguro porque podía romperse, el médico le respondió que si el preservativo se rompía era culpa de él por no ponérselo bien o por estar bajo efectos del alcohol o de otras sustancias.

Para la doctora Torres, algunos médicos no cumplen con la Lex Artis, que significa buscar siempre la mejor calidad en el actuar profesional; pero también es un problema de los prestadores de servicios de salud.

“Si uno escucha las noticias, sabe que hay una nueva terapia y, sabiendo que soy una persona que está de cara a la atención de la salud de las personas, debería tratar de buscar esta información. Entonces hace falta voluntad personal para poderse educar frente a unos temas y también hace falta una voluntad organizacional. Si es parte del Plan de Beneficios, quiere decir que las IPS y las EPS lo van a ofertar y en ese orden de ideas, yo debo educar y capacitar a mi personal para que pueda brindar la información”.

S lo vio de otra manera. Sabía que la terapia era muy costosa y que a la EPS le convenía que los pacientes optaran por otro método de prevención. Es por eso que no cree que el infectólogo haya sido el verdadero culpable de que aún no haya podido acceder a la PrEP, al fin y al cabo es un empleado más cumpliendo órdenes, dice. En cualquier caso, la ilusión de S de protegerse aún más contra el VIH se fue desvaneciendo.

Hoy en día no existe una ruta de atención generalizada entre las EPS para los pacientes que buscan acceder a la PrEP. Esto ha convertido el acceso en un camino tortuoso para los pacientes que, en medio de su búsqueda, construyen el camino. Uno de ellos es Gilberto Méndez, un psicólogo de Bogotá que ganó reconocimiento en redes sociales al mostrar su experiencia en la obtención del medicamento. Desde mucho antes de que saliera la resolución, Gilberto había estado averiguando cómo pedirle la PrEP a su EPS y se encontró con que ningún médico sabía qué eran esas pastillas, cómo funcionaban o cómo se conseguían. Por dos meses lo remitieron a diferentes especialistas y sedes en las que no encontró respuestas. 

En enero de 2022, tan solo unas semanas después de la inclusión de la PrEP en el PBS, Gilberto pidió una cita con un médico familiar y preparó toda su evidencia médica y jurídica en caso de que lo volvieran a obligar a irse con las manos vacías. Contra todo pronóstico, el médico, un hombre de más de 60 años, le dio la orden que pedía sin mostrar interés en la evidencia que había recolectado.

Gilberto ya accedió a lo que él y muchos otros, como S, anhelaban. Pero lo cierto es que la victoria es efímera: la orden solamente es válida por tres meses, por lo cual pasado ese tiempo debe volver a hacerse exámenes y pedir una nueva orden, un proceso en el que siempre es probable encontrar nuevas trabas para continuar el tratamiento. Parece que para todos los que intentan pedirle la PrEP a su EPS será una lucha constante a término indefinido.

Los pacientes viven en incertidumbre, los que ya pueden usar PrEP y los que aún la buscan. Muchos deciden simplemente rendirse. Y cuando pierden los pacientes también pierde la lucha contra el VIH. Para 2021, 134.636 personas vivían con VIH en Colombia y se encontraron 9.210 nuevos casos, de los cuales el 36% se encontraban ya en fase SIDA.  El proceso de acceder a la PrEP en el país para aquellos que no pueden pagarla de manera particular es tortuoso y desgastante: son horas de transporte y citas médicas infructuosas que se rebotan los pacientes de lado a lado. Son meses de espera en que los pacientes siguen viviendo en riesgo de contagio y en preocupación absoluta. El que debería ser su derecho a la salud depende diariamente de la disposición de la EPS y del médico de turno.

El tratamiento particular con PrEP en Profamilia tiene un costo de aproximadamente 360.000 pesos cada tres meses. En este se incluyen tanto las pastillas como las citas médicas y los exámenes necesarios para garantizar la aplicación segura y responsable del tratamiento. En el mercado extraoficial, las pastillas para 3 meses se pueden conseguir por un costo alrededor de los 345.000 pesos, sin el acompañamiento médico y sin ninguna garantía sobre lo que se está tomando. Se promociona en redes, principalmente por medio de sexshops y sex-twitteros, como una solución mágica para “coger a pelo tranquilo”, sin respaldo alguno de profesionales en salud que garanticen la calidad del medicamento o su consumo responsable.  

S volverá en las próximas semanas a una consulta en dónde solo espera otro resultado negativo para comenzar un proceso legal y defender su derecho a la PrEP. Planea apoyarse en su pareja, quien es abogado, para interponer una tutela a su EPS, ya que no haber podido acceder al medicamento es una vulneración a su derecho a la salud y a la vida. Adicionalmente, ha acudido a Más que tres letras, una ONG que trabaja en temas de VIH y que ha estado brindando asesoría a los pacientes en cómo actuar en estos casos. S también sabe que, cuando obtenga su primera orden, deberá seguir luchando para conseguir las demás. Por ahora, hará lo posible por recuperar la ilusión de tener en sus manos esa pastilla milagrosa que hará posible que tenga lo más valioso en la vida: la tranquilidad.

*Los nombres fueron cambiados a petición de la fuente. 

Esta historia fue producida en la clase Crónicas y Reportajes del Centro de Estudios en Periodismo, Ceper, de la Universidad de los Andes. 

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Ronald Figueroa y María Alejandra Cárdenas

Ronald es antropólogo de la Universidad de los Andes con opción en periodismo y María Alejandra es estudiante de sexto semestre de Narrativas Digitales con opción en periodismo y literatura.


Ronald Figueroa y María Alejandra Cárdenas

Ronald es antropólogo de la Universidad de los Andes con opción en periodismo y María Alejandra es estudiante de sexto semestre de Narrativas Digitales con opción en periodismo y literatura.


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