La censura de A.C.A.B. o el poder de Facebook sobre la libertad de expresión
¿Por qué Facebook censuró la sigla ACAB? ¿Qué implicaciones tiene esta decisión sobre los derechos de reunión, protesta y libertad de expresión? ¿Qué presión ejercen los gobiernos y cómo puede la ciudadanía exigir que se respeten sus derechos?
Las publicaciones con el hashtag #ACAB están ocultas temporalmente. Este contenido no está disponible. #ACAB infringe nuestras normas comunitarias.
Estos fueron algunos de los mensajes que aparecieron en Facebook cuando, a mediados de septiembre, los usuarios de Colombia, Brasil, Chile, México, Costa Rica y Perú buscaron contenido relacionado con la sigla inglesa A.C.A.B. (All Cops Are Bastards, todos los policías son bastardos).
La referencia, que originalmente atañe a grupos obreros de Inglaterra desde hace casi un siglo, y que fue instaurada popularmente por el cine, por huelguistas y por la corriente cultural musical Punk, hoy agrupa una gran conversación social en Internet, específicamente sobre el abuso y la represión policial.
La restricción o bloqueo de la sigla en distintos países levantó sospechas sobre las amenazas al derecho a la libertad de expresión, a la protesta y la transparencia con que se modera el debate público en el terreno digital.
A.C.A.B. y el Ministro
No es inédito el uso de A.C.A.B. en Colombia, sin embargo, cobró mayor relevancia por el reciente comportamiento de la Fuerza Pública en contra de manifestantes, violento y desproporcionado, tras el asesinato del abogado Javier Ordóñez. Con la etiqueta #ACAB, un sinnúmero de material se publicó para denunciar el abuso policial y, a la vez, la palabra identificó el clamor general de rechazo contra la conducta de las autoridades. Algo que tampoco eludió el sector político.
El Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo se refirió a la sigla inmediatamente después de que la Policía disparara más de cien veces contra civiles en Bogotá, la noche del 9 de septiembre:
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La respuesta del Gobierno ante los hechos violentos en septiembre, en Bogotá, distrae la atención de otros temas importantes de la agenda de la discusión pública. Es una represión violenta de la protesta social, promueve la censura y vulnera la libertad de expresión.
Hay una expresión que se autodenomina All Cops Are Bastards –dijo el 10 de septiembre en rueda de prensa–. Esto tiene un origen internacional y está dirigido contra las policías [sic] de los distintos países del mundo. Es muy importante que ustedes sepan que en Colombia, a través de la red social Facebook, se han visibilizado tres páginas relacionadas con esa sigla, las cuales son utilizadas para publicar imágenes y videos desprestigiando a la Policía Nacional y pidiendo el desmonte del ESMAD. De manera que aquí estamos, también, frente a una acción que se refleja en la calle a través de violaciones al Código Penal de violencia y de vandalismo y que tiene, entre otros brazos, la promoción a través de redes de acciones deslegitimadoras contra la Policía.
Una semana después, la etiqueta fue bloqueada en Facebook. La coincidencia es sospechosa pero hay que recordar que ésta es una plataforma transnacional y privada.
“Oír al Ministro decir que han desarticulado y se han dado cuenta que por las redes hay un grupo organizado de personas que emplean la sigla A.C.A.B., con conexiones internacionales, suena ridículo, después de ver civiles muertos en las calles a manos de la Policía”, dice Carolina Botero, abogada y directora de la Fundación Karisma, organización civil que vela por los derechos en el ámbito digital.
Botero recuerda que A.C.A.B. se usa popularmente desde los años 60 y 70, cuando hubo grandes manifestaciones por los derechos sexuales y en contra de la violencia por diversos reclamos sociales. “Las grandes movilizaciones de estas décadas tuvieron una represión muy fuerte de la autoridad, particularmente de la policía, y esa expresión se utiliza por la gente que protesta para llamar la atención sobre ese abuso”, insiste Botero.
De hecho, la misma expresión se empleó durante las grandes marchas feministas de México, en los movimientos de Black Lives Matter en Estados Unidos y en las más recientes y caldeadas movilizaciones en Chile. Luego, por supuesto, hay una coordinación internacional “pero es de protestantes que están agrupando una denuncia con el uso de la sigla. Cuando se entiende ese contexto, es que se entiende la ridiculez de lo que plantea el Ministro y que lo condene, pues ya es tonto”.
Karisma le preguntó a Facebook por el bloqueo de la sigla y contestaron que “pasaba desde agosto y que era mundial, ya que encontraron que #ACAB estaba relacionado con contenido de baja calidad”. A los días de recibir varias solicitudes de organizaciones a nivel regional, Facebook levantó la restricción.
“Está bien que la plataforma reconozca que es un error, pero esto llama la atención de algo que nosotros hemos dicho muchísimas veces y es que falta transparencia sobre lo que bloquean, por qué y cómo”, agrega. No hubo, según la abogada, alguna claridad o similitud entre las explicaciones de distintos países ni un mecanismo para que los usuarios pudieran desbloquearlo.
Una censura privada
Hasta el momento, los gobiernos no tienen ninguna incidencia sobre las plataformas. Así lo asegura el uruguayo Gustavo Gómez, director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Observacom, quien considera que nunca antes la humanidad había tenido empresas privadas con tanto poder de decidir cómo se da la deliberación pública en espacios donde la gente se comunica y se informa.
“No existen mecanismos de ningún tipo para que el Estado pueda garantizar el ejercicio de la libertad de expresión de los usuarios en esas plataformas”, dice Gómez.
Explica que la regulación de internet es una regulación privada y la gente entonces tendría que llamar el bloqueo de #ACAB como lo que es: una censura privada. “Estamos más acostumbrados a la censura estatal (un gran problema que tenemos en América Latina) pero nos encontramos ahora con censura privada. No hay otra manera de llamar esa decisión de una empresa respecto a un hashtag que se utiliza en el marco del derecho a expresarse y a protestar sobre lo que se consideran acciones injustas”, aclara.
La medida, según el experto, paradójicamente ayuda a proteger a un Estado que está siendo cuestionado por un porcentaje alto de población, como también pasó en Chile y en otros países. “Frente a eso no solo no tenemos ahora la capacidad de reaccionar, sino que tampoco podemos exigir cosas mínimas como transparencia. No hay una capacidad instalada de que siquiera el censurador privado sea transparente y dé cuenta de efectivamente lo que hace”.
Mecanismos como el debido proceso y la no censura previa no pueden quedar a simple voluntad de los dueños de estas mega corporaciones.
Internet ha configurado espacios de expresión que antes no existían. Observacom se opone a satanizarlo, y considera que las redes son un espacio importante de expresión que hay que aprovechar porque funciona. Lo que advierte Gómez es que cada vez más, tanto por presión de los gobiernos como por decisiones editoriales de las propias empresas, empiezan a intervenir en los contenidos y a limitar la capacidad de expresión ciudadana.
“Durante muchos años lo hemos hecho y hay que seguir haciéndolo: convencer a las plataformas de mejorar sus prácticas para adecuarlas a los estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, si bien pueden moderar los contenidos, no pueden censurarlos”.
Considera que se ha logrado algún avance pero sigue siendo insuficiente y por eso el Observatorio latinoamericano y otras plataformas que trabajan en derechos digitales, han propuesto una serie de iniciativas para que haya algún límite a ese poder hoy enorme de las plataformas. “Estamos diciendo que necesitamos mejor autorregulación de las plataformas, necesitamos corregulación acordadas entre Estado y las plataformas y necesitamos también regulación pública. Nos hace falta, porque ya hemos hecho intentos enormes y reiterados para que sean transparentes y siguen sin serlo”.
Mecanismos como el debido proceso y la no censura previa no pueden quedar a simple voluntad de los dueños de estas mega corporaciones, dice Gómez. En cualquier sistema democrático, a cualquier sector que tenga tal poder, se le ponen obligaciones y, por eso, Observacom también propone incorporar ciertos límites a las grandes plataformas para asegurar que los derechos de los usuarios se respeten, como por ejemplo el derecho a la libertad de expresión, de reunión y de protesta, que a veces ni los gobiernos respetan.
La discusión online es igual a la offline, asegura, es decir, el uso de una tecnología no debe alterar el debate: ¿hasta dónde la protesta social afecta el orden público o hasta dónde es una forma de expresión de la gente que debe ser respetada? “Las tensiones son las mismas y las respuestas que dan las democracias son resolver esas tensiones en el marco de instituciones democráticas y a la luz de los tratados internacionales”.
La moderación de contenidos no es nueva. Las redes sociales sirven como intermediario entre las plataformas y el público, tienen sus normas de comportamiento y hacen moderación de contenidos con base en esas normas, y el Estado tiene interés en regular discursos y en mantener orden.
“El Estado tiene muchos incentivos para generar normas que prevengan, controlen y obliguen a los intermediarios a moderar esos contenidos que circulan por sus redes”, aclara Carolina Botero de Karisma. Lo que pasa con la protesta, es que “hay contenidos que son bloqueados por las redes porque éstas consideran que esos contenidos violan sus normas de comunidad y, en ocasiones, el gobierno les impone obligaciones para que moderen o dejen de hacerlo”.
El bloqueo, sin embargo, es un mecanismo más bien pobre, afirma Botero. Cuando se quiere controlar un contenido, difícilmente el bloqueo evita la propagación y, aunque las plataformas tienen un gran dominio sobre su capacidad para moderar, la ciudadanía debería quejarse para evitar que esa autonomía vaya en contra de la libertad de expresión.
Las redes sociales permiten a la gente organizarse, coordinar, mostrar un plan de acción y, en este caso, sirven para denunciar el abuso policial. En este sentido, para Botero, hay muchos usos positivos que incluso han facilitado el ejercicio de la protesta dentro de línea, teniendo en cuenta que estamos en medio de una pandemia, y los recursos para protestar en las calles disminuyen.
Una decisión turbia y arbitraria
Es cierto que algunos sectores de la sociedad consideran la sigla #ACAB como ofensiva. En las redes sociales se viven las mismas tensiones del mundo análogo que hay, por ejemplo, entre la libertad de expresión y otros derechos como la seguridad pública, la reputación, la dignidad.
Según la abogada Luisa Isaza de Linterna Verde, un grupo interdisciplinario que identifica, explica y resuelve problemas presentes en el entorno digital, Facebook opera casi como un Estado, con sus propias reglas, y que da una idea de lo que no le gusta, pero que no siempre refleja la totalidad de las acciones que la plataforma autoriza. Entonces, si somos los ciudadanos de ese Estado, como explica, tenemos más o menos una idea de qué es lo que no le gusta o qué es lo que permite, pero no sabremos a ciencia cierta cuáles sean las consecuencias de una completa autonomía suya, de los gobiernos o nuestra. Pues habría que tener en cuenta que gobiernos como el de Cuba, Venezuela, China y recientemente Nicaragua imponen otro tipo de censuras.
Isaza insiste en que no hay una regla clara sobre lo que Facebook considera un contenido de baja calidad, algo insuficiente para prohibir las búsquedas relacionadas con un tema que es de interés común y relevante en determinado momento. Carolina Botero coincide, y cree que lo peligroso, en este caso, es que la falta de transparencia en la moderación de contenidos es muy sensible en protestas, particularmente, porque la oportunidad de la movilización tiene una ventana de tiempo.
Cuando la gente decide emplear #ACAB para generar un movimiento que visibilice un abuso policial, su éxito se materializa durante la movilización. En este caso, Facebook desbloquea el numeral varios días después de la protesta, entonces, no sirvió para movilizar, dejó de alimentar ese debate público. Por eso, Botero califica el bloqueo como una violación al derecho de la libertad de expresión y de la protesta.
Tener reglas claras, equilibradas, inteligentes y democráticas, con un horizonte respetuoso de los derechos humanos, es mucho mejor que la autorregulación corporativa.
El bloqueo además, para Isaza, podría ser un blanket ban, es decir, una cobija de censura sobre todo cuanto esté relacionado con #ACAB, independiente de si alguien la usara para defender a la fuerza pública. “Si yo dijera: no estoy de acuerdo con el uso de la sigla ACAB porque para mí todos los policías son respetuosos y no bastardos, Facebook lo ocultaba también de las búsquedas”, dice. Eso hace aún más oscuro el panorama.
La arbitrariedad es amplísima, según Isaza, y además no dan explicaciones suficientes después de implementarlas. En este caso, incluso, algunos usuarios creyeron que se debía a un error algorítmico, una postura que refleja ingenuidad, para Gustavo Gómez de Observacom, pues ningún algoritmo funciona con autonomía propia y requiere de unas instrucciones humanas y conscientes para operar.
Gómez asegura que las plataformas no son fanáticas de la regulación, pero están recibiendo tantas presiones de gobiernos que la preocupación las ha sobrepasado y se ha instalado también en la sociedad civil. “Las reglas democráticas no son solo una garantía para los usuarios, también pueden serlo para las plataformas”, dice. “Este proceso no va a funcionar si dejamos que se ejerzan presiones de gobiernos autoritarios o de los anunciantes como está pasando ahora, que han quitado recursos para que modifiquen sus políticas y eliminen más discurso del odio en plataformas”. Para él, tener reglas claras, equilibradas, inteligentes y democráticas, con un horizonte respetuoso de los derechos humanos, es mucho mejor que la autorregulación corporativa y que las regulaciones abusivas que están vigentes ahora.
“Las normas son turbias, la aplicación de las normas es turbia y las explicaciones son turbias”, dice Luisa Izasa respecto al proceso de toma de decisiones por parte de estos actores privados. Le preocupa, además, que hay muy poco que hacer al respecto. Sabe que estos casos atraen procesos de apelación que son también turbios, cero garantistas y donde evidentemente hay un riesgo alto cuando son los privados los que regulan asuntos de interés público, más bajo unas reglas que son muy inciertas.
Las plataformas no están por encima de la ley. Pero esta regla solo funciona cuando los gobiernos no exceden sus facultades para limitar los derechos de los ciudadanos, como la protesta. De lo contrario, como dice Carolina Botero, estaríamos frente “a un régimen de terror”.
