[Esta es una nota de Mutante]

Desde hace dos semanas los salones de la escuela Nueva Unión, en una vereda a 25 km del casco municipal de Tierralta, Córdoba, están vacíos. Ni el colegio ni la vereda cuentan con energía eléctrica, ni mucho menos con conexión a internet. Desde hace dos semanas los 605 estudiantes de la escuela permanecen en sus casas mientras transcurre la cuarentena,  con el reto de continuar las clases, aún con los salones vacíos. 

En Colombia 1’969.969 niños, niñas y jóvenes están matriculados en escuelas rurales, según el Plan Especial de Educación Rural realizado por el Ministerio de Educación en julio del 2018. Desde que comenzó la cuarentena a raíz de la pandemia por la Covid-19, estos casi dos millones de menores de edad fueron enviados a sus hogares que, en muchos casos, se encuentran ubicados en zonas rurales dispersas, o más lejos de los centros poblados de sus municipios. “Tengo estudiantes que viven al borde del cañón del Chicamocha. Hay lugares en los que no hay luz ni internet”, dice Ana Sierra, profesora de una escuela en el municipio de Málaga, Santander. 

Mientras tanto, en la vereda Mesones del municipio de Ortega, Tolima, Julián Totena cursa el noveno semestre de administración pública territorial en la Escuela Superior de Administración Pública. La finca en la que vive con su familia no tiene computador, sin embargo cuenta con un smartphone que se convierte en su única posibilidad para acceder a internet. “En la vereda en la que yo vivo hay una zona wifi abierta, pero realmente esa zona no presta un buen servicio porque la señal es muy mala”, dice. 

La recarga de datos en el celular es una de las opciones que Julián tiene para acceder a internet. Sin embargo, la señal de los operadores es pobre en muchas zonas de Mesones. “Tengo que ir hasta un punto específico y en horas poco concurridas como tarde en la noche o en la madrugada”, añade. 

A mediados de marzo, el Gobierno Nacional decretó vacaciones desde el 30 de marzo hasta hoy 20 de abril, fecha en la que el Ministerio de Educación (MEN) determinaría la forma a través de la cual continuarán las clases. Sin embargo, María Victoria Angulo, ministra de Educación, anunció el 6 de abril que los colegios y las universidades, tanto públicas como privadas, continuarían con el calendario académico de manera virtual hasta el 31 de mayo. 

Lo que comienza hoy para buena parte de los colegios públicos del país supone un reto especial para los 103.494 educadores de las zonas rurales, en donde el 48% de ellos ha manifestado que no tiene las habilidades pedagógicas y técnicas para integrar los dispositivos móviles a la enseñanza. Así lo reveló hace unas semanas el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE), comparando esta cifra con la situación de los colegios privados, donde solo el 12% de los docentes se encuentra en la misma situación.   

La situación también es compleja para las familias de los niños, niñas y jóvenes que viven en el campo, teniendo en cuenta que solo el 9,4% de los hogares en zonas rurales del país cuenta con computador de escritorio, portátil o tableta, según el DANE. De hecho, el LEE ha advertido que “el 96% de los municipios del país no podrían implementar lecciones virtuales, pues menos de la mitad de sus estudiantes de grado once tienen computador e internet en su hogar”. 

“Las políticas generalmente están diseñadas por centros de poder urbano que ignoran matices y caen en generalizaciones”, asegura Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, organización promotora de derechos digitales en Colombia. Es el riesgo que se corre en la actualidad con el énfasis que se ha hecho en la educación digital durante la emergencia.

¿Qué está haciendo el gobierno para resolver el problema a estos cientos de miles de jóvenes rurales desconectados? 

Los límites de la conectividad móvil 

Ante el problema de la falta de conectividad en el campo, tanto el gobierno como organizaciones civiles han planteado soluciones para que las clases virtuales puedan ser una realidad en entornos rurales. Por un lado, el 23 de marzo el Ministerio de Tecnologías expidió el Decreto 464 de 2020, a través del cual plantea que los servicios de telecomunicaciones son servicios públicos esenciales y da directrices a los proveedores de internet para que garanticen un mínimo de navegación y mensajes gratuitos. 

Nazli Ortíz, directora de la Fundación Planeta Rural, asegura que el decreto “profundiza las desigualdades. ¿Cómo es posible que a los más pobres les toque comunicarse con mensaje de texto?”. Por eso el 1 de abril Planeta Rural promovió una petición pública dirigida al MinTic y a la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomovil), gremio que reúne a Claro, Movistar y Tigo, en la que solicitaron que a través de las torres de telecomunicación ubicadas en las zonas rurales se provea “un paquete de datos mínimo viable para que las familias rurales estén informadas, y para que los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes rurales tengan acceso a plataformas de formación”.

La petición, que obtuvo casi 3500 firmas en pocos días, produjo que el 16 de abril el MinTic respondiera a esta petición, asegurando que se encuentra trabajando en una iniciativa con la que cinco millones de líneas prepago tendrán acceso a un plan de 1GB y 100 minutos de voz de forma gratuita. Este beneficio tendría una duración de 30 días. Para la Fundación aún quedan dudas acerca de los beneficiarios, pues “no sabemos cómo asegurarnos para que de esos cinco millones también hayan personas de zonas rurales dispersas”, afirma Nazli Ortíz.

Este paquete de datos podría ser útil para jóvenes como Andrey Saavedra que vive en la vereda El Berlín, ubicada en el municipio de Milán, Caquetá. El único punto en el que las personas de su vereda pueden acceder a internet está ubicado en una inspección de policía en donde la conexión es débil. Para llegar debe recorrer trochas con barro y piedra suelta.

Sin embargo, estas opciones no tienen en cuenta que no todos los habitantes de zonas rurales cuentan con equipos celulares especializados. Según el DANE, en el 58.3.% de la población rural tiene un celular pero solo en el 53.5% de los casos se trata de un smartphone. 

Según Noemy Galva, rectora de la institución Nueva Unión en Tierralta, casi ninguno de los padres tiene acceso a un smartphone, así que mucho menos lo tienen los mismos estudiantes. “La administración local nos está sugiriendo que hagamos trabajo virtual, igual que muchas instituciones urbanas, pero nosotros no tenemos esa posibilidad”, asegura. En Málaga, Santander, la situación es similar. “Si bien hay varios estudiantes que dentro de la familia tienen acceso a un celular de esos, no son la mayoría”, dice Ana, profesora de ciencias sociales en una escuela ubicada en este municipio. 

¿Qué otras opciones hay?

“Colombia no tiene la posibilidad de llevar la educación pública básica a la virtualidad”, asegura Julián de Zubiría, director del Instituto Alberto Merani. Ante este panorama, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) planteó la posibilidad de utilizar guías para quienes no tienen acceso a internet, que deben ser elaboradas por los profesores. Así, durante este periodo de receso, algunas secretarías de Educación compartieron con las instituciones una serie de textos que corresponden a la sección de “Modelos Educativos Flexibles” de la página Colombia Aprende, con el fin de utilizarlos como insumo para la ejecución de las guías. 

Ana Sierra, profesora en la escuela de Málaga, Santander, desarrolló las guías que les entregará a sus 50 estudiantes de bachillerato para las próximas dos semanas; sin embargo, la inquietud que tiene ahora es cómo hacérselas llegar. Asegura que pensó en Whatsapp como una forma de enviarlas, pero la mayoría de los jóvenes no cuenta con acceso a esta red social; de la totalidad de sus estudiantes, solo 30 tienen la manera de utilizarla. Junto a los demás profesores también han pensado en la posibilidad de que las transporte alguien que lleve alimentos, opción que todavía se está discutiendo. 

Por su parte, Xiomara Giraldo, asesora pedagógica de la Corporación Región en Tierralta, Córdoba, asegura que ni las instituciones ni las familias tienen los recursos para imprimir las guías. En ese municipio, por ejemplo, la copia de una hoja podría costar hasta $100 y una carrera de mototaxi —ocupación que tienen gran parte de las personas en Tierralta— cuesta $2.000, el equivalente a 20 hojas. 

A pesar de la potencial implementación de estas guías, “no ha habido un plan articulado a nivel nacional y regional para garantizar educación de calidad para las diversas dimensiones abordadas en la educación”, asegura Julián de Zubiría. Algunos educadores como Andrés Madroñero, profesor en el proyecto de Escuelas Agroecológicas en Pasto, Nariño, han manifestado que esta metodología está descontextualizada, es “plana” y no resulta pedagógica para los estudiantes, pues queda relegada la posibilidad de interactuar y solucionar inquietudes acerca de los ejercicios. “Esto no es una educación en realidad. Van a quedar los temas muy vistos por encima”, afirma Ana.

El hecho de que no sea viable un acompañamiento constante por parte de los docentes implica que los padres asumirán un rol más activo en este proceso, dice Julián. Esta situación se complejiza en el campo, donde “la mayoría de los padres de familia no han visto sino primaria. De mis estudiantes que son aproximadamente 50, más o menos dos padres de familia podrían ser bachilleres”, dice Ana. 

Hacia un plan real de continuidad pedagógica en casa pensado para el campo

Una de las opciones que ha contemplado el MEN para las zonas rurales es el uso de la televisión y la radio para difundir material pedagógico. Para Ana, la radio, más que la televisión, sería una opción para los estudiantes que no tienen conectividad y “se podrían crear mecanismos de retroalimentación o de consultas vía telefónica”. 

Aunque el ministerio no ha dado detalles acerca del rol que cumplirían estos medios en el proceso de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes, sí precisó que se lanzó el canal 321 EduAcción en RTVC que buscaría acompañar las guías. Esta medida, sin embargo, podría excluir a quienes no cuentan con servicio de energía. En la vereda de Tati, ubicada a la orilla de la Ciénaga de San Lorenzo, en el sur de Bolívar, el único televisor está ubicado en su casa. Para los 607 estudiantes de la escuela “Nueva Unión” tampoco resulta una opción, pues su única fuente de energía era un transformador ubicado en una de las sedes del colegio y a comienzos de marzo se quemó.  

Para Xiomara “un plan de continuidad pedagógica en casa es mucho más de lo que se plantea desde el Ministerio”. En varias regiones los profesores aseguran que no tienen claridades acerca de la metodología que van a implementar  con los estudiantes hasta el 31 de mayo. Hace una semana, Natalia Concha, profesora de una escuela ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta, afirmó que no habían llegado las guías ni las directrices para realizarlas. Esta es la misma situación de Ana en Santander; “El rector todavía no me ha dicho qué vamos a hacer el lunes, quién va a entregar las guías. Entonces estamos en esa incertidumbre”.

Antes de la situación de emergencia decretada por la pandemia, el sistema educativo en el campo aún no había logrado responder a los contextos propios de los territorios, dice Xiomara. Esto se evidencia en que según el DANE para el 2015 solo el 16% de los bachilleres rurales continuaban sus estudios en educación superior. 

Hasta el momento no se ha configurado un plan de continuidad pedagógica durante la pandemia, sin embargo, tanto para Xiomara como para Julián de Zubiría, esta contingencia representa también una oportunidad para transformar la educación en el campo. “El fracaso de este plan de continuidad pedagógica refleja también la precariedad con la que trabajan nuestros docentes; aquí es donde se debería hacer un esfuerzo”. 

Mientras los profesores de las escuelas rurales aún se preguntan acerca de lo que va a suceder a partir de este lunes 20 de abril, a Julián Totena, el estudiante de administración  pública territorial, no le queda de otra que pensar en uno de dos escenarios para poder continuar aprendiendo: o le permiten ausentarse de las clases virtuales sin consecuencias negativas o le dan permiso de trasladarse al casco municipal en Ortega, Tolima. 

Para Julián de Zubiría “equivocadamente el MEN centralizó todas las decisiones y no empoderó a quienes saben qué necesitan los niños y cómo orientarlos. Hay que darles el protagonismo a los maestros y a los rectores. Ellos deben ser partícipes de primer orden en las decisiones”.

Entre tanto, en el sur de Bolívar, en Tierralta, en Santander y los lugares del país a los que, según Ana, “no llega ni Dios”, los niños y niñas tampoco saben qué va a pasar con su año escolar. 

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