La tarde del 3 de agosto cerca de 200 mujeres se reunieron en el Salón Amarillo del Capitolio Nacional para recibir los hallazgos del informe de empalme en materia de género. Allí estaban las 26 expertas que, junto a la politóloga Natalia Molina, la abogada feminista Diana Caicedo y la psicóloga y pedagoga Magda Alberto, recolectaron información en un tiempo récord de diez días. Para eso hablaron con funcionarixs del gobierno saliente y enviaron solicitudes de rendición de cuentas a entidades públicas. El ambiente era alegre en el Salón Amarillo al que asistieron jóvenes, mayores, afrodescendientes, indígenas, campesinas y personas trans, también muchas integrantes de las más de 30 organizaciones de mujeres que fueron consultadas y apoyaron la elaboración del informe.

En sus 100 páginas, el balance del gobierno Duque —que incluye las recomendaciones para el que comienza el 7 de agosto—, concluye de forma  notoria que, en cuatro años de mandato, el presidente Iván Duque no escuchó al movimiento social de mujeres. Al menos no de una manera que atendiera la diversidad de miradas, necesidades, sectores y territorios. Esa falta de transversalidad, señala el informe, derivó en acciones limitadas y a veces excluyentes. Tal es el caso del Fondo Mujer Emprende, liderado por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer para cerrar brechas de género en la realización de proyectos productivos. Varias mujeres le contaron al equipo de empalme que ese fondo —que está a la espera de una inyección de recursos— marginó propuestas de economías populares y solidarias.

“Se movió una agenda relacionada con las mujeres, sí, pero desde lo que puede ser visto como mujerismo: ‘atendemos a 50 mujeres acá, a otras 20 por acá’, sin saber quiénes son ni cómo eso ayuda a transformar la desigualdad y el machismo que viven”, dice a Cerosetenta la coordinadora del informe Magda Alberto.

Su colega Diana Caicedo la secunda al mencionar que este tipo de iniciativas no son para apagar incendios, sino que deben apuntar a cambios estructurales. A lo largo de distintos gobiernos, el enfoque público ha sido más asistencialista, algo no necesariamente malo, salvo si se descuidan aspectos de prevención y seguimiento o se privilegia un apoyo que encasilla a las mujeres en un rol doméstico y maternal. 

«El ejercicio de participación y consulta a las mujeres no fue un eje orientador del gobierno Duque” —Diana Caicedo

“Una de las falencias que evidenciamos es que el ejercicio de participación y consulta a las mujeres no fue un eje orientador del gobierno Duque”, insiste Diana. Y da como ejemplo la promulgación “a pupitrazo limpio” y a última hora de un marco normativo que incluye una resolución emitida el pasado 25 de julio —13 días antes del término de la administración— para atender las violencias y discriminaciones basadas en género que ocurran en instituciones de educación superior. Para Diana no solo faltó consulta previa, sino que hay algo de desidia en dejar la resolución ahí, al final, “para que el próximo gobierno lo haga”.

Los temas de mujeres tampoco contaron con un presupuesto robusto. De hecho, afianzar la designación presupuestal es una de las bases para que el gobierno entrante logre medidas eficaces. Hasta ahora, la herramienta utilizada fue el trazador presupuestal para la equidad de la mujer, creado para sistematizar las iniciativas y dineros destinados a la inclusión del enfoque de género en la planeación de políticas públicas. El informe revela que para la vigencia 2022, el gobierno Duque etiquetó 71 proyectos en el trazador por un total de 24.737 millones de pesos, pero que, a falta de información, no hay manera de determinar si esos proyectos mejoraron la vida de las mujeres, si ellas dejaron de ser discriminadas o si el impacto de las violencias disminuyó.   

Una nota publicada esta semana por las colegas de Manifiesta especifica que el presupuesto destinado a la equidad de género viene cayendo desde el año 2020 —se redujo en 250.000 millones en 2021 y en 290.000 en 2022— y que de las 158 entidades que reciben dinero del Presupuesto General de la Nación y deberían etiquetarse en el trazador apenas 42 lo han hecho.

Magda Alberto explica una especie de trampa que el equipo encontró al revisar el tema: no se trata solo de etiquetar un presupuesto, sino de registrar cómo esa inversión acorta la brecha de género. “Atender mujeres no es lo mismo que eliminar la brecha”, dice Magda y comenta, para ilustrar, que el sector educación les suministró datos sobre el porcentaje de niñas atendidas en primaria. “Pero es que ir a la escuela es un derecho de los niños y las niñas. Yo necesito saber qué presupuesto está asignado para que los orientadores y orientadoras sean capaces de responder a las violencias basadas en género y las denuncias que las estudiantes hacen ante el acoso de sus profesores”. 

El Conpes: un compendio de deficiencias

Es posible que muchas de las fallas anteriores estén reunidas en el Conpes 4080 que aprobó la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres. El documento salió el último año de gobierno, recién el pasado 18 de abril, y de acuerdo con Diana Caicedo, aunque hubo un intento de consulta en regiones, “el número de mujeres participantes resultó incipiente”. Tanto así que muchas organizaciones terminaron por apartarse de la discusión.

El informe de empalme advierte otras carencias del Conpes 4080, liderado por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer: deja por fuera asuntos urgentes como los derechos sexuales y reproductivos y para otros no destina financiación; no es vinculante ni cuenta con una metodología clara de monitoreo; le hacen falta enfoque, objetivos y estrategias; no contempla las causas estructurales y desigualdades históricas de género; no incluye la diversidad ni las distintas realidades de las mujeres colombianas; su plan de acción requiere volver a consultar al movimiento social de mujeres y entidades públicas y ajustar compromisos financieros para los siguientes diez años. 

Un decálogo de compromisos para el próximo gobierno

El 3 de agosto, a la presentación del informe llegaron varias congresistas de la bancada de gobierno que se comprometieron a desarrollar desde las distintas comisiones legislativas un decálogo de derechos de las mujeres para los primeros 100 días de gobierno, propuesto por el equipo de empalme. Durante el evento, senadoras y representantes como María José Pizarro, Aída Quilqué, Aída Avella, Jahel Quiroga, Cha Dorina Hernández, Imelda Daza, Clara López y Susana Boreal dieron sus mensajes de apoyo y firmaron el decálogo impreso en una cartelera. “Por Colombia: el país de las mujeres”, escribió la senadora Pizarro. Ningún congresista hombre estuvo en el Salón Amarillo esa tarde, al menos no al frente, junto a sus compañeras, aunque en redes sociales se mencionó la presencia del representante Alirio Uribe.

El decálogo solicita al nuevo gobierno avances —que varían según la complejidad de cada punto— en paridad, derechos sexuales y reproductivos, acuerdo de paz, transversalización, renta básica, violencias basadas en género, política pública de mujer rural, protección de lideresas y defensoras de derechos humanos, creación del Ministerio de la Igualdad y Sistema Nacional de Cuidado. 

Un discurso vacío de paridad 

La paridad, el primer punto del decálogo, fue justamente la bandera en materia de género del gobierno Duque. Sin embargo, ya en una columna a comienzo del año pasado, el abogado Rodrigo Uprimny señaló que el gabinete ministerial —que para 2019 se preció de tener diez mujeres y ocho hombres— no solo había dejado de ser paritario, sino que ni siquiera cumplía con la Ley de Cuotas que establece que al menos un 30 % de los cargos de decisión del Estado sean ocupados por mujeres. De acuerdo con la Fundación Artemisas, de 19 cargos principales en la Casa de Nariño, siete están en cabeza de una mujer, y solo uno de los seis departamentos administrativos son liderados por una mujer. A su vez, una revisión realizada por El Espectador concluye que entre los 241 cargos más importantes del Estado “que dependen del guiño presidencial” 45 son dirigidos por una mujer. “¿Qué encontramos en el empalme?”, se pregunta Diana Caicedo: “Que la paridad es un deseo. Un deseo que si no cuenta con voluntades políticas es muy difícil de materializar”. 

Los números de la violencia aumentaron

En su plan de gobierno, el presidente Iván Duque mencionó que no se toleraría las violencias basadas en género y que para ello se haría un acompañamiento integral a las víctimas, programas de prevención y mecanismos de protección. Pero hoy las cifras indican que los feminicidios y las violencias han aumentado en los últimos cuatro años. En cuanto a violencia de pareja, por ejemplo, Medicina Legal pasó de registrar 49.026 casos en 2019 a 50.058 casos en 2021. El acceso a la justicia para las mujeres víctimas es difícil: la impunidad en delitos sexuales llega al 97%. El decálogo presentado por el equipo de empalme recomienda, además, mejorar el Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos. Según cifras de Indepaz, solo en lo que va corrido del año, ocho de ellas han sido asesinadas, así como una excombatiente de las Farc. “El marco de esto es la construcción de paz en Colombia. Y lo que significa el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Creemos que el plan de lideresas es importante, pero hay que imprimirle recursos y ampliar su implementación en todo el territorio. No es fácil porque, como ya lo han dicho otros equipos de empalme, la olla quedó raspada, pero sí se podría afinar la institucionalidad”, sugiere Magda Alberto. 

Derechos sexuales y reproductivos: entre el mutismo y la negación

De lo que el presidente Duque no habló fue de derechos sexuales y reproductivos —salvo cuando prometió la prevención del embarazo adolescente—. Al contrario, como recoge la nota de Manifiesta, se pronunció en contra de la sentencia C-055 de 2022 que despenalizó el aborto en Colombia hasta la semana 24, al decir que se trataba de “cosa juzgada constitucional” porque la Corte ya había establecido tres causales de excepción. Pero, además, esa postura oficial se extendió a la “bancada provida”, compuesta por varixs congresistas. No paró ahí, también se amplió al sector de educación, como indican las coordinadoras del equipo de empalme. “En educación, esa postura antiderechos y de la mal llamada ideología de género pasmó los avances en materia de lineamientos de género, temas LGBTIQ+ y educación sexual integral. Todo quedó parado en estos cuatro años, no hay avances, ni siquiera acciones aisladas a diferencia de otros sectores”, lamenta Magda y agrega que el sector salud sí cuenta con una política progresista que, sin embargo, falta ser implementada.

La nueva promesa: el Ministerio de la Igualdad

Los últimos puntos del decálogo se refieren al Ministerio de la Igualdad y la implementación del Sistema Nacional de Cuidado. El equipo instó al nuevo gobierno a garantizar el proyecto de ley que cree ese ministerio, a lo que se comprometieron las congresistas la tarde del 3 de agosto. Magda Alberto y Diana Caicedo ven la creación de ese ministerio como un hecho, en cambio consideran que el Sistema Nacional de Cuidado, fundamental para resolver temas como el trabajo doméstico no remunerado, el desempleo de las mujeres —que hoy llega al 14,5% mientras que el de los hombres es del 9%— y la feminización de la pobreza puede tomar un poco más de tiempo. Pero advierten algunas cosas: sobre todo, que la agenda de género no se restrinja al eventual ministerio, sino que sea transversal. Y que la discusión con el movimiento social de mujeres continúe, que se garantice que ellas serán escuchadas.